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Arturo Daen

EPU2018: Llegó el momento, gobierno de EPN se somete a su examen final sobre Derechos Humanos

La delegación mexicana llega al Examen Periódico Universal con datos negativos: las 37 mil personas no localizadas o desaparecidas; la ausencia de un sistema nacional de búsqueda que funcione y la desaprobación de ONG mexicanas por los niveles de inseguridad, impunidad y corrupción.
Arturo Daen
Por Arturo Daen @arturodaen (Ginebra, Suiza)
6 de noviembre, 2018
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Enrique Peña Nieto y su gobierno rinden cuentas ante el mundo. Este miércoles, en el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza, la delegación mexicana encabezada por el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas defenderá el trabajo de la administración priista de Enrique Peña Nieto, como jefe del Estado, las leyes y los programas implementados en estos seis años para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país.

Ruiz Cabañas y el resto de la delegación llegarán al Examen Periódico Universal (EPU) con datos negativos: en el país hay por lo menos 37 mil personas no localizadas o desaparecidas; sin contar con un sistema nacional de búsqueda que funcione como marca la ley.

En lo que va del sexenio, 47 periodistas han sido asesinados, no se ha dado certeza al programa para su protección, y a causa de la violencia han sido desplazadas internamente más de 310 mil personas, en los últimos 10 años, según organizaciones ciudadanas.

ONG mexicanas adelantaron su veredicto sobre Peña Nieto como jefe del Ejecutivo: más allá de lo que digan sus representantes en Ginebra, está reprobado por el deterioro de la seguridad en el país, por la impunidad que prevalece y la corrupción.

LEE: Examen final para EPN: Qué es el #EPU de Derechos Humanos y por qué es importante para México

Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo a Animal Político a unas horas del EPU que al terminar el gobierno de Peña Nieto el país tiene “grandes pendientes”, situaciones graves en distintos ámbitos.

“Las desapariciones son un tema particularmente dramático en México, con 37 mil oficialmente registrados como desaparecidos. Tortura es otro tema que hemos abordado, por ejemplo en el informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa”, dijo Jarab.

“Estamos muy preocupados por la situación de defensores y de periodistas de derechos humanos, no sólo por todas las incertidumbres en el mecanismo de protección, sino por todo el contexto que facilita agresiones en contra de periodistas y defensores. Los números de agresiones, e incluso de asesinatos, son terribles, y estoy convencido que también, en cualquier revisión, en un proceso como el EPU, se va a considerar”.

Según cifras oficiales de ACNUDH, en lo que va de año han sido asesinados 21 defensores de los derechos humanos, nueve de ellos de comunidades indígenas.

Jarab también señaló los pendientes de México en la protección a los derechos de los pueblos indígenas, y la población migrante.

El representante no quiso dar un juicio contundente sobre el gobierno de Peña Nieto, aunque sí insistió en el tema de los problemas que aún no encuentran solución. Un episodio amargo o “decepcionante”, relató, fue el no lograr convencer a esta administración para que aceptara que el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas tuviera la facultad de analizar casos individuales, que no encuentran solución con las autoridades mexicanas.

Otro trago amargo se dio cuando el gobierno de Peña Nieto cuestionó la validez de un reporte de ONU-DH México, sobre tortura en la investigación federal sobre el caso Ayotzinapa, aunque al respecto Jarab mencionó que a fin de cuentas dicho reporte repercutió en que un Tribunal ordenara reponer toda la indagatoria sobre la desaparición de los normalistas.

Sin dar un calificativo al gobierno de Peña Nieto, Jarab mencionó que hay elementos para pensar que la próxima administración, de Andrés Manuel López Obrador, podrá lograr cambios positivos en materia de Derechos Humanos.

Aunque insistió en que lo mejor es no especular demasiado, Jarab recordó que López Obrador invitó a ONU-DH México a colaborar en la investigación sobre Ayotzinapa, y que también ha dado señales de avanzar en temas como las políticas de migración.

Roberto Velasco, quien acudió a Ginebra en representación del propuesto como próximo canciller Marcelo Ebrard, aseguró que a la par del trabajo con otras naciones del mundo,  el gobierno de López Obrador “busca estrechar lazos con organizaciones internacionales que puedan coadyuvar al desarrollo de México, como en temas de corrupción, impunidad y seguridad”.

Con ellas, dijo, se prevé colaborar en el tema de derechos humanos para alcanzar las urgentes metas establecidas por el presidente electo.

Añadió que el equipo del próximo gobierno ha permanecido en comunicación con organizaciones civiles para estrechar la colaboración y dar un espacio a sus agendas en temas de derechos humanos, migración y seguridad.

Para el EPU de este miércoles, en el Palacio de las Naciones, 108 países se inscribieron para hacer recomendaciones o preguntas a México. Estados Unidos será el primer país en participar, después Uruguay y en tercer sitio Venezuela.

Aquí puedes leer las preguntas que adelantaron harán varios países, entre ellos Alemania y Suiza.

“¿Qué es de esperarse? El gobierno de Peña Nieto dirá que hay mejores leyes, la ley de víctimas, la ley general de desapariciones forzadas, pero a la hora de la hora los esfuerzos de implementación de la atención a víctimas o de la comisión nacional de búsqueda son insuficientes, o están muy por debajo de lo que se necesita”, anticipó Emilio Álvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Habrá siempre muchas cosas qué presumir, de lo que hace el Congreso, pero de eso a que se traduzca en una mejora de la calidad de vida de las personas, o en la protección de los derechos, yo lo veo muy distante”, coincidió José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos (CMDPDH).

El lunes, a dos días del Examen Periódico del 7 de noviembre, se pudo conocer un documento anexo del gobierno mexicano, donde señala su respuesta a cada una de las recomendaciones hechas en en el EPU de 2013.

LEE: EPU2018: A 9 años del primer examen de México sobre Derechos Humanos, ONG señalan que ha incumplido

Cómo lo dijo Álvarez Icaza, se presumen avances legislativos, entre ellos la ley que puso como mandato crear el Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir la impunidad, aunque dicho Sistema sigue sin operar, pues no se ha integrado de forma completa.

Sobre crear una base de datos de migrantes desaparecidos, aunque no existe, el gobierno anotó la recomendación como cumplida, ya que se estableció en México un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviada o Desaparecidas, y se ha tenido contacto con El Salvador y Honduras, para lograr acuerdos de intercambio de información, sin que se detalle cuál fue el avance de dichas pláticas.

Respecto a recomendaciones para acabar con los asesinatos y amenazas contra periodistas, además de garantizar investigaciones exhaustivas y efectivas, el gobierno reconoció que es una tarea incumplida, que aún está “en proceso” ya que por ejemplo de 2015 a junio de 2018, con la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), sólo ha habido cuatro sentencias por ataques contra comunicadores.

Por su parte, Roberto Velasco, en representación de Marcelo Ebrard -próximo canciller mexicano-, dijo que “a  la par del trabajo con otras naciones del mundo, el gobierno del Lic. López Obrador busca estrechar lazos con organizaciones internacionales que puedan coadyuvar al desarrollo de México en temas de corrupción, impunidad y seguridad. Con especial énfasis se prevé colaborar en el tema de derechos humanos, para alcanzar las urgentes metas establecidas por el presidente electo”.

De acuerdo con Velasco, debido a que la agenda internacional se encuentra cada vez más bajo escrutinio de la sociedad organizada, el equipo del presidente electo ha permanecido en constante comunicación con organizaciones sociales para “estrechar la colaboración y dar un espacio a sus agendas”.

“Específicamente en temas de política exterior, el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil está centrado en agendas de derechos humanos, migración y seguridad”, detalló.

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3 efectos en México del T-MEC, el tratado que remplaza al TLCAN

El tema que queda pendiente es el conflicto por los aranceles que impuso EU a las importaciones de acero y aluminio.
23 de junio, 2019
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Después de tensas negociaciones que se extendieron por más de un año, Canadá, Estados Unidos y México firmaron el T-MEC, el acuerdo de libre comercio que reemplaza al TLCAN.

Tras la firma por los líderes, el siguiente paso antes de su entrada en vigor es la ratificación por parte del poder legislativo de los tres países.

El de México ya hizo su parte. El acuerdo queda pendiente de los de Canadá y Estados Unidos.

El siguiente paso es que el tratado sea aprobado por los congresos de México, Estados Unidos y Canadá.

BBC Mundo te cuenta cuáles son algunos de los posibles efectos en México de este nuevo tratado.

1. Industria automotriz

El acuerdo incluye cambios en las reglas de origen de la industria automotriz.

Con el TLCAN, se exigía que un 62,5% de la producción de un automóvil ligero fuera hecha en alguno de los tres países para tener acceso a aranceles preferenciales. Pero con el T-MEC se elevó al 75%.

Fábrica de automóviles en Estados Unidos.

Getty Images
El nuevo acuerdo exige que el 75% de un vehículo debe ser fabricado en uno de los tres países para no pagar aranceles.

“El golpe no es para México”, le dice a BBC Mundo sobre este punto Pablo Ruiz Nápoles, profesor de la Facultad de Economía de la La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las empresas estadounidenses establecidas en México compran actualmente autopartes a fabricantes de China y Corea. Bajo los nuevos términos, tendrían que comprar mayor cantidad de insumos a alguno de los tres países que integran el acuerdo.

Por otro lado, EE.UU. logró que entre un 40% y 45% del automóvil fabricado dentro de los tres países deba ser producido por trabajadores que ganen al menos US$16 por hora.

Esta cláusula pretende incentivar a las empresas estadounidenses para que se instalen en EE.UU.

Si eso ocurre, podría afectar a la creación de empleo en México en este sector. Sin embargo, es un factor aún incierto.

2. Farmacéuticas

En el sector farmacéutico se aumentaron las barreras de acceso a los medicamentos genéricos y biocomparables.

En la práctica, las farmacéuticas mexicanas quedan más protegidas en relación a la competencia que supone el ingreso de medicamentos genéricos.

De este modo, se mantiene (o incluso podría encarecerse) el precio final para los consumidores, puesto que los genéricos suelen ser más baratos que los medicamentos de marca.

3. Derechos laborales

El nuevo tratado contempla un anexo en el que los tres países se comprometen a adoptar y cumplir normas y prácticas laborales conforme a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo.

Sin embargo, no está claro cómo ese compromiso se va a traducir en acciones concretas.

Hay ciertas disposiciones que México deberá cumplir antes del 1 de enero de 2019, como establecer en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y crear organismos independientes para el registro de elecciones sindicales.

Trabajadores en México

Getty Images
El pacto incluye algunas modificaciones a la legislación laboral en México.

¿Novedades?

Mientras el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto expresó su satisfacción con las condiciones acordadas entre los tres países, voces críticas aseguran que en realidad el nuevo pacto no contiene muchas novedades.

“No veo aspectos nuevos que sean beneficiosos para los mexicanos. Algo positivo es que salvamos cosas que en el TLCAN nos beneficiaban y que Trump quería eliminar”, afirma el economista Ruiz Nápoles.

En el sector energético, “no hay mayores cambios en telecomunicaciones o la industria petrolera”, afirma.

Lo mismo ocurre con la agricultura, explica, dado que “Estados Unidos podrá seguir vendiendo el maíz a un precio más bajo porque está subsidiado”.

Plantación de maíz

Getty Images
El maíz ha sido históricamente fuente de controversia entre México y Estados Unidos.

En otra área, el tratado incorpora una cláusula que establece que los integrantes del pacto deben informar a los otros miembros sobre sus intenciones de iniciar un tratado de libre comercio con algún país que no opere bajo condiciones de libre mercado.

El acuerdo contempla que cualquiera de las tres partes implicadas puederescindir el tratado en caso de que uno de los integrantes no cumpla con esta cláusula.

Analistas apuntan a que esta condición podría haber sido impulsada por EE.UU. para restringir acuerdos con países como China, si bien no fue reconocido oficialmente por ninguno de los países firmantes.

*Esta nota fue publicada inicialmente en noviembre de 2018 y actualizada con motivo de la ratificación del tratado por parte del Senado de México.


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