EPU2018: Llegó el momento, gobierno de EPN se somete a su examen final sobre Derechos Humanos
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Arturo Daen

EPU2018: Llegó el momento, gobierno de EPN se somete a su examen final sobre Derechos Humanos

La delegación mexicana llega al Examen Periódico Universal con datos negativos: las 37 mil personas no localizadas o desaparecidas; la ausencia de un sistema nacional de búsqueda que funcione y la desaprobación de ONG mexicanas por los niveles de inseguridad, impunidad y corrupción.
Arturo Daen
Por Arturo Daen @arturodaen (Ginebra, Suiza)
6 de noviembre, 2018
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Enrique Peña Nieto y su gobierno rinden cuentas ante el mundo. Este miércoles, en el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza, la delegación mexicana encabezada por el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas defenderá el trabajo de la administración priista de Enrique Peña Nieto, como jefe del Estado, las leyes y los programas implementados en estos seis años para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país.

Ruiz Cabañas y el resto de la delegación llegarán al Examen Periódico Universal (EPU) con datos negativos: en el país hay por lo menos 37 mil personas no localizadas o desaparecidas; sin contar con un sistema nacional de búsqueda que funcione como marca la ley.

En lo que va del sexenio, 47 periodistas han sido asesinados, no se ha dado certeza al programa para su protección, y a causa de la violencia han sido desplazadas internamente más de 310 mil personas, en los últimos 10 años, según organizaciones ciudadanas.

ONG mexicanas adelantaron su veredicto sobre Peña Nieto como jefe del Ejecutivo: más allá de lo que digan sus representantes en Ginebra, está reprobado por el deterioro de la seguridad en el país, por la impunidad que prevalece y la corrupción.

LEE: Examen final para EPN: Qué es el #EPU de Derechos Humanos y por qué es importante para México

Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo a Animal Político a unas horas del EPU que al terminar el gobierno de Peña Nieto el país tiene “grandes pendientes”, situaciones graves en distintos ámbitos.

“Las desapariciones son un tema particularmente dramático en México, con 37 mil oficialmente registrados como desaparecidos. Tortura es otro tema que hemos abordado, por ejemplo en el informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa”, dijo Jarab.

“Estamos muy preocupados por la situación de defensores y de periodistas de derechos humanos, no sólo por todas las incertidumbres en el mecanismo de protección, sino por todo el contexto que facilita agresiones en contra de periodistas y defensores. Los números de agresiones, e incluso de asesinatos, son terribles, y estoy convencido que también, en cualquier revisión, en un proceso como el EPU, se va a considerar”.

Según cifras oficiales de ACNUDH, en lo que va de año han sido asesinados 21 defensores de los derechos humanos, nueve de ellos de comunidades indígenas.

Jarab también señaló los pendientes de México en la protección a los derechos de los pueblos indígenas, y la población migrante.

El representante no quiso dar un juicio contundente sobre el gobierno de Peña Nieto, aunque sí insistió en el tema de los problemas que aún no encuentran solución. Un episodio amargo o “decepcionante”, relató, fue el no lograr convencer a esta administración para que aceptara que el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas tuviera la facultad de analizar casos individuales, que no encuentran solución con las autoridades mexicanas.

Otro trago amargo se dio cuando el gobierno de Peña Nieto cuestionó la validez de un reporte de ONU-DH México, sobre tortura en la investigación federal sobre el caso Ayotzinapa, aunque al respecto Jarab mencionó que a fin de cuentas dicho reporte repercutió en que un Tribunal ordenara reponer toda la indagatoria sobre la desaparición de los normalistas.

Sin dar un calificativo al gobierno de Peña Nieto, Jarab mencionó que hay elementos para pensar que la próxima administración, de Andrés Manuel López Obrador, podrá lograr cambios positivos en materia de Derechos Humanos.

Aunque insistió en que lo mejor es no especular demasiado, Jarab recordó que López Obrador invitó a ONU-DH México a colaborar en la investigación sobre Ayotzinapa, y que también ha dado señales de avanzar en temas como las políticas de migración.

Roberto Velasco, quien acudió a Ginebra en representación del propuesto como próximo canciller Marcelo Ebrard, aseguró que a la par del trabajo con otras naciones del mundo,  el gobierno de López Obrador “busca estrechar lazos con organizaciones internacionales que puedan coadyuvar al desarrollo de México, como en temas de corrupción, impunidad y seguridad”.

Con ellas, dijo, se prevé colaborar en el tema de derechos humanos para alcanzar las urgentes metas establecidas por el presidente electo.

Añadió que el equipo del próximo gobierno ha permanecido en comunicación con organizaciones civiles para estrechar la colaboración y dar un espacio a sus agendas en temas de derechos humanos, migración y seguridad.

Para el EPU de este miércoles, en el Palacio de las Naciones, 108 países se inscribieron para hacer recomendaciones o preguntas a México. Estados Unidos será el primer país en participar, después Uruguay y en tercer sitio Venezuela.

Aquí puedes leer las preguntas que adelantaron harán varios países, entre ellos Alemania y Suiza.

“¿Qué es de esperarse? El gobierno de Peña Nieto dirá que hay mejores leyes, la ley de víctimas, la ley general de desapariciones forzadas, pero a la hora de la hora los esfuerzos de implementación de la atención a víctimas o de la comisión nacional de búsqueda son insuficientes, o están muy por debajo de lo que se necesita”, anticipó Emilio Álvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Habrá siempre muchas cosas qué presumir, de lo que hace el Congreso, pero de eso a que se traduzca en una mejora de la calidad de vida de las personas, o en la protección de los derechos, yo lo veo muy distante”, coincidió José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos (CMDPDH).

El lunes, a dos días del Examen Periódico del 7 de noviembre, se pudo conocer un documento anexo del gobierno mexicano, donde señala su respuesta a cada una de las recomendaciones hechas en en el EPU de 2013.

LEE: EPU2018: A 9 años del primer examen de México sobre Derechos Humanos, ONG señalan que ha incumplido

Cómo lo dijo Álvarez Icaza, se presumen avances legislativos, entre ellos la ley que puso como mandato crear el Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir la impunidad, aunque dicho Sistema sigue sin operar, pues no se ha integrado de forma completa.

Sobre crear una base de datos de migrantes desaparecidos, aunque no existe, el gobierno anotó la recomendación como cumplida, ya que se estableció en México un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviada o Desaparecidas, y se ha tenido contacto con El Salvador y Honduras, para lograr acuerdos de intercambio de información, sin que se detalle cuál fue el avance de dichas pláticas.

Respecto a recomendaciones para acabar con los asesinatos y amenazas contra periodistas, además de garantizar investigaciones exhaustivas y efectivas, el gobierno reconoció que es una tarea incumplida, que aún está “en proceso” ya que por ejemplo de 2015 a junio de 2018, con la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), sólo ha habido cuatro sentencias por ataques contra comunicadores.

Por su parte, Roberto Velasco, en representación de Marcelo Ebrard -próximo canciller mexicano-, dijo que “a  la par del trabajo con otras naciones del mundo, el gobierno del Lic. López Obrador busca estrechar lazos con organizaciones internacionales que puedan coadyuvar al desarrollo de México en temas de corrupción, impunidad y seguridad. Con especial énfasis se prevé colaborar en el tema de derechos humanos, para alcanzar las urgentes metas establecidas por el presidente electo”.

De acuerdo con Velasco, debido a que la agenda internacional se encuentra cada vez más bajo escrutinio de la sociedad organizada, el equipo del presidente electo ha permanecido en constante comunicación con organizaciones sociales para “estrechar la colaboración y dar un espacio a sus agendas”.

“Específicamente en temas de política exterior, el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil está centrado en agendas de derechos humanos, migración y seguridad”, detalló.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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