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Arturo Daen
EPU2018: Llegó el momento, gobierno de EPN se somete a su examen final sobre Derechos Humanos
La delegación mexicana llega al Examen Periódico Universal con datos negativos: las 37 mil personas no localizadas o desaparecidas; la ausencia de un sistema nacional de búsqueda que funcione y la desaprobación de ONG mexicanas por los niveles de inseguridad, impunidad y corrupción.
Arturo Daen
Por Arturo Daen @arturodaen (Ginebra, Suiza)
6 de noviembre, 2018
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Enrique Peña Nieto y su gobierno rinden cuentas ante el mundo. Este miércoles, en el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza, la delegación mexicana encabezada por el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas defenderá el trabajo de la administración priista de Enrique Peña Nieto, como jefe del Estado, las leyes y los programas implementados en estos seis años para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país.

Ruiz Cabañas y el resto de la delegación llegarán al Examen Periódico Universal (EPU) con datos negativos: en el país hay por lo menos 37 mil personas no localizadas o desaparecidas; sin contar con un sistema nacional de búsqueda que funcione como marca la ley.

En lo que va del sexenio, 47 periodistas han sido asesinados, no se ha dado certeza al programa para su protección, y a causa de la violencia han sido desplazadas internamente más de 310 mil personas, en los últimos 10 años, según organizaciones ciudadanas.

ONG mexicanas adelantaron su veredicto sobre Peña Nieto como jefe del Ejecutivo: más allá de lo que digan sus representantes en Ginebra, está reprobado por el deterioro de la seguridad en el país, por la impunidad que prevalece y la corrupción.

LEE: Examen final para EPN: Qué es el #EPU de Derechos Humanos y por qué es importante para México

Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo a Animal Político a unas horas del EPU que al terminar el gobierno de Peña Nieto el país tiene “grandes pendientes”, situaciones graves en distintos ámbitos.

“Las desapariciones son un tema particularmente dramático en México, con 37 mil oficialmente registrados como desaparecidos. Tortura es otro tema que hemos abordado, por ejemplo en el informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa”, dijo Jarab.

“Estamos muy preocupados por la situación de defensores y de periodistas de derechos humanos, no sólo por todas las incertidumbres en el mecanismo de protección, sino por todo el contexto que facilita agresiones en contra de periodistas y defensores. Los números de agresiones, e incluso de asesinatos, son terribles, y estoy convencido que también, en cualquier revisión, en un proceso como el EPU, se va a considerar”.

Según cifras oficiales de ACNUDH, en lo que va de año han sido asesinados 21 defensores de los derechos humanos, nueve de ellos de comunidades indígenas.

Jarab también señaló los pendientes de México en la protección a los derechos de los pueblos indígenas, y la población migrante.

El representante no quiso dar un juicio contundente sobre el gobierno de Peña Nieto, aunque sí insistió en el tema de los problemas que aún no encuentran solución. Un episodio amargo o “decepcionante”, relató, fue el no lograr convencer a esta administración para que aceptara que el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas tuviera la facultad de analizar casos individuales, que no encuentran solución con las autoridades mexicanas.

Otro trago amargo se dio cuando el gobierno de Peña Nieto cuestionó la validez de un reporte de ONU-DH México, sobre tortura en la investigación federal sobre el caso Ayotzinapa, aunque al respecto Jarab mencionó que a fin de cuentas dicho reporte repercutió en que un Tribunal ordenara reponer toda la indagatoria sobre la desaparición de los normalistas.

Sin dar un calificativo al gobierno de Peña Nieto, Jarab mencionó que hay elementos para pensar que la próxima administración, de Andrés Manuel López Obrador, podrá lograr cambios positivos en materia de Derechos Humanos.

Aunque insistió en que lo mejor es no especular demasiado, Jarab recordó que López Obrador invitó a ONU-DH México a colaborar en la investigación sobre Ayotzinapa, y que también ha dado señales de avanzar en temas como las políticas de migración.

Roberto Velasco, quien acudió a Ginebra en representación del propuesto como próximo canciller Marcelo Ebrard, aseguró que a la par del trabajo con otras naciones del mundo,  el gobierno de López Obrador “busca estrechar lazos con organizaciones internacionales que puedan coadyuvar al desarrollo de México, como en temas de corrupción, impunidad y seguridad”.

Con ellas, dijo, se prevé colaborar en el tema de derechos humanos para alcanzar las urgentes metas establecidas por el presidente electo.

Añadió que el equipo del próximo gobierno ha permanecido en comunicación con organizaciones civiles para estrechar la colaboración y dar un espacio a sus agendas en temas de derechos humanos, migración y seguridad.

Para el EPU de este miércoles, en el Palacio de las Naciones, 108 países se inscribieron para hacer recomendaciones o preguntas a México. Estados Unidos será el primer país en participar, después Uruguay y en tercer sitio Venezuela.

Aquí puedes leer las preguntas que adelantaron harán varios países, entre ellos Alemania y Suiza.

“¿Qué es de esperarse? El gobierno de Peña Nieto dirá que hay mejores leyes, la ley de víctimas, la ley general de desapariciones forzadas, pero a la hora de la hora los esfuerzos de implementación de la atención a víctimas o de la comisión nacional de búsqueda son insuficientes, o están muy por debajo de lo que se necesita”, anticipó Emilio Álvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Habrá siempre muchas cosas qué presumir, de lo que hace el Congreso, pero de eso a que se traduzca en una mejora de la calidad de vida de las personas, o en la protección de los derechos, yo lo veo muy distante”, coincidió José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos (CMDPDH).

El lunes, a dos días del Examen Periódico del 7 de noviembre, se pudo conocer un documento anexo del gobierno mexicano, donde señala su respuesta a cada una de las recomendaciones hechas en en el EPU de 2013.

LEE: EPU2018: A 9 años del primer examen de México sobre Derechos Humanos, ONG señalan que ha incumplido

Cómo lo dijo Álvarez Icaza, se presumen avances legislativos, entre ellos la ley que puso como mandato crear el Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir la impunidad, aunque dicho Sistema sigue sin operar, pues no se ha integrado de forma completa.

Sobre crear una base de datos de migrantes desaparecidos, aunque no existe, el gobierno anotó la recomendación como cumplida, ya que se estableció en México un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviada o Desaparecidas, y se ha tenido contacto con El Salvador y Honduras, para lograr acuerdos de intercambio de información, sin que se detalle cuál fue el avance de dichas pláticas.

Respecto a recomendaciones para acabar con los asesinatos y amenazas contra periodistas, además de garantizar investigaciones exhaustivas y efectivas, el gobierno reconoció que es una tarea incumplida, que aún está “en proceso” ya que por ejemplo de 2015 a junio de 2018, con la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), sólo ha habido cuatro sentencias por ataques contra comunicadores.

Por su parte, Roberto Velasco, en representación de Marcelo Ebrard -próximo canciller mexicano-, dijo que “a  la par del trabajo con otras naciones del mundo, el gobierno del Lic. López Obrador busca estrechar lazos con organizaciones internacionales que puedan coadyuvar al desarrollo de México en temas de corrupción, impunidad y seguridad. Con especial énfasis se prevé colaborar en el tema de derechos humanos, para alcanzar las urgentes metas establecidas por el presidente electo”.

De acuerdo con Velasco, debido a que la agenda internacional se encuentra cada vez más bajo escrutinio de la sociedad organizada, el equipo del presidente electo ha permanecido en constante comunicación con organizaciones sociales para “estrechar la colaboración y dar un espacio a sus agendas”.

“Específicamente en temas de política exterior, el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil está centrado en agendas de derechos humanos, migración y seguridad”, detalló.

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Entity List, la poderosa y poco conocida herramienta de sanciones que EU aplicó a Huawei
Creada para combatir la proliferación nuclear, esta herramienta está ahora en medio de la competencia tecnológica entre Washington y Pekín.
16 de junio, 2019
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Es una de las armas más poderosas y menos conocidas de las que dispone el gobierno de Estados Unidos en el ámbito internacional.

Se la conoce como “Entity List” (Lista de Entes) y es una herramienta central en las sanciones aplicadas por el gobierno de Donald Trump en contra de la empresa tecnológica china Huawei.

Publicada por primera vez en febrero de 1997, esta lista recopilaba los nombres de los entes extranjeros (empresas, centros de investigación, gobiernos e incluso individuos) que participaban en actividades que potencialmente podían derivar en el desvío de productos estadounidenses que podrían ser utilizados en la creación de armas de destrucción masiva.

Desde entonces, sin embargo, los motivos que pueden llevar a ser incluido en esa lista se han ampliado para abarcar otro tipo de actividades sancionadas por el Departamento de Estado, así como la participación en actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional o de la política exterior de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump incluyó a mediados de mayo a Huawei en la Entity List usando este último argumento.

La decisión trajo como consecuencia que importantes empresas estadounidenses, incluyendo Google, anunciaran que dejarían de trabajar con la empresa china.

La lista actual de sancionados, publicada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, tiene más de 280 páginas, en las que aparecen entes de decenas de países alrededor del mundo, incluyendo a adversarios tradicionales de Washington como Irán pero también de países aliados como Francia, Alemania, Bélgica y Reino Unido.

Una tercera parte de la lista recoge los nombres de entes radicados en Rusia, país que suma 90 páginas, mientras que China supera las 40.

De América Latina aparecen mencionados cinco países: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Panamá, aunque en el caso de los cuatro primeros su inclusión obedece a las sanciones aplicadas en contra de las filiales locales de Huawei.

Acceso bloqueado

La decisión de incluir a algún actor extranjero en la Entity List es tomada conjuntamente por representantes de los departamentos de Comercio, Estado, Defensa y Energía, que valoran si se cumplen los criterios requeridos.

Si esto se aprueba, quedan prohibidas las ventas, exportaciones, reexportaciones o transferencias de todos los productos de origen estadounidense (incluyendo materias primas, software o cualquier tipo de producto o tecnología) hacia el ente en cuestión.

“Es una herramienta muy poderosa porque implica que las empresas estadounidenses no pueden vender nada, ni un destornillador, sin contar con una autorización previa. Eso significa que el departamento de Comercio tiene la posibilidad de verificar de qué se trata y decidir si emite el permiso”, comenta James Lewis, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), a BBC Mundo.

Kevin Wolf, quien fue subsecretario de Comercio para la Administración de Exportaciones durante el gobierno de Barack Obama, asegura que la lista busca estimular a los entes extranjeros a que abandonen un comportamiento que Washington considera contrario a sus intereses de seguridad nacional.

Explica que, por ejemplo, una empresa puede ser agregada a la lista cuando hay información que permite pensar que está violando sanciones al enviar productos prohibidos a Irán o Corea del Norte; o que pueden ser desviados para actividades terroristas.

El objetivo es que las compañías dejen de actuar de esa forma y puedan salir de la lista. Eso ocurre de forma rutinaria. No es como un proceso civil o penal. Históricamente ha sido usada como una herramienta de persuasión”, apunta Wolf, quien tuvo entre sus responsabilidades la supervisión de la Entity List.

El experto señala que este mecanismo tiene numerosas ventajas para Washington:

  • Es rápido. Permite aplicar sanciones sin tener que cumplir con los exigentes estándares requeridos por un proceso criminal o civil.
  • Es flexible. Puede ser usado con la intensidad que requiera la situación.
  • Es eficaz. Le otorga al gobierno de Estados Unidos gran influencia sobre las empresas extranjeras para buscar su cambio de comportamiento.

Incertidumbre sobre Huawei

Gran parte de la fortaleza de la Entity List reside en que, al prohibir la venta de productos estadounidenses a esas compañías extranjeras, muchas veces estas pueden quedar en una situación comprometida debido a que su modelo de negocio depende de contar con componentes o productos procedentes de EE.UU.

Pese a ello, Lewis advierte sobre los límites de estas medidas.

Usualmente estas compañías tienen vínculos estrechos con los Estados extranjeros y, con frecuencia, trabajan para programas gubernamentales. El caso de Huawei es parecido. Ellos no van a quebrar debido a estas medidas porque el gobierno de China los mantendrá a flote”.

“La Entity List es una herramienta poderosa que dificulta a las empresas sus operaciones, pero normalmente no caen en bancarrota”, apunta el experto.

En el caso de Huawei, Wolf señala que formalmente su inclusión en esta lista siguió las mismas normas aplicadas durante el gobierno de Obama y de George W. Bush.

“La única diferencia es que este caso es mucho más grande en alcance, magnitud e impacto que cualquier anterior. Huawei es la mayor empresa que haya sido agregada a la Entity List. Además, el valor económico de los bienes estadounidenses que compraba también es muy superior a los casos precedentes”, afirma.

Pero, ¿es posible que Huawei logre salir de esa lista de empresas sancionadas?

“Esa es la pregunta del millón de dólares” responde Wolf.

El experto recuerda que la justificación esgrimida para incluirla en la lista se relacionaba con la violación de sanciones por parte de esa compañía y que también hay un juicio penal que llevó a la detención de una de sus más altas ejecutivas (Meng Wanzhou, quien es directora financiera e hija del fundador de la compañía).

“Una posibilidad es que la inclusión en la Entity List pueda resolverse en conexión con ese caso de sanciones. También puede ocurrir que se vea afectada por las negociaciones comerciales“, apunta.

En el caso de Huawei también entran en juego las acusaciones que le ha hecho Estados Unidos sobre la posibilidad de que la compañía se preste para ayudar al espionaje chino además de su rivalidad comercial con empresas estadounidenses por el desarrollo de las futuras redes 5G.

¿En estas condiciones, podría librarse de las sanciones?

“Esos temas ciertamente están en la mente de todo el mundo y del gobierno. Por eso creo que es muy difícil predecir lo que pueda ocurrir pues, a diferencia de muchos otros casos incluidos en la Entity List, hay muchas preocupaciones tácitas que probablemente afectarán las decisiones de política que tendrán que tomarse”, concluye.


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