Reforzar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y terminar con la impunidad de sus asesinados, fueron las recomendaciones más recurrentes que hicieron las naciones a México durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza.
Decenas de países coincidieron en este punto, ya que colectivos y ONG mexicanas, así como especialistas de la ONU -como parte del proceso del EPU-, le habían reportado al mundo el grave problema que tiene el país, con más de 40 periodistas y al menos 110 defensores de derechos humanos asesinados, en lo que va de este sexenio.
De hecho a tan solo unas horas del EPU de México, expertos de la ONU condenaron en un comunicado el asesinato de Julián Carrillo, defensor de los derechos de los indígenas del estado de Chihuahua, y alertaron que tanto solo en lo que va de este año han sido asesinados 21 defensores, nueve de ellos de comunidades indígenas.
En su intervención como integrante de la nación mexicana, el subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante, explicó ante las naciones que participaron en la sesión del EPU que el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas se había implementado desde 2012 y que en los últimos seis años había dado protección a 1,030 periodistas.
Sin embargo, dijo, “pese a estos esfuerzos, debemos reconocer y lamentar los homicidios que se han cometido en contra de estas personas, tres de las cuales, eran beneficiarias de este mecanismo”.
En esa lista de tres casos, está el de Julián Carrillo Martínez; a pesar de que tenía “protección” del gobierno, fue asesinado.
Avante Juárez añadió que el Mecanismo, desde su creación, ha contado con un presupuesto de 767 millones de pesos, equivalente a 38 millones de dólares.
“El esfuerzo, aunque destacado -así lo calificó-, debe profundizarse de manera que tengan acceso a este Mecanismo, más periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo, particularmente aquellos que habitan en comunidades rurales”.
En el mismo sentido el líder de la delegación mexicana para el EPU, Miguel Ruiz Cabañas, dijo en entrevista que el gobierno de Peña Nieto había tenido y mantiene el “compromiso” de defender a periodistas y defensores, y que se habían hecho “enormes esfuerzos” para fortalecer las finanzas del Mecanismo de Protección, al ser un año de transición del poder.
Aunque los funcionarios hablaron de compromiso y esfuerzos destacados, días antes la Comisión Nacional de Derechos Humanos había dado una perspectiva muy distinta.
El ombudsman, Luis Raúl González Pérez, criticó en agosto pasado el “desdén” de autoridades federales y locales hacia el tema de la protección a defensores y periodistas, y en específico criticó que, por segundo año consecutivo, el Mecanismo de Protección tuviera un problema de presupuesto.
El tema del presupuesto fue denunciado el 8 de octubre pasado por el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. En ese momento reclamaron que 727 defensores y periodistas se quedarían sin protección, porque el gobierno federal había incumplido su compromiso de asignar el presupuesto requerido.
Tras ese señalamiento, y presión social de diferentes actores, entre ellos integrantes del Senado, finalmente el gobierno federal informó el 18 de octubre que ya se habían asignado los recursos, 112 millones de pesos.
Ruiz Cabañas dijo en Ginebra que ese monto será suficiente de aquí a enero, y que corresponderá al próximo gobierno trabajar en el presupuesto que tendrá el Mecanismo de Protección, en los meses por venir.
Durante el examen, realizado en el Palacio de las Naciones, países como Alemania recomendaron a México asignarle al Mecanismo un presupuesto de largo plazo.
En el país, en tanto, el Consejo Consultivo del Mecanismo pidió al próximo gobierno “a que desde ya, tome las medidas necesarias para que el inicio de su sexenio no solo contemple el funcionamiento efectivo y el fortalecimiento del Mecanismo sino una política estructural”, que reconozca y promueva el respeto a la labor de periodistas y defensores, a fin de inhibir agresiones en su contra.
No se puede hablar de protección a periodistas y defensores, señaló también en su momento la CNDH, si casi la totalidad de los asesinatos de personas que ejercen esa labor permanecen en la impunidad. Esa será otra tarea para el nuevo gobierno, trabajar para tener un sistema de justicia más efectivo.
