La Estafa Maestra: SFP investiga a otro funcionario de Sedatu por presuntas irregularidades en convenios
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Archivo / Cuartoscuro

La Estafa Maestra: SFP investiga a otro funcionario de Sedatu por presuntas irregularidades en convenios

La Función Pública investiga al director de coordinación de delegaciones de la Sedatu por un posible daño al erario de 26 millones en un convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas, que firmó cuando estaba en Sedesol.
Archivo / Cuartoscuro
30 de noviembre, 2018
Comparte

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a Marcos ‘N’, exdirector general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, y actualmente director general de coordinación de delegaciones en la Sedatu, por un posible daño patrimonial de 26 millones 622 mil pesos.

De acuerdo con el expediente de la SFP, el funcionario público firmó en junio de 2015 el convenio UCD.33901.014/2015, entre la Sedesol y la Universidad Autónoma de Zacatecas, para que esta casa de estudios realizara, a cambio de 52 millones 200 mil pesos, servicios de diseño y desarrollo de una metodología para fortalecer el padrón de beneficiarios de la Sedesol.

Sin embargo, según un informe forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta universidad no tenía la capacidad técnica para dar el servicio, por lo que subcontrató por 25 millones 578 mil pesos a otra empresa para que hiciera el 100% de los trabajos, y se quedó además con los 26 millones 622 mil pesos restantes que la Sedesol le entregó, lo que originó un sobrecosto para las arcas públicas.

Ante el pliego de observaciones emitido por la ASF, la Función Pública inició una investigación en contra de Marcos ‘N’, argumentando que a este funcionario le correspondía “administrar y verificar” el cumplimiento al convenio de coordinación y no lo hizo, “lo cual evidenció una deficiente administración y falta de verificación”.

“De lo anterior, se colige que no se aseguraran las mejores condiciones para el Estado, pues se pagó un sobrecosto por 26 millones 622 mil pesos”, remata la SFP, que estima en contra de Marcos ‘N’ una probable sanción de inhabilitación de la función pública por 5 años, y una multa de 26 millones 622 mil pesos.

Marcos ‘N’ fue notificado del inicio de la investigación el pasado 21 de noviembre, y la fecha de audiencia para que pueda exponer su defensa es el próximo 10 de diciembre.

Animal Político buscó a Marcos ‘N’ para conocer su postura. En entrevista telefónica, el funcionario rechazó haber cometido alguna irregularidad, y se dijo dispuesto a mostrar la documentación en su haber para aclarar el tema ante la SFP.

“Yo no firmé ese convenio como titular, sino únicamente como parte de la supervisión de los entregables. Y la única observación que hay no es sobre los entregables, sino por un tema de contrataciones que hace la universidad a otras empresas. Pero yo no contraté a nadie y eso es lo que voy a aclarar ante la Función Pública”, subrayó Marcos ‘N’, quien insistió: “Yo fui supervisor nada más. Toda la parte de contratación que tenía que llevar la Oficialía Mayor, no me tocaba a mí”.

Además de Marcos ‘N’, otros dos funcionarios públicos, entre los que está quien fuera en ese entonces el titular de la Unidad de Coordinación de delegaciones de la Sedesol, que es de rango mayor al de Marcos ‘N’, firmaron el convenio con la Autónoma de Zacatecas, por el que la Auditoría señaló irregularidades.

Sin embargo, hasta ahora, la SFP no ha anunciado más investigaciones por este convenio.

Del equipo cercano de Rosario Robles

Tal y como publicó Animal Político en una investigación el pasado 31 de octubre, Marcos ‘N’ es uno de los 12 exfuncionarios de la Sedesol que intervienen en convenios vinculados con el presunto desvío de recursos públicos en el esquema conocido como La Estafa Maestra, cuando Rosario Robles era su titular, y repitieron cargos en la Sedatu cuando esta funcionaria llegó a dirigir la dependencia.

De hecho, además del convenio entre Sedesol y la Universidad Autónoma de Zacatecas, Marcos ‘N’ participó en la Sedatu, ya como director general de coordinación de delegaciones, en otros tres convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015 (cuatro meses de haber firmado el convenio Sedesol-UAZ), y en uno más con la Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre de 2016, que suman 313 millones de pesos.

En los cuatro convenios está presente el sello de La Estafa Maestra. Es decir, el esquema de subcontratación a empresas irregulares o fantasma, para el desvío de recursos públicos.

En los convenios firmados entre la Sedatu y la Universidad Politécnica de Chiapas por 186 millones de pesos, para que esta casa de estudios realizara servicios de “análisis de experiencias internacionales” de desarrollo urbano en “zonas económicamente exclusivas”, la universidad subcontrató a empresas que no tenían la capacidad para realizar los servicios, según un informe forense de la Auditoría.

Los auditores visitaron a una de las empresas subcontratadas, Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados S.C., y determinó que ésta “no contaba con la capacidad ni la experiencia necesarias para la ejecución de los trabajos”, por lo que concluyó que su subontratación por 81 millones 642 mil pesos “se basó en una simulación para la supuesta prestación de los servicios”.

Además, esta empresa trianguló, a su vez, el dinero público entre otras cuatro sociedades irregulares, y entre cinco personas físicas, de las cuales, una no fue localizada por la Auditoría; la otra fue desconocida en el domicilio reportado; y de las otras tres, no proporcionaron a los auditores evidencia de que realizaran los servicios.

Los sancionados 

Marcos ‘N’ no es el único funcionario de Sedesol, que luego pasó a la Sedatu, investigado por los convenios de La Estafa Maestra. El pasado 26 de septiembre, la SFP inhabilitó a Gustavo Rodríguez González, vocero de Rosario Robles en Sedesol y en la Sedatu, por un posible daño patrimonial durante su gestión como director de Comunicación Social de la Sedesol. Según la Función Pública, Gustavo Rodríguez autorizó pagos a Radio y Televisión Hidalgo, “sin (presuntamente) contar con documentación y/o información –entregables- que demostraran la prestación de dichos servicios”.

Mientras que el 16 de octubre, la SFP también sancionó al extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol, que luego pasó a la Sedatu con Rosario Robles, Mauricio Razo, por supuestas irregularidades en la exoneración de cuatro funcionarios presuntamente implicados en La Estafa Maestra y por dar carpetazo, sin justificación, a las investigaciones sobre supuestos desvíos millonarios en la dependencia.

El 19 de septiembre, Animal Político dio a conocer que, por los desvíos de 7 mil 600 millones documentados en La Estafa Maestra, la SFP había sancionado a 11 funcionarios públicos de los 110 identificados en la investigación, entre los que no están ninguno de los titulares de las 11 dependencias en las que se produjeron los desvíos millonarios.

De hecho, los altos funcionarios se mantienen en sus cargos, fueron ascendidos, o concluyeron sus periodos, pero en ningún caso han enfrentado consecuencias ante la justicia.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que 'esclaviza' a los trabajadores

Miles de trabajadores viajan a los países del Golfo, Jordania y Líbano con el sueño de ahorrar dinero para ayudar a sus familias, pero acaban en un ciclo interminable de abuso.
6 de octubre, 2021
Comparte

Pensó que había encontrado el empleo de su vida, pero terminó cautivo y obligado a trabajar gratis.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

Taza de latte con diseños hechos con el café sobre la leche

Getty Images
Athenkozi fue contactado en un grupo de Facebook donde compartía su “arte en latte”.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkosi Dyonta lavando tazas en Omán

Athenkosi Dyonta
En Omán, cuando Athenkosi no estaba trabajando debía permanecer encerrado en su habitación.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

Mujeres protestando en Líbano con un cartel que dice "abajo el kafala". 2019

Getty Images
“Abajo el kafala”. Trabajadores migrantes protestaron contra este sistema en Líbano.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

Manos con guantes de limpieza

Getty Images
Algunas de las trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional trabajaban hasta 18 horas al día.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Trabajadores migrantes en Doha, Qatar, haciendo fila para usar un cajero automático

Getty Images
Qatar tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que conforman el 95% de la fuerza laboral del país.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Protesta de trabajadores migrantes en Líbano en 2019

Getty Images
Estos trabajadores migrantes en Líbano piden a sus empleadores: “Entreguen nuestros pasaportes, concédannos un día libre, paguen salarios, hablen en forma amable”.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=Lgs15k6lN2s

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.