Las fotomultas se van, serán sustituidas por trabajo comunitario, confirma Sheinbaum
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Las fotomultas se van, serán sustituidas por trabajo comunitario, confirma Sheinbaum

Sheinbaum anunció que los contratos privados que actualmente se tienen con empresas para operar las fotomultas serán cancelados, y en su lugar se establecerá un sistema que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y la de Movilidad.
Cuartoscuro
26 de noviembre, 2018
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La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, anunció que el sistema de fotomultas en la Ciudad de México será sustituido por un esquema de sanciones de trabajo comunitario llamado “fotocívicas”, que será coordinado por dependencias del gobierno.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo señaló que, “como lo dijimos en campaña, las fotomultas son un sistema que no ha sido evaluado en términos de sus beneficios, y se ha convertido más bien en un sistema de recaudación, más que en un esquema de mejora y disminución de accidentes viales”.

De acuerdo con la próxima jefa de Gobierno, los contratos privados que actualmente se tienen con empresas para operar las fotomultas serán cancelados, y en su lugar se establecerá un sistema que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y la de Movilidad.

También informó que cambiarán la ubicación que actualmente tienen las cámaras que captan a los automovilistas, para situarlas en los lugares con mayor número de incidentes de tránsito.

Lee: Fotomultas caen 50% en último año de aplicación; analizan fortalecer alcoholímetro

Otro cambio del sistema de multas será que se establecerá un rango de 10 km/h en los radares, para que no se sancione a las personas que van apenas un kilómetro por encima de la velocidad permitida, o a aquellas que sean registradas “por los propios errores que puedan existir en las cámaras”.

Sheinbaum detalló que, en este nuevo esquema, las sanciones dejarán de llamarse “fotomultas”, para ser “fotocívicas”, y que estas serán otorgadas a través de un sistema de puntos al registro de placas en los vehículos.

Cada punto contará con una sanción cívica: las infracciones por exceso de velocidad tendrán un valor de hasta cinco puntos menos, ya que arriesgan la vida de las personas.

Si llegan a cero puntos, los conductores deberán cumplir con diez horas de servicio comunitario para poder verificar el automóvil.

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A la tercera infracción deberán tomar un curso en línea, a la cuarta un curso avanzado, a la quinta uno de sensibilización presencial sobre riesgos viales, y a partir de la sexta infracción, dos horas de trabajo comunitario por punto.

Andrés Lajous, próximo secretario de Movilidad en la capital, detalló que se condonará eñ 50% a los deudores actuales por datos del contacto, placa y licencia del sancionado y datos de origen y destino, para tener asociados los puntos a la licencia y al conductor.

En el caso de los parquímetros, las multas continuarán siendo económicas, y podrán pagarse en línea sin la colocación de la araña, si son placas de la Ciudad de México.

Lajous destacó que este nuevo esquema tendrá como objetivo “que se reduzca el número de personas que son heridas y muertas en accidentes de tránsito”.

De acuerdo con un documento compartido por la próxima jefa de gobierno en su cuenta de Twitter, los ciudadanos que cuenten con fotomultas deberán pagarlas durante el primer semestre de 2019, y podrán redimir un porcentaje de la sanción a cambio de información de su licencia y placa, esto, con el objetivo de crear una base de datos que facilite la transición a un modelo de puntos en licencia.

Finalmente, dijo, el sistema será operado de manera transparente, y la tecnología que se use tendrá estrictos controles para erradicar la opacidad de su funcionamiento, pues harán pública la información sobre las zonas donde se ubiquen las cámaras y radares.

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El gobierno de Maduro redujo ingresos de funcionarios públicos y desató una nueva ola de protestas en Venezuela

En 2022 ha habido un repunte de las protestas en Venezuela, luego de dos años consecutivos en los que venían disminuyendo. BBC Mundo te cuenta qué hay detrás de este cambio,
23 de agosto, 2022
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El descontento ha vuelto a tomar las calles de Venezuela.

Luego de dos años durante los cuales el número de protestas en ese país habían ido reduciéndose progresivamente, en 2022 la tendencia parece haberse revertido.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el primer semestre de este año hubo unas 3.892 protestas, un promedio de 22 al día, lo que significa un incremento de 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Pero a diferencia de lo ocurrido en 2019 -el año en el que se produjeron más manifestaciones en la última década- cuando las protestas por motivos políticos fueron las más numerosas, durante el primer semestre de este 2022 fueron los derechos laborales los que impulsaron la mayor cantidad de muestras de descontento: 42% del total.

Este giro tiene que ver con un choque entre las políticas laborales del gobierno de Nicolás Maduro y las exigencias de los empleados públicos.

BBC Mundo te explica por qué.

Rebajas de ingresos

En los últimos meses ha habido un recrudecimiento de las protestas de funcionarios públicos en Venezuela, en especial de parte de aquellos empleados en los sectores de salud y educación.

Solamente en julio pasado, hubo unos 143 conflictos laborales, de acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Protesta de trabajadores en Venezuela.

Getty Images
Muchos trabajadores culpan al ONAPRE por la reducción en sus ingresos.

Detrás de estas protestas está un instructivo emitido en marzo por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) que reduce entre 40% y 70% el ingreso de los empleados públicos, de acuerdo con un informe del Inaesin.

“La ONAPRE se ha dado a la tarea de emitir un instructivo para pagar el salario a los trabajadores y, desde que ellos se han inmiscuido en eso, han estado violando la Constitución, las leyes y los derechos laborales, pues a medida que se aplican estos instructivos, el salario de los trabajadores ha ido disminuyendo”, dice Belkys Bolívar, miembro de la directiva nacional de la Federación Venezolana de Maestros.

Explica que por medio de estos instructivos la ONAPRE ha estado obviando los beneficios previstos en los contratos colectivos de los empleados públicos y ha estado reduciendo los montos de los bonos y primas allí previstos, los cuales representan una parte importante del ingreso de estos funcionarios.

“En marzo de este año, cuando se dio un aumento salarial por la vía Ejecutiva, ellos decidieron rebajar todas nuestras bonificaciones que están en la convención colectiva. Las rebajaron 50%. Por ejemplo, las primas de compensación académica por las cuales el docente estudia posgrados, maestrías o doctorados, las rebajaron todas 50%”, dice.

Señala que también redujeron, por ejemplo, las primas por antigüedad que, en su caso, pasó de 60% a 30% del salario, y que una prima geográfica, para quienes laboran en áreas rurales, pasó de 25% a 10%, una disminución mayor al 50%.

Esta política ha afectado también a otros sectores de la administración pública.

Según explica Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fetrasalud, los funcionarios sanitarios en Venezuela también han perdido más de 50% de sus ingresos por la aplicación de este instructivo de la ONAPRE.

Victoria parcial

Aunque este instructivo más reciente de la ONAPRE viene generando expresiones de descontento desde su promulgación en marzo, la chispa se encendió recientemente cuando los empleados del sector educativo recibieron el pago de su tradicional bono vacacional por un monto muy inferior al esperado.

Según afirma Bolívar, la ley establece que ese bono debe pagarse tomando en cuenta el último salario percibido por el trabajador, pero que el gobierno en vez de hacerlo tomando en cuenta ese salario que fue aprobado en marzo pasado, lo hizo en función del sueldo vigente para diciembre de 2021.

La diferencia es notable.

“En mi caso, me pagaron 140 bolívares (unos US$23) y deberían haberme pagado 2.400 bolívares (unos US$400)“, apunta Bolívar.

“A raíz de esa arbitrariedad, entonces fue que empezaron a surgir manifestaciones. Ya nosotros veníamos manifestando desde hacía tiempo por el tema de que el salario no nos alcanza para vivir, pero entonces nos volvimos a activar. Salimos a las calles, estuvimos más de 3 semanas protestando para que no pudieran pagar ese bono vacacional con el sueldo con el último salario”, comenta.

Y obtuvieron una victoria parcial.

El pasado 15 de octubre, Maduro destituyó al entonces director de la ONAPRE, Marco Polo Cosenza, y nombró en ese cargo a Jennifer Quintero de Barrios, quien hasta ese momento estaba a cargo de la Tesorería Nacional.

Y poco después, los funcionarios del sector educativo comenzaron a recibir en sus cuentas la diferencia pendiente del bono vacacional.

Sin embargo, el instructivo de la ONAPRE no ha sido derogado, por lo que los trabajadores públicos han anunciado que se mantendrán activos pues su objetivo es que esta norma se elimine y que el gobierno se ponga al día con otras deudas que tienen pendientes con ellos.

Salarios de hambre

Bolívar indica que el malestar causado por el pago incompleto del bono vacacional no tiene que ver con las vacaciones de los funcionarios sino con la necesidad que tienen del dinero.

Una enfermera muestra un cartel que dice "No al salario de hambre".

Getty Images
Los funcionarios públicos en Venezuela se quejan por cobrar un “salario de hambre”.

“La gente siempre espera las vacaciones para resolver problemas personales con ese dinero porque no lo usamos realmente para irnos de vacaciones. Eso no alcanza para irnos de vacaciones con nuestro grupo familiar”, afirma y apunta que esos recursos los destinan a tapar los agujeros en el presupuesto que no logran cubrir con sus salarios.

Explica que entre los docentes que trabajan en la administración pública en Venezuela hay seis categorías. En la más baja ganan unos 400 bolívares al mes (unos US$67) y en la más alta, unos 900 bolívares al mes (unos US$150).

“Esos son salarios indignos. Es un salario de hambre porque no nos alcanza para cubrir las necesidades alimentarias. Además de que nosotros también tenemos necesidades de salud y de otro tipo. Cuando se nos presenta un siniestro, cuando fallece un familiar, no tenemos cómo cubrir estas situaciones y tenemos que buscar la solidaridad, pedir en las redes sociales, pedir a nuestros compañeros y familiares que nos ayuden, porque el salario no nos permite cubrir esas necesidades”, afirma.

La situación no es mejor en el caso de los trabajadores de la salud.

Pablo Zambrano explica que empleado administrativo devenga el equivalente a unos US$30 al mes, mientras que un médico gana un poco más de US$100.

Con esos salarios tienen que hacer frente a un elevado coste de la vida.

La llamada canasta alimentaria -que se refiere al dinero que hace falta para alimentar cada mes a una familia de cinco personas- se ubicó en junio en US$459,84, de acuerdo con cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Así, harían faltan los ingresos de unos tres o cuatro médicos por familia para cubrir esa canasta mensualmente.

Qué ha dicho el gobierno

El gobierno de Maduro ha manejado este tema con discreción sin que sus principales figuras lo hayan abordado públicamente.

De acuerdo con la prensa venezolana, el pasado 8 de agosto, mientras daba un discurso, Maduro fue interrumpido por una mujer que le gritó algo relacionado con la ONAPRE a lo que el mandatario respondió: “Eso que estás diciendo no es así y si quieres lo hablamos personalmente. No es verdad. No es verdad. Es una campañita que nos tienen por las redes y no es verdad”.

Ese mismo día, durante una sesión de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Pedro Carreño hizo una defensa del instructivo de la ONAPRE, señalando que el verdadero problema era que el Estado no tiene dinero.

“Ese instructivo que satanizan, que someten al escarnio público, se constituyó en una suerte de muro de contención para frenar las pretensiones de la derecha reaccionaria que lo que pretende hacer ver es que hay una desidia en Venezuela porque no se está en consonancia con los derechos de los trabajadores, cuando el instructivo en realidad dice es que no hay recursos, no hay medios, para resolver las necesidades”, señaló.

BBC Mundo se puso en contacto con el Ministerio de Comunicación del gobierno de Venezuela para consultarles sobre este tema, pero al momento de publicar esta nota no habíamos recibido respuesta.

Manda el bolsillo

Luego de un 2019 convulso, el malestar expresado en las calles venezolanas había disminuido de forma notable.

Protesta de trabajadores en Venezuela.

Getty Images
2022 ha visto un repunte de las protestas callejeras en Venezuela.

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2019 hubo en Venezuela unas 16.739 protestas. La cifra se redujo a 9.633 en 2020 y siguió cayendo hasta 6.560 en 2021.

En ese descenso jugaron un rol varios factores que van desde un aparente debilitamiento de las fuerzas de oposición, hasta las limitaciones a la movilidad derivadas de la pandemia de covid-19, entre muchos otros.

Pablo Zambrano, de Fetrasalud, asegura que los sindicatos se mantuvieron movilizados todo este tiempo, pero reconoce que el impulso reciente tomado por las protestas tiene que ver con algunos cambios recientes.

Señala que los trabajadores no se sienten satisfechos porque se les está aplicando el instructivo de la ONAPRE que cercena sus derechos laborales y que, para hacer las cosas peor, la respuesta del gobierno ante el reclamo ha sido la persecución, el amedrentamiento y la criminalización de las protestas.

“También ha generado descontento que el gobierno viene hablando de recuperación económica, pero eso no se siente entre los trabajadores. Puede ser para un sector que de alguna forma representará un 10% de la población y que forma parte de todas estas élites que se han construido ahora dentro de este gobierno, pero los trabajadores, los asalariados en este momento no tienen para vivir con dignidad, no tienen para mantener a su familia”, apunta.

Zambrano asegura que un elemento clave en la reactivación de las protestas ha sido el hecho de que los sectores de salud y educación han unido fuerzas para impulsar las protestas de forma conjunta, pero también que lo que exigen son respuestas concretas del gobierno a las exigencias de los trabajadores, sin otras banderas.

“Nosotros logramos que los trabajadores respondieran al reclamo, inclusive más allá del partido, más allá de la ideología, más allá del debate sobre el capitalismo, el comunismo, la izquierda o la derecha -esos discursos que ya están agotados-. Eso aquí en este momento se acabó. La gente indistintamente de su pensamiento sabe que el gobierno lo está haciendo mal, sabe que está cometiendo errores garrafales y que tiene una política que va en contra de la clase obrera y de la clase trabajadora venezolana”, asegura.


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