Luego de que el 15 de noviembre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluye la creación de una nueva fuerza de corte y formación militar, la Guardia Nacional, este jueves un grupo de organizaciones civiles criticó este plan por considerarlo una “continuación” de la estrategia de seguridad de los dos últimos sexenios, en los que las Fuerzas Armadas militares asumieron buena parte del combate a la delincuencia.
En una mesa de discusión celebrada en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, de la Universidad Iberoamericana, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (CentroPro), Causa en Común, y especialistas en seguridad como Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad de la Ibero, recordaron que el uso de las fuerzas armadas en labores policiacas no redujo los niveles de violencia en México.
Al contrario, según datos oficiales, el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será el más violento del que haya registro oficial en México: 28 mil 500 víctimas, casi la misma cantidad de homicidios que se registró en todo 2017, que hasta ahora había sido el año más violento, por delante incluso de 2011 y 2012, los años con más asesinatos del sexenio de Felipe Calderón.
“La estrategia de militarización del país no ha servido para reducir la violencia”, subrayó Mario Patrón, director del Centro Pro, quien añadió que, a la fecha, no hay datos empíricos que respalden una propuesta de seguridad basada en el uso de fuerzas castrenses.
Y, precisamente, ese es uno de los puntos que el Centro Pro critica del nuevo Plan Nacional de Seguridad.
Si bien la organización civil reconoció que en el Plan hay una “perspectiva integral” del problema de inseguridad, que busca ubicar las causas y consecuencias de la violencia, establecer medidas de respeto a los derechos humanos, y mejorar la salud, educación, y los ingresos de las familias, por otro lado, mostró su preocupación por el poco pesode las policías civiles en la nueva Guardia Nacional, y el predominio en ésta de las fuerzas militares para hacerse cargo de preservar la seguridad pública.
“Los grandes ausentes en el Plan son las policías civiles”, remarcó Patrón, quien además criticó que en el caso de la nueva Guardia Nacional aún no se conozca a profundidad “cuál será su diseño real y su alcance”.
“¿En qué va a consistir la Guardia Nacional? –preguntó el activista durante la mesa de debate-. Aun no lo sabemos a ciencia cierta. Solo conocemos declaraciones de distintos actores que, además, varían según si las hace Alfonso Durazo (próximo titular de Seguridad Pública) o la ministra Olga Sánchez Cordero (próximo titular de la Segob). Hasta ahora, solo tenemos conjeturas, cosas inconcretas”.
Mario Patrón también señaló que desde la sociedad civil se ha planteado en varias ocasiones la necesidad de cambiar un modelo de seguridad de corte militarizado por uno de corte civil, puesto que en 12 años de guerra contra el crimen organizado no hay datos comprobables que puedan argumentar el éxito del uso de las fuerzas castrenses en labores de seguridad. Incluso, dijo, hay una “coincidencia” del inicio de la llamada ‘guerra contra el narco’ y el aumento de los índices de violencia.
Además, agregó Patrón, la militarización también ha provocado otro “efecto perverso”.
“El incentivo perverso para que las policías municipales y estatales no se profesionalicen es, justamente, la militarización del país, ya que esto es algo a lo que recurren los gobernadores para no fortalecer a sus policías. Y una Guardia Nacional no va a acabar con ese incentivo perverso”, apuntó el activista, quien dijo que es necesario “debatir el nuevo modelo de seguridad que requiere el país”.
Ejército no rinde cuentas
Durante su intervención, Catalina Pérez Correa, investigadora de Estudios Jurídicos del CIDE, expuso que en los dos últimos sexenios no ha habido rendición de cuentas, ni transparencia, ni un sistema de control en la operación de las fuerzas militares en el combate al crimen.
“Por ejemplo, llevamos casi cinco años sin que el Ejército responda a cuántas personas ha matado en enfrentamientos armados en este país. Y, a pesar de este dato, ahora le estamos dando a la policía militar y a la policía naval enormes facultades y atribuciones en seguridad pública”, apuntó la investigadora, que criticó que ninguna autoridad vigila el uso de la fuerza letal por parte de los militares en los enfrentamientos con civiles.
“Tenemos un contexto en el que hay numerosos enfrentamientos entre militares y civiles, pero nadie está investigando las razones de esos enfrentamientos, ni qué sucede en ellos. Y esto incentiva que el uso de la fuerza letal se aplique, porque no hay un control interno ni externo”, agregó.
Pérez Correa dijo que otro de los problemas del nuevo Plan de Seguridad es que está centrado en combatir el crimen organizado, y no en la delincuencia común, a pesar de que muchos de los delitos que se registran en el país tienen que ver con asaltos a transeúntes, robos a casa habitación, y violencia intrafamiliar, entre otros.
“Estamos generando una estrategia de seguridad para enfrentar un fenómeno específico (el narcotráfico y el crimen organizado), y el problema es que esa presencia militar está generando más violencia, y está afectando negativamente a que en los estados no se cuente con instituciones de seguridad sustentables, duraderas, y que realmente atienda los problemas cotidianos de la gente”, concluyó la investigadora.
“Preocupa cambio de discurso de AMLO”
Daira Arana, investigadora de Causa en Común, recordó que, durante muchos años, López Obrador manifestó públicamente que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública y que la estrategia de militarización no había dado buenos resultados.
“Preocupa mucho el cambio radical de discurso de López Obrador sobre seguridad. Y ese cambio coincide con la reunión que tuvo (el 29 de octubre) con el próximo titular de la Sedena (general Luis Crescencio Sandoval). Por eso, la pregunta es: ¿Qué se discutió en esa junta?”, planteó Arana.
