Para hacer el padrón y manuales de gestión de programas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Universidad Politécnica Francisco I. Madero contrató, a través de una empresa, a funcionarios de 23 dependencias del gobierno federal que presuntamente no realizaron los servicios, pero sí recibieron recursos que luego entregaron a cuentas de otros funcionarios.
Así lo revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión número 196-DS a dicha universidad en 2016 y que forma parte de las irregularidades por las que fue denunciada penalmente ante la PGR el pasado 29 de octubre.
Son 69 funcionarios y exfuncionarios de dependencias como la Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional, Semarnat, Sedatu, Sedesol, Pemex, PGR y hasta Províctima, que recibieron más de 10 millones de pesos por haber sido supuestamente contratados por la empresa Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V.
Los servicios que debían realizar eran “el levantamiento de información para el análisis y diseño del Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del Centro de Ciudad de las Mujeres de Tlapa de Comonfort, referente al Módulo de Atención Primaria; y el levantamiento, diseño y elaboración del padrón de datos de empadronamiento de las usuarias del Centro Ciudad de la Mujeres”.
Servicio por el cual la Sedatu hizo un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero en 2016, pero ésta subcontrató por 139 millones de pesos a la empresa VICMA, y ésta a su vez a 488 personas para cumplir con los trabajos, entre los que se encuentran funcionarios, según la documentación financiera.
La Universidad entregó documentación a la Auditoría de los pagos hechos a través de Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI): 10 millones de pesos se pagaron a 37 funcionarios en activo y 32 exfuncionarios públicos de distintas dependencias.
Sin embargo, la Auditoría confirmó que dichos funcionarios en servicio no pudieron haber cumplido con el contrato, porque “hacía incompatible la prestación de los servicios por los periodos, ubicación y horarios de ejecución de los trabajos a desarrollar, entre los que se encuentran: directores y subdirectores de área, jefes de departamento, asesores, administradores, policía federal, agente de migración, auditor fiscal y verificador”.
En el análisis de las transferencias, la Auditoría comprobó que funcionarios “realizaron transferencias a cuentas bancarias de otros funcionarios y exfuncionarios públicos”.
Además, también se entregó un millón 800 mil pesos a otros 19 funcionarios y exfuncionarios públicos de dependencias como Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores y hasta Conagua.
Simulación de servicios
La empresa VICMA presentó “resúmenes ejecutivos de personal asignado” que contienen las supuestas pruebas de ejecución de los trabajos por parte de los prestadores de servicio y los pagos correspondientes.
Sin embargo, en la información contable de la empresa, la Auditoría detectó que más bien dicha empresa transfirió 122 millones de pesos a seis empresas más “sin tener ninguna relación contractual”, lo que “demuestra la simulación de contrataciones y servicios”.
Se trata de Servicios Myla, S. A. de C. V.; Servicios Fiscales en Administración SIC, S. A. de C. V.; Acabados Constrarq, S. A. de C. V.; Compu-Draz Comercializadora, S. A. de C. V.; Servicios Imperiales Sial, S. C. y Maderas Finas del Golfo, S. A. de C. V. De ellas, en cinco aparece la misma persona como accionista o comisario, “lo que demuestra que se encuentran vinculadas”.
Estas empresas a su vez transfirieron recursos a la empresa Bestil, S.A. de C.V. SOFOM ENR, que tiene la misma dirección fiscal que VICMA, Servicios Myla y Acabados Constrarq.
La empresa Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V. además, presentó su declaración anual en ceros ante el SAT, pese a los millones de pesos recibidos.
Por lo tanto, la Auditoría concluyó que la Universidad Politécnica Francisco I. Madero “simuló y elaboró información y documentación para acreditar y comprobar la presunta prestación de servicios”, pese a ello, la Sedatu facturó y pagó 139 millones de pesos.
Respecto a los supuestos comprobantes de los trabajos, la Universidad entregó un padrón del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort y municipios aledaños, “un 98.6% (12,091 registros de un total de 12,265) con el entregable generado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco”, en otro convenio y las irregularidades de la base de datos “afectan la confiabilidad de la información”.
Sobre el Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort, en Guerrero, “su contenido es semejante al entregable generado por otra la Universidad Autónoma Indígena de México actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa”.
