¿Por qué 6 ministros de la SCJN consideran que la Ley de Seguridad viola la Constitución? Aquí las razones
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¿Por qué 6 ministros de la SCJN consideran que la Ley de Seguridad viola la Constitución? Aquí las razones

El “fast-track” con el que fue aprobada en el Congreso y el abrir la puerta a una intervención permanente del Ejército en seguridad pública, son dos de las causas que expusieron los ministros.
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14 de noviembre, 2018
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La Ley de Seguridad Interior, con la que se pretende legalizar y regular la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, está en riesgo. Seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la consideraron ayer inconstitucional y anunciaron que votarán por su completa anulación.  

Contrario a lo que establecía el dictamen del ministro Jorge Pardo Rebolledo, que consideraba que la ley no violaba la constitución, los ministros que intervinieron ayer detallaron que esta norma acarrea vicios desde su misma aprobación en el Congreso. Incluso, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea la calificó de un “fraude a la Constitución”.

¿Cuáles fueron las razones para que los ministros de la Corte consideraran que la Ley de Seguridad Interior viola la Constitución y debe declararse nula? A continuación se señalan los principales puntos que expusieron, así como los escenarios para el próximo jueves, en que se continuará con el debate de la referida ley y se votará por su posible anulación.

1.- El Congreso no tenía competencia para legislar

Los ministros Eduardo Medina Mora, José Ramón Cossío y Alberto Pérez Dayan coincidieron en señalar que el Congreso, es decir las cámaras de Diputados y Senadores, carecían de facultades para legislar en materia de seguridad interior, pues el Poder Legislativo solo es competente para hacerlo en materia de seguridad nacional.

Medina Mora explicó que la utilización del Ejército en temas de seguridad interior es facultad del Poder Ejecutivo, por lo que es incorrecto que se pretenda legislar bajo el argumento de que se trata de una vertiente distinta a la de la seguridad nacional. Más aun cuando la Constitución ya establece candados para limitar la intervención de las fuerzas armadas en seguridad pública.

2.- Intervención de Ejercito debe ser excepcional, no permanente

Este fue uno de los puntos centrales en que coincidieron casi todos los ministros. Acusaron que la Ley de Seguridad Interior pretende volver permanente y algo casi normal la intervención del Ejército en temas de seguridad pública, situación que debe ser solo de carácter excepcional y a petición de los estados, quienes son los responsables de la misma.

El ministro Arturo Zaldívar fue enfático “esta ley es un fraude a la Constitución, pretende disfrazar como seguridad interior lo que en realidad es seguridad pública y que atañe estrictamente a las autoridades civiles”.

Los ministros precisaron que hay situaciones específicas y excepcionales en la que es válido que el presidente dé intervención al Ejército, pero insistieron en que esto debe ser un recurso extraordinario que no debe normalizarse.

“Lo que hace el legislador con esta ley es justificar la disposición de las fuerzas armadas fuera de los supuestos que establece la Constitución (…) se pretende incorporar seguridad interior a seguridad nacional para regular al Ejército en tiempos de paz. No es admisible”, dijo el ministro José Ramón Cossío.

Si realmente se quería preservar la intervención del Ejército solo como un recurso temporal, añadió el ministro Javier Laynez Potisek, en todo caso la Ley de Seguridad Interior debió presentarse como una norma temporal con fecha de caducidad, pero no fue el caso.

Los ministros también consideraron que la Ley de Seguridad Interior representa un “incentivo perverso” para que las autoridades civiles (gobiernos estatales y municipales), que son las constitucionalmente obligadas a preservar la seguridad pública, prefieran delegar la tarea en los militares en vez de fortalecer a sus cuerpos policiales.

“Las autoridades civiles tienen que comenzar a hacer la parte que les toca para que tengamos fuerzas civiles preparadas que se hagan cargo de la seguridad pública”, dijo Zaldívar.

3.- Uso de la fuerza, con riesgo de abusos

En su intervención, el ministro Arturo Zaldívar criticó además que la Ley de Seguridad Interior se refiere vagamente al tema del uso legítimo de la fuerza, lo que abre la puerta a posibles abusos. Esto ya que la norma solo establece en uno de sus artículos que las fuerzas federales deben actuar de acuerdo con sus propios protocolos de uso de la fuerza.

Cabe señalar que esta deficiencia también fue detectada en el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo,  y para solucionarla proponía que se corrigiera el artículo eliminando su redacción actual y cambiándola por una nueva acorde con los parámetros de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), para definir el correcto uso legítimo de la fuerza.

Sin embargo, el ministro Zaldívar consideró que esta sola deficiencia es suficientemente grande para anular por completo una ley que permite intervenciones militares sin parámetros adecuados de uso de la fuerza.

“Hay que ser especialmente cautelosos con esta ley y con el uso de la fuerza. La CIDH ya se ha manifestado en relación en que debe reducirse al mínimo el uso de las fuerzas armadas en acciones de seguridad porque el riesgo de violaciones a derechos humanos es alta. Su formación  (de los militares) no está orientada a proteger civiles, sino a derrotar a un enemigo”.

4.- El “fast-track” del Congreso

En su intervención, la ministra Norma Piña Hernández advirtió que la Ley de Seguridad Interior acarrea vicios desde el proceso mismo de su aprobación en el Congreso. Esto por la forma apresurada y atropellada con la que se le dio luz verde sin someterla siquiera a un análisis serio.

En primera instancia la ministra cuestionó cómo la Cámara de Diputados aprobó, a finales de 2017, un dictamen apenas unas horas después de que fuera puesto en manos de legisladores que no tuvieron tiempo de analizarlo. Hecho que fue incluso denunciado por las fuerzas minoritarias que pidieron que se suspendiera la votación, lo que no ocurrió.

“El dictamen debió estar en las manos de los legisladores dos semanas antes de su votación, no unos minutos. ¿Qué calidad democrática puede tener entonces una ley como esta con quejas y mociones que fueron ignoradas?”, dijo la ministra.

Piña Hernández también cuestionó el hecho de que en el Senado tampoco se permitiera llevar a cabo un análisis a fondo en comisiones y que, por el contrario, se pasara al pleno de nuevo para su votación inmediata, pese a las objeciones de grupos minoritarios que vieron afectado su derecho a conocer y estudiar el documento que se estaba legislando.

¿Qué sigue? Concluir el debate y la votación

El próximo jueves a las 11 de la mañana se reanudará la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuar con el análisis de los recursos promovidos en contra de la Ley de Seguridad Interior.

Para declarar la norma inconstitucional, como pretenden las instancias que interpusieron los recursos (CNDH, INAI y legisladores), se requiere que 8 de los 11 ministros del pleno voten a favor de esa opción.

Ayer los seis ministros que hablaron en la sesión ya perfilaron su voto a favor de la anulación completa de la ley. Se trató de Eduardo Medina Mora, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Noma Píña Hernández, Alberto Pérez Dayan, y Javier Laynez Potisek.

Los ministros que faltan de exponer su punto de vista son Mario Pardo Rebolledo (quien elaboró el dictamen que declaraba constitucional la reforma), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Franco González Salas, Margarita Luna Ramos y el presidente del pleno Luis María Aguilar Morales.

Al término de la misma se recabará la votación y, si se acuerda declarar inconstitucional la norma, la misma tendrá que ser abrogada. De no lograrse los ocho votos tendría que procederse a una revisión artículo por artículo de la ley.

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El estudiante de medicina que se encontró el cadáver de su amigo en una clase de anatomía

La periodista y novelista nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani escribe en este reporte especial para la BBC sobre la inquietante realidad detrás de algunos de los cuerpos "no reclamados" enviados a las escuelas de medicina del país.
4 de agosto, 2021
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La periodista y novelista nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani escribe en este reporte especial para la BBC sobre la inquietante realidad detrás de algunos de los cuerpos “no reclamados” enviados a las escuelas de medicina de su país.

El estudiante de medicina Enya Egbe salió corriendo de su clase de anatomía llorando después de ver el cadáver con el que debía trabajar ese día.

No fue la reacción aprensiva de un joven ingenuo.

El estudiante de 26 años aún recuerda vívidamente la tarde de aquel jueves hace siete años en la Universidad de Calabar, en Nigeria, cuando estaba con sus compañeros de estudios alrededor de tres mesas de disección, con un cadáver en cada una.

Minutos después, gritó y corrió.

El cuerpo que su grupo estaba a punto de diseccionar era el de Divine, su amigo durante más de siete años.

“Solíamos ir a bailar juntos”, me dijo. “Había dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho”.

Oyifo Ana fue uno de los muchos estudiantes que salieron corriendo detrás de Egbe y lo encontraron llorando afuera.

“La mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que algunas de las personas pueden no ser verdaderos criminales”, dice Ana.

Explicó que una mañana temprano había visto una camioneta de la policía cargada con cuerpos ensangrentados en su escuela de medicina, que tenía un depósito de cadáveres adjunto.

Egbe envió un mensaje a la familia de Divine, que resultó que había estado yendo a diferentes comisarías de policía en busca de su pariente después de que el joven y tres amigos fueran arrestados por agentes de seguridad cuando regresaban de una noche de fiesta.

La familia finalmente logró recuperar su cuerpo.

El impactante descubrimiento de Egbe puso de relieve tanto la falta de cadáveres disponibles en Nigeria para los estudiantes de medicina como lo que les puede pasar a las víctimas de la violencia policial.

Trauma

Entre los siglos XVI y XIX, por diferentes leyes en Reino Unido, se entregaban los cuerpos de los criminales ejecutados a las escuelas de medicina, un castigo que también promovió la causa de la ciencia.

En Nigeria, una ley actual entrega “cuerpos no reclamados” en depósitos de cadáveres del gobierno a las escuelas de medicina.

El estado también puede apropiarse de los cuerpos de los criminales ejecutados, aunque la última ejecución tuvo lugar en 2007.

Enya Egbe

Enya Egbe
Enya Egbe quedó impactado al descubrir en su clase el cadáver de su amigo

Más del 90% de los cadáveres utilizados en las escuelas de medicina de Nigeria son “criminales asesinados por disparos”, según una investigación de 2011 publicada en la revista médica Clinical Anatomy.

En realidad, esto significa que eran sospechosos matados a tiros por las fuerzas de seguridad.

Sus edades estimadas se encuentran entre los 20 y los 40 años, el 95% son hombres y tres de cada cuatro pertenecen a la clase socioeconómica más baja. No hay donaciones de cuerpos.

“Nada ha cambiado diez años después”, dice Emeka Anyanwu, profesor de anatomía en la Universidad de Nigeria y coautor del estudio.

‘Servicio de ambulancia’

El año pasado, el gobierno de Nigeria estableció paneles de investigación judiciales en diferentes estados para investigar las denuncias de brutalidad policial.

Esto fue en respuesta a las protestas provocadas por el video viral de otro joven presuntamente que murió por disparos del Escuadrón Especial Antirrobo (Sars) de la policía en el estado sureño de Delta.

Muchos de los que testificaron ante los paneles han hablado de familiares arrestados por agentes de seguridad y que desaparecieron.

En la mayoría de los casos, la policía se ha defendido diciendo que los desaparecidos eran ladrones armados que murieron en un tiroteo.

Sin embargo, el portavoz de la policía Frank Mba me dijo que no tenía conocimiento de ningún caso en el que la policía hubiera enviado cadáveres a laboratorios de anatomía o depósitos.

Nigeria

Getty Images
Las fuerzas de seguridad de Nigeria son acusadas de frecuentes abusos.

En un testimonio escrito presentado al panel judicial en el estado de Enugu, el comerciante Cheta Nnamani, de 36 años, dijo que había ayudado a los agentes de seguridad a deshacerse de los cuerpos de las personas a las que habían torturado o ejecutado durante los cuatro meses que estuvo bajo la custodia de Sars en 2009.

Dijo que una noche le pidieron que cargara tres cadáveres en una camioneta, una tarea conocida en el lenguaje de la detención como ‘servicio de ambulancia’.

Luego condujo al cercano Hospital Universitario de la Universidad de Nigeria (UNTH), donde Nnamani descargó los cuerpos. Fueron llevados por un asistente de la morgue.

Nnamani me dijo que luego lo amenazaron con la misma suerte.

En el depósito

En la ciudad sudoriental de Owerri, el depósito de cadáveres del Hospital Aladinma, de propiedad privada, dejó de aceptar cadáveres de presuntos delincuentes porque la policía rara vez proporcionaba identificación o notificaba a los familiares de los fallecidos.

Esto solía dejar al depósito de cadáveres atascado con los costos de mantenimiento de los cuerpos no reclamados hasta que cada pocos años el gobierno finalmente concedía permiso para entierros masivos.

“A veces, la policía intenta obligarnos a aceptar cadáveres, pero insistimos en que los lleven a un hospital del gobierno”, dice Ugonna Amamasi, administradora del depósito de cadáveres.

“Los depósitos de cadáveres privados no están autorizados a donar cuerpos a las escuelas de medicina, pero los depósitos de cadáveres del gobierno sí pueden”, agregó.

Familiares olvidados

Un abogado de alto nivel, Fred Onuobia, asegura que los familiares tienen derecho a recoger los cuerpos de los criminales ejecutados legalmente.

“Si nadie se presenta después de cierto tiempo, los cuerpos se envían a hospitales universitarios”, dice el defensor.

Pero la situación es peor con las ejecuciones extrajudiciales, ya que los familiares nunca se enteran de las muertes o no pueden localizar los cuerpos, afirma.

carro policia

AFP

Después de todo, fue solo por casualidad que la familia del amigo de Egbe, Divine, pudo darle un entierro adecuado.

La asociación de anatomistas de Nigeria ahora está presionando por un cambio en la ley que garantice que las morgues obtengan registros históricos completos de los cuerpos donados a las escuelas, y también el consentimiento de la familia.

También establecerá formas de alentar a las personas a donar sus cuerpos a la ciencia médica.

“Habrá mucha educación y mucha promoción para que la gente pueda ver que si donan su cuerpo, será por el bien de la sociedad”, cuenta el director de la asociación, Olugbenga Ayannuga.

En cuanto a Egbe, estaba tan traumatizado al ver el cuerpo de su amigo que abandonó sus estudios durante semanas.

Dice que imaginaba a Divine de pie junto a la puerta cada vez que intentaba entrar a la sala de anatomía.


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