¿Por qué 6 ministros de la SCJN consideran que la Ley de Seguridad viola la Constitución? Aquí las razones
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¿Por qué 6 ministros de la SCJN consideran que la Ley de Seguridad viola la Constitución? Aquí las razones

El “fast-track” con el que fue aprobada en el Congreso y el abrir la puerta a una intervención permanente del Ejército en seguridad pública, son dos de las causas que expusieron los ministros.
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14 de noviembre, 2018
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La Ley de Seguridad Interior, con la que se pretende legalizar y regular la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, está en riesgo. Seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la consideraron ayer inconstitucional y anunciaron que votarán por su completa anulación.  

Contrario a lo que establecía el dictamen del ministro Jorge Pardo Rebolledo, que consideraba que la ley no violaba la constitución, los ministros que intervinieron ayer detallaron que esta norma acarrea vicios desde su misma aprobación en el Congreso. Incluso, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea la calificó de un “fraude a la Constitución”.

¿Cuáles fueron las razones para que los ministros de la Corte consideraran que la Ley de Seguridad Interior viola la Constitución y debe declararse nula? A continuación se señalan los principales puntos que expusieron, así como los escenarios para el próximo jueves, en que se continuará con el debate de la referida ley y se votará por su posible anulación.

1.- El Congreso no tenía competencia para legislar

Los ministros Eduardo Medina Mora, José Ramón Cossío y Alberto Pérez Dayan coincidieron en señalar que el Congreso, es decir las cámaras de Diputados y Senadores, carecían de facultades para legislar en materia de seguridad interior, pues el Poder Legislativo solo es competente para hacerlo en materia de seguridad nacional.

Medina Mora explicó que la utilización del Ejército en temas de seguridad interior es facultad del Poder Ejecutivo, por lo que es incorrecto que se pretenda legislar bajo el argumento de que se trata de una vertiente distinta a la de la seguridad nacional. Más aun cuando la Constitución ya establece candados para limitar la intervención de las fuerzas armadas en seguridad pública.

2.- Intervención de Ejercito debe ser excepcional, no permanente

Este fue uno de los puntos centrales en que coincidieron casi todos los ministros. Acusaron que la Ley de Seguridad Interior pretende volver permanente y algo casi normal la intervención del Ejército en temas de seguridad pública, situación que debe ser solo de carácter excepcional y a petición de los estados, quienes son los responsables de la misma.

El ministro Arturo Zaldívar fue enfático “esta ley es un fraude a la Constitución, pretende disfrazar como seguridad interior lo que en realidad es seguridad pública y que atañe estrictamente a las autoridades civiles”.

Los ministros precisaron que hay situaciones específicas y excepcionales en la que es válido que el presidente dé intervención al Ejército, pero insistieron en que esto debe ser un recurso extraordinario que no debe normalizarse.

“Lo que hace el legislador con esta ley es justificar la disposición de las fuerzas armadas fuera de los supuestos que establece la Constitución (…) se pretende incorporar seguridad interior a seguridad nacional para regular al Ejército en tiempos de paz. No es admisible”, dijo el ministro José Ramón Cossío.

Si realmente se quería preservar la intervención del Ejército solo como un recurso temporal, añadió el ministro Javier Laynez Potisek, en todo caso la Ley de Seguridad Interior debió presentarse como una norma temporal con fecha de caducidad, pero no fue el caso.

Los ministros también consideraron que la Ley de Seguridad Interior representa un “incentivo perverso” para que las autoridades civiles (gobiernos estatales y municipales), que son las constitucionalmente obligadas a preservar la seguridad pública, prefieran delegar la tarea en los militares en vez de fortalecer a sus cuerpos policiales.

“Las autoridades civiles tienen que comenzar a hacer la parte que les toca para que tengamos fuerzas civiles preparadas que se hagan cargo de la seguridad pública”, dijo Zaldívar.

3.- Uso de la fuerza, con riesgo de abusos

En su intervención, el ministro Arturo Zaldívar criticó además que la Ley de Seguridad Interior se refiere vagamente al tema del uso legítimo de la fuerza, lo que abre la puerta a posibles abusos. Esto ya que la norma solo establece en uno de sus artículos que las fuerzas federales deben actuar de acuerdo con sus propios protocolos de uso de la fuerza.

Cabe señalar que esta deficiencia también fue detectada en el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo,  y para solucionarla proponía que se corrigiera el artículo eliminando su redacción actual y cambiándola por una nueva acorde con los parámetros de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), para definir el correcto uso legítimo de la fuerza.

Sin embargo, el ministro Zaldívar consideró que esta sola deficiencia es suficientemente grande para anular por completo una ley que permite intervenciones militares sin parámetros adecuados de uso de la fuerza.

“Hay que ser especialmente cautelosos con esta ley y con el uso de la fuerza. La CIDH ya se ha manifestado en relación en que debe reducirse al mínimo el uso de las fuerzas armadas en acciones de seguridad porque el riesgo de violaciones a derechos humanos es alta. Su formación  (de los militares) no está orientada a proteger civiles, sino a derrotar a un enemigo”.

4.- El “fast-track” del Congreso

En su intervención, la ministra Norma Piña Hernández advirtió que la Ley de Seguridad Interior acarrea vicios desde el proceso mismo de su aprobación en el Congreso. Esto por la forma apresurada y atropellada con la que se le dio luz verde sin someterla siquiera a un análisis serio.

En primera instancia la ministra cuestionó cómo la Cámara de Diputados aprobó, a finales de 2017, un dictamen apenas unas horas después de que fuera puesto en manos de legisladores que no tuvieron tiempo de analizarlo. Hecho que fue incluso denunciado por las fuerzas minoritarias que pidieron que se suspendiera la votación, lo que no ocurrió.

“El dictamen debió estar en las manos de los legisladores dos semanas antes de su votación, no unos minutos. ¿Qué calidad democrática puede tener entonces una ley como esta con quejas y mociones que fueron ignoradas?”, dijo la ministra.

Piña Hernández también cuestionó el hecho de que en el Senado tampoco se permitiera llevar a cabo un análisis a fondo en comisiones y que, por el contrario, se pasara al pleno de nuevo para su votación inmediata, pese a las objeciones de grupos minoritarios que vieron afectado su derecho a conocer y estudiar el documento que se estaba legislando.

¿Qué sigue? Concluir el debate y la votación

El próximo jueves a las 11 de la mañana se reanudará la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuar con el análisis de los recursos promovidos en contra de la Ley de Seguridad Interior.

Para declarar la norma inconstitucional, como pretenden las instancias que interpusieron los recursos (CNDH, INAI y legisladores), se requiere que 8 de los 11 ministros del pleno voten a favor de esa opción.

Ayer los seis ministros que hablaron en la sesión ya perfilaron su voto a favor de la anulación completa de la ley. Se trató de Eduardo Medina Mora, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Noma Píña Hernández, Alberto Pérez Dayan, y Javier Laynez Potisek.

Los ministros que faltan de exponer su punto de vista son Mario Pardo Rebolledo (quien elaboró el dictamen que declaraba constitucional la reforma), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Franco González Salas, Margarita Luna Ramos y el presidente del pleno Luis María Aguilar Morales.

Al término de la misma se recabará la votación y, si se acuerda declarar inconstitucional la norma, la misma tendrá que ser abrogada. De no lograrse los ocho votos tendría que procederse a una revisión artículo por artículo de la ley.

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Getty Images

Vacuna contra COVID-19: la difícil decisión de vacunar o no a los niños

La decisión de vacunar a la población infantil debe responder cuestiones científicas, pero también éticas.
Getty Images
24 de mayo, 2021
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Menor recibiendo una vacuna.

Getty Images
Estados Unidos ya ha comenzado a vacunar a menores de edad.

Vacunar a los niños es rutinariamente aceptado. Sarampión, polio, difteria, paperas, múltiples cepas de la meningitis, tos ferina, figuran entre la lista de enfermedades para las que se vacuna a los menores, a veces cuando solo tienen unas semanas de vida.

Entonces ¿hay que vacunar a los niños contra la covid-19?

Hay países que ya han comenzado a hacerlo. Estados Unidos ha vacunado a alrededor de 600.000 menores de entre 12 y 15 años de edad.

Allí las autoridades esperan tener suficientes datos sobre la seguridad de las vacunas para lanzarse a inmunizar a niños aún más pequeños el año que viene.

Reino Unido avanza rápido con los adultos y a todos se les debería haber ofrecido la primera dosis antes del final de julio, pero aún no ha tomado una decisión sobre los menores.

La cuestión científica a responder es si vacunar a los pequeños salvará vidas. La respuesta es compleja y podría variar de país a país.

También se plantea la cuestión moral de si las dosis destinadas a los niños salvarían más vidas si se les administraran a trabajadores sanitarios y población vulnerable en otros países.

Riesgo muy bajo en niños

Uno de los argumentos en contra de la vacunación infantil contra la covid-19 es que, en realidad, los niños se benefician relativamente poco de ella.

Bebé recibiendo una vacuna

Unicef
Con otras vacunas que se administran a menores no hay tanta controversia.

“Afortunadamente, una de las pocas cosas buenas de esta pandemia es que los niños raramente se ven seriamente afectados por esta infección”, afirma el profesor Adam Finn, miembro del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización en Reino Unido.

Las infecciones en niños son casi siempre asintomáticas o muestran síntomas leves, lo que contrasta con otros grupos de edad a los que se ha dado prioridad en las campañas de vacunación.

Un estudio realizado en siete países y publicado en la revista The Lancet estimó que menos de dos de cada millón de niños murieron de covid durante la pandemia.

Incluso los niños con enfermedades preexistentes que elevarían el riesgo en un adulto no están recibiendo la vacuna por el momento en Reino Unido.

Solo se les ha indicado la vacuna a aquellos con un “riesgo muy alto de exposición y desenlaces graves, como los menores discapacitados que viven en centros para dependientes.

Las vacunas son extraordinariamente seguras, pero sus riesgos y beneficios deben sopesarse cuidadosamente.

Algunos países podrían beneficiarse

Otro potencial beneficio de la vacunación infantil es que podría salvar las vidas de adultos.

Es un enfoque que se ha utilizado con adultos. El spray nasal que reciben los niños británicos de entre 2 y 12 años protege ampliamente a sus abuelos cada año.

Hay partidarios de que hacer lo mismo con la vacuna contra la covid podría ayudar a que se alcance la inmunidad del rebaño, el punto en el que hay tanta gente protegida que el virus encuentra dificultades para seguir propagándose.

Las vacunas contra la covid se han demostrado muy efectivas para cortar la propagación del coronavirus.

Los indicios apuntan a que, con solo una dosis, las posibilidades de resultar contagiado se reducen a menos de la mitad y a que quienes se contagian infectan a menos gente.

Enfermera prepara una vacuna en Río, Brasil.

EPA
La vacunación de los menores podría ser beneficiosa también para sus abuelos.

Los niños no se han mostrado hasta ahora como grandes propagadores del virus, pero los adolescentes sí podrían jugar un papel.

“Hay evidencia del potencial de transmisión en las edades de la escuela secundaria, así que la vacunación podría tener un impacto real en la transmisión”, dice Adam Kucharski, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Pero no hay una respuesta unánime a la pregunta de si merece la pena.

El programa de vacunación en Reino Unido marcha a toda velocidad y ha habido grandes brotes en el país que probablemente han dejado una herencia de inmunidad.

Más de una cuarta parte de los muchachos de entre 16 y 17 años en Inglaterra tienen anticuerpos en la sangre, a pesar de que casi ninguno de ellos ha sido vacunado.

Así que Reino Unido y países de características parecidas podrían encontrarse con que cuentan con suficiente inmunidad colectiva para frenar al virus sin necesidad de vacunar a los niños.

“Es muy diferente en países que no han tenido muchos brotes y que no tienen a tanta población adulta cubierta; en estos será difícil lograr el objetivo sin vacunar a los niños”, dice el doctor Kucharski.

Australia es uno de los países que se está encontrando con reticencias la vacunación, y, como les sucedió también a Nueva Zelanda y Taiwán, contuvo el virus tan rápidamente que casi no hay inmunidad allí.

La cuestión ética

Algo que considerar es quién deja de recibir la vacuna que se le inyecta a un niño.

La Organización Mundial de la Salud sostiene que los países ricos deberían posponer sus planes de vacunación infantil y donar las vacunas al resto del mundo.

El profesor Andrew Pollard, que dirigió ensayos clínicos para la vacuna de Oxford-AstraZeneca, afirma que está “mal desde el punto de moral” priorizar a los más pequeños.

Enfermo de covid yace en el suelo en India.

Reuters
Las vacunas podrían llegar a países como India, donde las muertes de adultos siguen disparadas.

Eleanor Riley, inmunóloga de Universidad de Edimburgo, declaró: “Hay argumentos a favor de hacerlo si tuviéramos un suministro ilimitado de vacunas y pudiéramos continuar con los mayores de 12, pero no lo tenemos”.

“Al fin y al cabo, es una decisión política si priorizar a nuestros niños antes que a los adultos que mueren a montones en otros lugares del mundo”, concluyó.


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