Preparan ley de seguridad vial que ayude a prevenir muertes de ciclistas y peatones
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Cuartoscuro Archivo

Preparan ley de seguridad vial que ayude a prevenir muertes de ciclistas y peatones

La iniciativa, que se prevé se presente a más tardar en febrero, incluye pruebas de manejo y alcoholímetro en todos los estados, además de la creación de un sistema de atención médica prehospitalaria.
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22 de noviembre, 2018
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El pasado 21  de noviembre el director de Movilidad de la ciudad de Puebla, Emmanuel Vara Zenteno, murió tras ser atropellado a bordo de su bicicleta por un camión del transporte público. Apenas un día antes, una joven de 20 años que viajaba en una bicicleta del sistema Ecobici falleció en Ciudad de México arrollada por un autobús de pasajeros.

Estos casos se suman a los de una larga lista de víctimas fatales que crece por decenas todos los días. Las cifras oficiales revelan que, en promedio, al menos 32 personas mueren cada 24 horas en México por accidentes vehiculares y hechos de tránsito. Y la cifra, año con año, va en ascenso.

Pero de acuerdo con los expertos, esas muertes no tenían por qué haber ocurrido y el problema va más allá de la imprudencia de los involucrados. Tiene su origen en la falta total de una política pública nacional orientada a reducir al mínimo las muertes de tránsito en todos los estados del país.

Por ello desde hace cinco años, expertos y ciudadanos agrupados en organizaciones civiles y con apoyo de legisladores de diversos partidos, trabajan en el diseño de la primera Ley General de Seguridad Vial en el país, con la que se busca establecer reglas homologadas para mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública, desde peatones hasta automovilistas.

La iniciativa, a la que Animal Político tuvo acceso, se encuentra en la fase final de adecuaciones y se prevé que a más tardar en febrero próximo sea presentada por las comisiones de movilidad de la Cámara de Diputados y de Senadores.

“Los muertos por hechos de tránsito son los muertos invisibles de este país… el que las personas mueran todos los días en el trayecto a su casa o su trabajo no puede ser normal. La pandemia por muertes de tránsito no es cosa menor. Necesitamos una legislación que prevenga y repruebe esta situación”, coincidieron en señalar dos de las impulsoras de esta iniciativa, Laura Ballesteros y Paola Lara Fernández.

De acuerdo con Lara Fernández, la iniciativa que se presentará, y que cuenta con el apoyo de representantes de todos los partidos políticos, crea una Ley que se sustenta en cinco principios rectores: gestión de la seguridad vial, comportamiento de usuarios en vía pública, vehículos seguros, atención médica prehospitalaria e infraestructura vial adecuada.

Una vez creado este marco regulatorio – añade Ballesteros – se podrán asignar desde la federación recursos al fortalecimiento de la seguridad vial, algo que hasta ahora no sucede en México.

“Sin recursos no hay política pública y sin política pública se normaliza el problema. Es inaceptable que vivamos en un país donde en un estado es más probable morir atropellado que en otro. Esfuerzos como el de Ciudad de México o Guadalajara, que han trabajado en esto, tienen que replicarse en todo el país”, dice Ballesteros.

¿Qué medidas e innovaciones incluiría La Ley general de Seguridad Vial que se está preparando? A continuación te presentamos algunas de las incluidas en esta iniciativa impulsada por este colectivo de organizaciones integrado por ITDP, WRI México, Bicitekas, Reacciona por la Vida, Céntrico, entre muchas otras:

*Morir en la calle no es normal: nueva jerarquía de movilidad

La Ley General de Seguridad Vial define una premisa fundamental: morir en la calle no es una situación normal y todo hecho de tránsito (accidente) en el que una persona resulte lesionada o pierda la vida es prevenible.

Bajo esa concepción se establece una nueva jerarquía (pirámide de movilidad) en la vía pública, que privilegia a las personas que están más indefensas en el espacio público, así como a las que se desplazan en mayor medida de esta forma.

En ese contexto, la prioridad para el uso de la vía pública es para las personas con movilidad limitada y peatones, seguidos de ciclistas, usuarios y prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, usuarios y prestadores del servicio de transporte de carga y, al final, usuarios de vehículos particulares.

En este nuevo paradigma, todas las políticas y acciones que se diseñen deberán atender el referido orden prioritario.

*Licencias homologadas… y con examen

La Ley plantea la creación de un Registro Nacional de Conductores. Para ello se establece que cada licencia de conducir que se expida en los estados, independientemente de las características que cada gobierno local fije, deberá contar con un número único que identifique al dueño de dicha licencia en el país. Con dichos números se integrará el Registro.

Entre los datos que albergara este Registro se encontrará el historial de infracciones y de accidentes en que se haya visto envuelto cada conductor, los puntos de sanción acumulados en la licencia, así como la información general del automovilista.

Pero además se establece un piso mínimo de requisitos para que una persona obtenga una licencia de manejo en México. Entre esos requisitos se encuentra presentar un examen teórico – práctico sobre conocimientos y habilidades necesarias para conducir un automóvil.

Además se establece que ninguna licencia de conducir que se expida podrá tener una vigencia superior a los cinco años y, concluido dicho periodo, se deberá acreditar nuevamente las pruebas para tener una licencia.

*Alcoholímetro más estricto y para todos

La Ley establecerá la obligación que tendrán todos los gobiernos locales de realizar pruebas de alcoholímetro en su zona de jurisdicción. Esto con la finalidad de prevenir accidentes cometidos por personas que manejan en estado de ebriedad. Se homologará en todo el país la medida de alcohol expirado  a partir de la cual se considera un resultado positivo en la prueba.

Quienes arrojen positivo al practicárseles este examen serán sancionados con la suspensión temporal de su licencia de manejo por un periodo de seis meses, además de las penalidades que cada gobierno estatal o municipal imponga.

*Datos duros, confiables y transparentes

La ley también incluirá diversas disposiciones para obligar a los estados a generar estadísticas muy precisas y claras sobre la ocurrencia de hechos de tránsito y los saldos que estos generan. Se prevé que la información sea concentrada por un Observatorio Nacional que la sistematizará y a su vez la transparentará periódicamente.

“Hoy en día nos pasa que hay personas heridas en un hecho de tránsito que llegan al hospital y fallecen pero no se deja constancia que fue justo en un percance. Carecemos pues de datos de calidad y sin ellos es difícil generar indicadores adecuados y políticas para atenderlos”, comenta Paola Lara.

*Ninguna obra más sin pensar en peatones y ciclistas

La Ley General de Seguridad Vial también establece lineamientos generales para que a partir de su promulgación, y entrada en vigor, cualquier obra de infraestructura que se desarrolle en el país tenga como uno de sus componentes obligatorios la adecuación de espacios suficientes para la movilidad prioritaria de peatones y ciclistas.

Con ello se busca, explican las expertas, que ya no se construyan edificios o vías que priorizan solo el paso de los coches, limitando en muchas ocasiones las zonas de tránsito seguro para peatones o ciclistas.

Con el nuevo marco regulatorio habrá la obligación -por ejemplo- de incluir una ciclovía cuando se pretenda construir una nueva avenida.

*Coches más seguros y contra daños a terceros

La ley ordenará que se trabaje en la elaboración de una Norma Oficial de Seguridad para los Vehículos a través de la cual deberá fijarse un catálogo de características con la que deberán cumplir todos los coches que se fabriquen en México independientemente de la marca.

Esto con la finalidad de tener una garantía mínima de que cualquier auto que circule en el país cumple con dichos requisitos.

Además se establece la obligación de que todos los coches cuenten con un seguro de daño a terceros que cubra a las personas afectadas en caso de darse un percance.  

*Velocidades máximas homologadas

La iniciativa busca que se establezca una política homologada en cuanto a los límites máximos de velocidad que puede alcanzarse en una arteria primaria o secundaria independientemente de la entidad federativa de la que se trate. “Se trata de alcanzar una gestión de la velocidad como una política pública, algo que tenemos pendiente en México”, dice Ballesteros.

*Fondo Nacional de Seguridad Vial

La ley contempla la creación de un fondo, operado a través de un fideicomiso público operado por la Secretaría de Hacienda, que permita agrupar recursos públicos y privados que se destinarán para financiar programas y proyectos de prevención de muertes, lesiones y discapacidades derivados de accidentes de tránsito.

*Atención médica prehospitalaria

La ley que se prepara establecerá claramente que es una obligación de los tres órdenes de gobierno el implementar un sistema de atención médica prehospitalaria homologado, que garantice una atención oportuna y eficaz a las personas que resulten lesionadas en un accidente de tránsito.

“Todas las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno deberán establecer los protocolos y normatividad requerida a efecto de contar con centros de respuesta de emergencias accesible mediante un número telefónico único a nivel nacional (…) y se deberá homologar las sanciones aplicables al personal responsable de atención medica prehospitalaria, que de manera injustificada tarde más del tiempo establecido en los protocolos aplicables para arribar al sitio del siniestro después de haber recibido el aviso del centro que administre el número telefónico único de emergencias”, indica el proyecto.

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5 países en más riesgo de sufrir una hambruna bíblica por el COVID-19 (y uno está en Latinoamérica)

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte que se avecina la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué países son los más vulnerables?
EPA
24 de abril, 2020
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El mundo está al borde de una posible “pandemia de hambre”.

Así lo advirtió el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, mientras múltiples gobiernos de todo el mundo batallan contra la pandemia del covid-19.

A finales de 2019, 135 millones de personas vivían con niveles de hambre “extremos”, pero a causa de las cuarentenas por el covid-19, es probable que ese número aumente a 265 millones, dijo el martes el director ejecutivo del WFP, David Beasley.

“Antes de que el coronavirus se convirtiera en un problema, decía que 2020 enfrentaría la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial por varias razones”, apuntó Beasley. “Ahora, con el COVID-19, quiero enfatizar que no solo estamos enfrentando una pandemia, sino también una catástrofe humanitaria global”.

En una videoconferencia con el Consejo de Seguridad de la ONU, Beasley advirtió que podríamos enfrentar múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses”.

Beasley advirtió que el mundo debe “actuar sabiamente y rápido”.

El WFP recibió 8,300 millones de dólares en 2019 y ahora necesita entre 10,000 y 12,000 millones de dólares para mantener sus operaciones durante este año.

¿Qué países están en mayor riesgo de la hambruna de la que advierte Beasley?

Yemen

Incluso antes de que comenzara la guerra en Yemen, el país era el más pobre del mundo árabe.

Pero desde que una coalición liderada por Arabia Saudita intervino en el conflicto contra los rebeldes hutíes de Yemen en 2015, la situación humanitaria del país se ha deteriorado aun más.

“En 2016, estábamos ayudando quizá a unas tres o cuatro millones de personas en Yemen. Hoy ese número asciende a los 12 millones”, dijo a la BBC el economista jefe del WFP y director de la División de Investigación, Evaluación y Monitoreo, Arif Husain.

Da clic aquí para ver el interactivo

Para empeorar la situación, el WFP dijo a principios de mes que reduciría a la mitad la ayuda a las áreas controladas por los hutíes, entre las preocupaciones manifestadas por algunos países sobre la obstrucción de entregas de ayuda por los rebeldes.

República Democrática del Congo (RDC)

Después de más de un cuarto de siglo de conflicto armado en varias partes del país, en la RDC se encuentra la segunda crisis de hambruna más grande del mundo, según el WFP.

Más del 15% de la población del país sufre de inseguridad alimentaria grave, lo que significa que se encuentran entre las 30 millones de personas en zonas de guerra alrededor del mundo que dependen casi por completo de la ayuda que reciben.

Soldados marroquíes de la misión de Naciones Unidas en territorio Djugu, en el este de la República Democrática del Congo.

AFP
En la RDC se encuentra la segunda crisis de hambruna más grande del mundo.

Se necesitan casi 2,000 millones de dólares para asegurar el suministro de alimentos para estas poblaciones para tan solo los próximos tres meses, alertó Husain.

“Esas personas fueron las más afectadas y ahora están aun en mayores problemas”.

Venezuela

Según un informe publicado a fines de febrero por el WFP, casi un tercio de la población venezolana (un 32,3%) padece inseguridad alimentaria y necesita ayuda.

De acuerdo con el estudio, 2,3 millones de venezolanos (7,9% de la población) se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa.

Es decir, sufren “carencias extremas en el consumo de alimentos, o la pérdida extrema de medios de vida que podría conducir a carencias en el consumo de alimentos o algo peor”.

El país ha perdido más de un 50% de su PIB desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia, una contracción de la economía que ha tenido consecuencias sobre la alimentación de los venezolanos.

Venezolanos cruzando la frontera entre Cúcuta en Colombia y San Antonio del Táchira en Venezuela.

AFP
Muchos venezolanos se han visto forzados a cruzar ilegalmente la frontera con Colombia para comprar comida y medicinas.

La crisis se ha visto acompañada de la hiperinflación, una subida constante y acelerada de los precios, lo que ha llevado a que un 59% de los hogares no cuenten con ingresos suficientes para comprar comida.

Las dificultades se ven agravadas en medio de la pandemia por un éxodo masivo de trabajadores de la salud, según el organismo de la ONU.

Y los problemas no terminan ahí: alrededor de 4.8 millones de personas (o el 15% de la población) han abandonado Venezuela en los últimos años, y cientos de miles de estos migrantes enfrentan inseguridad alimentaria en los países vecinos.

Sudán del Sur

El país más joven del mundo se independizó de su vecino del norte, Sudán, en 2011.

La medida estaba destinada a marcar el final de una larga guerra civil, pero el país cayó en un conflicto violento tan solo dos años después.

Personas de Sudán del Sur esperando recibir comida de la Cruz Roja.

Getty Images
Casi el 60% de la población de Sudán del Sur lucha por encontrar comida todos los días.

El WFP advierte que el hambre y la desnutrición en Sudán del Sur se encuentran en los niveles más extremos desde 2011. Casi el 60% de la población lucha por conseguir alimentos a diario.

Para empeorar la situación, la plaga de langostas que destruyeron cultivos en África Oriental llegaron a Sudán del Sur a principios de 2020.

Y como uno de los países más dependientes del petróleo del mundo, es probable que el país se vea muy afectado por la caída de los precios del crudo registrada durante la pandemia.

Afganistán

Afganistán, otro país devastado por los conflictos, había sufrido casi dos décadas de guerra cuando Estados Unidos lo invadió en 2001.

Un soldado vigila a las mujeres que reciben raciones de comida del Programa Mundial de Alimentos en Herat, Afganistán.

EPA
Un soldado vigila a un grupo de mujeres que reciben comida gratuita en Herat, Afganistán.

Casi 20 años después, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

Y el WFP estima que más de 11 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria severa.

y los nuevos 130 millones

Además de las áreas afectadas por la guerra, los problemas ambientales o las crisis económicas, es probable que muchos más países de ingresos bajos y medianos se vean afectados por la pérdida de empleo y otras dificultades económicas causadas por la propagación del COVID-19 en los próximos meses.

El problema se agravará por presiones económicas similares en países de todo el mundo, lo que significa que las remesas, o el dinero enviado por familiares en el extranjero, caerán en estos países.

“Lo más importante es que haya un tratamiento asequible para el COVID-19 que esté disponible para todos en todo el mundo”, dijo Husain.

“Pero hasta que lleguemos a ese punto, debemos asegurarnos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar vidas y proteger los medios de vida”.

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BBC

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