Preparan ley de seguridad vial que ayude a prevenir muertes de ciclistas y peatones
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Cuartoscuro Archivo

Preparan ley de seguridad vial que ayude a prevenir muertes de ciclistas y peatones

La iniciativa, que se prevé se presente a más tardar en febrero, incluye pruebas de manejo y alcoholímetro en todos los estados, además de la creación de un sistema de atención médica prehospitalaria.
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22 de noviembre, 2018
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El pasado 21  de noviembre el director de Movilidad de la ciudad de Puebla, Emmanuel Vara Zenteno, murió tras ser atropellado a bordo de su bicicleta por un camión del transporte público. Apenas un día antes, una joven de 20 años que viajaba en una bicicleta del sistema Ecobici falleció en Ciudad de México arrollada por un autobús de pasajeros.

Estos casos se suman a los de una larga lista de víctimas fatales que crece por decenas todos los días. Las cifras oficiales revelan que, en promedio, al menos 32 personas mueren cada 24 horas en México por accidentes vehiculares y hechos de tránsito. Y la cifra, año con año, va en ascenso.

Pero de acuerdo con los expertos, esas muertes no tenían por qué haber ocurrido y el problema va más allá de la imprudencia de los involucrados. Tiene su origen en la falta total de una política pública nacional orientada a reducir al mínimo las muertes de tránsito en todos los estados del país.

Por ello desde hace cinco años, expertos y ciudadanos agrupados en organizaciones civiles y con apoyo de legisladores de diversos partidos, trabajan en el diseño de la primera Ley General de Seguridad Vial en el país, con la que se busca establecer reglas homologadas para mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública, desde peatones hasta automovilistas.

La iniciativa, a la que Animal Político tuvo acceso, se encuentra en la fase final de adecuaciones y se prevé que a más tardar en febrero próximo sea presentada por las comisiones de movilidad de la Cámara de Diputados y de Senadores.

“Los muertos por hechos de tránsito son los muertos invisibles de este país… el que las personas mueran todos los días en el trayecto a su casa o su trabajo no puede ser normal. La pandemia por muertes de tránsito no es cosa menor. Necesitamos una legislación que prevenga y repruebe esta situación”, coincidieron en señalar dos de las impulsoras de esta iniciativa, Laura Ballesteros y Paola Lara Fernández.

De acuerdo con Lara Fernández, la iniciativa que se presentará, y que cuenta con el apoyo de representantes de todos los partidos políticos, crea una Ley que se sustenta en cinco principios rectores: gestión de la seguridad vial, comportamiento de usuarios en vía pública, vehículos seguros, atención médica prehospitalaria e infraestructura vial adecuada.

Una vez creado este marco regulatorio – añade Ballesteros – se podrán asignar desde la federación recursos al fortalecimiento de la seguridad vial, algo que hasta ahora no sucede en México.

“Sin recursos no hay política pública y sin política pública se normaliza el problema. Es inaceptable que vivamos en un país donde en un estado es más probable morir atropellado que en otro. Esfuerzos como el de Ciudad de México o Guadalajara, que han trabajado en esto, tienen que replicarse en todo el país”, dice Ballesteros.

¿Qué medidas e innovaciones incluiría La Ley general de Seguridad Vial que se está preparando? A continuación te presentamos algunas de las incluidas en esta iniciativa impulsada por este colectivo de organizaciones integrado por ITDP, WRI México, Bicitekas, Reacciona por la Vida, Céntrico, entre muchas otras:

*Morir en la calle no es normal: nueva jerarquía de movilidad

La Ley General de Seguridad Vial define una premisa fundamental: morir en la calle no es una situación normal y todo hecho de tránsito (accidente) en el que una persona resulte lesionada o pierda la vida es prevenible.

Bajo esa concepción se establece una nueva jerarquía (pirámide de movilidad) en la vía pública, que privilegia a las personas que están más indefensas en el espacio público, así como a las que se desplazan en mayor medida de esta forma.

En ese contexto, la prioridad para el uso de la vía pública es para las personas con movilidad limitada y peatones, seguidos de ciclistas, usuarios y prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, usuarios y prestadores del servicio de transporte de carga y, al final, usuarios de vehículos particulares.

En este nuevo paradigma, todas las políticas y acciones que se diseñen deberán atender el referido orden prioritario.

*Licencias homologadas… y con examen

La Ley plantea la creación de un Registro Nacional de Conductores. Para ello se establece que cada licencia de conducir que se expida en los estados, independientemente de las características que cada gobierno local fije, deberá contar con un número único que identifique al dueño de dicha licencia en el país. Con dichos números se integrará el Registro.

Entre los datos que albergara este Registro se encontrará el historial de infracciones y de accidentes en que se haya visto envuelto cada conductor, los puntos de sanción acumulados en la licencia, así como la información general del automovilista.

Pero además se establece un piso mínimo de requisitos para que una persona obtenga una licencia de manejo en México. Entre esos requisitos se encuentra presentar un examen teórico – práctico sobre conocimientos y habilidades necesarias para conducir un automóvil.

Además se establece que ninguna licencia de conducir que se expida podrá tener una vigencia superior a los cinco años y, concluido dicho periodo, se deberá acreditar nuevamente las pruebas para tener una licencia.

*Alcoholímetro más estricto y para todos

La Ley establecerá la obligación que tendrán todos los gobiernos locales de realizar pruebas de alcoholímetro en su zona de jurisdicción. Esto con la finalidad de prevenir accidentes cometidos por personas que manejan en estado de ebriedad. Se homologará en todo el país la medida de alcohol expirado  a partir de la cual se considera un resultado positivo en la prueba.

Quienes arrojen positivo al practicárseles este examen serán sancionados con la suspensión temporal de su licencia de manejo por un periodo de seis meses, además de las penalidades que cada gobierno estatal o municipal imponga.

*Datos duros, confiables y transparentes

La ley también incluirá diversas disposiciones para obligar a los estados a generar estadísticas muy precisas y claras sobre la ocurrencia de hechos de tránsito y los saldos que estos generan. Se prevé que la información sea concentrada por un Observatorio Nacional que la sistematizará y a su vez la transparentará periódicamente.

“Hoy en día nos pasa que hay personas heridas en un hecho de tránsito que llegan al hospital y fallecen pero no se deja constancia que fue justo en un percance. Carecemos pues de datos de calidad y sin ellos es difícil generar indicadores adecuados y políticas para atenderlos”, comenta Paola Lara.

*Ninguna obra más sin pensar en peatones y ciclistas

La Ley General de Seguridad Vial también establece lineamientos generales para que a partir de su promulgación, y entrada en vigor, cualquier obra de infraestructura que se desarrolle en el país tenga como uno de sus componentes obligatorios la adecuación de espacios suficientes para la movilidad prioritaria de peatones y ciclistas.

Con ello se busca, explican las expertas, que ya no se construyan edificios o vías que priorizan solo el paso de los coches, limitando en muchas ocasiones las zonas de tránsito seguro para peatones o ciclistas.

Con el nuevo marco regulatorio habrá la obligación -por ejemplo- de incluir una ciclovía cuando se pretenda construir una nueva avenida.

*Coches más seguros y contra daños a terceros

La ley ordenará que se trabaje en la elaboración de una Norma Oficial de Seguridad para los Vehículos a través de la cual deberá fijarse un catálogo de características con la que deberán cumplir todos los coches que se fabriquen en México independientemente de la marca.

Esto con la finalidad de tener una garantía mínima de que cualquier auto que circule en el país cumple con dichos requisitos.

Además se establece la obligación de que todos los coches cuenten con un seguro de daño a terceros que cubra a las personas afectadas en caso de darse un percance.  

*Velocidades máximas homologadas

La iniciativa busca que se establezca una política homologada en cuanto a los límites máximos de velocidad que puede alcanzarse en una arteria primaria o secundaria independientemente de la entidad federativa de la que se trate. “Se trata de alcanzar una gestión de la velocidad como una política pública, algo que tenemos pendiente en México”, dice Ballesteros.

*Fondo Nacional de Seguridad Vial

La ley contempla la creación de un fondo, operado a través de un fideicomiso público operado por la Secretaría de Hacienda, que permita agrupar recursos públicos y privados que se destinarán para financiar programas y proyectos de prevención de muertes, lesiones y discapacidades derivados de accidentes de tránsito.

*Atención médica prehospitalaria

La ley que se prepara establecerá claramente que es una obligación de los tres órdenes de gobierno el implementar un sistema de atención médica prehospitalaria homologado, que garantice una atención oportuna y eficaz a las personas que resulten lesionadas en un accidente de tránsito.

“Todas las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno deberán establecer los protocolos y normatividad requerida a efecto de contar con centros de respuesta de emergencias accesible mediante un número telefónico único a nivel nacional (…) y se deberá homologar las sanciones aplicables al personal responsable de atención medica prehospitalaria, que de manera injustificada tarde más del tiempo establecido en los protocolos aplicables para arribar al sitio del siniestro después de haber recibido el aviso del centro que administre el número telefónico único de emergencias”, indica el proyecto.

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6 preguntas para entender cómo Trump y los republicanos rebeldes quieren revertir en el Congreso la victoria de Biden

Te presentamos algunas claves sobre esta decisiva jornada y por qué es casi imposible que las objeciones de algunos republicanos salgan adelante.
6 de enero, 2021
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Dos meses después de las elecciones, el proceso para confirmar la victoria de Joe Biden en las presidenciales de Estados Unidos llega a su momento culminante.

O al menos eso dicen la tradición y la historia, pero si algo nos ha demostrado este ciclo electoral es que nada está escrito sobre piedra.

El evento, que suele ser una mera ceremonia, ha generado gran expectación este año, no solo por la negativa del presidente Donald Trump a aceptar su derrota, sino por la determinación de algunos legisladores republicanos a bloquear el proceso.

Sin embargo, sus posibilidades son prácticamente nulas, ya que los demócratas controlan la Cámara de Representantes.

Donald Trump en un mitin en Georgia el 4 de enero de 2021

EPA
“No se van a llevar esta Casa Blanca. Vamos a luchar hasta el final”, dijo un desafiante Trump durante un acto de campaña en Georgia el pasado lunes.

En BBC Mundo te presentamos algunas claves sobre esta decisiva jornada y por qué es casi imposible que las objeciones de algunos republicanos salgan adelante.

1. ¿Qué pasa este miércoles 6 de enero?

De acuerdo con la ley electoral de Estados Unidos, los estados tienen que enviar los resultados del voto del Colegio Electoral al Congreso para que sean contados y certificados.

El proceso suele ser una formalidad: la ley dictamina que el Congreso tiene que tratar los resultados ya certificados por los estados como “concluyentes”.

Mapa electoral de Estados Unidos

Getty Images
El Colegio Electoral se reúne cada cuatro años, unas semanas después del día de las elecciones, para emitir su voto.

Todos los estados certificaron los resultados antes de la fecha límite, el 8 de diciembre, y el Colegio Electoral confirmó la victoria de Joe Biden el 14 de ese mes.

Hay que recordar que el Colegio Electoral está formado por 538 electores cuya función es elegir al presidente y vicepresidente según el voto popular en sus respectivos estados.

Un candidato necesita ganar una mayoría de los votos electorales -270 o más- para llegar a la presidencia.

Biden derrotó a Trump por 306-232. Al Congreso le corrresponde ahora certificar el resultado del Colegio Electoral.

Mujer de espaldas votando

Getty Images
El proceso electoral de Estados Unidos tiene una serie de etapas que se desarrollan entre principios de noviembre y finales de enero.

El vicepresidente Mike Pence presidirá la sesión y será quien declare el ganador.

¿Eso es todo? Este año, no.

2. ¿Se puede detener la certificación en este punto?

La ley de Recuento Electoral les permite a los legisladores objetar los resultados electorales de uno o varios estados.

Para que una objeción sea escuchada, debatida y votada tiene que contar al menos con el respaldo de un miembro de la Cámara y un miembro del Senado.

En ese caso, las dos cámaras se separan y tienen dos horas para debatir el tema antes de votar si aceptan o no la objeción. Y así sucesivamente con cada una de las objeciones.

Para que los votos electorales de un estado sean rechazados, la objeción tiene que ser aprobada por una mayoría en ambas cámaras, algo prácticamente imposible teniendo en cuenta que los demócratas controlan la de Representantes.

Al Gore y George Bush

Reuters
En enero de 2001, el entonces vicepresidente Al Gore (izqda.) fue el encargado de certificar la victoria de George Bush, que le derrotó en las elecciones.

Hay que destacar que los desafíos a los resultados, sobre todo en la Cámara, son algo común y hay numerosos precedentes: el más reciente ocurrió en las elecciones de 2016, cuando varios congresistas demócratas presentaron sus objeciones a la victoria de Trump.

Curiosamente, en esa ocasión fue el entonces vicepresidente Joe Biden quien les dijo a sus compañeros de filas que no obstaculizaran la certificación.

3. ¿Cuáles son los desafíos concretos?

Se sabe que más de 100 republicanos de la Cámara de Representantes van a presentar objeciones.

Son en su mayoría miembros del llamado caucus de la Libertad liderados por Mo Brooks, un congresista por Alabama que es uno de los mayores aliados de Trump en la Cámara.

La gran pregunta era si conseguirían el apoyo de algún senador para al menos forzar el debate.

El primero que apareció fue Josh Hawley, senador republicano por Misuri que objetará la certificación de los votos “por dudas sobre la integridad de la elección”, a pesar de que no hay evidencia de fraude.

Josh Hawley

Reuters
Josh Hawley fue el primer senador republicano en decir que objetará los resultados electorales.

Y 13 senadores liderados por Ted Cruz han pedido que la certificación se retrase 10 días para dar tiempo a hacer una auditoría sobre las acusaciones de fraude.

En concreto, los objetores cuestionan los resultados de estos seis estados péndulo: Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Nevada, aunque finalmente puede que solo impugnen los de Arizona, Georgia y Pensilvania.

Alegan que hubo deficiencias en la aplicación de las leyes electorales en esos estados, pero todas las demandas presentadas ante tribunales estatales y federales han sido desestimadas.

Además, investigaciones del Departamento de Justicia y el FBI no han hallado rastros de fraude y los diversos recuentos de votos realizados en algunos estados han confirmado los resultados iniciales.

Ted Cruz

Reuters
El senador por Texas Ted Cruz se ha convertido en uno de los principales aliados de Trump en su intento de disputar el resultado electoral.

Varios republicanos han expresado su oposición al bloqueo, entre ellos el líder del Senado, Mitch McConnell, y su número 2, John Thune, así como otros destacados senadores, lo que hace pensar que las objeciones no saldrán adelante.

Es por esto que analistas e incluso algunos legisladores republicanos, como el senador Ben Sasse, leen estas iniciativas como una estrategia de sus impulsores para ganarse el respaldo del electorado fiel a Trump.

Hawley y Cruz se ven como potenciales candidatos para las elecciones de 2024 y sus respectivas tácticas se pueden interpretar como una carrera por demostrar quién es más leal al presidente saliente.

4. ¿Qué papel juega Mike Pence?

Esta pelea ha suscitado también preguntas sobre el papel que jugará el vicepresidente Mike Pence, a quien le corresponde oficiar la sesión conjunta del Congreso.

Mike Pence

Getty Images/Pool
El vicepresidente Mike Pence presidió la ceremonia de juramentación de los nuevos senadores en la antigua cámara del Senado en Capitol Hill el domingo 3 de enero.

El foco sobre Pence lo ha puesto sobre todo el propio Trump, que este martes tuiteó: “El vicepresidente tiene el poder de rechazar electores elegidos de forma fraudulenta”.

Con sus palabras, el presidente daba credibilidad a una teoría errónea que sugiere que Pence puede dar la vuelta a los resultados de las elecciones durante el recuento de los votos.

Sin embargo, el papel de Pence este miércoles es meramente administrativo.

Los creadores de este proceso eran muy conscientes de que el vicepresidente tendría un gran interés personal en designar un ganador, por eso su función es más simbólica que activa.

Pence debe abrir los sobres de cada estado y decir en voz alta cuántos electores recibe cada candidato.

Nancy Pelosi

Reuters
Con la Cámara de Representantes en manos de los demócratas es muy improbable que alguna objeción salga adelante.

Los intentos para que Pence tenga una función más decisiva no vienen solo de Trump.

El congresista republicano por Texas Louis Gohmert presentó una demanda en un tribunal federal para ignorar la ley de Recuento Electoral y hacer que Pence tuviera la capacidad legal de elegir el conjunto de electores que quisiera.

Un juez federal de Texas, designado por Trump, desestimó la demanda de inmediato.

En cualquier caso, Pence queda en una incómoda posición después de haberse distinguido durante los últimos cuatro años por su inexorable fidelidad a Trump.

Mike Pence y Donald Trump

Reuters
Trump dijo el lunes ante sus incondicionales seguidores que si Pence “no cumple” ya no le caerá tan bien.

Su modo de actuar este miércoles puede determinar su relación futura con el hombre al que ha servido lealmente, incluso en momentos que le podían perjudicar políticamente.

5. ¿Qué dicen los demócratas?

El Partido Demócrata se ha mantenido alejado de la polémica y se ha dedicado a insistir en que Joe Biden y Kamala Harris asumirán el poder el 20 de enero.

La senadora demócrata por Minesota Amy Klobuchar será la encargada de liderar la respuesta a las objeciones republicanas este miércoles, una labor para la que dijo sentirse respaldada por un grupo bipartidario al que calificó de “combatientes contra el golpe”.

Joe Biden en un mitin en Georgia el 4 de enero de 2021

EPA
Joe Biden también ganó el voto popular por más de siete millones de papeletas de diferencia.

“El Congreso certificará los resultados de la elección como hace cada cuatro años”, señaló por su parte la portavoz de Biden, Jen Psaki.

6. Qué pasa después, ¿hay alguna posibilidad de revertir la victoria de Biden?

En principio, la certificación del Congreso es el último paso en el camino hacia la Casa Blanca, donde Biden se instalará el 20 de enero.

No se puede anticipar cuál será la reacción y estrategia de Trump y sus aliados pasados los sucesos de este 6 de enero.

Como señala el periodista de la BBC Anthony Zurcher, especializado en política estadounidense, es posible que Trump nunca deje de cuestionar la validez de las elecciones presidenciales de 2020, pero el recuento de los votos en el Congreso es el último obstáculo entre Biden y su investidura.

“Es un obstáculo que, con la ayuda de los demócratas y de algunos republicanos, Biden sorteará sin problema”, sostiene Zurcher.

“Es también la última ocasión para que los partidarios del presidente en el Congreso demuestren lealtad a su hombre mientras sigue en el cargo. En ese sentido, los eventos del día (y la noche y quizá la mañana siguiente) pueden arrojar luz sobre la extensión del apoyo que todavía tiene el presidente”, añade.

Vista nocturna del Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos

EPA
Queda por ver el impacto que este largo y litigado proceso electoral tendrá en la democracia estadounidense.

En cuanto a las secuelas que este largo proceso de litigios y acusaciones de fraude puede tener en el sistema democrático del país, la profesora de Derecho en la Escuela de Leyes Loyola (Los Ángeles) Jessica Levinson ve varias señales de alarma.

“Me faltan las palabras para describir lo subversivo que es esto para nuestro sistema de gobierno“, le dice Levinson a BBC Mundo.

“Me horroriza la idea de que la gente que supuestamente nos tiene que representar esté cayendo en falsedades, teorías de la conspiración, etc, aparentemente porque creen que es políticamente popular.

“No me preocupa tanto que Biden no vaya a ser confirmado, sino lo que nos pase a largo plazo. Al menos 40 millones de votantes se creen mentiras, falsedades, teorías de la conspiración. Tenemos que confrontar el problema de que las personas vivimos en universos informativos paralelos“, opina.

“Tenemos que dar un paso atrás y recuperar la democracia”.

raya separatoria

BBC

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