El pasado 21 de noviembre el director de Movilidad de la ciudad de Puebla, Emmanuel Vara Zenteno, murió tras ser atropellado a bordo de su bicicleta por un camión del transporte público. Apenas un día antes, una joven de 20 años que viajaba en una bicicleta del sistema Ecobici falleció en Ciudad de México arrollada por un autobús de pasajeros.
Estos casos se suman a los de una larga lista de víctimas fatales que crece por decenas todos los días. Las cifras oficiales revelan que, en promedio, al menos 32 personas mueren cada 24 horas en México por accidentes vehiculares y hechos de tránsito. Y la cifra, año con año, va en ascenso.
Pero de acuerdo con los expertos, esas muertes no tenían por qué haber ocurrido y el problema va más allá de la imprudencia de los involucrados. Tiene su origen en la falta total de una política pública nacional orientada a reducir al mínimo las muertes de tránsito en todos los estados del país.
Por ello desde hace cinco años, expertos y ciudadanos agrupados en organizaciones civiles y con apoyo de legisladores de diversos partidos, trabajan en el diseño de la primera Ley General de Seguridad Vial en el país, con la que se busca establecer reglas homologadas para mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública, desde peatones hasta automovilistas.
La iniciativa, a la que Animal Político tuvo acceso, se encuentra en la fase final de adecuaciones y se prevé que a más tardar en febrero próximo sea presentada por las comisiones de movilidad de la Cámara de Diputados y de Senadores.
“Los muertos por hechos de tránsito son los muertos invisibles de este país… el que las personas mueran todos los días en el trayecto a su casa o su trabajo no puede ser normal. La pandemia por muertes de tránsito no es cosa menor. Necesitamos una legislación que prevenga y repruebe esta situación”, coincidieron en señalar dos de las impulsoras de esta iniciativa, Laura Ballesteros y Paola Lara Fernández.
De acuerdo con Lara Fernández, la iniciativa que se presentará, y que cuenta con el apoyo de representantes de todos los partidos políticos, crea una Ley que se sustenta en cinco principios rectores: gestión de la seguridad vial, comportamiento de usuarios en vía pública, vehículos seguros, atención médica prehospitalaria e infraestructura vial adecuada.
Una vez creado este marco regulatorio – añade Ballesteros – se podrán asignar desde la federación recursos al fortalecimiento de la seguridad vial, algo que hasta ahora no sucede en México.
“Sin recursos no hay política pública y sin política pública se normaliza el problema. Es inaceptable que vivamos en un país donde en un estado es más probable morir atropellado que en otro. Esfuerzos como el de Ciudad de México o Guadalajara, que han trabajado en esto, tienen que replicarse en todo el país”, dice Ballesteros.
¿Qué medidas e innovaciones incluiría La Ley general de Seguridad Vial que se está preparando? A continuación te presentamos algunas de las incluidas en esta iniciativa impulsada por este colectivo de organizaciones integrado por ITDP, WRI México, Bicitekas, Reacciona por la Vida, Céntrico, entre muchas otras:
*Morir en la calle no es normal: nueva jerarquía de movilidad
La Ley General de Seguridad Vial define una premisa fundamental: morir en la calle no es una situación normal y todo hecho de tránsito (accidente) en el que una persona resulte lesionada o pierda la vida es prevenible.
Bajo esa concepción se establece una nueva jerarquía (pirámide de movilidad) en la vía pública, que privilegia a las personas que están más indefensas en el espacio público, así como a las que se desplazan en mayor medida de esta forma.
En ese contexto, la prioridad para el uso de la vía pública es para las personas con movilidad limitada y peatones, seguidos de ciclistas, usuarios y prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, usuarios y prestadores del servicio de transporte de carga y, al final, usuarios de vehículos particulares.
En este nuevo paradigma, todas las políticas y acciones que se diseñen deberán atender el referido orden prioritario.
*Licencias homologadas… y con examen
La Ley plantea la creación de un Registro Nacional de Conductores. Para ello se establece que cada licencia de conducir que se expida en los estados, independientemente de las características que cada gobierno local fije, deberá contar con un número único que identifique al dueño de dicha licencia en el país. Con dichos números se integrará el Registro.
Entre los datos que albergara este Registro se encontrará el historial de infracciones y de accidentes en que se haya visto envuelto cada conductor, los puntos de sanción acumulados en la licencia, así como la información general del automovilista.
Pero además se establece un piso mínimo de requisitos para que una persona obtenga una licencia de manejo en México. Entre esos requisitos se encuentra presentar un examen teórico – práctico sobre conocimientos y habilidades necesarias para conducir un automóvil.
Además se establece que ninguna licencia de conducir que se expida podrá tener una vigencia superior a los cinco años y, concluido dicho periodo, se deberá acreditar nuevamente las pruebas para tener una licencia.
*Alcoholímetro más estricto y para todos
La Ley establecerá la obligación que tendrán todos los gobiernos locales de realizar pruebas de alcoholímetro en su zona de jurisdicción. Esto con la finalidad de prevenir accidentes cometidos por personas que manejan en estado de ebriedad. Se homologará en todo el país la medida de alcohol expirado a partir de la cual se considera un resultado positivo en la prueba.
Quienes arrojen positivo al practicárseles este examen serán sancionados con la suspensión temporal de su licencia de manejo por un periodo de seis meses, además de las penalidades que cada gobierno estatal o municipal imponga.
*Datos duros, confiables y transparentes
La ley también incluirá diversas disposiciones para obligar a los estados a generar estadísticas muy precisas y claras sobre la ocurrencia de hechos de tránsito y los saldos que estos generan. Se prevé que la información sea concentrada por un Observatorio Nacional que la sistematizará y a su vez la transparentará periódicamente.
“Hoy en día nos pasa que hay personas heridas en un hecho de tránsito que llegan al hospital y fallecen pero no se deja constancia que fue justo en un percance. Carecemos pues de datos de calidad y sin ellos es difícil generar indicadores adecuados y políticas para atenderlos”, comenta Paola Lara.
*Ninguna obra más sin pensar en peatones y ciclistas
La Ley General de Seguridad Vial también establece lineamientos generales para que a partir de su promulgación, y entrada en vigor, cualquier obra de infraestructura que se desarrolle en el país tenga como uno de sus componentes obligatorios la adecuación de espacios suficientes para la movilidad prioritaria de peatones y ciclistas.
Con ello se busca, explican las expertas, que ya no se construyan edificios o vías que priorizan solo el paso de los coches, limitando en muchas ocasiones las zonas de tránsito seguro para peatones o ciclistas.
Con el nuevo marco regulatorio habrá la obligación -por ejemplo- de incluir una ciclovía cuando se pretenda construir una nueva avenida.
*Coches más seguros y contra daños a terceros
La ley ordenará que se trabaje en la elaboración de una Norma Oficial de Seguridad para los Vehículos a través de la cual deberá fijarse un catálogo de características con la que deberán cumplir todos los coches que se fabriquen en México independientemente de la marca.
Esto con la finalidad de tener una garantía mínima de que cualquier auto que circule en el país cumple con dichos requisitos.
Además se establece la obligación de que todos los coches cuenten con un seguro de daño a terceros que cubra a las personas afectadas en caso de darse un percance.
*Velocidades máximas homologadas
La iniciativa busca que se establezca una política homologada en cuanto a los límites máximos de velocidad que puede alcanzarse en una arteria primaria o secundaria independientemente de la entidad federativa de la que se trate. “Se trata de alcanzar una gestión de la velocidad como una política pública, algo que tenemos pendiente en México”, dice Ballesteros.
*Fondo Nacional de Seguridad Vial
La ley contempla la creación de un fondo, operado a través de un fideicomiso público operado por la Secretaría de Hacienda, que permita agrupar recursos públicos y privados que se destinarán para financiar programas y proyectos de prevención de muertes, lesiones y discapacidades derivados de accidentes de tránsito.
*Atención médica prehospitalaria
La ley que se prepara establecerá claramente que es una obligación de los tres órdenes de gobierno el implementar un sistema de atención médica prehospitalaria homologado, que garantice una atención oportuna y eficaz a las personas que resulten lesionadas en un accidente de tránsito.
“Todas las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno deberán establecer los protocolos y normatividad requerida a efecto de contar con centros de respuesta de emergencias accesible mediante un número telefónico único a nivel nacional (…) y se deberá homologar las sanciones aplicables al personal responsable de atención medica prehospitalaria, que de manera injustificada tarde más del tiempo establecido en los protocolos aplicables para arribar al sitio del siniestro después de haber recibido el aviso del centro que administre el número telefónico único de emergencias”, indica el proyecto.
