Liberan a policía federal procesado por su presunta implicación en la fuga del Chapo en 2015
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Liberan a policía federal procesado por su presunta implicación en la fuga del Chapo en 2015

Emanuel Galicia Conchillos es el tercer elemento federal, de los 12 procesados por la misma razón, liberado en el último año. Un juez federal le otorgó medidas cautelares y solicitó el pago de una fianza.
AFP
Por Redacción Animal Político
9 de noviembre, 2018
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Emanuel Galicia Conchillos, uno de los 12 policías federales procesados por su presunta implicación en la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán, en 2015 del penal del Altiplano, obtuvo su libertad gracias a la decisión de un juez federal, con sede en Toluca, que aceptó una modificación de medidas cautelares.

Galicia Conchillos se encontraba detenido en el penal federal “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, por el presunto delito de la evasión del Chapo del penal de máxima seguridad del Altiplano en julio de 2015.

Leer: 4 cosas del juicio a El Chapo Guzmán, considerado el mayor caso de drogas en la historia de EU

La defensa de Galicia Conchillos, argumentó que en el momento de la fuga del exlíder del Cártel de Sinaloa, el elemento federal “no tenía facultades de activar el código rojo” que ayudara a la detención del capo.

A pesar de ello, Emanuel Galicia fue requerido junto a otros 11 integrantes de la Policía Federal, acusados del mismo delito.

Para obtener su libertad, Emanuel Galicia Conchillos pagó una fianza y cumplirá con la obligación de presentarse cada quince días en la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares en Almoloya de Juárez.  

Galicia Conchillos es el tercer elemento en quedar libre tras ser procesado. El primero fue Reyes Amir Mota Carrillo, quien salió del penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit el 23 de agosto de 2017, tras dos años de estar preso.

Leer: No tengo intención de colaborar ni declararme culpable: el mensaje de El Chapo Guzmán a un juez de EU

Poco más de medio año, el 3 de marzo de 2018, el agente Miguel Ángel Flores Mirafuentes fue liberado del mismo centro de reclusión.

Tras quedar en libertad, tanto Reyes Amir como Miguel Ángel Flores, fueron reinstalados en sus puestos en la Policía Federal. De esta forma 9 agentes están a la espera de obtener su libertad.

Respecto a estos casos, el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, ha solicitado reiteradamente a las autoridades correspondientes que valoren la situación jurídica de los policías federales.

“Uno más de nuestros compañeros presos por la fuga de Joaquín Guzmán Loera obtuvo su libertad al serle concedido el cambio de medida cautelar. Insistimos en la inocencia de todos ellos y pedimos con respeto a la PGR y al Consejo de la Judicatura Federal sensibilidad y sentido de justicia en estudio del caso”, expresó este viernes en su cuenta de Twitter.

Las autoridades detallaron que, como en los otros dos casos, se va a verificar si es necesario actualizar los exámenes de control de confianza del elemento liberado, se realizará una valoración del caso y de no tener ningún inconveniente, como se espera, podría reincorporarse a sus funciones.

El sábado 11 de julio de 2015, Joaquín el Chapo Guzmán se escapó del penal del Altiplano a través de un túnel, tras año y medio de estar preso. Seis meses después, el 8 de enero de 2016, fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa y trasladado de nueva cuenta al penal del Altiplano.

El 19 de enero de 2017 el Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos donde fue encarcelado en el Metropolitan Detention Center, una prisión federal.

El Chapo enfrenta demandas en al menos siete estados de EU (Arizona, California, Texas, Illinois, Florida, Nueva York y New Hampshire), pero el proceso de extradición se realizó solo por dos: el de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, emitida en abril de 2012; y el de la Corte de Distrito para el Distrito Sur de California, de septiembre de 1995.

El Consejo de la Judicatura Federal informó en su momento que los delitos por los que el Chapo será juzgado en EU son:

  • Asociación delictuosa para dirigir los asuntos de una empresa a través del patrón de actividades de la delincuencia organizada.
  • Asociación delictuosa para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y mil kilogramos o más de marihuana,
  • Asociación delictuosa para importar cinco kilogramos  o más de  cocaína  y mil kilogramos o más de marihuana a los Estados Unidos.
  • Asociación  delictuosa para cometer unos delitos en materia de lavado de dinero.
  • Asociación delictuosa para poseer unas armas de fuego para fomentar unos delitos contra la salud.
  • Homicidio al momento de involucrarse en una empresa criminal continua y delitos contra la salud.
  • Involucrarse en una empresa criminal continua para fomentar el tráfico de droga.

El próximo martes y tras casi 22 meses después de su extradición, el juicio de Guzmán Loera dará inicio en NY. Por los delitos que pesan sobre él podría alcanzar la cadena perpetua.

Las autoridades estadounidenses lo califican como el líder del mayor cártel mundial de drogas, luego de que, bajo su mandato, el Cártel de Sinaloa logró introducir más de 150 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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