Madre de familia inicia lucha legal para que la ONU pueda investigar desapariciones en México
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Cuartoscuro Archivo

Madre de familia inicia lucha legal para que la ONU pueda investigar desapariciones en México

María Herrera Magdaleno, madre de tres jóvenes desaparecidos, busca derribar una barrera para que las víctimas mexicanas puedan acceder a un mecanismo internacional que les ayude en sus casos.
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19 de noviembre, 2018
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México suscribió en 2007 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (de la ONU), sin embargo, las autoridades nacionales se han negado desde entonces a aceptar que el Comité que vigila la aplicación de este ordenamiento pueda analizar casos concretos de desaparición ocurridos en el país.

Se trata, pues, de una barrera que impide a las víctimas mexicanas acceder al marco internacional de protección, barrera que una mujer de 68 años, madre de tres jóvenes desaparecidos, se propone derribar. Su nombre es María Herrera Magdaleno, fundadora del Movimiento por la Paz, de la Red de Enlaces Nacionales, y del Colectivo Familiares en Búsqueda.

Tal como establece el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité de expertos encargado de velar por su aplicación tiene entre sus facultades la de examinar “de manera urgente” aquellas denuncias de desaparición que les hagan llegar familiares o personas con legítimo interés, con el objetivo de que este órgano internacional emita “recomendaciones al Estado Parte”, así como “medidas cautelares para localizar y proteger” a la víctima.

Además, una vez que el Comité tome cartas en el asunto, la Convención ordena que “proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado Parte, mientras la suerte de la persona desaparecida no haya sido localizada”.

Sin embargo, en México esto no ocurre debido a que, para que el Comité de expertos de la ONU intervenga en casos concretos, antes cada país debe expresamente aceptar la competencia de dicho comité, algo que el gobierno mexicano se ha negado a realizar, aún cuando la ONU así se lo ha pedido.

En contra de esta omisión de las autoridades mexicanas (que se ha prolongado por más de 10 años), el pasado 3 de marzo de 2018, la señora María Herrera –originaria de Michoacán y mamá de tres jóvenes desaparecidos–, decidió emprender una batalla legal para obligar al Estado mexicano a admitir la intervención del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en casos específicos.

Raúl y Salvador, dos de los hijos de la señora María Herrera, desaparecieron en 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en donde se encontraban para la compra de pedacería de oro para elaborar joyería artesanal. Ambos llegaron a Atoyac, junto con cinco compañeros, horas después de que en la zona se desarrollara un operativo de fuerzas de seguridad en contra de grupos del crimen organizado. Raúl tenía 19 años, y Salvador 24, al momento de su desaparición.

Dos años después, en 2010, Luis Armando, también hijo de María Herrera, desapareció junto con otros dos familiares, luego de que les marcaran el alto en un retén militar en Veracruz.

En la demanda de amparo interpuesta por la señora María Herrera, ésta hace un detallado recuento de las averiguaciones previas iniciadas por las autoridades “sin ningún resultado”, y de la lucha por encontrar a sus hijos a través del Movimiento por la Paz, de la Red de Enlaces Nacionales y del mismo colectivo que ella encabeza, Familiares en Búsqueda.

“A partir de esta experiencia –detalla–, hemos constatado que, dada la insuficiencia de las garantías nacionales de los derechos humanos, en la crisis de impunidad que vive nuestro país se vuelven fundamentales las garantías internacionales (…) Hemos verificado que solo mediante el estrecho y continuo monitoreo internacional se generará la presión requerida para que los desaparecidos le importen al gobierno federal, y para que sean buscados.”

Por ello, se subraya en la demanda de amparo, es fundamental que el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas pueda intervenir ante casos concretos ocurridos en México.

Cabe destacar que, desde el año 2016, la Organización de las Naciones Unidas solicitó “enérgicamente al Estado parte (México) a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar” denuncias sobre desaparición forzada.

En respuesta, emitida en febrero de 2018, las autoridades mexicanas notificaron a la ONU que “el Estado mexicano ha tomado nota de la recomendación”, pero se negó a acatarla bajo el argumento de que es una decisión que “involucra la opinión de un gran número de instituciones relevantes”, razón por la cual “continúa bajo consideración”, aun diez años después de que la Convención fue ratificada por México.

La respuesta otorgada a la ONU, destacó la señora María Herrera, deja ver “la ausencia de voluntad del Estado Mexicano, representado por el gobierno federal y específicamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para reconocer dicha competencia (del Comité). Y con ello, a quienes tenemos familiares desaparecidos se nos quita la posibilidad de acudir a una garantía internacional de nuestros derechos, que compense las deficiencias de las garantías nacionales”.

Tras la interposición de la denuncia, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México determinó que el razonamiento expuesto por la señora Herrera “es fundado”.

Para poder determinar si las autoridades mexicanas han omitido injustificadamente otorgar reconocimiento al Comité de la ONU en casos específicos de desaparición, un juez federal de amparo ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que presentara las pruebas de que, en estos diez años, ha estado realizando consultas interinstitucionales.

No obstante, aclaró la abogada Araceli Olivos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro –que da acompañamiento legal a la señora María Herrera y su familia–, la documentación proporcionada por el gobierno federal fue entregada al juez en sobre cerrado, y con la advertencia de que la señora María Herrera no podía acceder a ella, por ser “reservada”, según estipuló la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Este intento por mantener oculta la información, sin embargo, fue considerado por el juez como una transgresión a las normas en materia de transparencia, según las cuales “no podrá invocarse el carácter de información reservada cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos” y ordenó que la señora Herrera y sus representantes legales puedan “conocer las causas por las cuales la autoridad responsable se ha abstenido de atender la recomendación de reconocer la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas”.

Lo que se busca con este amparo, explicó la abogada, es “exponer cómo una política exterior, en este caso la negativa a reconocer al Comité de la ONU, afecta el ejercicio de derechos, y cómo por esta vía se obstruye a las víctimas el acceso a la justicia internacional”.

Tanto la Presidencia de la República como la SRE, en contra de quienes fue interpuesta la demanda de amparo, “siempre han mantenido un discurso de apertura a los tratados internacionales en materia de derechos humanos –detalló la abogada–, y repiten siempre que México es uno de los países que más tratados en la materia ha firmado. Pero eso contrasta con la realidad: que en México actualmente ningún familiar de personas desaparecidas tiene la posibilidad de exponer su caso ante la ONU”.

Según los registros oficiales, en México hay al menos 38 mil víctimas de desaparición.

El juicio iniciado, detalló la representante legal de la señora María Herrera, está en marcha, pero ahora cuentan con la posibilidad de acceder a los argumentos de las autoridades, para rebatirlos, y “lograr que todas las familias de personas desaparecidas en México puedan acceder a la justicia universal”.

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Roe vs. Wade: el mapa que muestra dónde estará prohibido o restringido abortar en Estados Unidos

Te explicamos qué estados serán los primeros en limitar la interrupción del embarazo ahora que se anuló Roe vs. Wade, en cuáles existe ya legislación que la restringe y cuáles han actuado para fortalecer o ampliar el acceso al aborto.
24 de junio, 2022
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Era la crónica de una muerte anunciada: lo adelantó un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos filtrado el 2 de mayo.

Ahora, revocada Roe vs. Wade, la decisión histórica de 1973 que garantizaba el derecho constitucional al aborto en EE.UU., queda en manos de los estados legislar si la interrupción del embarazo es legal o no y bajo qué circunstancias.

Y muchos ya han puesto en marcha la maquinaria legal para limitar la práctica.

Los primeros que se prevé que prohíban o restrinjan el aborto son los 17 estados señalados en este mapa:

Mapa estados Estados Unidos con leyes gatillo, de activación o desencadenantes para restringir el aborto.

BBC

De estos territorios, 13 tienen listos las llamadas leyes desencadenante ogatillo:

  • Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Conocidas también como leyes de activación, fueron diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional.

Y en al menos otros cuatro estados podrían revivir las prohibiciones del aborto anteriores a Roe vs. Wade o tendrían nuevas leyes que no han sido bloqueadas por tribunales:

  • Alabama, Arizona, Florida y Wisconsin.

A eso se suman las legislaciones relacionadas con el fin de la gestación que los estados han ido discutiendo en los últimos años. En total, el Instituto Guttmacher, una organización privada sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, prevé que podrían ser 26 los estados en los que se terminaría eventualmente restringiendo el procedimiento.

Y en aquellos en los que exista más de una ley sobre el tema, serán los funcionarios locales los que decidirán qué prohibición aplicar.

Si todas estas normas estatales terminaran por entrar en vigor, limitarían el aborto a partir de:

  • La concepción: Alabama, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming.
  • La sexta semana: Carolina del Sur, Georgia e Iowa.
  • La semana 13: Arizona, Carolina del Norte y Virginia Occidental.

Estados en los que ya se prohibía

Sin embargo, la existencia de Roe vs. Wade tampoco garantizó que se respetara el acceso al aborto en todo el país.

El precedente legal, que imposibilitaba a los estados prohibir el procedimiento mientras el feto no fuera viable fuera del útero (lo que hoy se considera ocurre alrededor de la semana 23 de embarazo), ya fue desafiado por Texas y Oklahoma con sendas leyes antes de ser invalidado.

Mapa estados Estados Unidos con leyes en vigor para restringir o prohibir el aborto.

BBC

La primera en entrar en vigor fue la de Texas, en septiembre del año pasado.

Desde entonces, la llamada “ley del latido” prohíbe interrumpir la gestación si el doctor puede detectar actividad cardíaca embrionaria o fetal, lo que ocurre usualmente a partir de la sexta semana, un punto en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

No contempla excepciones para los casos de incesto o violación, aunque sí para cuando la vida de la mujer está en peligro, y persigue a quienes practican el aborto, no a quien se somete a él.

Inspirada en esa legislación, Oklahoma aprobó en mayo una aún más restrictiva, la más limitante del país hasta el momento: prohíbe el aborto desde el momento de la fecundación, salvo en casos en los que la vida de la madre esté amenazada o el embarazo sea consecuencia de una violación o del incesto.

Y ahora, con las “leyes gatillo” que ambos estados tienen ya listas, el acceso al aborto quedaría aún más limitado.

Tres excepciones

En las leyes estatales la prohibición no es absoluta y en la mayoría se contemplan excepciones, aunque se limitan a cuando la salud o la vida de la mujer corre riesgo, o a los casos de violación o incesto.

Son salvedades que están actualmente codificadas en la Enmienda Hyde —una disposición legislativa aprobada en 1976 y en vigor desde 1980— como las únicas razones por las que el gobierno federal pagará los abortos a través de Medicaid, el programa a través del cual las personas de menos ingresos reciben servicios de salud.

Manifestantes marchan frente a la Corte Suprema de Estados Unidos para pedir protección al derecho al aborto el 28 de mayo de 2022 en Washington DC.

Getty Images

Ya las contempló en 1959 el American Law Institute, un grupo independiente de juristas, cuando comenzó a redactar una legislación modelo sobre el delito del aborto.

Y han sido apoyadas durante décadas incluso por aquellos que trabajaron para conseguir la revocación de Roe vs. Wade, así como por la mayoría de los estadounidenses (incluidos los de los estados mayoritariamente republicanos), tal como han mostrado año tras año las encuestas.

Sin embargo, estas leyes estatales no hacen excepciones para las víctimas de violación o incesto:

  • Alabama, Arkansas, Dakota del Sur, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misuri, Oklahoma, Ohio, Tennessee y Texas.

El senador estatal que patrocinó la legislación de Arkansas, Jason Rapert, republicano y presidente de la Asociación Nacional de Legisladores Cristianos, dijo que fue su fe lo que lo impulsó a ello.

Mujer con un cartel durante una marcha antiabortista en Dallas, Texas, el 15 de enero de 2022.

Getty Images

Explicó que había escuchado testimonios de víctimas de violación e incesto que expresaron “la angustia mental por la que pasaron cuando lidiaron con el hecho de que terminaron con la vida de su propio bebé” y que ahora se oponen al aborto. “Lo que ha hecho Texas es absolutamente increíble”, dijo Rapert en septiembre refiriéndose a la “ley del latido”.

Por su parte, la legislación de Misisipi —que prohíbe abortar más allá de la semana 15 y a cuyo favor votó la Corte Suprema, invalidando así de facto Roe vs. Wadepermite poner fin a la gestación en casos de violación pero no especifica el incesto.

Y si bien todas las prohibiciones permiten una excepción para salvar la vida de la mujer, solo la de estos estados citan la protección de su salud (“evitar un daño físico severo a la madre”):

  • Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Kentucky, Michigan, Misuri, Virginia Occidental y Wyoming.

Para hacer la salvedad, los estados requerirían que tanto los médicos como los pacientes proporcionen documentación para justificar el procedimiento, en la que se incluya información como la edad gestacional del feto, la indicación de la actividad cardíaca y los registros médicos que atestiguan, como apunta la ley de Oklahoma, “el estado médico” o la condición de la mujer embarazada que impide su cumplimiento.

Protección al aborto

Paralelamente, hay estados que se han movido para fortalecer las protecciones existentes o ampliar el acceso al aborto este año.

Una activista proaborto y una antiabortista fuera de una clínica de Planned Parenthood en la ciudad de Nueva York el 4 de junio de 2022.

Getty Images

De acuerdo al Instituto Guttmacher, estos cuatro estados han codificado el derecho al aborto a lo largo del embarazo sin la interferencia del Estado:

  • Colorado, el Distrito de Columbia, Nueva Jersey y Vermont.

Y 12 explícitamente lo permiten mientras el feto no sea viable fuera del útero o la intervención sea necesaria para proteger la vida o la salud de la embarazada:

  • California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington y la capital federal del país.

Estos continuarían brindando el procedimiento no solo a las mujeres de su jurisdicción, sino a aquellas provenientes de territorios en donde esté prohibido.

Ya entre 2012 y 2017 al menos 276.000 mujeres terminaron sus embarazos fuera de su estado de origen, según un análisis realizado en 2019 por Associated Press en base a datos de informes estatales y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.

Asimismo, representantes de organizaciones con clínicas en Texas le confirmaron a BBC Mundo que desde que la “ley del latido” entró en vigor han tenido que rechazar “cientos, miles de pacientes porque no son elegibles”, mientras los centros de salud que ofrecen servicios de interrupción del embarazo en Nuevo México, Kansas, Colorado, Misuri y Oklahoma han visto un incremento considerable de pacientes texanas.

Según datos recolectados por Planned Parenthood, una organización estadounidense sin ánimo de lucro que ofrece servicios de salud reproductiva, de educación sexual, de planificación familiar y de aborto en EE.UU. y en el mundo, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, el incremento era ya de un 800% en comparación con ese mismo periodo en 2020.

El Instituto Guttmacher calcula que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en estados sin acceso al aborto.

Perfil promedio de quien aborta

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2019 se llevaron a cabo 630.000 abortos en EE.UU., aunque en base a sus propios cálculos el Instituto Guttmacher asegura que la cifra real se acerca más a los 860.000.

En cuanto al perfil promedio de la mujer que buscó terminar el embarazo, los CDC indican que el 92,8% lo hizo durante el primer trimestre.

Perfil promedio de quien aborta en Estados Unidos

BBC

Según esa misma fuente, mayoría de quienes abortaron no estaban casadas, aunque podían estar viviendo en pareja en el momento en el que se sometieron al procedimiento.

Aproximadamente una de cada 10 mujeres que pusieron fin a la gestación eran adolescentes, aunque la mayoría tenía entre 20 y 30 años.

En torno al 60% había dado a luz antes, y casi el 60 % nunca antes había tenido un aborto.

Gráfico perfil promedio de quien aborta en Estados Unidos

BBC

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