Los cuatro mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos existentes América Latina no funcionan. En ellos hay falta de recursos humanos y financieros, señaló Emmanuel Colombié, director del despacho Américas de Reporteros sin Fronteras.
Aunque dijo, su existencia “es una señal positiva de que el gobierno considera el problema (de los ataques a la prensa y defensores) como importante y central”.
Colombié señala que los mecanismos de México, Colombia, Honduras y Guatemala funcionan mal.
“Entrando en detalles, hay muchos problemas porque los equipos de los mecanismos no tienen capacitación suficientes para trabajar y proponer medidas, hay falta de recursos humanos y financieros”, explicó el representante de Reporteros sin Fronteras durante el encuentro Periodismo en Debate 2018, organizado por la Universidad de San Francisco de Quito.
El mecanismo colombiano es el más viejo del continente. Éste nació en agosto de 2000 y es el modelo en el cual se basa el de México.
Sin embargo, tiene fallas, pues hubo casos de corrupción, en que escoltas de periodistas protegidos eran infiltrados que daban información sobre los protegidos, recordó Colombié.
En el caso de México, el representante de RSF señaló que hay ineficiencia, pues periodistas y defensores que estaban dentro del mecanismo fueron asesinados.
El consejo del mecanismo mexicano fue notificado en octubre pasado que 727 defensores de derechos humanos y periodistas quedarán sin medidas de protección por falta de presupuesto.
En el pasado Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, las naciones pidieron a México reforzar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y terminar con la impunidad de sus asesinados.
En lo que va del sexenio, más de 40 periodistas y al menos 110 defensores de derechos humanos han sido asesinados.
Desde Ginebra, el subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante, explicó que en los últimos seis años, el mecanismo había dado protección a 1,030 periodistas.
Sin embargo, dijo, “pese a estos esfuerzos, debemos reconocer y lamentar los homicidios que se han cometido en contra de estas personas, tres de las cuales, eran beneficiarias de este mecanismo”.
Colombié señala que si bien la iniciativa de crear mecanismos para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos debe venir del gobierno, también se deben trabajar con la sociedad civil y los periodistas “para tener el mejor mecanismo posible”.
“No existe el sistema perfecto, pero hay que promover que exista”, añadió. Este dijo es el caso de Ecuador, donde en enero pasado dos periodistas del diario El Comercio y un conductor del medio fueron secuestrados y asesinados por disidentes de las FARC, en la frontera con Colombia.
Tras este hecho, organizaciones de periodistas impulsan la creación de un mecanismo de protección para Ecuador.
Qué falla en los mecanismos
En su reporte, América: Situación de los Mecanismos de Protección para los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional señala las fallas de estas figuras.
Sobre el mecanismo colombiano señala que si bien “ha salvado vidas y tras años de aplicación, ha hecho avances en relación con la adopción de un protocolo para implementar un plan de protección colectiva”, sus medidas previstas “siguen siendo principalmente policiales”.
Lo que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil, pues algunas medidas de emergencia tienen repercusiones negativas en los derechos humanos de las personas protegidas.
Uno de los retos que afronta, dice AI, es la impunidad sobre los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos.
Honduras comenzó con su mecanismo en 2015. A tres años de su implementación, Amnistía señala entre sus fallas que no se ha superado el enfoque policial de las medidas de protección, de debe también garantizar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.
Al igual que Colombia, debe luchar contra la impunidad en los ataques en la adopción de medidas para luchar contra la impunidad en los casos de ataques contra ellos.
En Guatemala, dice AI, “no existe ningún enfoque sistemático o coordinado de las autoridades de la protección de las defensoras y defensores”. La impunidad también es un reto para las autoridades cuando proporcionan protección: “la adopción de medidas efectivas para contrarrestar el uso indebido del sistema de justicia contra defensores y defensoras, y la estigmatización de éstos”.
