La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI).
La ONU-DH, a través de su representante en México, Jan Jarab, dice que la decisión de la SCJN “confirma el papel clave del Poder Judicial como un ente independiente capaz de garantizar los derechos humanos”.
Califican la decisión como “un poderoso mensaje en contra de la militarización de la política de seguridad”.
Este jueves, con una votación de 9 ministros a favor y uno en contra, la SCJN declaró, de manera oficial, la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, la cual planteaba regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Aunque la SCJN se integra de 11 ministros, solo se sumaron 10 votos porque la ministra Margarita Luna Ramos tuvo que salir del Pleno previo a la votación, pero anteriormente ya había anunciado su postura en contra de la ley.
La ONU-DH se dice a favor de la decisión pues “el despliegue de las Fuerzas Armadas de la última década en la lucha contra el crimen no ha traído seguridad”, en contraparte, las y los mexicanos “han sufrido violaciones a sus derechos humanos y abusos por parte de actores estatales y no estatales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas”.
Además de reconocer la decisión de la SCJN, la ONU-DH resalta el trabajo de otros actores que también se opusieron a la adopción de la Ley, como: la CNDH, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil.
Tras esta decisión, plantea la ONU-DH, el Estado debería adoptar un plan que garantice el retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas armadas de aquellas tareas que no les son propias.
Adicionalmente, las autoridades civiles deberán ser “adecuadamente entrenadas y fortalecidas, para asumir sus obligaciones en materia de seguridad pública, y cumplirlas en coherencia con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos”, agregó Jan Jarab.
Los argumentos de los ministros para no avalar la Ley de Seguridad se basaron en que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no se puede regular de esta forma. Por lo que la LSI representaba una violación jurídica a la seguridad de todos.
También resaltaron el riesgo que implicaba convertir a los militares en policías, toda vez que la Ley de Seguridad no precisa qué clases de acciones específicas podría hacer el ejército, y quedaban abiertas las preguntas de si los militares pueden hacer arrestos o cateos, por ejemplo.
