Especialistas que integran el Comité de la ONU especializado en casos de Desaparición Forzada exhibieron este viernes en Ginebra, Suiza, fallas y contradicciones del gobierno y el Estado Mexicano en la tarea de buscar, por lo menos, a 37 mil personas no localizadas o desaparecidas.
Uno a uno, en el Palacio Wilson en Ginebra, Suiza, como parte de una reunión de seguimiento, ya que México ratificó la Convención Internacional para la protección de personas contra las desapariciones forzadas, los expertos plantearon interrogantes a la delegación mexicana, encabezada por el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas.
Entre otros puntos, preguntaron a México por qué si sus funcionarios dicen que están abiertos al escrutinio internacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha aceptado la entrada del Comité al país y su competencia para conocer en forma individual casos de desaparición forzada, que no hayan encontrado justicia con las autoridades nacionales.
Ruiz Cabañas, en ese sentido, insistió en que antes de aceptar la competencia del Comité, el Estado mexicano optó por darle “prioridad” al sistema jurídico institucional, con la entrada en vigor este año, en enero, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En ese sentido Grace Fernández, del Movimiento Por Nuestros Desaparecidos, dijo en entrevista que es “frustrante” que la delegación de funcionarios mexicanos haya usado ese argumento, porque en realidad México no ha fortalecido sus instituciones para atender este mal, al menos no lo suficiente dada la dimensión del problema de violencia y desapariciones.
“¿Dónde está el fortalecimiento?”, criticó Fernández en una pausa del diálogo entre expertos de la ONU y la delegación mexicana.
“No venimos aquí a negar las dimensiones del fenómeno, ni el dolor que le causa a las víctimas”, expresó en un momento el embajador Ruiz Cabañas, aunque también destacó como avance la promulgación de la Ley General, y sus repercusiones.
“Si bien es muy pronto para hacer un balance definitivo, contamos ya con las herramientas que ahora deben ser adecuadamente implementadas”, dijo Cabañas.
El grupo de expertos del Comité de la ONU estuvo presidido por la experta Suela Janina, de Albania.
Otro de los puntos que cuestionaron los expertos es cuándo tendrá México en cada uno de sus estados una comisión local de búsqueda de desaparecidos, y fiscalías especializadas en todas la entidades, como lo marca la Ley General, si tiene plazos para lograrlo.
La delegación mexicana no indicó si hay un plazo, y el comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, dijo que en solo nueve estados del país se han establecido las comisiones locales, un avance aún bajo.
En cuanto a si la Comisión Nacional de Búsqueda tiene presupuesto suficiente, como preguntaron los expertos, Cabrera dijo que en 2018 se tuvo un presupuesto de unos 478 millones de pesos, y que para 2019 se tenía previsto solicitar para esa instancia un aumento a 609 millones.
Cabrera habló sobre cómo ha sido la transición del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hacia el nuevo registro que marca la Ley General en materia de Desaparición Forzada, publicada en 2017.
Los expertos le habían cuestionado si no se habían perdido datos, al hacer la transición. Cabrera dijo que se han implementado medidas para mejorar estos registros de personas desaparecidas, aunque aceptó que hasta ahora, con lo que heredó el RNPED, “es muy deficiente” la información que se tiene.
Lo anterior, es “una de las grandes limitantes que tenemos”, aceptó Cabrera ante los expertos.
El propio Cabrera, para responder a otras preguntas de expertos, dijo que con el RNPED se tenía el registro de que 384 personas extranjeras o migrantes están desaparecidas en México.
Abel Gallardo, fiscal de PGR especializado en la investigación de delitos de desaparición forzada, dio el dato de que la Fiscalía que encabeza tiene abiertos unos mil expedientes, 114 de ellos por el delito de desaparición forzada.
En otros turnos, los expertos señalaron que tienen reportes sobre casos en México donde las investigaciones por desapariciones no inician de inmediato, o que se limitan a ser un trámite burocrático, sin que haya búsquedas efectivas en el terreno, que sean prácticas.
También cuestionaron cómo se garantiza la independencia de los fiscales al investigar casos de desapariciones, y en específico en qué punto se encuentra el proceso para designar el fiscal general.
Ruiz Cabañas, en su primera intervención en la sesión, dijo que la desaparición de personas es el “desafío más grave” que enfrenta el Estado mexicano, en materia de derechos humanos.
“Entendemos la desazón que la desaparición de un ser querido representa para padres, madres, hermanos y hermanas. Reconocemos que las respuestas del Estado son aún insuficientes y que los desafíos son enormes”, mencionó el subsecretario.
Esta reunión en Suiza, que hasta las 15:00 horas (tiempo de Ginebra) seguía en desarrollo, fue programada como un seguimiento a recomendaciones formuladas por el Comité a México, en 2015. Un par de días después del Examen Periódico Universal (EPU), otro mecanismo de la ONU en Ginebra, en el que más de 100 naciones le hicieron observaciones y recomendaciones, sobre la crisis de derechos humanos que sufre México.
Laberintos burocráticos y miedo para denunciar
En la segunda parte de la reunión, los expertos señalaron que las víctimas en México enfrentan “laberintos” burocráticos para obtener ayuda, e incluso uno de ellos planteó que un grupo independiente, externo, revise el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV), para proponer mejoras.
Jaime Rochín, titular de la CEAV, dijo que se está trabajando para que la Comisión sea más ágil; en los próximos días, detalló, se publicará un reglamento y en él se incluirá un punto para que la gente, solo con protesta de decir verdad, pueda acceder a los apoyos, entre otras medidas.
En el registro nacional de víctimas del fuero federal, detalló Rochín, se contabilizan 406 víctimas directas de desaparición forzada, casos donde intervinieron corporaciones como el Ejército, la Marina y la Policía Federal. 60% de las víctimas son hombres, y 40% mujeres.
Los ciudadanos en México, dijo en su oportunidad el experto Daniel Figallo, según los reportes que ha obtenido sobre el país, enfrentan miedo a denunciar casos de desaparición, por desconfianza hacia las autoridades, y ese y otros factores llevan a que prevalezca la impunidad.
“Aquí no hay una política de Estado, no es el Estado el que tiene una política de desaparición de personas”, dijo el embajador Ruiz Cabañas, después de que uno de los expertos comparara la situación de México con la de la dictadura en países sudamericanos, en la década de los 70.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos dijo que el país tiene un problema de desapariciones, que no puede negarse, y que ha habido abusos e involucramiento de agentes del Estado en algunas de estas desapariciones.
Sin embargo, dijo, hay un enorme número de desapariciones que son cometidas por las bandas del crimen organizado, que están en conflicto.
