PGR no abrirá caso Odebrecht pese a orden de INAI; lo clasifica 5 años y estos son sus motivos
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PGR no abrirá caso Odebrecht pese a orden de INAI; lo clasifica 5 años y estos son sus motivos

La dependencia argumenta cosas como que se puede dañar “el buen nombre” de los involucrados, o que el caso puede quedar impune, para no transparentar ningún dato.
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26 de noviembre, 2018
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La Procuraduría General de la República (PGR) no transparentará, al menos durante los próximos cinco años, la investigación que tiene abierta y en integración por los presuntos sobornos a funcionarios mexicanos de parte de la constructora Odebrecht, pese a que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) le había ordenado que lo hiciera.

En un documento de 20 páginas proporcionado a Animal Político, como respuesta a una solicitud para tener acceso a la versión pública del expediente, la Procuraduría expuso siete motivos por los cuales considera imposible transparentar cualquier dato del expediente.

Dichas razones van desde la interposición de un amparo en contra de la resolución del INAI, pasando por el riesgo de de dañar “el buen nombre” de los involucrados, hasta el hecho de que  –según PGR- no se puede calificar a este caso todavía como uno de corrupción y, por ende, no puede ordenarse su transparencia.

El pasado 2 de octubre el pleno del INAI había resuelto que por tratarse de un tema de evidente interés público al abordar hechos de corrupción, la Procuraduría debería transparentar las actuaciones que ha realizado sobre este caso, por el cual se iniciaron dos carpetas de investigación por los delitos de posible cohecho y enriquecimiento ilícito.

Pero a casi dos meses de dicha determinación, la PGR no ha cumplido ni piensa hacerlo, como se advierte en el oficio entregado a este medio de comunicación.

Incluso, la semana pasada el INAI había informado del envío de una “medida de apremio” a la PGR (sin detallar en qué consistía), derivado de la negativa de la Procuraduría a dar cumplimiento a la resolución del pleno.

A continuación se detallan los principales argumentos que la PGR expuso en el oficio PGR/UTAG/DG/006434/2018, fechado el pasado 15 de noviembre.

1) La información en un caso es reservada, leyes expresamente lo señalan

La primera negativa que la PGR expone para no dar a conocer datos del caso Odebrecht es que los mismos corresponden a carpetas de investigación abiertas, cuyo contenido es estrictamente reservado de acuerdo a las leyes en México. Y pone dos ejemplos.

Primero señala al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales el cual refiere que “los registros de una investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz o imágenes, o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados”.

Y a ello suma lo que dice la fracción XII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que indica que puede clasificarse como reservada la información contenida dentro de los registros de investigaciones sobre hechos que la ley señale como delitos.

2) Se interpuso un amparo contra el INAI y aún no se resuelve

La PGR añade que interpuso una demanda de amparo en contra de la resolución del INAI de transparentar los datos del caso Odebrecht, motivo por el cual tampoco puede dar a conocer de momento dato alguno en torno al mismo. Busca con ello que un juez anule de forma definitiva la petición hecha por el Instituto.

“La agente del Ministerio Público que resguarda la indagatoria solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Instituto (el INAI), por las violaciones que se cometen a los derechos humanos y a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113, 133 de la Constitución así como a tratados internacionales.

3) Hay simple curiosidad, no interés público

Para la PGR las solicitudes que se han planteado hasta el momento para conocer el caso Odebrecht obedecen a la “simple curiosidad” de una persona, o en el mejor de los casos de un “sector a la población”, pero asegura que eso no puede considerarse todavía como interés público. De hecho, dice que el verdadero interés es que se resuelva el caso.

“La difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un sector de la población (…) el interés público en este asunto se traduce precisamente en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos. El estimar que la publicidad de una carpeta de investigación abona a la transparencia (…) es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero interés público” indicó la PGR.

4) Se afecta el buen nombre de involucrados

Otro impedimento que la PGR señala para no abrir la investigación, y para ni siquiera informar que personas se encuentran bajo investigación y cuáles no, es que se corre el riesgo de vulnerar la presunción de inocencia de los involucrados y poner en riesgo su “buen nombre” y su “prestigio”.

“El dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio a priori por parte de la sociedad”, dice la PGR.

5) ¿Y la corrupción? Para PGR todavía no

De acuerdo con el INAI la información en torno al caso Odebrecht se relaciona con hechos graves de corrupción en el ejercicio público y, por tanto, existe un legítimo interés de la sociedad de que se conozca la información en torno a estos hechos.

Sin embargo, sobre este punto la Procuraduría detalla en una larga explicación que legalmente solo el Ministerio Público puede presumir que se haya cometido un posible delito por alguna persona, y posteriormente será solo el juez el que pueda confirmar dicha presunción, y establecer además de si se trata de posibles actos de corrupción.

“En tal razón no se desprenden elementos suficientes para que esta Procuraduría señale que los delitos federales tipificados sean efectivamente considerados actos de corrupción”, señala la PGR para sostener que, por tanto, el caso tampoco puede valorarse como si la corrupción ya fuera un hecho confirmado.

6) Se cometería un delito

Un sexto motivo que la Procuraduría argumentó en su oficio para reforzar que es “imposible” dar a conocer la información relacionada con las carpetas de investigación del cao Odebrecht, es el riesgo de que se cometa un delito al hacerlo y que los responsables terminen en prisión.

“Atendiendo lo establecido en el artículo 225 del Código Penal Federal el entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo con la normativa penal no tenga derecho, es proporcionar a cometer un delito en contra de la administración de justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años”, señala la dependencia,

7) El caso Odebrecht quedaría en la impunidad

Finalmente y sumado a todo lo anterior, la PGR sostiene que el dar a conocer datos de esta investigación pone en riesgo la legalidad de los mismos, abriendo la puerta para que una vez que el caso sea judicializado el juez pudiera decretar como inválidas las pruebas que no se tuvieron bajo reserva.

Lo anterior, explica la PGR, podría afectar las posibilidades de éxito del caso al punto que el mismo podría caerse y, en consecuencia, quedar impune.

“Las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional (…) ello ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía”.

Con los anteriores argumentos el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República determinó mantener la reserva respecto a los datos de estas carpetas de investigación por un periodo de al menos cinco años, “o bien por el periodo en el cual subsistan las actuaciones” del Ministerio Público.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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https://www.youtube.com/watch?v=cqiupsqBZik

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