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Cuartoscuro

Plan de AMLO contradice recomendaciones internacionales para México de retirar el Ejército y fortalecer la policía civil

Distintos mecanismos de la ONU, naciones en el Examen Periódico Universal y la CIDH han advertido sobre los peligros de militarizar la seguridad pública.
Cuartoscuro
Por Arturo Daen
15 de noviembre, 2018
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La propuesta de seguridad del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, va en contra de llamados de mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de organismos ciudadanos para desmilitarizar la seguridad pública, y apostar por la capacitación adecuada de corporaciones civiles.

Para el Examen Periódico Universal (EPU), procedimiento en el que los países de la ONU evalúan entre sí su situación de Derechos Humanos, y cuya edición más reciente ocurrió el pasado 7 de noviembre en Suiza, relatores de Naciones Unidas advirtieron al mundo que en México prevalecían los casos de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales, a manos de instancias como el Ejército.

En esa línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, como una medida que “consolidaba un modelo de seguridad que no había dado los resultados esperados”, esto en referencia al uso de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado.

Estados Unidos, como parte de su intervención en el EPU, preguntó a México cuándo tendría lista a su policía civil, para reasumir su rol como encargada de la seguridad pública, y cuándo el Ejército dejaría de participar en esas funciones.

Suiza cuestionó cómo México haría compatible la Ley de Seguridad Interior con las normas o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, en tanto que Reino Unido expresó su preocupación por un reporte de 2014 del relator Juan E. Méndez, en el que se señaló que la tortura es generalizada en México, en las etapas de detención e investigación, por parte de policías, pero también a manos de las fuerzas armadas.

En ese reporte del relator, desde ese entonces, se indicó que la militarización de la seguridad pública, con más de 32 mil elementos cumpliendo tareas propias de corporaciones civiles, y una Gendarmería con entrenamiento militar, comprometía “los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos”.

Expertos de distintos Grupos de Trabajo han recomendado que, por el contrario, se trabaje en la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales civiles.

“Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles”, señalaron en 2017. 

Con ese contexto de preocupación internacional, desde el lunes pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a discutir la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior; organizaciones ciudadanas en México, agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra, celebraron que al menos seis ministros adelantaran que votarán por la inconstitucionalidad de dicha ley.

Leer: 6 ministros de la Corte van contra la Ley de Seguridad Interior; con 8 votos se declara inconstitucional

Sin embargo, con la presentación del plan de López Obrador, que entrará en funciones como presidente el 1 de diciembre, integrantes del colectivo advirtieron sobre la posibilidad de un nuevo retroceso, e insistieron en que la militarización de la seguridad pública no ha logrado resolver el problema de violencia.

“Alguna vez @AlfonsoDurazo dijo que en tres años veríamos el retiro de los militares de las calles. Ahora nos dice que en ese lapso tendremos la consolidación de la militarización. #PlanNacionalDePazYSeguridad”, publicó en su cuenta de Twitter la investigadora Catalina Pérez Correa.

“Ni por donde empezar a lamentar la descomunal militarización anunciada por @lopezobrador_”, mencionó Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia.

López Obrador dijo que en su gobierno será creada una Guardia Nacional, como instrumento “primordial en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país”.

Esa Guardia Nacional estará integrada por elementos de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal, además de reclutar a jóvenes civiles, con la mira de tener una corporación de 50 mil elementos, siempre con formación castrense.

“Las tareas permanentes de formación de elementos dependerán del Sistema Educativo Militar con profesores civiles y militares. Esa formación podrá perfeccionarse mediante especializaciones en universidades con posgrados en Seguridad Pública y Procuración e Impartición de Justicia”, se lee en el plan (aquí puede consultarse completo).

“El mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano o, en las zonas costeras, de la Armada de México”, se detalla.

Aunque la Guardia Nacional será de carácter militar, se menciona que sus elementos podrán participar en labores de “prevención, investigación, detención” e incluso presentación de detenidos ante el Ministerio Público.

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, reconoció en la presentación del plan que las Fuerzas Armadas no fueron concebidas para hacer tareas de seguridad pública, aunque justificó su utilización para esas labores señalando “la descomposición y la ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno”.

Lo anterior, sin ofrecer un programa para recuperar el buen funcionamiento de dichas corporaciones policiales, estatales, municipales y federales, y en cambio sí apostar a una Guardia Nacional militarizada, dando a sus elementos entrenamiento físico castrense, además de “una formación académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y otros conocimientos necesarios para el buen desempeño de los elementos”.

Previo a que López Obrador hiciera público su plan, seis mecanismos o procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU enviaron una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, expresando sus preocupaciones sobre la Ley de Seguridad Interior, y expresando su desacuerdo con lo militarización.

“Nos preocupa especialmente que las Fuerzas Armadas realicen tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual cuestiona su capacidad de acción efectiva en tareas de seguridad ciudadana y combate del crimen, y podría favorecer la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, indicaron.

Los integrantes de los mecanismos insistieron en que han existido numerosas recomendaciones, de órganos de tratados y expertos/as independientes de las Naciones Unidas, respecto a la necesidad de “restringir al máximo” la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, de separar debidamente funciones policiales y militares.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, recordaron, recomendó desde 2011 y luego en 2015 considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública.

“Es menester hacer hincapié en que la mencionada recomendación tiene sustento en la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, cuando la perpetración de desapariciones forzadas generalizadas y sistemáticas ha estado íntimamente relacionada con la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior”, advirtieron.

Esta carta fue firmada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad.

Amnistía Internacional consideró que el plan de López Obrador es “preocupante”, ya que “repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido”, y que ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas armadas.

“El nuevo gobierno debería romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo. Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles”, dijo Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

En el EPU previo, de 2013, naciones como Polonia, Estados Unidos y Canadá recomendaron a México “adoptar y aplicar medidas apropiadas que permitan un funcionamiento eficaz de las fuerzas de seguridad públicas con sujeción al control civil”, “reformar la policía civil”, y “la profesionalización de la policía”.

Otras instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también se han expresado en contra de la militarización, y han advertido sobre sus peligros.

“En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”, apuntó la CIDH desde el año pasado.

“Es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”, concluyó en su mensaje, también con el contexto de la Ley de Seguridad Interior.

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#YoSoyAnimal

Qué es el tankering, práctica que utilizan algunas aerolíneas para ahorrar dinero

Algunas aerolíneas que prometen reducir sus emisiones contaminantes utilizan esta cuestionada práctica, que contamina tanto como "una ciudad de 100 mil habitantes.
13 de noviembre, 2019
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El valor del combustible es uno de los principales costos operativos que tienen las aerolíneas.

También es uno de los gastos que más varía, no solo porque el precio del petróleo fluctúa, sino también porque es diferente en cada país (e incluso hay variaciones dentro de los países).

Por ello, no sorprende que muchas aerolíneas busquen formas de reducir ese gasto.

Pero una de las prácticas comúnmente utilizadas para este fin está siendo denunciado por su dañino efecto medioambiental.

Se trata del “tankering”, la práctica de acarrear combustible extra en los aviones para no tener que cargar en destinos donde las tarifas son más altas.

Esto representa un ahorro para la aerolínea, pero tiene un costo para el planeta: hace que el avión sea más pesado y, por ende, que consuma más combustible, liberando más dióxido de carbono.

Según el corresponsal de Medio Ambiente de la BBC Justin Rowlatt, el tankering se utiliza ampliamente en la industria aeronáutica.

Y, solamente en Europa, las emisiones contaminantes que genera la práctica equivalen a las de una ciudad con una población de 100.000 habitantes.

Un tanque carga combustible en un avión

BBC
Cargar combustible es más caro en algunos aeropuertos que en otros.

En un informe publicado en junio pasado, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) estimó que las aerolíneas europeas ahorraron unos US$293 millones al año gracias al tankering.

El costo ambiental, según el organismo, fue de 901.000 toneladas métricas de dióxido de carbono.

La investigación de la BBC

Una investigación realizada por el programa televisivo Panorama, de la BBC, reveló que algunas aerolíneas que se han comprometido a mejorar sus prácticas medioambientales también utilizan el tankering.

International Airlines Group (IAG), la compañía propietaria de British Airways (BA), ha dicho que busca ser la líder mundial en sostenibilidad.

IAG recientemente mostró sus credenciales ambientales comprometiéndose a lograr cero emisiones netas para 2050.

BA incluso se jacta de utilizar un papel más ligero para hacer su revista de a bordo, para reducir el peso de sus aviones.

Sin embargo, documentos internos obtenidos por el programa Panorama revelaron que la aerolínea británica transportó hasta seis toneladas de combustible extra para evitar pagar costos más altos en algunos destinos.

Fuentes de la empresa reconocieron a la BBC que la aerolínea, al igual que muchas compañías rivales que operan rutas de corta distancia en Europa, utiliza un software que calcula si resulta económicamente beneficioso utilizar el tankering.

Avión de British Airways

Reuters
BA reconoció que usa el tankering pero aseguró que es una de las aerolíneas que menos contaminan debido a esta práctica.

También destacaron que la práctica es muy común en la industria, en especial en Europa donde “existen considerables diferencias de precios (para cargar combustible) entre los aeropuertos (de distintos países)”.

Según Eurocontrol, una de cada cinco aerolíneas europeas utiliza el tankering.

La BBC halló evidencias de que incluso la popular línea low-cost EasyJet usa esta práctica.

Y BA asegura que las emisiones extras que produce por el tankering representan apenas el 2% del total europeo.

No obstante, la investigación de Panorama halló que BA produjo 18.000 toneladas métricas adicionales de dióxido de carbono en 2018 gracias a esta práctica.

La respuesta de BA

En respuesta al informe, la aerolínea británica anunció que revisará sus políticas de ahorro de combustible.

Hablando ante inversores el viernes, el director ejecutivo de IAG, Willie Walsh, dijo que la aerolínea quería asegurarse de que no estaba “incentivando el comportamiento incorrecto“.

“Claramente el ahorro financiero nos incentivaría a hacer tankering, pero tal vez esto no sea lo correcto ni el incentivo correcto”, señaló.

“Por lo tanto, queremos asegurarnos de que nuestros incentivos estén alineados con las actividades correctas, para garantizar la sostenibilidad financiera, pero también la sostenibilidad ambiental“, dijo.

John Sauven

Getty Images
John Sauven, de Greenpeace, desconfía de las aerolíneas y exige más intervención estatal.

Sin embargo, los críticos de la industria aeronáutica, como la organización medioambiental Greenpeace, afirman que el uso generalizado del tankering socava las promesas de la aviación de que está comprometida a reducir sus emisiones de carbono.

John Sauven, director ejecutivo de Greenpeace en Reino Unido, le dijo a la BBC que el tankering era un “ejemplo clásico de una compañía que pone las ganancias antes que el planeta”.

Para Sauven, el anuncio de que BA revisará sus prácticas en respuesta a la investigación de Panorama muestra cómo esa industria ha tratado el cambio climático “como un problema de relaciones públicas“.

“Es por eso que necesitamos objetivos de reducción (de dióxido de carbono) impuestos por el gobierno, para asegurar que las aerolíneas se responsabilicen por el daño que causan sus emisiones”, afirmó.


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