La propuesta de seguridad del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, va en contra de llamados de mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de organismos ciudadanos para desmilitarizar la seguridad pública, y apostar por la capacitación adecuada de corporaciones civiles.
Para el Examen Periódico Universal (EPU), procedimiento en el que los países de la ONU evalúan entre sí su situación de Derechos Humanos, y cuya edición más reciente ocurrió el pasado 7 de noviembre en Suiza, relatores de Naciones Unidas advirtieron al mundo que en México prevalecían los casos de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales, a manos de instancias como el Ejército.
En esa línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, como una medida que “consolidaba un modelo de seguridad que no había dado los resultados esperados”, esto en referencia al uso de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado.
Estados Unidos, como parte de su intervención en el EPU, preguntó a México cuándo tendría lista a su policía civil, para reasumir su rol como encargada de la seguridad pública, y cuándo el Ejército dejaría de participar en esas funciones.
Suiza cuestionó cómo México haría compatible la Ley de Seguridad Interior con las normas o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, en tanto que Reino Unido expresó su preocupación por un reporte de 2014 del relator Juan E. Méndez, en el que se señaló que la tortura es generalizada en México, en las etapas de detención e investigación, por parte de policías, pero también a manos de las fuerzas armadas.
En ese reporte del relator, desde ese entonces, se indicó que la militarización de la seguridad pública, con más de 32 mil elementos cumpliendo tareas propias de corporaciones civiles, y una Gendarmería con entrenamiento militar, comprometía “los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos”.
Expertos de distintos Grupos de Trabajo han recomendado que, por el contrario, se trabaje en la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales civiles.
“Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles”, señalaron en 2017.
Con ese contexto de preocupación internacional, desde el lunes pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a discutir la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior; organizaciones ciudadanas en México, agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra, celebraron que al menos seis ministros adelantaran que votarán por la inconstitucionalidad de dicha ley.
Sin embargo, con la presentación del plan de López Obrador, que entrará en funciones como presidente el 1 de diciembre, integrantes del colectivo advirtieron sobre la posibilidad de un nuevo retroceso, e insistieron en que la militarización de la seguridad pública no ha logrado resolver el problema de violencia.
“Alguna vez @AlfonsoDurazo dijo que en tres años veríamos el retiro de los militares de las calles. Ahora nos dice que en ese lapso tendremos la consolidación de la militarización. #PlanNacionalDePazYSeguridad”, publicó en su cuenta de Twitter la investigadora Catalina Pérez Correa.
Muchas dudas después de escuchar a Durazo. ¿Porqué invertir en formar y capacitar más policías militares y navales en lugar de policías civiles? ¿Porqué no usar los recursos económicos, políticos y sociales para formar cuerpos civiles con la misma capacitación de 8 meses? https://t.co/rk5AdYP60H
— Catalina Pérez Correa (sin-) (@cataperezcorrea) November 15, 2018
“Ni por donde empezar a lamentar la descomunal militarización anunciada por @lopezobrador_”, mencionó Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia.
López Obrador dijo que en su gobierno será creada una Guardia Nacional, como instrumento “primordial en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país”.
Esa Guardia Nacional estará integrada por elementos de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal, además de reclutar a jóvenes civiles, con la mira de tener una corporación de 50 mil elementos, siempre con formación castrense.
“Las tareas permanentes de formación de elementos dependerán del Sistema Educativo Militar con profesores civiles y militares. Esa formación podrá perfeccionarse mediante especializaciones en universidades con posgrados en Seguridad Pública y Procuración e Impartición de Justicia”, se lee en el plan (aquí puede consultarse completo).
“El mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano o, en las zonas costeras, de la Armada de México”, se detalla.
Aunque la Guardia Nacional será de carácter militar, se menciona que sus elementos podrán participar en labores de “prevención, investigación, detención” e incluso presentación de detenidos ante el Ministerio Público.
Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, reconoció en la presentación del plan que las Fuerzas Armadas no fueron concebidas para hacer tareas de seguridad pública, aunque justificó su utilización para esas labores señalando “la descomposición y la ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno”.
Lo anterior, sin ofrecer un programa para recuperar el buen funcionamiento de dichas corporaciones policiales, estatales, municipales y federales, y en cambio sí apostar a una Guardia Nacional militarizada, dando a sus elementos entrenamiento físico castrense, además de “una formación académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y otros conocimientos necesarios para el buen desempeño de los elementos”.
Previo a que López Obrador hiciera público su plan, seis mecanismos o procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU enviaron una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, expresando sus preocupaciones sobre la Ley de Seguridad Interior, y expresando su desacuerdo con lo militarización.
“Nos preocupa especialmente que las Fuerzas Armadas realicen tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual cuestiona su capacidad de acción efectiva en tareas de seguridad ciudadana y combate del crimen, y podría favorecer la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, indicaron.
Los integrantes de los mecanismos insistieron en que han existido numerosas recomendaciones, de órganos de tratados y expertos/as independientes de las Naciones Unidas, respecto a la necesidad de “restringir al máximo” la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, de separar debidamente funciones policiales y militares.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, recordaron, recomendó desde 2011 y luego en 2015 considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública.
“Es menester hacer hincapié en que la mencionada recomendación tiene sustento en la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, cuando la perpetración de desapariciones forzadas generalizadas y sistemáticas ha estado íntimamente relacionada con la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior”, advirtieron.
Esta carta fue firmada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad.
Amnistía Internacional consideró que el plan de López Obrador es “preocupante”, ya que “repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido”, y que ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas armadas.
“El nuevo gobierno debería romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo. Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles”, dijo Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
En el EPU previo, de 2013, naciones como Polonia, Estados Unidos y Canadá recomendaron a México “adoptar y aplicar medidas apropiadas que permitan un funcionamiento eficaz de las fuerzas de seguridad públicas con sujeción al control civil”, “reformar la policía civil”, y “la profesionalización de la policía”.
Otras instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también se han expresado en contra de la militarización, y han advertido sobre sus peligros.
“En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”, apuntó la CIDH desde el año pasado.
“Es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”, concluyó en su mensaje, también con el contexto de la Ley de Seguridad Interior.
