Plan de AMLO contradice recomendaciones internacionales para México de retirar el Ejército y fortalecer la policía civil
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Cuartoscuro

Plan de AMLO contradice recomendaciones internacionales para México de retirar el Ejército y fortalecer la policía civil

Distintos mecanismos de la ONU, naciones en el Examen Periódico Universal y la CIDH han advertido sobre los peligros de militarizar la seguridad pública.
Cuartoscuro
Por Arturo Daen
15 de noviembre, 2018
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La propuesta de seguridad del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, va en contra de llamados de mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de organismos ciudadanos para desmilitarizar la seguridad pública, y apostar por la capacitación adecuada de corporaciones civiles.

Para el Examen Periódico Universal (EPU), procedimiento en el que los países de la ONU evalúan entre sí su situación de Derechos Humanos, y cuya edición más reciente ocurrió el pasado 7 de noviembre en Suiza, relatores de Naciones Unidas advirtieron al mundo que en México prevalecían los casos de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales, a manos de instancias como el Ejército.

En esa línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, como una medida que “consolidaba un modelo de seguridad que no había dado los resultados esperados”, esto en referencia al uso de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado.

Estados Unidos, como parte de su intervención en el EPU, preguntó a México cuándo tendría lista a su policía civil, para reasumir su rol como encargada de la seguridad pública, y cuándo el Ejército dejaría de participar en esas funciones.

Suiza cuestionó cómo México haría compatible la Ley de Seguridad Interior con las normas o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, en tanto que Reino Unido expresó su preocupación por un reporte de 2014 del relator Juan E. Méndez, en el que se señaló que la tortura es generalizada en México, en las etapas de detención e investigación, por parte de policías, pero también a manos de las fuerzas armadas.

En ese reporte del relator, desde ese entonces, se indicó que la militarización de la seguridad pública, con más de 32 mil elementos cumpliendo tareas propias de corporaciones civiles, y una Gendarmería con entrenamiento militar, comprometía “los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos”.

Expertos de distintos Grupos de Trabajo han recomendado que, por el contrario, se trabaje en la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales civiles.

“Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles”, señalaron en 2017. 

Con ese contexto de preocupación internacional, desde el lunes pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a discutir la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior; organizaciones ciudadanas en México, agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra, celebraron que al menos seis ministros adelantaran que votarán por la inconstitucionalidad de dicha ley.

Leer: 6 ministros de la Corte van contra la Ley de Seguridad Interior; con 8 votos se declara inconstitucional

Sin embargo, con la presentación del plan de López Obrador, que entrará en funciones como presidente el 1 de diciembre, integrantes del colectivo advirtieron sobre la posibilidad de un nuevo retroceso, e insistieron en que la militarización de la seguridad pública no ha logrado resolver el problema de violencia.

“Alguna vez @AlfonsoDurazo dijo que en tres años veríamos el retiro de los militares de las calles. Ahora nos dice que en ese lapso tendremos la consolidación de la militarización. #PlanNacionalDePazYSeguridad”, publicó en su cuenta de Twitter la investigadora Catalina Pérez Correa.

“Ni por donde empezar a lamentar la descomunal militarización anunciada por @lopezobrador_”, mencionó Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia.

López Obrador dijo que en su gobierno será creada una Guardia Nacional, como instrumento “primordial en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país”.

Esa Guardia Nacional estará integrada por elementos de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal, además de reclutar a jóvenes civiles, con la mira de tener una corporación de 50 mil elementos, siempre con formación castrense.

“Las tareas permanentes de formación de elementos dependerán del Sistema Educativo Militar con profesores civiles y militares. Esa formación podrá perfeccionarse mediante especializaciones en universidades con posgrados en Seguridad Pública y Procuración e Impartición de Justicia”, se lee en el plan (aquí puede consultarse completo).

“El mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano o, en las zonas costeras, de la Armada de México”, se detalla.

Aunque la Guardia Nacional será de carácter militar, se menciona que sus elementos podrán participar en labores de “prevención, investigación, detención” e incluso presentación de detenidos ante el Ministerio Público.

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, reconoció en la presentación del plan que las Fuerzas Armadas no fueron concebidas para hacer tareas de seguridad pública, aunque justificó su utilización para esas labores señalando “la descomposición y la ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno”.

Lo anterior, sin ofrecer un programa para recuperar el buen funcionamiento de dichas corporaciones policiales, estatales, municipales y federales, y en cambio sí apostar a una Guardia Nacional militarizada, dando a sus elementos entrenamiento físico castrense, además de “una formación académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y otros conocimientos necesarios para el buen desempeño de los elementos”.

Previo a que López Obrador hiciera público su plan, seis mecanismos o procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU enviaron una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, expresando sus preocupaciones sobre la Ley de Seguridad Interior, y expresando su desacuerdo con lo militarización.

“Nos preocupa especialmente que las Fuerzas Armadas realicen tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual cuestiona su capacidad de acción efectiva en tareas de seguridad ciudadana y combate del crimen, y podría favorecer la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, indicaron.

Los integrantes de los mecanismos insistieron en que han existido numerosas recomendaciones, de órganos de tratados y expertos/as independientes de las Naciones Unidas, respecto a la necesidad de “restringir al máximo” la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, de separar debidamente funciones policiales y militares.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, recordaron, recomendó desde 2011 y luego en 2015 considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública.

“Es menester hacer hincapié en que la mencionada recomendación tiene sustento en la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, cuando la perpetración de desapariciones forzadas generalizadas y sistemáticas ha estado íntimamente relacionada con la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior”, advirtieron.

Esta carta fue firmada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad.

Amnistía Internacional consideró que el plan de López Obrador es “preocupante”, ya que “repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido”, y que ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas armadas.

“El nuevo gobierno debería romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo. Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles”, dijo Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

En el EPU previo, de 2013, naciones como Polonia, Estados Unidos y Canadá recomendaron a México “adoptar y aplicar medidas apropiadas que permitan un funcionamiento eficaz de las fuerzas de seguridad públicas con sujeción al control civil”, “reformar la policía civil”, y “la profesionalización de la policía”.

Otras instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también se han expresado en contra de la militarización, y han advertido sobre sus peligros.

“En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”, apuntó la CIDH desde el año pasado.

“Es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”, concluyó en su mensaje, también con el contexto de la Ley de Seguridad Interior.

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La izquierda que representa Petro en Colombia (y cómo se compara con AMLO, Boric y otros gobernantes de América Latina)

El primer presidente de izquierda electo en Colombia, un economista y exguerrillero que se moderó como candidato, tiene parecidos y diferencias con otros líderes de la región.
21 de junio, 2022
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La noticia recorrió el mundo: Gustavo Petro es el primer presidente izquierdista electo en la historia de Colombia. Pero, ¿qué tipo de izquierda representa exactamente?

En la segunda vuelta de las presidenciales del domingo, Petro obtuvo el 50,44% de los votos contra 47,31% de su adversario, el magnate de la construcción Rodolfo Hernández, con más del 99,99% de las mesas escrutadas.

“Lo que viene es un cambio de verdad”, anticipó el economista y exguerrillero de 62 años en su primer discurso público luego de ser electo.

Petro es el caso más reciente de un izquierdista de América Latina que llega al poder en una ola de descontento social con la clase política, la desigualdad y el estancamiento económico.

Desde 2020, esa lista incluye también a Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile.

Estos y otros mandatarios de la región felicitaron al nuevo presidente electo colombiano el domingo.

“El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros”, sostuvo el presidente mexicano, el también izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en un hilo de tuits.

Sin embargo, hay grandes diferencias entre estos gobernantes.

Y las comparaciones de Petro con otros líderes de izquierda de la región surgieron desde que fue electo alcalde de Bogotá en 2011.

Ahora que llega a la presidencia del tercer país más poblado de Latinoamérica, cobra aún más importancia la cuestión sobre el lugar de Petro en el espectro político.

¿Cómo AMLO?

Petro militó en la guerrilla urbana y nacionalista del M-19 en las décadas del ’70 y ’80, un pasado por el que muchos intentaron asociarlo en la campaña electoral con la izquierda radical.

Sin embargo, el M-19 se desmovilizó en 1990 y Petro se presentó en este, su tercer intento de llegar a la presidencia, como un político moderado luego de haber sido senador.

Colombia

Getty Images
Gustavo Petro fue electo presidente de Colombia en su tercer intento.

“La moderación en algunas de sus propuestas lo ha llevado a ser visto por un sector de la ciudadanía más como un candidato de centro izquierda que de izquierda radical”, dice Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en ciencia política en la Universidad Javeriana de Bogotá, a BBC Mundo.

De hecho, Petro ha negado que Colombia tenga que ir al socialismo y que él piense recurrir a expropiaciones o a reformas de la Constitución para ser reelecto como hicieron otros presidentes latinoamericanos de izquierda.

Pero sí ha propuesto cambiar el sistema económico del país, mermar la extracción recursos naturales, una reforma agraria para terminar con los latifundios improductivos y ofrecer empleo en el Estado a quienes no lo encuentren en el sector privado.

“Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia”, dijo Petro en su discurso triunfal el domingo. “No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo”, agregó.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

EPA
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido calificado de “dictador” por parte de Petro.

Si bien en el pasado mostró simpatía por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y muchos de sus adversarios también buscaron asociarlo con él, Petro ha marcado distancia con el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro.

“Si usted me pregunta si Chávez fue un dictador yo le digo que no. Si usted me pregunta si Maduro es hoy un dictador yo le digo que sí”, dijo Petro a la revista Newsweek en 2018.

El presidente electo de Colombia ha señalado como referentes a izquierdistas como el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el ecuatoriano Rafael Correa.

Sin embargo, otros le ven similitudes con el actual mandatario mexicano, conocido por sus iniciales de AMLO.

Petro “viene de una tradición de izquierda nacionalista y antiimperialista, un poco parecida quizás a la que inspira a López Obrador en México”, dice Yann Basset, profesor de ciencia política en la Universidad del Rosario en Bogotá, a BBC Mundo.

Y agrega que Petro tiene “un estilo agresivo, con discursos a veces populistas, que genera mucha resistencia y temores a que tenga un gobierno con rasgos un poco autoritarios, otra vez al estilo de lo que está pasando en México”.

Andrés Manuel López Obrador

Gobierno de México
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respaldó públicamente a Petro en el final de la campaña electoral colombiana.

López Obrador, de 68 años, fue en 2018 el primer presidente de izquierda electo en México en siete décadas.

Y este mes AMLO causó polémica al apoyar a Petro afirmando que enfrentaba una “guerra sucia” como le pasó a él mismo en México, algo que la Cancillería colombiana calificó de “injerencia” en los asuntos del país.

¿Como Boric?

Por otro lado, también hay semejanzas entre el modo en que Petro llega a la presidencia de Colombia y cómo lo hizo Boric en Chile en diciembre.

Y ambos ganaron sus elecciones luego de los estallidos sociales que revelaron un cansancio con el establishment y el modelo económico de sus países, según analistas.

Gabriel Boric

Getty Images
Algunos ven coincidencias entre el contexto en que Gabriel Boric llegó al poder en Chile y la forma en que lo hace Petro en Colombia.

Petro y Boric prometieron reformas estructurales para asegurar la paz, con el Estado en el centro de sus proyectos sociales, económicos y de cuidado medioambiental.

Con la selección Francia Márquez como vicepresidenta —la primera negra, feminista y ambientalista que llega al cargo—, Petro mostró voluntad de acercarse a temas de género, raza y clima de una izquierda más joven como la que representa Boric, señala Basset.

Y agrega que esto ocurrió pese a tensiones que la campaña de Petro tuvo con sectores feministas, que lo acusaron de rodearse de políticos de la “vieja guardia” con una visión machista.

En temas sociales, el presidente electo de Colombia también ha defendido el acceso de las mujeres al aborto y prometió garantizar los derechos a la diversidad de orientación sexual.

Colombia

Getty Images
La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, le dio aire fresco a la campaña de Petro.

Eso, así como su idea de terminar con el enfoque prohibicionista de las drogas, lo aproxima más a figuras como el expresidente uruguayo José Mujica, otro exguerrillero, que a otros izquierdistas más clásicos de la región.

Pero claro que una cosa es la propuesta electoral y otra la forma en que se gobierna, sobre todo en un país polarizado y con claros contrapesos de poder.

Adam Isaacson, un experto en Colombia de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) cree que todavía es incierto el tipo de gobernante de izquierda que será Petro después que asuma en agosto.

¿Cuál es su duda?

“La personalidad de Petro”, explica. “Si va a resistir controles sobre su poder, o si va a ser más como Boric, Mujica o Lula y soltar un poco su agarre sobre el poder”.


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