Decidimos apoyarnos en las fuerzas armadas, dice AMLO; mantendrá al Ejército en la labor de seguridad
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Decidimos apoyarnos en las fuerzas armadas, dice AMLO; mantendrá al Ejército en la labor de seguridad

"A final de cuentas la política es optar entre inconvenientes, y tiene que tomar uno decisiones. Apoyarnos en las Fuerzas Armadas, esa fue la decisión que tomamos", dijo López Obrador al presentar su plan de seguridad, que incluye la creación de una Guardia Nacional con elementos de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal.
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Por Con información de Itxaro Arteta y Arturo Angel
14 de noviembre, 2018
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El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, e integrantes de su equipo, presentaron este miércoles el Plan nacional de paz y seguridad para el próximo gobierno, con puntos como una “reformulación” del combate a las drogas, la posibilidad de otorgar amnistía y la creación de una Guardia Nacional de 50 mil integrantes en un periodo de tres años, con elementos de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal.

Durante la presentación, no se mencionó un plan para mejorar las corporaciones de policía municipal, estatal y federal; esto, en el contexto de que colectivos ciudadanos exigen que sea abrogada la Ley de Seguridad Interior, porque a su parecer perpetúa la militarización, y no da incentivos para que mejoren las instituciones civiles de seguridad.

El presidente electo aseguró que el motivo para crear una Guardia Nacional es que se requiere unir los recursos y voluntades disponibles, pues no se cuenta con los elementos necesarios para las tareas de seguridad.

López Obrador dijo que en las corporaciones policiales actuales, tanto a nivel federal, como estatal y municipal, hay descomposición.

“No se ha consolidado esta corporación (Policía Federal). Con honrosas excepciones hay falta de profesionalismo y de integridad y lo mismo sucede con las ministeriales y municipales”, dijo en su intervención.

El próximo presidente dijo que tras analizar la problemática de seguridad, se decidió buscar el respaldo de las Fuerzas Armadas.

“Eran dos opciones, al final de cuentas la política es optar entre inconvenientes, y tiene que tomar uno decisiones. Apoyarnos en las Fuerzas Armadas, esa fue la decisión que tomamos”, expuso.

Por esta razón, dijo que buscarán hacer un reforma constitucional que regule a la Guardia Nacional.

Dijo que buscarán operar 266 coordinaciones territoriales, pero solo comenzarán con 150, pues “no tenemos todos los elementos que se requieren”; dijo que se necesitan, en promedio, 500 por coordinación.

“Les pedimos que nos apoyen porque hay que hacer una reforma constitucional, ya no queremos la simulación, solo en el Porfiriato se decía y se usaba la frase de que la Constitución se respetaba en la forma, para violarse en el fondo, nosotros no somos porfiristas, vamos a respetar la Constitución en la forma y el fondo”, dijo.

También defendió la creación de la Guardia Nacional al afirmar que este concepto existe ya en la Constitución, y que se utilizó para defender al país de las intervenciones de Estados Unidos y Francia.

Incluso, argumentó que este cuerpo de seguridad se ha implementado en otras partes del mundo como España y Francia, donde las Gendarmerías dependen de las Fuerzas Armadas.

Alfonso Durazo, quien será el próximo secretario de Seguridad, mencionó varios puntos de la nueva estrategia. Comenzó mencionando que es necesario dejar de lado “la fantasía” de que se puede superar la inseguridad y violencia con soluciones únicas e unidimensionales, como la estrategia “represiva militar”.

La alternativa, apuntó, será establecer estrategias multidimensionales y “radicales”, que estén dirigidas a la raíz de la aguda crisis de violencia que vive el país. Como primer punto, mencionó que el nuevo gobierno se planteará como tarea erradicar la corrupción y rehabilitar la procuración de justicia, haciendo énfasis en la labor de policías, militares, y ministerios públicos, entre otras corporaciones. 

Otro punto será generar fuentes empleo, dar educación a todos los jóvenes, invertir en salud, desarrollo económico, y de ese modo atacar las causas profundas del crimen, y reducir la base social que haya establecido.

Durazo habló de una reformulación del combate a las drogas, ya que hay narcóticos cuya prohibición por parte del gobierno ya resulta insostenible. 

Una alternativa, dijo, es que el Estado renuncie a la persecución de ciertas sustancias, y que también se tenga control clínico en los casos de aquellas personas que ya padecen alguna adicción.

La regulación de algunas drogas prohibidas, dijo, permitiría poner fin a un motor central de la violencia. 

El próximo secretario también habló de un proceso de pacificación y de justicia transicional, que incluya la alternativa de ofrecer amnistía a ciertos grupos infractores, con reducciones de penas y la posibilidad de que opten por un cambio de vida, siempre y cuando colectivos y víctimas acepten dar el perdón.

“Ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares, frente al absurdo de querer pacificar con métodos violentos y habida cuenta de lo contraproducente y trágico de tales políticas, resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y de adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando asimismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas, y proponiéndoles un cambio de vida”, mencionó.

En cuanto a la creación de una Guardia Nacional, Durazo dijo que el plan es tener lista esta corporación en tres años, integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero con identidad propia.

Durazo dijo que con la descomposición e ineficacia de corporaciones policiales que se tienen actualmente en el país, tendría resultados “desastrosos” quitar de inmediato a las fuerzas armadas la encomienda de combatir al crimen.

La Guardia Nacional, dijo, resolvería “tanto el vacío legal en el que los institutos armados han venido participando en las labores de policía, como la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia”.

En una primera etapa, la Guardia Nacional estaría integrada por unidades de policía militar, naval y elementos de la Policía Federal. En una segunda, con miembros activos de las fuerzas armadas que deseen pertenecer a la Guardia; y en una tercera etapa, se convocaría a jóvenes para que se incorporen, hasta tener 50,000 elementos. 

El país, se detalló, será contemplado con 266 regiones, y “se destinarán otros tantos destacamentos de la Guardia Nacional para la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley”. 

La Secretaría de la Defensa Nacional, explicó, asumirá el mando operativo de la Guardia Nacional, del reclutamiento, adiestramiento y organización de sus efectivos, así como de su equipamiento, despliegue y operatividad.

En cuanto a derechos humanos, Durazo mencionó que se erradicará la represión y nadie será torturado o desaparecido por un cuerpo de seguridad del Estado.

El nuevo gobierno no permitirá impunidad desde el poder, se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos, dijo, además de que habrá pleno respeto y promoción de los derechos humanos, con modificaciones para tipificar como delitos los incumplimientos de recomendaciones que hagan la CNDH y las comisiones estatales.

En tanto,  Mario Delgado, coordinador de la bancada de diputados de Morena, dijo que a 12 años de la implementación de militares en las labores de Seguridad Pública no se ha logrado recuperar la paz, ni el Estado de derecho.

Con el argumento de que el retiro de los soldados y marinos en ciertas regiones del país las colocaría en “una total indefensión ante la criminalidad organizada”, Delgado dijo que buscarán una reforma que regule el uso de la Guardia Nacional.

“Se plantea resolver ambos probelmas: los vacíos legales de las Fuerzas Armadas y la creación de una guardia para prevenir y combatir el delito”, explicó el legislador de Morena.

Expuso que la propuesta de Morena buscará que, adicionalmente a sus funciones, la Guardia Nacional esté facultada como auxiliar del Ministerio Público. Además dijo que hay razones de peso para adscribirla al ámbito castrense.

De acuerdo con el diputado federal, de la Guardia Nacional provendrán policías, militares y navales, así como elementos de la Policía Federal. Incluso, dijo que se convocará a civiles, y que todos recibirán capacitación y adiestramiento militar.

También dijo que se invitará a participar en ese proceso a la Fiscalía General y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues buscarán que los elementos reciban instrucción en temas penales, perspectiva de género y derechos humanos, así como en el uso legítimo de la fuerza.

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Reuters

Conficto en Chihuahua: El tratado por el que México le debe millones de metros cúbicos de agua a EU

Un acuerdo firmado entre ambos países en 1944 está en el centro de la polémica en el norte de México, cuyo presidente dijo temer que pueda utilizarse como arma electoral durante la actual campaña en EU.
Reuters
18 de septiembre, 2020
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Un tratado firmado en 1944 entre México y Estados Unidos está detrás de que miles de personas lleven meses en pie de guerra en el lado mexicano de la frontera.

El acuerdo regula cómo los dos países deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambos.

El gobierno de México tiene poco más de un mes para entregar a su vecino del norte la parte que le corresponde. Para ello, asegura que debe utilizar la almacenada en la presa la Boquilla, en el estado de Chihuahua, en el norte del país.

Y aunque afirma que el suministro está garantizado para la población, los agricultores de la zona se niegan a la extracción porque aseguran que los dejaría sin el recurso suficiente para poder cultivar tras haber sufrido una pronunciada sequía.

La tensión aumentó a ritmo vertiginoso en la última semana con graves enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y campesinos, que tienen desde entonces tomada la presa para evitar el desfogue.

Una mujer agricultora fue asesinada el 8 de septiembre tras participar en las protestas. Según testigos, fue alcanzada por disparos de guardias nacionales. La Fiscalía estatal investiga lo sucedido.

El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a “grupos políticos” de las protestas y mostró su preocupación por el hecho de que este conflicto impida cumplir con el tratado firmado con EU y por cuál podría ser su reacción.

De hecho, el mandatario aseguró este jueves que el gobernador de Texas -estado fronterizo con Chihuahua- envió una carta al secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, “reclamando que México no está cumpliendo con el pago del agua y haciendo algunas propuestas”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
La Fiscalía de Chihuahua investiga la muerte de una mujer agricultora tras participar en una de las protestas. Según testigos, fue abatida por disparos de la Guardia Nacional.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó por su parte a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de ocultar a quienes “se aprovechan de manera irregular” desde dentro del organismo robando agua de la zona, una práctica que ya ha sido bautizada como “huachicoleo de agua” o “aguachicoleo”.

Mientras, varios diputados de Chihuahua consideran precisamente que el tratado en cuestión es la base del problema y anunciaron que acudirán a tribunales internacionales para pedir que el acuerdo sea revisado y pueda así garantizar el abastecimiento de agua a los productores del estado.

¿Qué dice el tratado?

De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EU en 1944 tiene su origen de algún modo en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes.

El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EU más de la mitad de su territorio en aquel entonces.

Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas son hoy centro del conflicto en Chihuahua.

La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EU firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.

Mapa

BBC

Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.

Como contraparte, EU cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.

“Es un tratado que no fue nada fácil de negociar y en el que se tuvieron que hacer muchísimas proyecciones de ingeniería porque define los límites entre los dos países y esta distribución de las aguas”, le dice a BBC Mundo Roberto Velasco, director general para América del Norte del gobierno mexicano.

También establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.

Firma del tratado en Washington en 1944

IBWC
Representantes de México y EU firmaron el tratado en Washington en 1944.

El pacto estipula que EU cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.

“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EU”, afirmó López Obrador la semana pasada.

Pero el quinquenio actual concluye el próximo 24 de octubre y, según el gobierno de México, aún le faltan 378 Mm3 de agua para poder cumplir su parte del acuerdo.

¿Cuál es la situación actual?

El centro del conflicto está en la presa La Boquilla del río Conchos, el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua para el cumplimiento del tratado.

Según los agricultores, desfogar líquido de este punto supondría comprometer su capacidad de riego y poner en grave peligro el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.

“En agosto tuvimos el mes más seco de los últimos 90 años, no hay agua. No podemos ser el único estado semidesértico que exporta agua con una precipitación media anual de 250 mm”, le dice a BBC Mundo Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua.

Presa La Boquilla

Reuters
La extracción del agua de la presa la Boquilla está en el centro del conflicto en Chihuahua.

Conagua aseguró que el riego para el ciclo agrícola 2019-2020 ya fue garantizado y que solo resta por entregar a los campesinos unos 100 Mm3 de la presa la Boquilla, lo que critica no puede completarse debido a la toma de las instalaciones.

Según datos oficiales, esta presa contaba el 16 de septiembre con 920Mm3 de agua almacenada. Es poco más del 32% de su capacidad máxima.

Para los campesinos, la situación actual pone en evidencia que será extremadamente difícil garantizar que pueda haber agua suficiente para el ciclo agrícola del año próximo y creen que Chihuahua “ha hecho más de lo que le corresponde” para que México pueda cumplir con su compromiso internacional.

“Prescindimos de uno de los dos cultivos que antes teníamos por ciclo y también se vendieron derechos de más de 7.000 hectáreas. Lo hicimos para que las presas funcionen como una alcancía, para cuidar la poquita agua que hay ahora, o no sembraremos un solo metro el año que entra”, dice Alcantar.

Protesta en La Boquilla

Reuters
Agricultores de Chihuahua aseguran que contribuyeron al ahorro de agua para su almacenamiento en la Boquilla de cara al próximo período de cultivo.

Velasco reconoce que 2020 ha sido un año seco, pero el gobierno confía en que siga lloviendo y asegura que unos 780 Mm3 almacenados “es la disponibilidad adecuada” para garantizar el próximo ciclo de riego.

“Nos podrían decir que hay que garantizar los siguientes 40 ciclos, pero la realidad es que eso no funciona así sino con concesiones anuales”, responde.

¿Qué alternativas hay para cumplir el tratado?

Los agricultores no entienden por qué hay que “pagar por adelantado” y proponen como alternativa aguardar a final de octubre para esperar a posibles escurrimientos de agua y evaluar entonces la cantidad debida a EU.

En caso de que haya déficit por parte de México, proponen que el agua se extraiga de alguna de las presas internacionales construidas y gestionadas por ambos países.

“¿Por qué nomás el Conchos? Hay otros tributarios que deben aportar agua para cumplir con las asignaciones del tratado, y nomás voltean a ver a Chihuahua”, critica Alcantar.

Mapa presas Río Bravo

Conagua
El río Conchos es el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua en México para el cumplimiento del tratado.

Pero después de que México cerrara el quinquenio pasado debiendo agua que tuvo que devolver después, Velasco asegura que las reglas acordadas entre las dos secciones internacionales de la CILA no permiten que el país vuelva a terminar un período con deuda.

Sobre la propuesta de que sean las presas internacionales las que aporten el agua faltante, Velasco la califica de “irresponsable”, ya que se utilizan sobre todo para el consumo humano en ciudades del norte de México y la cantidad almacenada actualmente hace “muy difícil” destinarla a otros fines.

Presa internacional La Amistad

CILA México
Agricultores creen que presas internacionales como la Amistad, gestionada por México y EU, podrían contribuir con el agua faltante.

Según cifras del gobierno, el río Conchos debería aportar el 54% del agua contemplada en el tratado, aunque en lo que va de ciclo solo ha contribuido con el 44%.

“En Chihuahua se está cargando lo que se tiene que cargar. En este momento, toda la atención está sobre ellos porque el resto de tributarios ya hicieron su parte”, asegura Velasco.

¿Cómo podría reaccionar EU?

El enfrentamiento ha escalado a lo más alto de la esfera política en México.

Tanto el gobernador de Chihuahua como alcaldes de la zona mostraron su apoyo a los agricultores, mientras que el presidente López Obrador no ha ocultado su preocupación por las posibles consecuencias de que el país no cumpla con el acuerdo.

“Es muy delicado que en estos 45 día de campaña (electoral en EU) se vaya a utilizar que no estamos cumpliendo con el tratado y se tomen medidas unilaterales que afecten a México”, alertó días atrás.

AMLO

Gobierno de México
AMLO pidió a los agricultores de Chihuahua confiar en que el agua para regadío estará garantizada.

El mandatario insistió en pedir la confianza de los agricultores de Chihuahua. “No se van a quedar sin agua. Si no, (…) le hablaría al presidente Trump para decirle: ‘¿Sabe qué?, dennos una prórroga, ayúdennos en esto porque no vamos a poder cumplir con el compromiso'”.

Aunque reconoce que no se ha recibido ninguna advertencia formal de EU en caso de que México no entregue su parte, Velasco también coincide en que la campaña electoral provoca en el país vecino un clima más crispado ante el que se deben extremar precauciones.

Dice que lo que pretenden evitar es que el país vecino pudiera imponer sanciones como respuesta, “que empiecen a apretar los flujos comerciales o a establecer aranceles a mercancías provenientes de Chihuahua”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
El gobierno mexicano expresó su preocupación por la reacción de EU ante Chihuahua en caso de que México no cumpla con su parte del tratado.

“Sí nos han expresado su preocupación de que el gobierno de Chihuahua, que además es vecino de Texas y su principal socio, no esté cooperando para buscar una solución en algo que es en interés de los dos países”, revela el funcionario de la Cancillería mexicana.

Alencar rechaza que el gobierno federal utilice esta posible reacción como medida de presión para que permitan la extracción de agua de la Boquilla.

“Que no nos traten de asustar diciendo que si no se cumple, se suspenderán las relaciones comerciales entre ambos países. Para que haya que pagar, debe haber una exigencia de EU, y yo no he visto ninguna nota diplomática donde les estén pidiendo el agua”, responde.

¿Debería reformarse el tratado?

Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar este conflicto.

Tratado de 1944

IBWC
AMLO definió el tratado de aguas como uno de los mejores en la relación de México y EU.

Pero Alencar cree que hay alternativas suficientes para evitar llegar a ese punto. Y el gobierno mexicano tampoco apoya la idea, al considerar que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que el país no debería perder.

Otra de las pocas cosas en las que coinciden ambas partes es cuando aseguran estar abiertas al diálogo para llegar a un acuerdo, aunque los campesinos critican que el gobierno federal no está atendiendo sus demandas.

“Estamos abiertos, pero no a un diálogo donde se busque poner el interés de unos grupos sobre otros, sino que tenga su centro en el interés nacional (…). El agua no es de Chihuahua ni de un grupo de personas, es de un río transfronterizo“, recuerda Velasco.

El vocero de los agricultores alerta por su parte de cuál es su mayor temor si, como prevén, el año que viene no tienen agua suficiente para el riego.

“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.

“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.


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