Qué son los superdelegados de AMLO en los estados y por qué los gobernadores los rechazan

Los integrantes del próximo gobierno federal defienden la nueva figura, pues dicen es una simplificación administrativa que elimina intermediarios en la entrega de programas sociales. Gobernadores y partidos de oposición señalan que viola el pacto federal y se crearon para ser operadores electorales de Morena.

López Obrador
La creación de esta figura han generado críticas de legisladores y de gobernadores de oposición. Cuartoscuro

El Congreso aprobó la creación de una nueva figura que fungirá como enlace entre las secretarías de Estado y los gobiernos estatales: los superdelegados.

Éstos tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades.

Aunque esta no es una figura totalmente nueva, su creación y atribuciones han generado críticas de legisladores y de gobernadores de oposición.

¿Qué beneficios traerán los superdelegados?

López Obrador y su equipo defienden a los superdelegados. La propuesta aprobada por el Congreso señala que con esta figura se busca una simplificación administrativa y conservar solo las delegaciones que sean necesarias, pues actualmente existen 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de diversas dependencias que sirven de enlace entre las dependencias federales y los gobiernos estatales.

Éstos órganos son auxiliares de las dependencias federales para la aplicación de sus planes y programas.

De acuerdo a la propuesta, aprobada por el Senado este jueves, las nuevas unidades llamadas “Delegaciones de Programas para el Desarrollo” serán las encargadas de coordinar las acciones entre las autoridades estatales y municipales y el Ejecutivo federal.

También deberán verificar las acciones estratégicas y supervisar que se cumpla la prestación de servicios y trámites de las dependencias federales en los estados.

Los superdelegados serán los encargados de promover los planes y programas que emprenda el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los superdelegados, que serán desplegados en todos los estados del país, deberán responder directamente al Coordinador General de Programas para el Desarrollo, que a su vez, estará directamente bajo el mando del Ejecutivo, a través de la Oficina de la Presidencial.

De acuerdo a la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los delegados federales en los estados formarán parte de la estructura de la futura Secretaría del Bienestar, además de que apoyarán para que los recursos de los programas sociales lleguen a los beneficiarios.

Dijo que lo que se pretende es “eliminar instancias intermedias para que la gente reciba directamente sus recursos”.

¿Operadores electorales de Morena?

Sin embargo, el PRI criticó que los superdelegados serán, en la práctica, operadores electorales, pues los nuevos superdelegados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de un enlace entre el gobierno federal y los estados, tendrán el control presupuestal de los programas sociales y la lista de beneficiarios de éstos.

“La idea de los superdelegados da la impresión de ser más bien una fábrica de precandidatos”, dijo el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong.

“No queremos un gobierno centralizado y un presidencialismo retrógrada”, señaló el senador panista Mauricio Kuri, durante la discusión en el Senado de la iniciativa.

Martha Dalia Gastelum Valenzuela, secretaria de Fortalecimiento a la Militancia del CEN del PRD, también lamentó la reforma impulsada por Morena y avalada la víspera en el Senado.

“Con la aprobación de los llamados súper delegados se eliminan en la ley a todos los delegados estatales de diversas dependencias y sólo se deja esta nueva figura para los llamados programas sociales”, expuso durante un foro realizado en la Ciudad de México.

“Es sin lugar un intento por vulnerar el pacto federal. Lamentamos que se hayan hecho oídos sordos a los planteamientos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, quien en voz de nuestro gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, manifestaron su postura en este tema”, argumentó.

Una docena de gobernadores del PAN y el mandatario electo de Jalisco, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano) también señalaron que las funciones de los superdelegados violan la soberanía de los estados.

En una carta dada a conocer este viernes, 12 mandatarios panistas señalaron que, con las nuevas funciones de coordinación e implementación de programas y acciones – entre ellas la seguridad -, quedan excluídos de los planes de seguridad que implementará el gobierno federal en sus estados.

Y tanto los gobernadores como los Fiscales estatales quedarás solo como “invitados” de los nuevos coordinadores estatales nombrados por el presidente.

“Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”, expusieron en la carta.

Este jueves, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, también rechazó la figura de los superdelegados, pues dijo violan el pacto federal y la soberanía de los estados.

Luego de la carta de los gobernadores panistas, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Félix Salgado Macedonio dijo que el Senado vigilará que los gobernadores del país acaten el mandato constitucional y se apeguen al nuevo marco legal en materia de seguridad pública.

“Ningún gobernador de ningún estado de la República podrá oponerse al mandato constitucional, todo esto está por ley”, subrayó el senador por Morena.

“Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, desde aquí se puede dictar la desaparición de poderes. Nunca en la historia política se ha dado la desaparición de poderes en un estado donde hay mucha violencia, mucha corrupción”, apuntó.

Los senadores dieron 180 días para realizar la transición entre la actual figura de enlace a la estructura administrativa de las delegaciones y para que las entidades presenten un análisis de costos y beneficios sobre la necesidad y viabilidad de mantener las oficinas de representación.

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