La obra del Tren Maya propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya tiene fecha de inicio pero aún no cumple con ninguno de los requisitos técnicos, legales, ambientales y de costo-beneficio social que todo proyecto de infraestructura requiere para ser aprobado, de acuerdo con el propio equipo de transición y especialistas.
Rogelio Jiménez Pons, propuesto como titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y coordinador del proyecto, informó este martes en entrevista con WRadio que lo único con que se cuenta hasta el momento es “el proyecto donde se tiene ya la vía (parte oeste)”, y que la documentación completa estará lista “hasta dentro de un año”.
“La parte que va de Escárcega hacia el oriente, Chetumal, y luego hacia el norte, Tulum, que ahí sí no hay nada (…) ése se convocaría a una licitación para el proyecto ejecutivo que llevaría prácticamente casi un año para realizarse (…) Se está integrando todo eso (…), con consultores muy buenos en el aspecto ambiental, para presentar toda la documentación una vez oficializado todo”.
Informó que a partir del próximo lunes irán “subiendo” lo que tienen de información a una plataforma digital, porque quieren demostrar “la viabilidad social, económica y política” del proyecto.
Los estudios y evaluaciones que requiere cumplir una obra de ese tamaño están especificados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y deben ser aprobados por una comisión intersecretarial antes de que la Secretaría de Hacienda dé luz verde al proyecto, explicaron en entrevista el director del Centro de Evaluación de Proyectos del ITAM, Efraín Gala, y la coordinadora del Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos.
Ambos especialistas coincidieron en que todos los requerimientos que se necesitan difícilmente podrán estar listos para el 17 de diciembre, fecha anunciada para iniciar la obra, e incluso para el 31 de diciembre, fecha límite para aprobar el Presupuesto de Egresos del próximo año. Esto también implica no contar con la información para someter éste y otros proyectos a consulta los días 24 y 25 de noviembre, como se ha anunciado.
Incluso el secretario de Medio Ambiente del actual gobierno, Rafael Pacchiano, confirmó que aún no ha ingresado ningún proyecto de infraestructura relacionado con el aspecto ambiental del propuesto Tren Maya.
Entrevistado al término de un evento en el Museo Universum, indicó que los plazos de ley para evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de una obra de infraestructura son 60 días, prorrogables hasta 120, dependiendo de si la información está completa o no. “Cualquier obra que sea sujeta por ley a la presentación de una manifestación de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo forestal, si no la tiene, tiene que entrar la autoridad competente, en este caso la Profepa, para sancionar”.
Indicó que la manifestación de impacto ambiental que requiere el Tren Maya debe ser regional, ya que involucra a cinco entidades de la República, lo cual implica más detalle en su elaboración. Si se presentara hoy el estudio de impacto ambiental, su aprobación no estaría a tiempo para iniciar la obra en la fecha prevista.
¿Qué tipo de estudios requiere una obra de infraestructura?
De acuerdo con Efraín Gala, toda obra de infraestructura necesita contar con un estudio técnico o de ingeniería, que detalle la parte técnica del proyecto; un estudio de mercado, que explique la demanda, en este caso cuántas personas usarían el tren y cuánta carga llevaría; un estudio legal y administrativo, que verifique que el proyecto no viole ninguna ley, que cumple con el derecho de vía y que se hayan pagado los derechos correspondientes a los afectados por la obra; un estudio de impacto ambiental, que detalle cómo se va a mitigar la afectación al ecosistema donde va a operar el proyecto, y un estudio financiero que explique de dónde va a salir el dinero para construir la obra.
Estos estudios determinan si el proyecto es rentable y si aporta un beneficio social al país, “y es imposible que desde que ganó la elección a cuando lo anunció haya tenido ya estos estudios y con ellos saber si el proyecto le conviene al país o no”, consideró el especialista. De acuerdo con lo anunciado, el proyecto del Tren Maya tendrá un presupuesto de 150 mil millones de pesos y una longitud de 1,500 kilómetros que atravesarán los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Mariana Campos indicó por su parte que hasta el momento el Tren Maya es apenas un concepto, pues un proyecto ejecutivo implica contar con toda la evaluación de factibilidad que permita saber si el proyecto es viable, desde la ingeniería a detalle de lo que se va a construir, el control y mitigación de los riesgos ambientales en el transcurso de construcción de la obra, la certidumbre de la tenencia de la tierra por parte del gobierno, el derecho de vía que determina el tamaño, largo y ancho del terreno que se tiene que reservar para toda la obra, hasta los estudios de sociorentabilidad.
“Esto es así porque se requiere que la obra sea legal, que cumpla con lo ambiental y que sirva a la sociedad. Es una manera de calcular que el costo va a redituar en un beneficio económico y además será rentable socialmente, es decir, que los beneficios sociales valdrán la pena como para endeudar cuánto al país y por cuántas generaciones”.
Especificó que las evaluaciones de factibilidad a partir de los estudios que pide la normatividad lo que buscan es evitar que casos como el del Paso Exprés de Cuernavaca se repitan, con obras que superen el presupuesto aprobado, se hagan mal y tengan consecuencias sociales negativas como pasó en este caso con la muerte de dos personas.
“No es lo mismo una idea a un proyecto, porque lo segundo implica tener a los especialistas con los análisis listos respecto a qué costo la obra es viable. Por eso los proyectos cuando se construyen requieren todos estos estudios, porque tenemos que estar muy seguros de que valen la pena”.
“Como lo están haciendo se está exponiendo a muchos riesgos inesperados, que te van agarrando en el camino y que hacen que los proyectos se atrasen. Si tienes una planeación sólida y oportuna, se pueden controlar los imprevistos. No hay política de austeridad que funcione con proyectos sin planeación”, advirtió.
Gala llamó al equipo del presidente electo a someter el proyecto ejecutivo del Tren Maya y cualquier otra propuesta de obra a una instancia adicional, que podría ser una auditoría ciudadana donde académicos, ingenieros y especialistas revisen los estudios antes de que los proyectos estén registrado en la cartera de inversión de Hacienda y cuenten con recursos presupuestales.
“El Tren Maya sí puede tener un beneficio económico y social”, especificó Campos, “pero la pregunta siempre va a ser si a ese costo el beneficio valió la pena. Puede ser una idea atractiva, pero todavía no tenemos esa información”.
En ese sentido consideró que las consultas en obras de infraestructura tienen un costo de oportunidad, siempre y cuando se usen para entender las necesidades de la población y el impacto del proyecto en la gente. “No se trata de preguntar si lo quieren o no, sin información, sino más bien si lo van a utilizar, si les beneficia o les afecta. Esto es una buena práctica porque permite entender cómo se están repartiendo los costos y beneficios de la obra, hacer un primer catálogo de los impactos, y controlar riesgos y conflictos sociales”.
