La verdad histórica de Ayotzinapa es falsa, concluye la CIDH; pide un cambio de narrativa en el caso
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La verdad histórica de Ayotzinapa es falsa, concluye la CIDH; pide un cambio de narrativa en el caso

Por todas las irregularidades detectadas, la Comisión Interamericana solicitó al gobierno mexicano que "descarte la versión oficial de lo sucedido". Sin embargo, informó el organismo, ante este cuestionamiento las autoridades mexicanas no han querido formular "una respuesta concreta".
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30 de noviembre, 2018
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En agosto pasado, como parte de la promoción de su último informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que, en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) había asumido una investigación que en realidad tocaba atender al “orden local del estado de Guerrero”, y calificó la labor de la PGR como “profunda y amplia”.

La investigación federal realizada, subrayó Peña Nieto, aportó “evidencias claras y contundentes de que, muy lamentablemente, los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero”.

Tres meses después, no obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que esta versión de los hechos, conocida desde 2015 como “verdad histórica”, es falsa, por lo que solicitó al gobierno mexicano “que se descarte la versión oficial de lo sucedido, relativo a la quema de los estudiantes”.

Según la versión oficial, luego de ser detenidos en Iguala por policías de diversas corporaciones, los 43 normalistas fueron entregados a un grupo delictivo, que los asesinó e incineró sus cuerpos en el basurero del vecino municipio de Cocula.

Sin embargo, luego de analizar los 618 tomos de la investigación que la PGR ha realizado en torno al ataque contra los normalistas, ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó –en el informe final de su Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa–, que las evidencias recabadas por la misma autoridad ponen en entredicho su propia versión oficial.

Las autoridades aseguran que las pesquisas en el basurero de Cocula iniciaron el 26 de octubre de 2014 (es decir, un mes después de la desaparición de los normalistas), a raíz de una llamada anónima. No obstante, existen diversas evidencias de que eso es mentira.

La CIDH, por ejemplo, destacó en su informe que en el expediente de la PGR se incluye “la declaración de un policía estatal, que manifestó que él llevó alimento a los compañeros que custodiaban el basurero de Cocula, el día 5 de octubre de 2014”.

Esta declaración demuestra que las autoridades estaban en control del área desde al menos 21 días antes de que, supuestamente, fueran advertidas de que ahí se incineró a los estudiantes.

A partir del supuesto hallazgo de indicios de incineración de cuerpos humanos en el basurero de Cocula, dos días después, el 28 de octubre de 2014, la PGR afirma haber localizado en un río cercano un grupo de bolsas plásticas que contenían cenizas, así como el único fragmento óseo que, hasta la fecha, ha podido ser vinculado con uno de los normalistas desaparecidos.

Ese fragmento de hueso es la única evidencia física con la que cuenta la PGR para sostener que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el Basurero de Cocula.

Caso Ayotzinapa: la CIDH detecta más indicios de federales y militares en ataque a normalistas⁩

Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayó que desde 2016 quedó demostrado que un día antes del supuesto hallazgo en el río, la PGR preparó la zona y realizó ahí actividades que intencionalmente no fueron incluidas en sus registros oficiales.

La CIDH subrayó que desde 2016 también está demostrado que, antes del supuesto hallazgo en el río cercano al basurero de Cocula, la PGR trasladó a ese lugar a un detenido, “que fue interrogado en ausencia de su defensor”, y que existen evidencias de que “dicho detenido fue torturado bajo custodia”.

Un día después de haber sido llevado a ese río, y torturado, ese detenido declaró haber arrojado en ese punto las bolsas con la ceniza de los 43 normalistas incinerados en Cocula.

En esa declaración se sustenta la versión oficial defendida por el presidente Peña Nieto.

Luego de que estos hechos fueron denunciados en 2016 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a México por la CIDH para dar asistencia técnica en la investigación realizada por el gobierno mexicano, la Visitaduría General de la PGR inició una indagatoria sobre estas irregularidades.

A partir de esa indagatoria, el entonces titular de la Visitaduría General de la PGR preparó un proyecto de resolución que, advirtió la CIDH, “no fue oficializado porque el visitador dejó su cargo”.

El proyecto de resolución, destaca la CIDH, identificó “al menos 11 violaciones a los derechos humanos y probables responsabilidades administrativas (…) las principales conclusiones incluyeron la retención ilegal de siete personas, responsabilidad de la Subprocuraduría Especial de Investigación en Delincuencia Organizada por la sustracción ilegal y vulneración al derecho de defensa de un detenido, al ser trasladado sin contar con la presencia y asistencia de su abogado; la responsabilidad del entonces Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR por realizar actos de investigación sin estar bajo la conducción del Ministerio Público; el quebranto de la cadena de custodia y la no formalización de las actuaciones en contra del derecho a la verdad”.

Sin embargo, lamentó la CIDH, la Visitaduría, bajo una nueva titular, emitió un nuevo proyecto de conclusión, que esta vez sí fue aprobado, “sustancialmente diferente: la resolución sólo reconoce siete irregularidades, todas faltas leves”.

A las evidencias de que los terrenos del basurero de Cocula y del río fueron clandestinamente manipulados por las autoridades, antes de que supuestamente fueran descubiertos, se suman los estudios encomendados por la Comisión Interamericana a científicos y laboratorios independientes, y acreditados internacionalmente, según los cuales es imposible que en ese tiradero se pudiera alcanzar la combustión necesaria para convertir en cenizas 43 cuerpos humanos, en el tiempo en que afirman las autoridades mexicanas.  

Debido a todas estas irregularidades, la CIDH solicitó al gobierno mexicano que “descarte la versión oficial de lo sucedido” y que aplique un “cambio de narrativa”. Sin embargo, informó el organismo multilateral, ante este cuestionamiento las autoridades mexicanas no han querido formular “una respuesta concreta”.

CIDH concluye que investigación sobre Ayotzinapa está incompleta y fragmentada

Evidencias ignoradas

Entre los 618 tomos de la investigación realizada por la PGR, el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, de la CIDH, no sólo advirtió evidencias de que la versión oficial se sustenta en información falsa, sino también evidencias que permiten seguir otras líneas de búsqueda de los normalistas, que hasta la fecha han sido relegadas.

Según la versión oficial, la participación de los cuerpos de policía involucrados en el ataque a los normalistas se limitó a detenerlos y entregarlos vivos a un grupo delincuencial, que los asesinó el 27 de septiembre.

Sin embargo, algunos de los teléfonos que los normalistas portaban al momento del ataque continuaron en operación luego del supuesto asesinato, aparatos que posteriormente fueron descubiertos en poder de policías.

Uno de esos teléfonos de los normalistas desaparecidos, por ejemplo, fue descubierto en poder de la pareja sentimental del agente que fungía como chofer del jefe de la policía municipal de Iguala, Felipe Flores.

Además, otro de los teléfonos de los normalistas fue descubierto en poder de un policía estatal, corporación que (según la versión oficial) no tuvo ninguna participación en los ataques a los estudiantes, ya que todo su personal estaba acuartelado el día de los hechos.

Aunque estas evidencias obran en la indagatoria, de la PGR, las líneas de investigación que permiten trazar no presentaron avances en los últimos dos años, advirtió la CIDH, “a pesar del aumento de 90 personas en el equipo de investigación en materia de telefonía y de investigación de campo”.

Pesquisa contra sí misma

Otras de las evidencias que la PGR se ha negado a atender, tal como destacó el informe final del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, son aquellas que dan cuenta de los actos de tortura a los que, presuntamente, distintos detenidos fueron sometidos, para obtener declaraciones autoincriminatorias.

En su respuesta al informe final del Mecanismo (incluida en el mismo informe), el gobierno mexicano advierte que algunos de los delitos cometidos en el marco de la investigación del caso Ayotzinapa no deben ser investigados por la PGR, sino en el ámbito local.

“Tal es el caso –señala la respuesta del gobierno mexicano– de asuntos relativos a posibles hechos de tortura o aspectos relativos a posibles responsabilidades de servidores públicos”.

La CIDH subrayó que existen 128 denuncias de tortura, en el marco de las investigaciones por el caso Ayotzinapa. De 17 detenciones analizadas por su grupo de asistencia técnica, en 12 casos “se concluyó que había serios indicios de tortura”, a pesar de lo cual “la PGR concluyó en sentido contrario”.

Asimismo, la CIDH destacó que en el estudio de 51 casos realizado por la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en 34 detenciones se encontraron “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura”.

En contraste, el gobierno mexicano solo reconoce tres casos de tortura en el marco de sus investigaciones (por los que no ha ejercido acción penal contra ninguna persona responsable), y en el resto ha negado los hechos, o no los ha investigado.

Uno de esos casos es el de una persona detenida en Morelos que, según la ONU, “habría fallecido a raíz de las torturas inflingidas por elementos de la Secretaría de Marina, que habrían participado en su detención”.

Tal como informó la PGR, no ha realizado ninguna indagatoria respecto de este presunto homicidio producto de actos de tortura, aún cuando es atribuido a elementos de una corporación federal.

A quien sí se empeñó en investigar la PGR, incluso a través de actos ilegales, fue a los integrantes del equipo de asistencia técnica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a México, a quienes espió a través del programa Pegasus.

“El Estado (mexicano) ha manifestado que existe una indagatoria en trámite e integración respecto al programa Pegasus, la cual involucra a miembros del Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios”, sin embargo, advirtió la CIDH, esa investigación no abarca los actos de espionaje en contra de los integrantes de su grupo de expertos, con el argumento de que “ellos no presentaron denuncia” directamente.

Este acto fue reprobado por la CIDH, al considerar que “podría iniciarse una investigación ex officio por parte de la PGR” solo por el hecho de que fueron denunciados públicamente.

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Bitcoin: qué es el "cruce de la muerte" y por qué asusta a los que invierten en la criptomoneda

La divisa digital cayó por debajo de los US$30.000, un descenso del 55% desde su máximo de abril. Los inversores están preocupados porque el "cruce de la muerte" sea un anticipo de posibles pérdidas mayores.
23 de junio, 2021
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El precio del llamado “oro digital” cayó este martes por debajo de los US$30.000, borrando todas las ganancias que había acumulado durante el año.

Este nuevo descenso -que lo llevó a descender momentáneamente alrededor de los US$29.000- significa una estrepitosa caída de más del 50% desde que su precio llegó al máximo histórico de US$64.800 en abril.

¿Por qué es importante? Básicamente porque la caída provocó un fenómeno conocido como el “cruce de la muerte”, que arrastró un desplome de todo el mercado de las criptodivisas.

Este cruce una señal que utilizan los inversores al hacer un análisis técnico que les permite predecir el posible comportamiento de la divisa digital. El nombre es siniestro porque indicaría pérdidas mucho mayores en el futuro.

En palabras simples, el cruce de la muerte se forma cuando el precio promedio de los últimos 50 días cae por debajo del precio promedio de los últimos 200 días. (En términos técnicos se habla de “la media móvil” de las últimas 50 y 200 jornadas).

Cuando se produce esa combinación, el cielo se nubla y el pesimismo se apodera de quienes analizan la tendencia de la criptomoneda.

“Es muy malo que haya un cruce de la muerte porque al final lo que tienes es una confirmación de que la tendencia a largo plazo va a la baja”, le dice a BBC Mundo Hugo Osorio, subgerente de Estrategias de Inversión de la empresa de servicios financieros Falcom Asset Manager.

“El cruce es un patrón de comportamiento que todo el mundo que hace análisis técnico ve. Y como todo el mundo lo ve, adquiere peso”, agrega.

Es como una especie de profecía autocumplida que hace que las personas prefieran deshacerse de una parte de sus bitcoins e invertir en otro activo menos riesgoso.

Foto de una pantalla de un terminal de Bloomberg

BBC
Este gráfico muestra el “cruce la muerte”. La línea de color rosa es el precio promedio del bitcoin en los últimos 50 días, mientras que la línea amarilla es el precio promedio de los últimos 200 días.

Es importante tener en cuenta que los análisis técnicos no solo incluyen una variable, por lo que cuando se trata de anticiparse al camino que seguirá el precio de la divisa, los expertos utilizan la cruz como un elemento más dentro de su caja de herramientas.

Por ejemplo, en marzo de 2020, cuando la pandemia remeció los mercados, también se formó este cruce, justo antes de que el precio subiera más de 1.000% en un año, contradiciendo las predicciones.

Sin embargo, el contexto era otro. En aquel momento la bolsa estaba por el suelo y cuando logró recuperarse, el bitcoin también lo hizo. Eso hace que el cruce no sea infalible, como tampoco lo son los cálculos matemáticos que intentan anticipar lo que viene.

Pese a la fuerte caída de la divisa, esta se recuperó levemente hasta ubicarse alrededor de los US$32.000 (en la tarde de este martes en Estados Unidos, horario EST).

El factor China

El desplome de la divisa se produjo luego que el Banco Popular de China publicara una declaración en la que prohíbe expresamente a los bancos y a las plataformas de pago del país realizar transacciones y participar en actividades empresariales relacionadas con el comercio de criptomonedas.

El argumento del banco, cuyas decisiones siguen estrictamente las directrices del gobierno de Xi Jinping, es que la medida está destinada a “combatir la especulación del bitcoin y otras monedas digitales”, así como “garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantener la seguridad y estabilidad financiera”.

gdfgd

Getty Images

China sigue endureciendo sus políticas contra el uso de las criptomonedas. En mayo el país prohibió a sus entidades financieras prestar servicios en criptomonedas, provocando otra caída del bitcoin.

Y la semana pasada el gigante asiático ordenó el cierre de varios centros de “minería” de criptomonedas, que es como se les llama a los lugares donde se generan estas monedas.

El “minado” en China alimenta casi el 80% del comercio mundial de criptodivisas a pesar de la prohibición desde 2017 de comerciar con ellas en el país y del cierre de esta actividad en varias provincias.

Por eso las restricciones que el gobierno ha impuesto este año generan preocupación en el mundo financiero.

“Lo que ha hecho China es tratar de golpear fuerte a las criptomonedas y buscar por todos los medios posibles de que no se acepte como medio de pago”, apunta Osorio.

“China está en una cruzada muy fuerte contra el bitcoin”, agrega el analista. “Habrá que ver si esto le da resultados o no”.


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