La verdad histórica de Ayotzinapa es falsa, concluye la CIDH; pide un cambio de narrativa en el caso

Por todas las irregularidades detectadas, la Comisión Interamericana solicitó al gobierno mexicano que "descarte la versión oficial de lo sucedido". Sin embargo, informó el organismo, ante este cuestionamiento las autoridades mexicanas no han querido formular "una respuesta concreta".

CIDH da por falsa la verdad histórica del gobierno mexicano.
CIDH da por falsa la verdad histórica del gobierno mexicano. Cuartoscuro

En agosto pasado, como parte de la promoción de su último informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que, en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) había asumido una investigación que en realidad tocaba atender al “orden local del estado de Guerrero”, y calificó la labor de la PGR como “profunda y amplia”.

La investigación federal realizada, subrayó Peña Nieto, aportó “evidencias claras y contundentes de que, muy lamentablemente, los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero”.

Tres meses después, no obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que esta versión de los hechos, conocida desde 2015 como “verdad histórica”, es falsa, por lo que solicitó al gobierno mexicano “que se descarte la versión oficial de lo sucedido, relativo a la quema de los estudiantes”.

Según la versión oficial, luego de ser detenidos en Iguala por policías de diversas corporaciones, los 43 normalistas fueron entregados a un grupo delictivo, que los asesinó e incineró sus cuerpos en el basurero del vecino municipio de Cocula.

Sin embargo, luego de analizar los 618 tomos de la investigación que la PGR ha realizado en torno al ataque contra los normalistas, ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó –en el informe final de su Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa–, que las evidencias recabadas por la misma autoridad ponen en entredicho su propia versión oficial.

Las autoridades aseguran que las pesquisas en el basurero de Cocula iniciaron el 26 de octubre de 2014 (es decir, un mes después de la desaparición de los normalistas), a raíz de una llamada anónima. No obstante, existen diversas evidencias de que eso es mentira.

La CIDH, por ejemplo, destacó en su informe que en el expediente de la PGR se incluye “la declaración de un policía estatal, que manifestó que él llevó alimento a los compañeros que custodiaban el basurero de Cocula, el día 5 de octubre de 2014”.

Esta declaración demuestra que las autoridades estaban en control del área desde al menos 21 días antes de que, supuestamente, fueran advertidas de que ahí se incineró a los estudiantes.

A partir del supuesto hallazgo de indicios de incineración de cuerpos humanos en el basurero de Cocula, dos días después, el 28 de octubre de 2014, la PGR afirma haber localizado en un río cercano un grupo de bolsas plásticas que contenían cenizas, así como el único fragmento óseo que, hasta la fecha, ha podido ser vinculado con uno de los normalistas desaparecidos.

Ese fragmento de hueso es la única evidencia física con la que cuenta la PGR para sostener que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el Basurero de Cocula.

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Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayó que desde 2016 quedó demostrado que un día antes del supuesto hallazgo en el río, la PGR preparó la zona y realizó ahí actividades que intencionalmente no fueron incluidas en sus registros oficiales.

La CIDH subrayó que desde 2016 también está demostrado que, antes del supuesto hallazgo en el río cercano al basurero de Cocula, la PGR trasladó a ese lugar a un detenido, “que fue interrogado en ausencia de su defensor”, y que existen evidencias de que “dicho detenido fue torturado bajo custodia”.

Un día después de haber sido llevado a ese río, y torturado, ese detenido declaró haber arrojado en ese punto las bolsas con la ceniza de los 43 normalistas incinerados en Cocula.

En esa declaración se sustenta la versión oficial defendida por el presidente Peña Nieto.

Luego de que estos hechos fueron denunciados en 2016 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a México por la CIDH para dar asistencia técnica en la investigación realizada por el gobierno mexicano, la Visitaduría General de la PGR inició una indagatoria sobre estas irregularidades.

A partir de esa indagatoria, el entonces titular de la Visitaduría General de la PGR preparó un proyecto de resolución que, advirtió la CIDH, “no fue oficializado porque el visitador dejó su cargo”.

El proyecto de resolución, destaca la CIDH, identificó “al menos 11 violaciones a los derechos humanos y probables responsabilidades administrativas (…) las principales conclusiones incluyeron la retención ilegal de siete personas, responsabilidad de la Subprocuraduría Especial de Investigación en Delincuencia Organizada por la sustracción ilegal y vulneración al derecho de defensa de un detenido, al ser trasladado sin contar con la presencia y asistencia de su abogado; la responsabilidad del entonces Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR por realizar actos de investigación sin estar bajo la conducción del Ministerio Público; el quebranto de la cadena de custodia y la no formalización de las actuaciones en contra del derecho a la verdad”.

Sin embargo, lamentó la CIDH, la Visitaduría, bajo una nueva titular, emitió un nuevo proyecto de conclusión, que esta vez sí fue aprobado, “sustancialmente diferente: la resolución sólo reconoce siete irregularidades, todas faltas leves”.

A las evidencias de que los terrenos del basurero de Cocula y del río fueron clandestinamente manipulados por las autoridades, antes de que supuestamente fueran descubiertos, se suman los estudios encomendados por la Comisión Interamericana a científicos y laboratorios independientes, y acreditados internacionalmente, según los cuales es imposible que en ese tiradero se pudiera alcanzar la combustión necesaria para convertir en cenizas 43 cuerpos humanos, en el tiempo en que afirman las autoridades mexicanas.  

Debido a todas estas irregularidades, la CIDH solicitó al gobierno mexicano que “descarte la versión oficial de lo sucedido” y que aplique un “cambio de narrativa”. Sin embargo, informó el organismo multilateral, ante este cuestionamiento las autoridades mexicanas no han querido formular “una respuesta concreta”.

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Evidencias ignoradas

Entre los 618 tomos de la investigación realizada por la PGR, el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, de la CIDH, no sólo advirtió evidencias de que la versión oficial se sustenta en información falsa, sino también evidencias que permiten seguir otras líneas de búsqueda de los normalistas, que hasta la fecha han sido relegadas.

Según la versión oficial, la participación de los cuerpos de policía involucrados en el ataque a los normalistas se limitó a detenerlos y entregarlos vivos a un grupo delincuencial, que los asesinó el 27 de septiembre.

Sin embargo, algunos de los teléfonos que los normalistas portaban al momento del ataque continuaron en operación luego del supuesto asesinato, aparatos que posteriormente fueron descubiertos en poder de policías.

Uno de esos teléfonos de los normalistas desaparecidos, por ejemplo, fue descubierto en poder de la pareja sentimental del agente que fungía como chofer del jefe de la policía municipal de Iguala, Felipe Flores.

Además, otro de los teléfonos de los normalistas fue descubierto en poder de un policía estatal, corporación que (según la versión oficial) no tuvo ninguna participación en los ataques a los estudiantes, ya que todo su personal estaba acuartelado el día de los hechos.

Aunque estas evidencias obran en la indagatoria, de la PGR, las líneas de investigación que permiten trazar no presentaron avances en los últimos dos años, advirtió la CIDH, “a pesar del aumento de 90 personas en el equipo de investigación en materia de telefonía y de investigación de campo”.

Pesquisa contra sí misma

Otras de las evidencias que la PGR se ha negado a atender, tal como destacó el informe final del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, son aquellas que dan cuenta de los actos de tortura a los que, presuntamente, distintos detenidos fueron sometidos, para obtener declaraciones autoincriminatorias.

En su respuesta al informe final del Mecanismo (incluida en el mismo informe), el gobierno mexicano advierte que algunos de los delitos cometidos en el marco de la investigación del caso Ayotzinapa no deben ser investigados por la PGR, sino en el ámbito local.

“Tal es el caso –señala la respuesta del gobierno mexicano– de asuntos relativos a posibles hechos de tortura o aspectos relativos a posibles responsabilidades de servidores públicos”.

La CIDH subrayó que existen 128 denuncias de tortura, en el marco de las investigaciones por el caso Ayotzinapa. De 17 detenciones analizadas por su grupo de asistencia técnica, en 12 casos “se concluyó que había serios indicios de tortura”, a pesar de lo cual “la PGR concluyó en sentido contrario”.

Asimismo, la CIDH destacó que en el estudio de 51 casos realizado por la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en 34 detenciones se encontraron “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura”.

En contraste, el gobierno mexicano solo reconoce tres casos de tortura en el marco de sus investigaciones (por los que no ha ejercido acción penal contra ninguna persona responsable), y en el resto ha negado los hechos, o no los ha investigado.

Uno de esos casos es el de una persona detenida en Morelos que, según la ONU, “habría fallecido a raíz de las torturas inflingidas por elementos de la Secretaría de Marina, que habrían participado en su detención”.

Tal como informó la PGR, no ha realizado ninguna indagatoria respecto de este presunto homicidio producto de actos de tortura, aún cuando es atribuido a elementos de una corporación federal.

A quien sí se empeñó en investigar la PGR, incluso a través de actos ilegales, fue a los integrantes del equipo de asistencia técnica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a México, a quienes espió a través del programa Pegasus.

“El Estado (mexicano) ha manifestado que existe una indagatoria en trámite e integración respecto al programa Pegasus, la cual involucra a miembros del Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios”, sin embargo, advirtió la CIDH, esa investigación no abarca los actos de espionaje en contra de los integrantes de su grupo de expertos, con el argumento de que “ellos no presentaron denuncia” directamente.

Este acto fue reprobado por la CIDH, al considerar que “podría iniciarse una investigación ex officio por parte de la PGR” solo por el hecho de que fueron denunciados públicamente.

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