Juzgado concede amparo a Lozoya y ordena a Fepade definir si delito imputado a exdirector de Pemex prescribió

El Juzgado de Distrito dio a la Fepade un plazo de 30 días para que determine si existen o no diligencias por practicar en el caso de Lozoya, y su presunta responsabilidad en el financiamiento de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto en 2012.

Lozoya
Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex. Cuartoscuro Archivo

El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió un amparo al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y ordenó a la Fiscalía especializada en delitos electorales (Fepade) que defina si el delito que se le imputa, por presunto financiamiento de la empresa Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, ya prescribió, y que también se le comunique si aún hay diligencias por practicar. 

En su resolución, el Juzgado estableció que la Fepade incurrió en violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica, por lo que le pidió que emita un nuevo acuerdo en el que “subsane vicios formales”, se defina cuáles son los cargos en su contra y se detalle el tema de la prescripción.

“Al resolver el amparo 702/2018, la juzgadora federal instruyó que en un plazo de 30 días hábiles, la FEPADE determine si existen o no diligencias por practicar y, en caso positivo, las desahogue de inmediato”, indicó una nota informativa del Consejo de la Judicatura.

En un comunicado, la Fiscalía Especializada informó que acatará la resolución emitida por el Juzgado Octavo de Distrito.

“La FEPADE es respetuosa de los ordenamientos judiciales, se agilizarán las diligencias ordenadas para el desarrollo de la investigación. Asimismo, reitera el compromiso con la transparencia, la actuación en el marco de la legalidad y el respeto al debido proceso”, indicó.

La Fepade, estableció el juzgado sobre su resolución, “no expresó las razones, circunstancias particulares o argumentos del porqué consideraba que no operaba la figura de la prescripción”, y no estableció los delitos imputados.

“La juzgadora federal calificó fundados los conceptos de violación reclamados por el quejoso, consistentes en que al no haberse determinado la carpeta de investigación en un plazo razonable, le generó inseguridad e incertidumbre jurídica, colocándolo en un estado de indefensión al no tener conocimiento de su situación jurídica”, detalló el Consejo de la Judicatura en su comunicado.

La autoridad responsable, insistió el juzgado, “ha agotado todas las diligencias conducentes para la investigación y ha pasado un tiempo razonable, encontrándose en aptitud de determinar la carpeta de investigación como en derecho proceda”.

Lo anterior, señaló, “a fin de que se deje de generar inseguridad jurídica, dado que el quejoso tiene conocimiento de los hechos denunciados en su contra desde el año 2017, lo que lo coloca en incertidumbre”.

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