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Cuartoscuro
Luz verde para la elección del primer Fiscal General del país: aquí los pasos del proceso
El Senado será el responsable de elaborar una lista inicial de 10 candidatos. Quien resulte electo deberá preparar un plan de transición y de posibles modificaciones y reformas que fueron pospuestas.
Cuartoscuro
12 de diciembre, 2018
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Con la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, quedó libre el terreno para que el Poder Legislativo y el Ejecutivo lleven a cabo el procedimiento de análisis y selección de la persona que encabezará la nueva institución. No obstante, la norma aprobada dejó fuera modificaciones y propuestas que la sociedad civil buscaba para dotarla de mayor autonomía.

Quien resulte electo como primer Fiscal General del país no solo tendrá a su cargo dirigir la institución sino diseñar, en un periodo de un año, un “Plan Estratégico de Transición” a partir de un diagnóstico de los recursos humanos, materiales y financieros que hoy tiene la Procuraduría General de la República – que desaparece – así como de los casos que deja pendientes.

Pero además el fiscal deberá preparar una convocatoria pública para estudiar todas las reformas constitucionales y modificaciones legales que la sociedad civil y los especialistas propusieron y que, por ahora, quedaron fuera de la norma aprobada por los senadores y los diputados.

A continuación Animal Político te presenta cual es el procedimiento que se seguirá para la elección del fiscal de acuerdo con la Constitución (que a su vez contempla la posibilidad de que hay un fiscal interino), y cuáles son los puntos pendientes que el colectivo ciudadano #FiscalíaQueSirva impulsará para que sean parte de una eventual reforma.

Lo que sigue: elegir al fiscal

Los diputados aprobaron sin ningún cambio el dictamen que les había enviado el Senado para expedir la Ley de la Fiscalía General de la República. Se prevé que esta misma semana se envíe al Poder Ejecutivo para que, a su vez, lo publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.

Ello permitirá al Congreso hacer una declaración protocolaria con la cual queda extinta la actual PGR y nace la nueva fiscalía de carácter autónomo.

Cumplido lo anterior arrancará formalmente el procedimiento para la elección del titular de la Fiscalía General el cual consta de tres pasos.

Primero: El Senado contara con un plazo de veinte días para elaborar una lista de diez candidatos al cargo de fiscal la cual deberá ser aprobada con, por lo menos, el voto de dos terceras partes de los senadores. Dicha lista la enviará al Presidente.

(Si este lapso llegara a transcurrir sin que el Senado elabore la relación de diez candidatos, la Presidencia podría elaborar una terna para enviarla a los senadores y designar, mientras tanto, un fiscal provisional).

Segundo: Una vez que la Presidencia cuente formalmente con la lista de diez candidatos, el Senado tendrá diez días hábiles para elegir a tres de ellos y los enviará para su consideración a la Cámara Alta.

(Si se diera el caso extraordinario de que el Ejecutivo no enviara la terna en el referido plazo, los senadores podrán elegir al fiscal a partir de la lista de diez candidatos)

Tercero: Una vez recibida la terna de Presidencia, el Senado citará a los candidatos a comparecer y presentar su postulación para el cargo, y elegirá entre ellos al Fiscal General. Todo ello en un plazo de diez días como máximo.

(En el caso extraordinario de que el Senado no eligiera al fiscal en el plazo que marca la Constitución, la Presidencia elegirá al fiscal entre los candidatos de la terna final).

Cabe señalar que actualmente la PGR se encuentra a cargo del subprocurador Alejandro Gertz Manero quien no puede convertirse en automático en nuevo Fiscal General.

No obstante, en un comunicado emitido ayer, el colectivo #FiscalíaQueSirva expresó su preocupación respecto a que Gertz sea nombrado como coordinador general de la nueva fiscalía, segundo cargo de mayor peso en la estructura de la institución y el cual no requiere un procedimiento de selección público.

Lo que quedó pendiente: reforma constitucional y cambios a la ley para mayor autonomía

Ni la Cámara de Senadores ni la de los Diputados aceptaron incluir – por ahora – una serie de cambios y propuestas que el colectivo #FiscalíaQueSirva había propuesto para dotar de mayor autonomía a la Fiscalía General.

En el artículo trece transitorio de la Ley Orgánica aprobada quedó establecido que dentro de un año se convocara a un proceso para analizar y en su caso ejecutar estos cambios. No obstante, los especialistas de la sociedad civil indicaron que buscaran que los cambios puedan materializarse desde la primera mitad de 2019.

La petición primaria impulsada por el colectivo, y que quedó pendiente, es una reforma constitucional al artículo 89 y 102 de la Constitución que regula el procedimiento de selección el fiscal general. La propuesta de la sociedad civil es que se excluya la participación del presidente en el nombramiento y remoción del fiscal y que, en cambio, se cree un comité ciudadano de designaciones que trabaje con el Senado los nombramientos.

Otra modificación propuesta por el colectivo y que fu pospuesta es la modificación de diversos artículos transitorios de la Ley Orgánica aprobada que plantean que, en automático, los recursos humanos de la PGR formarán parte de la nueva fiscalía.

De acuerdo con los expertos esto pone en riesgo una transición real de la PGR a una fiscalía autónoma y podría favorecer solo un cambio de nombre o la simulación. La propuesta que hacen, en cambio, es que el personal de PGR quede sometido a un proceso de selección y evaluación conforme al Plan Estratégico de Transición que diseñe el Fiscal General.

Además las organizaciones de la sociedad civil también proponen cambios para acotar las funciones del denominado Coordinador General, servidor público de mayor jerarquía en la nueva institución, solo después del Fiscal General. Entre ellas se busca que su nombramiento pueda ser revisado y, en su caso, revocado por el Senado.

Lo que argumentan los expertos para este cambio es que la figura del coordinador quedó demasiado empoderada en la nueva ley, pues se le atribuyen facultades como elaborar las normas y políticas de las unidades de investigación, verificar el servicio profesional de carrera, resolver conflictos de competencias, suplir de forma permanente al fiscal, entre otros.

La propuesta es que se acoten las funciones señaladas anteriormente y que se modifique el proceso de designación del mismo. Ello para evitar que, a la postre, la Fiscalía General que debería ser autónoma tenga de facto un “segundo fiscal” en la figura del coordinador, pero selecciondo sin contrapesos.

El colectivo #FiscalíaQueSirva también subrayó que es importante que se hagan modificaciones a la ley para que el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses que nace con la Fiscalía sea reconocido como una parte de la misma pero que no cuente (como quedó plasmado en la Ley aprobada) con un consejo integrado por los fiscales, ya que ello podría limitar su autonomía técnica.

Por el contrario, se propone que se añada un nuevo artículo que detalle las funciones del Instituto de Servicios Periciales. Entre esas funciones estaría, por ejemplo, crear una Base Nacional de Información Genética que agrupe la información de ADN de familiares de personas desaparecidas.

Entre otros cambios propuestos que quedaron pendientes está la inclusión de una lista de hechos graves por los cuales puede ser removido el Fiscal General, y especificar el nombramiento de funcionarios acorde con el Servicio Profesional de Carrera.

La nueva Fiscalía General

En septiembre pasado Animal Político dio a conocer el borrador del dictamen en el cual se especificaban las nuevas funciones de la Fiscalía General. Posteriormente se hicieron algunas modificaciones en el Senado, pero la estructura general propuesta se mantuvo.

La nueva Fiscalía General, al igual que la PGR, será la responsable de investigar los delitos del orden federal. Pero la diferencia central es que será un órgano autónomo pues ya no se tratará de una dependencia federal más, ni su titular estará bajo la jefatura jerárquica del Presidente de la República.

Como ya se explicó el Fiscal General será nombrado y removido en un procedimiento que involucra tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo. Habrá además cuatro fiscalías especiales: delitos electorales, anticorrupción, derechos humanos y asuntos internos, cuyos titulares serán nombrados por el fiscal general, en un procedimiento que podrá ser revisado y objetado por el Senado.

Una de las partes más innovadores de la nueva institución es que su actuación será regida por el denominado “plan de persecución penal”, que es la estrategia que deberá definir el Fiscal general para orientar los recursos humanos y materiales de la institución de acuerdo con la incidencia delictiva que se busque atacar. Este plan deberá contar con indicadores y metas claras para evaluar si la estrategia se cumple o no.

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Masacre en Christchurch: 5 razones por las que EU no puede prohibir armas tan rápido como Nueva Zelanda
Después de un tiroteo en dos mezquitas de Nueva Zelanda, este país anunció la prohibición de los rifles de asalto. La medida contrasta con la reacción de los políticos en EE.UU. ante los tiroteos masivos.
24 de marzo, 2019
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Seis días después del ataque a dos mezquitas de Christchurch, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció la prohibición de los rifles semiautomáticos “estilo militar”.

Y la noticia inmediatamente generó todo tipo de preguntas en Estados Unidos.

A pesar de que en los últimos años en el país se han producido varios tiroteos masivos. en EE.UU. se ha avanzado poco en las reformas de control de armas, especialmente a nivel federal, a pesar de que numerosas encuestas muestran un apoyo público generalizado hacia la implementación de medidas como una verificación reforzada de antecedentes y la prohibición de ciertos tipos de rifles de asalto.

El gobierno de Donald Trump prohibió el uso de bump stocks, unos dispositivos que hacen que las armas semiautomáticas puedan disparar ráfagas mucho más rápidas, como si fueran ametralladoras, y se han hecho algunos ajustes a las bases de datos de verificación de antecedentes para las compras en tiendas de armas.

Y en marzo pasado, Trump pareció considerar la posibilidad de una legislación más ambiciosa y “exhaustiva”, diciéndole a los senadores que los lobistas a favor de las armas tenían poca influencia sobre él.

Pero de este entonces el presidente no ha vuelto a tocar el tema.

Ahora, una de las razones por la que Nueva Zelanda ha podido actuar con rapidez, es que es una democracia parlamentaria, lo que garantiza que el gobierno esté controlado por un partido o una coalición políticamente compatible.

Sin embargo, esa no es la única explicación de por qué EE.UU. ha seguido un curso diferente.

Aquí te explicamos cinco grandes obstáculos que se interponen en el camino de EE.UU. para realizar cambios importantes en la política de armas de fuego.


1. La Asociación Nacional del Rifle (NRA)

La Asociación Nacional del Rifle es uno de los grupos de interés más influyentes en la política de EE.UU., no solo por el dinero que gasta en presionar a los políticos, sino también por el nivel de compromiso de sus cinco millones de miembros.

La NRA se opone a la mayoría de las propuestas para fortalecer las regulaciones sobre armas de fuego y está detrás de los esfuerzos a nivel federal y estatal para revertir muchas restricciones existentes sobre la posesión de armas.

En 2016, la NRA gastó US$4 millones en cabildeo y en contribuciones directas a políticos, así como más de US$50 millones en campañas políticas, incluidos aproximadamente US$30 millones para ayudar a elegir al presidente Donald Trump.

Su presupuesto anual es de aproximadamente US$250 millones, que se destinan a programas educativos, eventos para sus miembros, patrocinios, defensa legal y esfuerzos relacionados.

Y, más allá de los números, la NRA es conocida en Washington como una fuerza política capaz de encumbrar o derribar incluso a los políticos más poderosos.

La asociación califica a los políticos según sus votos y utiliza sus recursos y los de sus miembros -tanto financieros como organizativos- para apoyar a sus más fieros defensores y derrotar a sus oponentes más tercos.

¿Podría cambiar? Los grupos a favor de un mayor control de armas, respaldados por benefactores ricos como el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se han organizado más en los últimos años, intentando igualar el poder político de la NRA.

De hecho, en 2018, gastaron más que la NRA en las elecciones de medio periodo, en las que algunos demócratas prominentes a favor del control de armas ganaron reñidas contiendas.

Paralelamente, sus ingresos en 2017 se redujeron en US$56 millones, en su mayoría por una disminución de las cuotas de afiliación. Sin embargo, ese año la NRA recaudó US$ 378,1 millones, lo que garantiza seguir siendo el actor más influyente en el debate sobre armas de fuego.

2. Distribución de los votantes

Por primera vez en ocho años, los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes del congreso de EE.UU., y sus éxitos en las elecciones de medio término de 2018 se concentraron sobre todo en distritos suburbanos anteriormente bajo control de los republicanos.

En Atlanta, por ejemplo, un activista del control de armas se impuso en una de las elecciones más reñidas, derrotando al anterior representante republicano.

Sin embargo, en lo que se refiere a la Cámara las perspectivas electorales todavía se inclinan hacia los republicanos, que tienden a apoyar la posesión de armas.

Debido a la forma en que se trazan las líneas de los distritos de los que salen los elegidos de la Cámara de Representantes, hay más asientos que se inclinan hacia la derecha que hacia la izquierda, lo que podría devolverle el control de la Cámara a los conservadores.

La demografía también juega un papel importante en la inclinación pro-armas de la Cámara, ya que en la misma hay más distritos rurales, que tienen mayores niveles de propiedad de armas, que distritos urbanos.

Por el momento, sin embargo, la iniciativa la tienen los demócratas, y 2019 los defensores del control de armas en la Cámara lograron dar un importante paso hacia adelante aprobando un proyecto de ley que requiere una verificación exhaustiva de los antecedentes para las ventas privadas de armas, incluidas las que se realizan en eventos de demonstración.

Anteriormente, el requisito de contrastar el nombre de los compradores de armas con una base de datos federal se limitaba solo a los distribuidores de armas registrados.

¿Podría cambiar? Con elecciones cada dos años y un electorado estadounidense que ha demostrado ser inconstante, la puerta a la reforma de la legislación sobre armas podría cerrarse de nuevo sin previo aviso.

3. Obstrucción en el Senado

El Senado es el mayor obstáculo para el éxito legislativo del control de armas.

Los estados dominados por votantes de grandes ciudades, como Nueva York, Massachusetts o California, son superados en número por los estados rurales y del sur, con inclinaciones pro-armas.

Y las reglas del Senado también pueden frustrar los esfuerzos para promulgar una regulación de armas más estricta, gracias a un mecanismo que en EE.UU. se conoce como “filibuster”.

Se trata de un obstáculo que implica que la mayoría de leyes importantes necesitan el respaldo de 60 de los 100 senadores para aprobarse, en lugar de una mayoría simple, que vendrían a ser 51 votos.

En 2013, después del tiroteo en una escuela de Newtown, Connecticut, parecía que los esfuerzos para fortalecer las verificaciones de antecedentes para comprar armas tenían el apoyo de ambos partidos en el Senado.

Sin embargo, el proyecto de ley recibió solo 56 votos a favor, cuatro menos de los necesarios para romper la obstrucción.

Desde entonces, ninguna medida de control de armas ha estado tan cerca de aprobarse. Y, por el momento, parece poco probable que el Senado apruebe el proyecto de ley de verificación de antecedentes aprobado por la Cámara, a pesar de que todo sugiere que una pequeña mayoría de senadores votaría a su favor.

¿Podría cambiar? Trump se ha manifestado a favor de acabar con el “filibuster” del Senado, y varios posibles candidatos presidenciales demócratas han hecho pedidos similares. Sin embargo, la mayoría de los senadores se oponen a cambiar las reglas.

4. Las cortes

Ante el estancamiento del tema en el Congreso, los estados de EE.UU. inclinados a la izquierda han desempeñado un papel más importante en la implementación de medidas de control de armas.

Después del tiroteo de Newtown, Connecticut, en 2012, 21 estados aprobaron nuevas leyes de armas, incluida la prohibición de armas de asalto en Connecticut, Maryland y Nueva York.

Pero algunas de las leyes se han topado con otra barrera: el sistema judicial de EE.UU.

En los últimos años, el Tribunal Supremo ha dictaminado dos veces que el derecho a poseer armas personales, como pistolas, está consagrado en la constitución de EE.UU.

La Segunda Enmienda dice que “al ser una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho de la gente a portar armas no debe ser vulnerado”.

Y aunque los activistas de control de armas apuntan a la cláusula introductoria como evidencia de que la enmienda estaba destinada principalmente a crear una milicia “bien regulada”, en 2008 un tribunal muy dividido concluyó que la Segunda Enmienda garantiza un amplio derecho a la posesión de armas de fuego que prohíbe la imposición de requisitos estrictos de registro de armas personales.

Desde entonces, los tribunales inferiores han tenido que considerar demandas contra las prohibiciones de armas de asalto, contra los requisitos de registro y contra las prohibiciones de portación visible, impuestas por algunos estados.

¿Podría cambiar? Los jueces nombrados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, históricamente han hecho una interpretación amplia de los derechos de la Segunda Enmienda. Y el presidente está llenando las filas de los tribunales inferiores con jueces a favor de las armas. Si acaso, el poder judicial se está moviendo hacia la derecha en este tema.

5. La diferencia de entusiasmo

Quizás el mayor obstáculo para promulgar nuevas leyes de control de armas a nivel nacional es que los opositores tienden a defender sus creencias con fiereza, mientras que el apoyo a la nueva regulación tiende a ir y venir con cada episodio de violencia.

La estrategia de la NRA, y la de los políticos pro-armas, es esperar a que amaine la tormenta y retrasar los esfuerzos legislativos hasta que la atención se desvíe y el clamor se desvanezca.

Los políticos a favor de las armas de fuego ofrecen sus pensamientos y oraciones, observan momentos de silencio y ordenan que las banderas ondeen a media asta. Luego, en silencio, los esfuerzos legislativos se atrasan y finalmente son descarrilados.

Las protestas masivas dirigidas por estudiantes después del tiroteo en la escuela Parkland, ocurrido en febrero de 2018, centraron la atención en el tema durante un tiempo.

Pero luego las marchas se apagaron y los cambios en las leyes sobre armas de fuego, al menos a nivel federal, fueron mínimos.

Poco después del tiroteo de Las Vegas de octubre de 2017, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, le dijo a los periodistas que “hay un momento y lugar para un debate político, pero ahora es el momento de unirnos como país”.

“Hablaremos de las leyes sobre armas de fuego cuando pase el tiempo“, dijo Trump luego.

Y como dice la canción de la película Casablanca con un título parecido, todo sigue siendo la misma vieja historia.

¿Podría cambiar? Según una encuesta realizada durante la campaña presidencial de 2016, las armas de fuego fueron un tema importante tanto para los demócratas como para los republicanos. Este resultado podría ser reflejo del tiroteo masivo ocurrido ese año en un club nocturno de Orlando o el primer indicio de una nueva tendencia.


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