El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigará los ingresos y situación patrimonial del magistrado veracruzano Alfonso Eduardo Serrano Ruiz, luego de que se difundieran fotografías de lujosos relojes, automóviles y puros.
En un comunicado, la Judicatura señaló que su presidente, el ministro Luis María Aguilar Morales ordenó a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas realizar la investigación “que permita esclarecer la consistencia de sus ingresos y su situación patrimonial, luego de que se hiciera pública información en diversos medios de comunicación sobre su modo de vida”.
@dadyserrano #LordMinistro es representante de todos esos ministros de un poder judicial anacrónico cacocrático, que han jodido al límite a nuestro país. Serviles al "Estado de Derecho" de la Plutocracia.
Ésto se acabó. pic.twitter.com/5iDtQcMB3L— Ernesto López (@Ernesto81141740) December 12, 2018
La investigación se da en medio del debate entre los poderes Judicial y el Legislativo y Ejecutivo por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y legisladores de Morena en ambas cámaras pugnan por bajar los sueldos de los servidores públicos, incluidos jueces y magistrados para que nadie gane más que el presidente.
El ministro Alberto Pérez Dayán suspendió la aplicación de la ley, lo que provocó que los presidentes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado, Martí Batres y Ricardo Monreal, respectivamente, presentaron un reclamo ante la Suprema Corte, por considerar que el ministro excedió sus facultades.
Según el reclamo, el ministro contraviene en su determinación lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 64 de la ley; es decir, prohíbe expresamente otorgar la suspensión de una norma general.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aunque dejó claro que respeta el Poder Judicial.
Comentó que “no es posible que haya funcionarios públicos en el país, habiendo tanta pobreza, que ganen 600 mil pesos mensuales; es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad”.
