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Cuartoscuro

En 2018, en CDMX se denunció cada 60 minutos un asalto a transeúnte y a casa habitación

Según datos de la Procuraduría capitalina, este 2018 hubo una leve baja en asaltos a comercios y negocios.
Cuartoscuro
Por Manu Ureste
31 de diciembre, 2018
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En 2018, cada 60 minutos se cometió en la Ciudad de México un asalto a transeúnte en vía pública o en casa habitación.  Esas son dos de las principales estadísticas que dejan las cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para este año, las cuales muestran un aumento en el caso de estos dos delitos, en tanto se registró un leve descenso de las denuncias por asalto a negocios, luego de que 2017 registrara la mayor cifra en 20 años.

Los datos también reflejan un ligero descenso en las denuncias a robos a vehículos de motor, incluyendo coches y motocicletas, así como de asaltos en cajeros automáticos y sucursales bancarias, y en lugares públicos como restaurantes, mercados, y cines.

9 de cada 10 robos a transeúntes son con violencia

Uno de los delitos que más se denunciaron en la capital del país fueron los asaltos con violencia en la vía pública.

De acuerdo con datos de la Procuraduría, entre enero y noviembre de 2018, que es el dato más actualizado a la fecha, se interpusieron 8 mil 444 denuncias por este ilícito, de las cuales hasta 7 mil 401, es decir, el 87.6% -o casi 9 de cada 10-, fueron por asalto violento.

Esta cifra supone un aumento considerable de las denuncias por robo a transeúntes: se interpusieron hasta mil 455 denuncias más, un 20% al alza en comparación con 2017 (se registraron 6 mil 989 en el mismo periodo enero-noviembre), uno de los años más violentos en la capital mexicana durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, el cual, de por sí, fue el más violento desde que se tenga registro en la capital.

En comparación con 2016, la cifra de asaltos a transeúntes aumentó hasta 36%: este 2018 se registraron 2 mil 230 denuncias más que hace dos años. Mientras que, si se compara con 2015, los asaltos aumentaron 17%; y en relación a 2014, solo aumentó 2%.

De hecho, el dato de denuncias por robos a transeúntes en vía pública de este 2018 es el más alto en cuatro años, hasta 2014, que es la última estadística que ofrece la Procuraduría en su portal de internet.

Las 8 mil 444 denuncias por asalto a transeúnte en la Ciudad de México también pueden traducirse en otras cifras: en promedio, 768 asaltos al mes, 25 por cada día, y algo más de un asalto por cada hora.

Por otra parte, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este 2018, la capital mexicana acumuló una tasa de 102.89 asaltos a transeúnte en vía pública por cada 100 mil habitantes, la cuarta más alta en todo el país.

La primera es Tabasco, con una tasa de 214.07 robos por cada 100 mil habitantes. En segundo lugar, Aguascalientes, con una tasa de 156.53 por cada 100 mil; y, en tercer lugar, Baja California, con 115.97 por cada 100 mil.

Casi 7 mil robos a casas

El otro delito que aumentó en la capital este 2018 es el de robo a casa habitación. Entre enero y noviembre, se registraron 6 mil 924 denuncias, de las cuales, la mayoría, 93%, fueron sin violencia.

Esta cifra de casi 7 mil robos a casas supone 629 asaltos cada mes, 21 por día, o casi un robo cada hora.

En comparación con 2017, van 856 robos más a casas en 2018, un 14% al alza. Y en comparación hasta 2014, la cifra refleja un aumento progresivo: 20% más que en 2016; 37% más que en 2015; y 40% más que en 2014.

La estadística de robos a casa habitación de 2018 es, también, la más alta desde 2014.

No obstante, a pesar de este aumento, la tasa de este delito por cada 100 mil habitantes de la capital mexicana está muy lejos de la registrada por otros estados.

La tasa de la ciudad de México es de 78.79 denuncias por robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de Colima, que con una tasa de 284.99 por cada 100 mil habitantes ocupa el primer lugar, o de Baja California Sur, la segunda con 261.52 robos a casas por cada 100 mil habitantes.

Cae levemente robo a negocio, cajeros, restaurantes y autos

En cuanto a los descensos, las denuncias por delitos de robo a negocio en la Ciudad de México registró una leve caída, luego de que 2017 registrara el nivel más alto de asaltos a comercios en los últimos 20 años.

Entre enero y noviembre de este año, van acumuladas 14 mil 826 denuncias por robo a comercio, de las cuales, el 83%, son sin violencia. O en otras cifras: mil 347 robos a negocios cada mes, 50 por día, o casi dos cada hora.

Esta estadística de 2018 refleja un descenso de 7% en comparación con el año pasado, cuando se contabilizaron en 11 meses 15 mil 956 denuncias.

No obstante, si se compara con 2016, los asaltos a negocios de la capital aumentaron en 2018 un 4.2%; un 12% en relación a 2015; y un 28% en comparación con 2014.

Dentro de estas cifras, cabe precisar que los robos con y sin violencia han tenido comportamientos distintos en los últimos cinco años: en 2014 se contabilizaron 8 mil 264 denuncias por robo a negocio sin violencia, y en 2018 van 12 mil 358 denuncias, casi 50% más. Mientras que los asaltos con violencia, en 2014 sumaron 3 mil 341 denuncias, y en 2018 van 2 mil 468, un 26% menos.

Por otra parte, los robos violentos en cajero automático, o sucursal de banco, también experimentaron una leve caída: 285 denuncias en once meses de 2018, 29 menos que en 2017 (-9%).

Mientras que los robos en espacios abiertos, incluyendo restaurantes, mercados, hoteles, y cines, bajaron un 5%: se registraron 432 denuncias hasta noviembre de 2018, frente a las 455 de 2017, en el mismo periodo.

Y los robos a vehículo de motor, incluyendo autos y motocicletas, también experimentaron un leve descenso, aunque la cifra es prácticamente idéntica a la de 2017: este año van 9 mil 958 denuncias por este delito, frente a las 10 mil 178 de 2017; apenas un 2% a la baja este año.

Se disparan denuncias por robos en Metrobús, bajan en el Metro

El pasado 5 de diciembre, Animal Político publicó una nota en la que documentó que, en 2018, las denuncias por robos en diferentes transportes públicos de uso masivo en la Ciudad de México se dispararon, a excepción del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que registró un descenso.

Entre enero y octubre de este 2018, la cifra más actualizada hasta la publicación de la nota, se registraron 525 denuncias por robos a bordo del Metrobús, hasta un 78.5% al alza en comparación con el mismo periodo de 2017, cuando se registraron 294 denuncias, y 198% más que en 2016, con 176 denuncias.

En el Metro, hasta octubre sumaban 625 robos, un descenso del 62% en comparación con 2017.

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Protestas en Chile: las 6 grandes deudas sociales por las que muchos chilenos dicen sentirse 'abusados'

El sistema de pensiones, la salud, el transporte público, la educación, el agua y una respuesta ante los casos de abusos y corrupción son parte de las demandas sociales de muchos chilenos.
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21 de octubre, 2019
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“No es por 30 pesos, es por 30 años”.

Esta frase se ha repetido en diversas ocasiones desde que estalló la crisis social que tiene a varias ciudades de Chile en estado de emergencia.

Es una oración que, sin duda, explica parte del profundo malestar que hay detrás de las violentas protestas ocurridas durante el fin de semana en el país sudamericano.

Y es que centenares de chilenos dicen que el alza de la tarifa del metro en 30 pesos fue solo la “gota que rebalsó el vaso”. Prueba de ello es que el anuncio este sábado del presidente Sebastián Piñera de suspender el incremento en el precio del transporte público, no calmó en lo más mínimo a los manifestantes.

Al contrario, las protestas se tornaron más violentas, con saqueos a supermercados, quema de una decena de estaciones de metro y buses, y ataques a cientos de instalaciones públicas.

Muchos chilenos dicen sentirse “abusados” por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad “justa”.

Pero ¿cuáles son estas “deudas sociales” por las que reclama parte de la sociedad chilena?

1. El sistema de pensiones

Es quizás uno de los temas más polémicos de los últimos años en Chile.

El sistema de pensiones que actualmente rige en ese país—creado en 1982, durante el gobierno militar liderado por Augusto Pinochet—, ha sido fuertemente criticado por diversos actores sociales y también defendido por otros.

En palabras simples, el mecanismo provisional chileno es suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones.

Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación.

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En los últimos años ha habido diversas protestas en contra de las administradoras de fondo de las pensiones AFP.

Pero este sistema no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Se ha dicho que el modelo no es capaz de entregar “pensiones dignas”, y que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso.

Incluso el propio presidente Piñera, durante su primer mandato en 2013, dijo: “Cuando se diseñó este sistema de pensiones, lo que se buscaba era que las personas pudieran jubilar con una pensión que fuera el 70% del sueldo de los últimos cinco años y eso no está ocurriendo”.

Los cuestionamientos a este modelo —que, precisamente, fue ideado por el hermano del presidente chileno, José Piñera— han aumentado ostensiblemente en los últimos años, provocando grandes manifestaciones en contra. En 2016, salieron a protestar a la calle unas 600.000 personas que exigían el fin de las AFP.

Una de las agrupaciones que ha liderado estos reclamos se llama “No+AFP”. Para ellos, las administradoras de pensiones en Chile “son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de nuestro país”. “(Utilizan) los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos”, dicen.

Bettina Horst, subdirectora del centro de estudios chileno Libertad y Desarrollo, no comparte esta consigna aunque reconoce que efectivamente se ha instalado un discurso en contra de las AFP.

“Cuando se habla de que las AFP nos están robando los recursos, no es así; ni una AFP ha robado ni un peso . Pero está instalado de que las AFP nos roban”, explica a BBC Mundo.

Por su parte, la cientista política y presidenta de la fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, explica que los reclamos tienen que ver con que “las personas en este país pueden trabajar toda su vida, cotizar toda su vida, y recibir una miseria”.

“El 80% de las personas en Chile recibe pensiones que son menores al sueldo mínimo”, le dice a BBC Mundo.

Actualmente, hay una reforma al sistema provisional en el Parlamento de Chile.

El proyecto de ley —una de las promesas de campaña de Piñera— fue ingresado en noviembre de 2018 y busca, a grandes rasgos, aumentar el ahorro previsional de los trabajadores mediante el aporte adicional y mensual del 4% del sueldo de cada trabajador, financiado por los empleadores.

La iniciativa, sin embargo, genera dudas en asociaciones como “No+AFP” y en sectores políticos de oposición.

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“No más humillación para nuestros abuelos”, decían las consignas de una de las manifestaciones en contra del sistema de pensiones actual chileno.

“La reforma de este gobierno no soluciona el problema, ni ahora ni cuando esté en régimen -en 48 años más-. Debemos actuar hoy para los nueve de cada diez pensionados que reciben menos de 300.00 pesos como jubilación”, dijo el diputado del partido Revolución Democrática, Giorgio Jackson.

Para De la Fuente, estas últimas manifestaciones representan un “punto de inflexión” y, por lo mismo, la discusión en torno a las pensiones va a tener que cambiar.

“Si antes estaba centrada en si manteníamos o no el sistema de AFP, ahora el foco va a ser cómo hacemos para que las personas se jubilen de una manera digna”, dice.

Con esto, se podría abrir el debate respecto a otro de los sistemas que ha sido cuestionado en Chile: el sistema tributario.

“En este país, la política redistributiva no logra romper con la desigualdad. Y con este sistema tributario, el calculo que hacen varios economistas es que al final terminan pagando menos, y no más, las personas más ricas”, explica De la Fuente.

2. Salud y desprotección

El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional).

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), las personas afiliadas a FONASA alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%.

Y, aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes.

Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.

Por su parte, en las Isapres los reclamos tienen que ver con el alza de precios de los planes de salud, la baja cobertura, las preexistencias y el acceso restringido a centros de salud.

chile pinera

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El presidente Sebastián Piñera se reunió este domingo con los líderes del Parlamento y de la Corte Suprema con el fin de “reordenar prioridades” y contener el estallido social.

En un discurso en 2018, el presidente Piñera aseguró que “más de tres cuartas partes de la ciudadanía no está satisfecha con la gestión gubernamental en salud y existen razones fundadas para ello”.

“Ninguno de los seguros de salud está cumpliendo a cabalidad su objetivo y existen deficiencias importantes que subsanar”, agregó.

Y esta fuerte sensación de desprotección ha generado descontento.

“En Chile solo el 20% de la gente puede pagar por una atención de mejor calidad, pero el 80% de la población tiene que atenderse a través del sistema público. Eso genera una diferencia enorme porque aunque tengamos patologías garantizadas en FONASA, aún muchas no están cubiertas y, además, hay gran lentitud en la atención. La gente está muy desprotegida”, explica Gloria de la Fuente.

Bettina Horst, en tanto, asegura que aunque en Chile se han inyectado muchos recursos para mejorar la salud, los resultados no son los mejores. “Esto pasa porque los pabellones no son utilizados todo el día, porque las listas de espera aumentan y por un tema de gestión, no se controlan bien los insumos, etc”, dice.

3. Transporte público: un problema sin resolverse

La red de transporte “transantiago” (hoy renombrado como Red Metropolitana de Movilidad) se creó hace 12 años con la promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin subsidios estatales.

Sin embargo, hoy representa uno de los mayores problemas que enfrenta la capital de Chile, Santiago.

Y lo cierto es que, desde su creación, este modelo de transporte nunca ha dejado de recibir críticas.

Durante su primer mes de circulación en febrero de 2007 el caos fue total, con graves problemas en cuanto a la instalación de validadores y un error en la programación de estos, lo que obligó a que el sistema fuera gratuito durante su primera semana de operación.

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Desde sus inicios en 2007, el “transantiago” experimentó problemas de planificación, diseño e implementación.

En definitiva, el “transantiago” tenía problemas de planificación, diseño e implementación, generando un colapso total del transporte público.

Y las culpas políticas de un lado a otro entre los gobiernos de los expresidentes Michelle Bachelet —que puso en marcha el plan—, y el de Ricardo Lagos —que lo creó— no cesaron.

A pesar de varias reestructuraciones, reasignación de recorridos, medidas de contingencia e inyecciones millonarias de inversión a lo largo de estos 12 años, la red de transporte no ha logrado responder de manera eficiente al gran flujo de personas que viaja diariamente dentro de la ciudad.

Largas esperas para abordar buses y el metro, sumado a demoras en los viajes, forman parte de los problemas a los que se enfrenta buena parte de la población.

Y, aún así, su precio es caro: según un reciente estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago, de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.

Hoy, el sistema sigue generando déficit (3.000 millones de pesos en 2018) y sus índices de evasión continúan siendo altos: en el segundo trimestre de este año, el porcentaje de evasión fue de un 25,7%.

“Estructuralmente, la política pública implementada por Michelle Bachelet fue un error y hoy día estamos pagando las consecuencias”, dice la subdirectora de Libertad y Desarrollo.

Esto explica, en parte, por qué hubo tanto descontento social cuando la administración de Piñera decidió aumentar la tarifa en 30 pesos.

4. Privatización del agua

Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre varios chilenos es el Código de Aguas.

El modelo de gestión —que fue establecido en 1981— genera polémica en el país sudamericano pues sus críticos dicen que, si bien reconoce el agua como un bien nacional de uso público, establece que los particulares (o privados) puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo.

Además, se alega que es un sistema “absolutamente privado”.

Rodrigo Mundaca, líder del Movimiento de Defensa del Agua la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), ha insistido en el cambio de esta regulación y ha señalado públicamente que en Chile no hay sequía sino “saqueo”.

Sequía en Chile

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Para Rodrigo Mundaca, en Chile no hay sequía sino “saqueo”.

Para él, los privados hacen un “aprovechamiento” del agua de tal forma que termina por desabastecer al resto de la población.

“Chile es el único país del mundo que mantiene privatizadas sus fuentes de agua desde la dictadura”, dice. El activista agrega que “aquí los empresarios pueden comprar, vender o arrendar agua”.

Hoy, si bien hay una reforma al Código de Aguas en el Parlamento, sus críticos dicen que no es suficiente.

Para Mundaca, por ejemplo, la única forma de solucionar este problema es hacer una reforma a la Constitución Política, derogando el artículo 19 numeral 24, que es el que consagra la propiedad privada.

Sin embargo, para hacer una reforma a la Constitución en Chile se necesita la aprobación de dos tercios del Senado. Y esos votos no están”, reconoce Mundaca.

5. Educación y la movilidad social

La demanda por una mejor educación explotó en 2006 con la famosa “revolución pingüina”, cuando estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir mejoras en esta materia.

Luego, en 2011, regresó con aún más fuerza el movimiento estudiantil, marcando la actualidad durante varios meses y presionando al gobierno (el primero de Sebastián Piñera) a hacer cambios de fondo al respecto.

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Movilizaciones en Chile exigieron gratuidad y una mejor calidad en la educación en 2016.

Y aunque este petitorio está hoy pasando por un momento de poco protagonismo —en parte gracias a que se logró la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población chilena—, la verdad es que expertos coinciden en que aún hay mucho por mejorar en cuanto a la educación en el país.

“Cuando la gente accede a la educación superior, lo hace desde un sistema que ya viene haciendo una selección previa. La educación básica y media en Chile son espacios de segregación también porque si puedes pagar por una educación básica de calidad, entonces vas a poder acceder a una educación universitaria de buena calidad que te garantiza movilidad social”, explica De la Fuente.

“Hay una demanda que está ahí, hoy calmada, pero es un tema que no ha desaparecido porque la promesa de la educación es la movilidad social”, agrega.

De esta manera, la educación sigue siendo, para muchos, una piedra de tope para avanzar hacia una mejor calidad de vida.

6. Abusos y corrupción

Colusiones entre empresas para fijar precios de sus productos, evasión de impuestos de grandes compañías y el destape de la corrupción en diversas instituciones son parte de los escándalos que se han apoderado de la portada de los diarios chilenos en los últimos años.

“Los abusos están en el medio de este malestar de la gente”, dice Gloria de la Fuente.

Respecto a la colusión, uno de los casos que generó mayor impacto fue el de las farmacias en 2008.

Según una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, tres grandes cadenas —Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand— se habían puesto de acuerdo en alzas concertadas en los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas.

Lo mismo sucedió en el caso del papel higiénico, donde dos grandes empresas que controlaban la industria —Papeles Industriales (PISA) y CMPC Tissue— se pusieron de acuerdo para fijar el precio de este producto por más de una década en supermercados, farmacias y cadenas mayoristas.

De acuerdo con la investigación, con esta maniobra las empresas ganaron alrededor de US$23 millones cada una.

Tanto la colusión de las farmacias como la del papel higiénico impactó profundamente a la sociedad chilena, pues ambos productos son servicios básicos.

A estos abusos, se suman los casos de corrupción en la política que marcaron la agenda entre 2014 y 2017.

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El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos (a la derecha), se vio involucrado en el Caso Caval.

En aquella ocasión, tanto la coalición política de derecha (con el Caso Penta y SQM) como el propio gobierno de Michellet Bachelet (con el caso Caval) estuvieron salpicados por temas relativos a financiamientos ilegales de campañas políticas y boletas falsas.

La lista de corrupción siguió en 2018 con el Ejército de Chile, donde se procesó a diversas autoridades por malversación de fondos públicos. Poco tiempo después salió a la luz un fraude en Carabineros, la fuerza policial chilena.

Y así, los empresarios, la clase política, el ejército y Carabineros son algunas de las instituciones que han sido fuertemente cuestionadas en Chile en un período de tiempo no demasiado grande.Y como es de esperar, esto provocó un gran malestar entre la gente.

“Estamos en una fase de descrédito acelerada de la política y de las instituciones en general. Y cuando tú tienes un problema de confianza en las instituciones, finalmente lo que incubas es un problema de legitimidad de aquellos que te gobiernan. Eso es lo que nosotros no fuimos capaces de solucionar a tiempo, como país”, explica Gloria de la Fuente.

Según la cientista política, hoy casi el 80% de las personas dice que la administración del Estado es “corrupta o muy corrupta”.

“Y hay una sensación de impunidad muy grande. Aunque ha habido gente presa e investigaciones, la sensación es que el que es rico y roba, finalmente no paga”, agrega.

Por su parte, Bettina Horst matiza que “hoy día la gente se siente frustrada porque, efectivamente, ve corrupción; pero no somos un país corrupto como lo fue en su momento el estallido en Brasil”.

Horst, sin embargo, agrega que “sí se ha instalado un discurso del abuso, sobre la base de muchas consignas. Tanto la izquierda como sectores de derecha se han subido a un discurso que genera ruptura. Se busca deslegitimizar a las instituciones y creo que eso se ha logrado con fuerza”.

Sea como fuere, tras los días más violentos desde el retorno a la democracia en Chile, la sensación es amarga. Y, mientras no se aborden parte de estas “deudas sociales”, los expertos coinciden en que será difícil calmar la “furia” de los ciudadanos.


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