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Cuartoscuro Archivo

El CIDE propone una justicia transicional que incluye amnistías y plan de desmovilización

El Centro de Investigación presentó un estudio que será entregado a Segob para ayudar a construir un modelo mexicano que lleve hacia la paz y la justicia para las víctimas.
Cuartoscuro Archivo
Por Itxaro Arteta
6 de diciembre, 2018
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Para lograr un modelo de justicia ante la violencia en México sí se podría otorgar amnistías y elaborar planes de desarme y desmovilización, entre otras herramientas, de acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Sobre amnistías, el informe advierte que no deben ser generalizadas para todos los participantes de un conflicto sin importar sus actos, sino que deben estar bien delimitadas.

“El primer criterio es material: en ninguna circunstancia son sujetas a amnistía las violaciones graves a derechos humanos o los crímenes internacionales (incluida la tortura, desaparición forzada, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etc.). El segundo es temporal: solo pueden incluirse los delitos cometidos durante el conflicto en cuestión. El tercero es personal: la amnistía debe definir con claridad a los potenciales beneficiarios (grupos beligerantes, exiliados políticos, etc.)”, explica.

Además, los beneficiados no deben volver a participar en actos de violencia y sí aportar información para clarificar la verdad sobre estas actividades.

Otro instrumento detallado por el estudio son los programas de desarme, desmovilización y reintegración. En el mundo, esta oferta suele ser para que combatientes de una milicia se reintegren a la vida civil sin caer en la delincuencia, para lo cual incluye oportunidades de empleo legal. Para el caso mexicano se plantea que pudiera darse no como una paz negociada con cabecillas de los grupos del crimen organizado, sino en forma individual.

“Los beneficios aplicarían en primer lugar a los miembros rasos y medios de los grupos criminales. Como en otros casos de Justicia Transicional, tales beneficios se recibirían a cambio de confesiones que esclarezcan los patrones y contextos de victimización, y a partir de las cuales podría identificarse a los máximos responsables y determinarse la responsabilidad estatal”, señala el documento.

El CIDE expone la utilidad de otras herramientas como las Comisiones de la Verdad, que independientemente de procesos penales, sirven para reconstruir la historia de lo que pasó en un contexto de violencia generalizada en un país, o en casos específicos —como la recién creada para el caso Ayotzinapa— y  explicarla a la sociedad para a partir de ahí buscar la reconciliación social.

Justicia transicional, ¿qué es y por dónde empezar?

En la presentación del informe, expertos en derechos humanos señalaron que el nuevo gobierno ha ofrecido la “justicia transicional” como la solución, pero hay que analizar las condiciones particulares de la violencia en México y construir el camino a la paz.

“Se generó entre la población la percepción de que la justicia transicional sería la receta que daría solución a los problemas del país en materia de seguridad y justicia. La justicia transicional, hay que decirlo, puede ser una vía que permita solucionar muchos de los retos que enfrentamos como país, pero no es una panacea o receta única para tales efectos. De hecho, uno de los retos es generar en México las condiciones que posibiliten su implementación”, señaló el ombudsman nacional, Luis Raúl González.

Mariclaire Acosta Urquidi, consejera de la CNDH, explicó que la justicia transicional se suele aplicar cuando hay una transición política, como en los países que pasaron de una dictadura a la democracia, pero en México ese momento de cambio de régimen ya pasó y el intento de crear una comisión de la verdad sobre la época de la guerra sucia fue más bien fallido.

Lee: ¿En qué consiste el Plan de Paz y Seguridad que anunció López Obrador?

También se aplica en el fin de un conflicto armado, pero aquí no se vislumbra que vaya a ocurrir pronto, consideró. Así que la transición que se propone es transitar de un estado de violencia de alto impacto y gran escala, hacia construir un verdadero Estado democrático de derecho. “Este documento realmente esclarece una enorme confusión que tenemos y nos señala caminos muy concretos”, dijo.

El informe identifica 2006 como el punto de partida de la violencia en el país, por la adopción de una estrategia estatal de combate al narcotráfico, con un despliegue de las fuerzas armadas, y el aumento, a partir de ese año, de las muertes violentas, que pasaron de 9.75 por cada 100 mil habitantes, a 25.13 muertes en 2017. Por ello, advierte que los perpetradores de violencia han sido tanto actores del Estado como organizaciones criminales sin ningún proyecto político o ideológico, lo cual es una particularidad del caso mexicano.

Identificar a las víctimas y reparar el daño

El estudio propone criterios para identificar a las víctimas que deberían ser atendidas por una política pública de justicia transicional. En primer lugar, por la gravedad de las violaciones a derechos humanos; segundo, por casos de alto impacto público y que llevan la intención de amedrentar a autoridades y sociedad, como en los ataques a periodistas o a candidatos; y finalmente, por los excesos del Estado cometidos en su política de combate a las drogas.

Jacobo Dayán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, criticó en la presentación que en México se empezó por el último paso, es decir, por las reparaciones del daño, antes de tener verdad, justicia y garantías de no repetición, que son los otros tres ejes de un proceso transicional.

Para ello se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que es una especie de ventanilla única que atiende hasta quejas de negligencias médicas o violencia intrafamiliar, en lugar de centrarse en casos de violencia extraordinaria.

En este sentido, el documento elaborado por el CIDE propone crear un programa administrativo de reparación de daños, que además de indemnizaciones, incluya otras acciones que den satisfacción a las víctimas, como disculpas públicas.

La propuesta incluye que se cree un órgano independiente para supervisión, seguimiento y evaluación de las medidas que se tomen; que se incorpore a actores internacionales que puedan prestar asistencia técnica en el proceso; y que en tres años se evalúe si las herramientas adoptadas han funcionado y hay resultados, o hace falta modificar el modelo.

El informe será entregado por la CNDH a la Secretaría de Gobernación y se sumará a otras propuestas que colectivos de la sociedad civil han venido trabajando desde septiembre con el entonces equipo de transición, un proceso en el que la Comisión no ha participado.

 

 

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Getty Images

El juicio en Nueva York donde afirman que “El Chapo” Guzmán sobornó al presidente de Honduras

La fiscalía de EU aseguró que el líder del cartel de Sinaloa envió un millón de dólares al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mediante su hermano, cuyo juicio ha comenzado en Manhattan. El mandatario rechaza la alegación.
Getty Images
3 de octubre, 2019
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El juicio por narcotráfico al hermano del presidente de Honduras arrancó en Manhattan tan explosivo como prometía: la fiscalía afirmó que el propio mandatario, Juan Orlando Hernández, recibió millones para proteger a Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros narcos.

“El acusado estaba protegido por y tenía acceso a su hermano, el actual presidente de Honduras, un hombre que ha recibido millones de dólares en sobornos de dinero de la droga (…) de hombres como ‘El Chapo'”, dijo el fiscal Jason Richman en sus alegatos iniciales este miércoles.

No se han presentado cargos hasta ahora contra Juan Orlando Hernández, quien tuiteó que “la alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula“.

El presidente estuvo en Nueva York la semana pasada para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas y cerró un trato con el gobierno de Donald Trump para aceptar que sean deportados a su país migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos y hayan pasado antes por Honduras.

Trump saludó personalmente a Juan Orlando Hernández y dijo a la asamblea de la ONU que Honduras es uno de los “amigos en la región” con los que trabaja estrechamente en temas fronterizos.

Sin embargo, ya se preveía que los fiscales del juicio al exdiputado hondureño involucrarían a su hermano presidente, como presunta parte de un plan criminal con otros funcionarios para alcanzar la cima del poder en Honduras.

“Auspiciada por el Estado”

Tony Hernández fue detenido en Miami el año pasado y su juicio en una corte federal de Manhattan comenzó este miércoles con la selección del jurado y los primeros alegatos.

Está acusado de conspirar con narcos de distintos países para enviar toneladas de cocaína a EE.UU. desde 2004, por lo que podría recibir una sentencia mínima de cinco años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

Juan Orlando Hernández y Donald Trump

Reuters
Los presidentes de Honduras y Estados Unidos dejaron ver su sintonía en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El exdiputado siguió los alegatos en la corte con una calma que contrasta con la violencia que le atribuye la fiscalía, que lo vincula con al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013, antes de llegar al Congreso.

El fiscal Richman sostuvo que Tony Hernández era parte de una estructura de narcotráfico “auspiciada por el Estado” hondureño y protegida por alcaldes, congresistas, generales de las Fuerzas Armadas y jefes policiales.

Además aseguró que el acusado recibió en persona un soborno de US$1 millón para su hermano presidente, de parte de “El Chapo” Guzmán y su cartel de Sinaloa.

El mexicano Guzmán fue condenado este año en otra corte de Nueva York a cadena perpetua, en lo que es considerado el mayor juicio por narcotráfico en la historia de EE.UU.

El presidente hondureño recibió sobornos “de algunos de los traficantes de cocaína más grandes del mundo”, dijo Richman.

Chapo

AFP
“El Chapo” Guzmán fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos.

La fiscalía procura demostrar que las campañas electorales de Juan Orlando Hernández y su antecesor Porfirio Lobo (2010-2014) fueron financiadas al menos parcialmente con recursos del narcotráfico.

Lobo tampoco enfrenta cargos en EE.UU. y ha rechazado esos señalamientos.

La acusación contaría entre otras cosas con un testigo cooperante que asegura haber entregado al menos US$1,5 millones del narcotráfico para contribuir a que Juan Orlando Hernández ganara las elecciones de 2013.

Entre los testigos que se aguardan para el juicio hay exnarcos presos en EE.UU., como el exalcalde hondureño Amilcar Alexander Ardón y un exlíder de la organización criminal de ese país Los Cachiros.

El fiscal Richman indicó que Tony Hernández llegó a ser “intocable” en Honduras por la protección que recibía de su hermano presidente y la red de corrupción en el poder.

“Alicia en el País de las Maravillas”

El presidente hondureño reaccionó rápido a las noticias sobre los dichos del fiscal y sostuvo en su cuenta de Twitter que “esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas”.

La semana pasada Hernández le dijo a la asamblea de la ONU que su gobierno luchó contra el crimen organizado y por eso hay una “campaña sucia de desprestigio” contra él por parte de narcos, pandilleros, policías y políticos corruptos.

Una protesta contra el presidente de Honduras

AFP
En la capital de Honduras miles de personas han exigido la renuncia de Juan Orlando Hernández (JOH).

El abogado de Tony Hernández, Omar Malone, indicó en el inicio del juicio este miércoles que hay criminales que desean perjudicar a su cliente después de que su hermano habilitara la extradición de narcos a EE.UU.

Malone señaló además que Juan Orlando Hernández “interactúa con EE.UU. como cualquier otro presidente”.

El mandatario ha enfrentado recientes protestas de opositores que reclaman su renuncia, y este mismo miércoles decenas de hondureños se manifestaron en su contra frente a la corte de Manhattan.

En medio de esta situación, Juan Orlando Hernández alcanzó el acuerdo migratorio con el gobierno de Trump para reducir la cantidad de solicitudes de asilo en EE.UU. de personas que buscan huir de la violencia y pobreza en Centroamérica.

Guatemala y El Salvador han firmado pactos similares con Washington.

Trump y Hernández estrecharon sus manos la semana pasada durante la asamblea de la ONU.

“Nos reunimos con Honduras, como saben, y también tuvimos reuniones previas a esto con Guatemala, reuniones tremendamente exitosas”, dijo Trump junto al presidente salvadoreño Nayib Bukele.

“Firmamos acuerdos con ellos: acuerdos de cooperación”, agregó el presidente estadounidense. “Eso es bueno para todos nosotros”.


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