Para lograr un modelo de justicia ante la violencia en México sí se podría otorgar amnistías y elaborar planes de desarme y desmovilización, entre otras herramientas, de acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Sobre amnistías, el informe advierte que no deben ser generalizadas para todos los participantes de un conflicto sin importar sus actos, sino que deben estar bien delimitadas.
“El primer criterio es material: en ninguna circunstancia son sujetas a amnistía las violaciones graves a derechos humanos o los crímenes internacionales (incluida la tortura, desaparición forzada, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etc.). El segundo es temporal: solo pueden incluirse los delitos cometidos durante el conflicto en cuestión. El tercero es personal: la amnistía debe definir con claridad a los potenciales beneficiarios (grupos beligerantes, exiliados políticos, etc.)”, explica.
Además, los beneficiados no deben volver a participar en actos de violencia y sí aportar información para clarificar la verdad sobre estas actividades.
Otro instrumento detallado por el estudio son los programas de desarme, desmovilización y reintegración. En el mundo, esta oferta suele ser para que combatientes de una milicia se reintegren a la vida civil sin caer en la delincuencia, para lo cual incluye oportunidades de empleo legal. Para el caso mexicano se plantea que pudiera darse no como una paz negociada con cabecillas de los grupos del crimen organizado, sino en forma individual.
“Los beneficios aplicarían en primer lugar a los miembros rasos y medios de los grupos criminales. Como en otros casos de Justicia Transicional, tales beneficios se recibirían a cambio de confesiones que esclarezcan los patrones y contextos de victimización, y a partir de las cuales podría identificarse a los máximos responsables y determinarse la responsabilidad estatal”, señala el documento.
El CIDE expone la utilidad de otras herramientas como las Comisiones de la Verdad, que independientemente de procesos penales, sirven para reconstruir la historia de lo que pasó en un contexto de violencia generalizada en un país, o en casos específicos —como la recién creada para el caso Ayotzinapa— y explicarla a la sociedad para a partir de ahí buscar la reconciliación social.
Justicia transicional, ¿qué es y por dónde empezar?
En la presentación del informe, expertos en derechos humanos señalaron que el nuevo gobierno ha ofrecido la “justicia transicional” como la solución, pero hay que analizar las condiciones particulares de la violencia en México y construir el camino a la paz.
“Se generó entre la población la percepción de que la justicia transicional sería la receta que daría solución a los problemas del país en materia de seguridad y justicia. La justicia transicional, hay que decirlo, puede ser una vía que permita solucionar muchos de los retos que enfrentamos como país, pero no es una panacea o receta única para tales efectos. De hecho, uno de los retos es generar en México las condiciones que posibiliten su implementación”, señaló el ombudsman nacional, Luis Raúl González.
Mariclaire Acosta Urquidi, consejera de la CNDH, explicó que la justicia transicional se suele aplicar cuando hay una transición política, como en los países que pasaron de una dictadura a la democracia, pero en México ese momento de cambio de régimen ya pasó y el intento de crear una comisión de la verdad sobre la época de la guerra sucia fue más bien fallido.
También se aplica en el fin de un conflicto armado, pero aquí no se vislumbra que vaya a ocurrir pronto, consideró. Así que la transición que se propone es transitar de un estado de violencia de alto impacto y gran escala, hacia construir un verdadero Estado democrático de derecho. “Este documento realmente esclarece una enorme confusión que tenemos y nos señala caminos muy concretos”, dijo.
El informe identifica 2006 como el punto de partida de la violencia en el país, por la adopción de una estrategia estatal de combate al narcotráfico, con un despliegue de las fuerzas armadas, y el aumento, a partir de ese año, de las muertes violentas, que pasaron de 9.75 por cada 100 mil habitantes, a 25.13 muertes en 2017. Por ello, advierte que los perpetradores de violencia han sido tanto actores del Estado como organizaciones criminales sin ningún proyecto político o ideológico, lo cual es una particularidad del caso mexicano.
Identificar a las víctimas y reparar el daño
El estudio propone criterios para identificar a las víctimas que deberían ser atendidas por una política pública de justicia transicional. En primer lugar, por la gravedad de las violaciones a derechos humanos; segundo, por casos de alto impacto público y que llevan la intención de amedrentar a autoridades y sociedad, como en los ataques a periodistas o a candidatos; y finalmente, por los excesos del Estado cometidos en su política de combate a las drogas.
Jacobo Dayán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, criticó en la presentación que en México se empezó por el último paso, es decir, por las reparaciones del daño, antes de tener verdad, justicia y garantías de no repetición, que son los otros tres ejes de un proceso transicional.
Para ello se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que es una especie de ventanilla única que atiende hasta quejas de negligencias médicas o violencia intrafamiliar, en lugar de centrarse en casos de violencia extraordinaria.
En este sentido, el documento elaborado por el CIDE propone crear un programa administrativo de reparación de daños, que además de indemnizaciones, incluya otras acciones que den satisfacción a las víctimas, como disculpas públicas.
La propuesta incluye que se cree un órgano independiente para supervisión, seguimiento y evaluación de las medidas que se tomen; que se incorpore a actores internacionales que puedan prestar asistencia técnica en el proceso; y que en tres años se evalúe si las herramientas adoptadas han funcionado y hay resultados, o hace falta modificar el modelo.
El informe será entregado por la CNDH a la Secretaría de Gobernación y se sumará a otras propuestas que colectivos de la sociedad civil han venido trabajando desde septiembre con el entonces equipo de transición, un proceso en el que la Comisión no ha participado.
