El CIDE propone una justicia transicional que incluye amnistías y plan de desmovilización
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Cuartoscuro Archivo

El CIDE propone una justicia transicional que incluye amnistías y plan de desmovilización

El Centro de Investigación presentó un estudio que será entregado a Segob para ayudar a construir un modelo mexicano que lleve hacia la paz y la justicia para las víctimas.
Cuartoscuro Archivo
Por Itxaro Arteta
6 de diciembre, 2018
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Para lograr un modelo de justicia ante la violencia en México sí se podría otorgar amnistías y elaborar planes de desarme y desmovilización, entre otras herramientas, de acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Sobre amnistías, el informe advierte que no deben ser generalizadas para todos los participantes de un conflicto sin importar sus actos, sino que deben estar bien delimitadas.

“El primer criterio es material: en ninguna circunstancia son sujetas a amnistía las violaciones graves a derechos humanos o los crímenes internacionales (incluida la tortura, desaparición forzada, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etc.). El segundo es temporal: solo pueden incluirse los delitos cometidos durante el conflicto en cuestión. El tercero es personal: la amnistía debe definir con claridad a los potenciales beneficiarios (grupos beligerantes, exiliados políticos, etc.)”, explica.

Además, los beneficiados no deben volver a participar en actos de violencia y sí aportar información para clarificar la verdad sobre estas actividades.

Otro instrumento detallado por el estudio son los programas de desarme, desmovilización y reintegración. En el mundo, esta oferta suele ser para que combatientes de una milicia se reintegren a la vida civil sin caer en la delincuencia, para lo cual incluye oportunidades de empleo legal. Para el caso mexicano se plantea que pudiera darse no como una paz negociada con cabecillas de los grupos del crimen organizado, sino en forma individual.

“Los beneficios aplicarían en primer lugar a los miembros rasos y medios de los grupos criminales. Como en otros casos de Justicia Transicional, tales beneficios se recibirían a cambio de confesiones que esclarezcan los patrones y contextos de victimización, y a partir de las cuales podría identificarse a los máximos responsables y determinarse la responsabilidad estatal”, señala el documento.

El CIDE expone la utilidad de otras herramientas como las Comisiones de la Verdad, que independientemente de procesos penales, sirven para reconstruir la historia de lo que pasó en un contexto de violencia generalizada en un país, o en casos específicos —como la recién creada para el caso Ayotzinapa— y  explicarla a la sociedad para a partir de ahí buscar la reconciliación social.

Justicia transicional, ¿qué es y por dónde empezar?

En la presentación del informe, expertos en derechos humanos señalaron que el nuevo gobierno ha ofrecido la “justicia transicional” como la solución, pero hay que analizar las condiciones particulares de la violencia en México y construir el camino a la paz.

“Se generó entre la población la percepción de que la justicia transicional sería la receta que daría solución a los problemas del país en materia de seguridad y justicia. La justicia transicional, hay que decirlo, puede ser una vía que permita solucionar muchos de los retos que enfrentamos como país, pero no es una panacea o receta única para tales efectos. De hecho, uno de los retos es generar en México las condiciones que posibiliten su implementación”, señaló el ombudsman nacional, Luis Raúl González.

Mariclaire Acosta Urquidi, consejera de la CNDH, explicó que la justicia transicional se suele aplicar cuando hay una transición política, como en los países que pasaron de una dictadura a la democracia, pero en México ese momento de cambio de régimen ya pasó y el intento de crear una comisión de la verdad sobre la época de la guerra sucia fue más bien fallido.

Lee: ¿En qué consiste el Plan de Paz y Seguridad que anunció López Obrador?

También se aplica en el fin de un conflicto armado, pero aquí no se vislumbra que vaya a ocurrir pronto, consideró. Así que la transición que se propone es transitar de un estado de violencia de alto impacto y gran escala, hacia construir un verdadero Estado democrático de derecho. “Este documento realmente esclarece una enorme confusión que tenemos y nos señala caminos muy concretos”, dijo.

El informe identifica 2006 como el punto de partida de la violencia en el país, por la adopción de una estrategia estatal de combate al narcotráfico, con un despliegue de las fuerzas armadas, y el aumento, a partir de ese año, de las muertes violentas, que pasaron de 9.75 por cada 100 mil habitantes, a 25.13 muertes en 2017. Por ello, advierte que los perpetradores de violencia han sido tanto actores del Estado como organizaciones criminales sin ningún proyecto político o ideológico, lo cual es una particularidad del caso mexicano.

Identificar a las víctimas y reparar el daño

El estudio propone criterios para identificar a las víctimas que deberían ser atendidas por una política pública de justicia transicional. En primer lugar, por la gravedad de las violaciones a derechos humanos; segundo, por casos de alto impacto público y que llevan la intención de amedrentar a autoridades y sociedad, como en los ataques a periodistas o a candidatos; y finalmente, por los excesos del Estado cometidos en su política de combate a las drogas.

Jacobo Dayán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, criticó en la presentación que en México se empezó por el último paso, es decir, por las reparaciones del daño, antes de tener verdad, justicia y garantías de no repetición, que son los otros tres ejes de un proceso transicional.

Para ello se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que es una especie de ventanilla única que atiende hasta quejas de negligencias médicas o violencia intrafamiliar, en lugar de centrarse en casos de violencia extraordinaria.

En este sentido, el documento elaborado por el CIDE propone crear un programa administrativo de reparación de daños, que además de indemnizaciones, incluya otras acciones que den satisfacción a las víctimas, como disculpas públicas.

La propuesta incluye que se cree un órgano independiente para supervisión, seguimiento y evaluación de las medidas que se tomen; que se incorpore a actores internacionales que puedan prestar asistencia técnica en el proceso; y que en tres años se evalúe si las herramientas adoptadas han funcionado y hay resultados, o hace falta modificar el modelo.

El informe será entregado por la CNDH a la Secretaría de Gobernación y se sumará a otras propuestas que colectivos de la sociedad civil han venido trabajando desde septiembre con el entonces equipo de transición, un proceso en el que la Comisión no ha participado.

 

 

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Mascarillas contra el coronavirus: por qué en Austria es obligatorio el uso del tapabocas FFP2

A partir del 25 de enero, en Austria será obligatorio el uso de la efectiva mascarilla FFP2 en tiendas y transporte público. Una medida que otros países están considerando.
23 de enero, 2021
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A partir del lunes 25 de enero, en Austria será obligatorio el uso de las cubrebocas FFP2 en tiendas, supermercados y transporte público.

La medida forma parte de una estrategia más estricta en ese país europeo, que incluye la extensión del confinamiento hasta el 17 de febrero.

El canciller de Austria, Sebastián Kurz, declaró haber tomado la decisión en vista de la variante más contagiosa descubierta en Reino Unido a finales de 2020 y de la necesidad de frenar el aumento de casos de covid-19 en el país.

Hasta ahora Austria es el único país que aplica a nivel nacional el uso obligatorio de las FFP2 -en lugar de las mascarillas de tela o algodón- aunque en la región de Baviera, Alemania, también se exige a nivel local mientras que el gobierno en Berlín considera adoptarlo en todo el territorio.

Se informa además que en Francia las autoridades discuten si imponer el uso obligatorio de las FFP2 o las menos protectoras FFP1.

Las FFP2 se consideran más efectivas en la reducción de la propagación del coronavirus que los tapabocas de algodón o las mascarillas quirúrgicas desechables que son de uso común.

“Cualquier protección de boca y nariz es buena, pero la mascarilla FFP2 es tremendamente superior”, declaró el ministro de Salud de Austria, Rudolf Anschober, del Partido Verde.

¿Cuánto protegen las FFP2?

Los tapabocas comunes de algodón o tela actúan más como dispositivos para evitar la propagación de partículas de aerosol por exhalación, pero no protegen al usuario de inhalar aire contaminado.

Una boticaria en Austria sostiene una FFP2 en su mano derecha y otra mascarilla de algodón en su mano izquierda

Getty Images
La FFP2 (izq.) es mucho más efectiva que las mascarilla común y corriente que muchos usamos.

Por su parte, las FFP -o mascarillas filtrantes parciales- están hechas de varias capas de tejido y papel con filtros incorporados y se ajustan mejor, creando un sello alrededor de la cara que protegen al usuario del entorno.

Se dividen en categorías dependiendo del diámetro de partículas que dejan pasar. Las FFP2 filtran partículas hasta de 0,4 micrómetros de diámetro, o sea el 94% de las partículas en el aire.

No ofrecen una protección de 100%, de manera que los usuarios todavía deben observar el distanciamiento social y reglas de higiene.

Las FFP2 se pueden usar varias veces, pero no se deben lavar para no destruir la función del filtro.

Costo

Las mascarillas FFP2 son más costosas. Su precio unitario varía entre unos 2 euros (US$2,5) y 5 euros (US$6) dependiendo del distribuidor y de si se compran por unidad o decenas.

Una vitrina en Alemania que ofrece 10 mascarillas FFP2 a 10 euros

Getty Images
El precio depende de si se compran por unidad o por decenas.

El ministro de Salud, Rudolf Anschober, declaró en una rueda de prensa este jueves que grandes cantidades de las mascarillas obligatorias se estarían repartiendo gratis la próxima semana a personas de bajos ingresos.

No obstante, Anschober reconoció que el programa de distribución de mascarillas gratis a ciudadanos mayores de 65 iniciado en diciembre ha enfrentado graves retrasos.

Pero el ministro aseguró que la entrega de las FFP2 a esta población se resolverá la semana que viene.

El gobierno también instó a los vendedores a ofrecer la mascarilla a costo de producción.

El medio austríaco Vienna On Line informó que los supermercados tendrán las mascarillas en oferta a más tardar el próximo lunes a un precio de 0,59 euros (US$0,72).

Una noticia que el ministro Anschober recibió con beneplácito, diciendo que el precio está “bastante por debajo de lo que estimamos”.

Los distribuidores de ese dispositivo protector afirman que, a pesar de la alta demanda generada por la nueva ley, no habrá problemas con el suministro por lo que exhortan a los consumidores a no entrar en pánico.

Según medios locales, los supermercados tienen “millones” en inventario. El diario Kurier informó que la firma Hygiene Austria puede producir hasta diez millones de mascarillas FFP2 al mes.

Reacciones

Manifestantes con máscaras de corderos protestan la nueva ley del uso obligatorio de FFP2

Getty Images
Una protesta simbólica en Viena contra la orden del uso obligatorio de mascarillas FFP2.

En Viena, un grupo de manifestantes montó una protesta simbólica el miércoles contra lo que consideraron una imposición exagerada del gobierno.

El domingo anterior, unas 10.000 personas se movilizaron por la capital asutríaca protestando contra el confinamiento.

Aunque el cambio a una mascarilla más “profesional” es bienvenido, algunos virólogos en Alemania -donde la región de Baviera ya ordena el uso obligatorio de FFP2 y el gobierno considera hacer la medida efectiva en todo el país- advierten cautela.

Uno señalan que las mascarillas FFP2 no son efectivas si no se llevan ajustadas, siguiendo las guías de un profesional.

“La gente terminará respirando a través del espacio entre la cara y la mascarilla en lugar de a través del filtro”, declaró Jonas Schmidt-Chanasit, profesor de arbovirología de la Universidad de Hamburgo, al diario The Guardian.

Otros virólogos también indicaron que las barbas evitan que la mascarilla logre sellarse efectivamente alrededor de la cara.

Schmidt-Chanasit reconoció que la FFP2 podría ser útil en casos urgentes donde no hay suficiente garantía de ventilación pero manifestó su escepticismo para el uso en el transporte público donde hay otras maneras de evitar el riesgo de aerosoles y los pasajeros estarían obligados a usar la mascarilla más de los 75 minutos recomendados.


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