Gobierno abre la puerta a mecanismo de la CIDH para el caso de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo

"Si es necesario que la Comisión Interamericana establezca un mecanismo de seguimiento, estamos en la disposición de discutir los términos", dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sobre el caso de la presunta participación de marinos en la desaparición de al menos 28 personas en Nuevo Laredo.

Gobierno abre la puerta a mecanismo de la CIDH para el caso de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo
La Procuraduría General de la República garantizará a los familiares de víctimas el acceso a los expedientes, y se compromete a dar transparencia, indicó el gobierno de López Obrador ante la CIDH CIDH

El gobierno de Mexico ofreció este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) crear una mecanismo de seguimiento para el caso de la presunta participación de marinos en la desaparición de al menos 28 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, enmarcó el ofrecimiento en lo que, dijo, es una nueva política de apertura del gobierno al escrutinio internacional.

“Si es necesario que la Comisión Interamericana establezca un mecanismo de seguimiento, estamos en la disposición de discutir los términos en que pudiera desarrollarse”, dijo Encinas durante una audiencia celebrada en la CIDH, sobre el caso de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En entrevista posterior, el funcionario explicó que la creación del mecanismo estaría supeditada a que así lo disponga la CIDH, al precisar que “esto tiene que acordarse multilateralmente”.

El secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, “aceptó la invitación del Estado de México para crear un mecanismo de seguimiento de desapariciones forzadas que pueda agregarse al mecanismo de seguimiento por el caso Ayotzinapa”, indicó la Comisión, aunque sin detallar cuándo y en qué forma comenzaría a operar.

Crisis en México

“Sí estamos hablando de una crisis humanitaria, de una crisis de derechos humanos, que es el reflejo de ausencia o debilidad del Estado, y cuando un Estado llega a niveles de precariedad, evidentemente la cooperación internacional es muy importante”, reconoció Encinas sobre la situación de México.

Durante su intervención en la audiencia, celebrada en el marco del 170 Periodo de Sesiones de la CIDH, Encinas refrendó el compromiso del nuevo gobierno con el organismo y su disposición para fortalecer la relación bilateral y las competencias del mismo.

“Este será un gobierno de puertas abiertas”, dijo Encinas. El Estado mexicano debe enfrentar de raíz este problema, “en atención a todas y cada una de las víctimas que han sido lamentablemente objeto de esta crisis humanitaria”, agregó.

Ante peticionarios y comisionados, sostuvo que dicha crisis se refleja en las cerca de 38 mil personas desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales, además del hallazgo de mas de dos mil fosas clandestinas.

“Quiero señalar con toda claridad, que en las investigaciones que se desarrollen en todos los procesos de investigación en materia de desaparición forzada vamos a actuar contra los responsables, del Estado o particulares, sea quien sea, independientemente de la institución a la que pertenezca”, manifestó.

Encinas dio a conocer que en enero próximo viajará a Nuevo Laredo para participar en una reunión de alto nivel solicitada por los peticionarios en esta audiencia, a fin de conocer de primera mano la situación que se vive en esa ciudad en materia de desaparición forzada.

De acuerdo con Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas, de enero de este año a la fecha se tienen reportadas mas de 51 desapariciones forzadas en esa ciudad, algunas de ellas cometidas presuntamente por elementos de la Secretaría de Marina.

Denunció que a pesar de que existen mas de 80 carpetas abiertas relacionadas con estos casos, hasta el momento persiste la impunidad, a lo que se suma la criminalización de las víctimas y sus familiares de parte de funcionarios de gobierno.

“Tenemos una crisis de seguridad desde el 2000. Nuestro estado ha estado corrompido por la delincuencia”, dijo al señalar que actualmente dos exgobernadores se encuentran detenidos y sujetos a proceso legal, por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

Con información de Notimex 

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