Gobierno abre la puerta a mecanismo de la CIDH para el caso de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo
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Gobierno abre la puerta a mecanismo de la CIDH para el caso de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo

"Si es necesario que la Comisión Interamericana establezca un mecanismo de seguimiento, estamos en la disposición de discutir los términos", dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sobre el caso de la presunta participación de marinos en la desaparición de al menos 28 personas en Nuevo Laredo.
CIDH
Por Redacción Animal Político
5 de diciembre, 2018
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El gobierno de Mexico ofreció este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) crear una mecanismo de seguimiento para el caso de la presunta participación de marinos en la desaparición de al menos 28 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, enmarcó el ofrecimiento en lo que, dijo, es una nueva política de apertura del gobierno al escrutinio internacional.

“Si es necesario que la Comisión Interamericana establezca un mecanismo de seguimiento, estamos en la disposición de discutir los términos en que pudiera desarrollarse”, dijo Encinas durante una audiencia celebrada en la CIDH, sobre el caso de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En entrevista posterior, el funcionario explicó que la creación del mecanismo estaría supeditada a que así lo disponga la CIDH, al precisar que “esto tiene que acordarse multilateralmente”.

El secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, “aceptó la invitación del Estado de México para crear un mecanismo de seguimiento de desapariciones forzadas que pueda agregarse al mecanismo de seguimiento por el caso Ayotzinapa”, indicó la Comisión, aunque sin detallar cuándo y en qué forma comenzaría a operar.

Crisis en México

“Sí estamos hablando de una crisis humanitaria, de una crisis de derechos humanos, que es el reflejo de ausencia o debilidad del Estado, y cuando un Estado llega a niveles de precariedad, evidentemente la cooperación internacional es muy importante”, reconoció Encinas sobre la situación de México.

Durante su intervención en la audiencia, celebrada en el marco del 170 Periodo de Sesiones de la CIDH, Encinas refrendó el compromiso del nuevo gobierno con el organismo y su disposición para fortalecer la relación bilateral y las competencias del mismo.

“Este será un gobierno de puertas abiertas”, dijo Encinas. El Estado mexicano debe enfrentar de raíz este problema, “en atención a todas y cada una de las víctimas que han sido lamentablemente objeto de esta crisis humanitaria”, agregó.

Ante peticionarios y comisionados, sostuvo que dicha crisis se refleja en las cerca de 38 mil personas desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales, además del hallazgo de mas de dos mil fosas clandestinas.

“Quiero señalar con toda claridad, que en las investigaciones que se desarrollen en todos los procesos de investigación en materia de desaparición forzada vamos a actuar contra los responsables, del Estado o particulares, sea quien sea, independientemente de la institución a la que pertenezca”, manifestó.

Encinas dio a conocer que en enero próximo viajará a Nuevo Laredo para participar en una reunión de alto nivel solicitada por los peticionarios en esta audiencia, a fin de conocer de primera mano la situación que se vive en esa ciudad en materia de desaparición forzada.

De acuerdo con Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas, de enero de este año a la fecha se tienen reportadas mas de 51 desapariciones forzadas en esa ciudad, algunas de ellas cometidas presuntamente por elementos de la Secretaría de Marina.

Denunció que a pesar de que existen mas de 80 carpetas abiertas relacionadas con estos casos, hasta el momento persiste la impunidad, a lo que se suma la criminalización de las víctimas y sus familiares de parte de funcionarios de gobierno.

“Tenemos una crisis de seguridad desde el 2000. Nuestro estado ha estado corrompido por la delincuencia”, dijo al señalar que actualmente dos exgobernadores se encuentran detenidos y sujetos a proceso legal, por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

Con información de Notimex 

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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