¿Por qué la justicia es cara en México? No solo son los sueldos de ministros, también burocracia y prestaciones
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¿Por qué la justicia es cara en México? No solo son los sueldos de ministros, también burocracia y prestaciones

En México, contrario a otros países, se destina mucho más dinero al Poder Judicial federal que al local, pese a que más del 80% de asuntos competen a los jueces en los estados.
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11 de diciembre, 2018
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En los últimos ocho años el presupuesto que se destina al aparato de justicia federal en México casi se ha duplicado. Y sí, hoy un ministro de la Corte gana casi 600 mil pesos mensuales, como ha dicho el Presidente. Los datos oficiales lo prueban. Sin embargo, lo costoso del aparato de justicia federal en el país va más allá de los sueldos de dichos funcionarios.

Una revisión de estudios elaborados por investigadores y datos oficiales publicados en los últimos años sobre los recursos que se destinan al sistema de justicia en nuestro país revelan, por ejemplo, el exceso de la burocracia en la Corte (tiene siete veces más personal que la estadounidense). Sin embargo, la Corte mexicana a su vez tiene una mayor carga de trabajo– más de 14 mil asuntos – frente la estadounidense que solo dicta de 8 a 10 sentencias por año.

Y también hay una inequitativa repartición de recursos: contrario a la tendencia internacional en México se destina menos dinero a la justicia local, pese a la carga de trabajo es mucho mayor en los estados que en los juzgados federales.

Además los expertos cuestionan algunas prestaciones como los bonos de riesgo para todos los jueces y magistrados. Por otro lado un análisis elaborado por un ministro en retiro en México reconoce que sus homólogos en Estados Unidos tienen un salario inferior, pero en cambio, reciben mejores prestaciones, como una casa gratis o tres meses de vacaciones pagadas.

A continuación Animal Político detalla los costos clave del sistema de justicia en México.

¿Los ministros ganan 600 mil como dice AMLO?

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2018, todos los ministros de la Corte perciben un ingreso bruto total al año – sin descontar impuestos – de 6 millones 938 mil 234 pesos. Es decir, un promedio mensual de casi 578 mil 186 pesos.

Dicha cifra comprende tanto lo que se percibe nominalmente como salario, así como un conjunto de pagos que cada ministro recibe por múltiples prestaciones que van desde un bono especial por riesgo, hasta concepto de prima vacacional, aguinaldo, gratificación de fin de año, prima quincenal, ayuda para despensa, seguro colectivo de retiro, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, apoyo económico para adquisiciones de vehículo, entre otros.

La Corte publicó ayer en su cuenta oficial de Twitter que ningún ministro gana 600 mil pesos e hizo referencia a un manual de pagos publicado en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, en dicho documento las cantidades que se muestran son netas, es decir, incluyen los salarios menos impuestos. Lo que ahí se indica es que el salario mensual neto de los ministros es de 269 mil 215 pesos, más un pago anual de 444 mil 380 pesos por aguinaldo-prima vacacional, y otro anual de 554 mil 595 pesos por riesgo.

En la Suprema Corte explicaron que antes de la reforma constitucional de 2009 que buscaba igualar los salarios con los del Presidente de la República, el salario promedio de cada ministro era superior al actual.

No obstante, luego de esa reforma, la Corte acordó de forma interna aplicar un recorte de 40% a la remuneración salarial para tratar de igualar dicho salario con lo que percibe el presidente, incluyendo sus prestaciones.

Un ensayo publicado en noviembre pasado denominado “¿Absolutismo Constitucional?”, elaborado por el ministro en retiro Serio Aguirre Anguiano, sostiene que la reforma de 2009 es inequitativa pues bajo el argumento de igualar los salarios con el del Presidente, no tomó en cuenta todas las percepciones extra que este recibía e incluso también los apoyos a sus familia.

Por otro lado en el Consejo de la Judicatura Federal precisaron que aun cuando el ministro Luis María Aguilar podría percibir un segundo salario por fungir como presidente del Consejo de la Judicatura, el decidió renunciar al mismo al igual que su antecesor. Es decir, su único sueldo es el de ministro.

¿Ganan más los ministros aquí en otros países? Antes sí, ahora no tanto

Un análisis denominado “¿Por qué nos cuesta tanto la Suprema Corte?” elaborado por los investigadores Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer-Serra y publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) revela que al menos hasta 2011 los salarios de los ministros en nuestro país no solo eran elevados, sino superaban a las de naciones de primer mundo. Hoy dicho escenario se ha matizado.

De acuerdo con el análisis, hace ocho años los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aun percibían ingresos netos anuales (ya con impuestos descontados) de poco más de 4.1 millones de pesos anuales.

Para ponerlo en proporción, en Canadá ministros del mismo rango percibían 3.8 millones anuales libres de impuestos, en Estados Unidos 2.9 millones de pesos, en Alemania 2.5 millones; en España 2.2 millones, en Colombia 1.7 millones de pesos y Perú 1.3 millones de pesos. Todos por debajo de México.

Sin embargo, de acuerdo con los expertos, han ocurrido dos situaciones que han emparejado hoy esos salarios. Por un lado el recorte salarial que se aplicó luego de la reforma de 2009 y que de acuerdo con datos de la propia Corte fue de 40%.

Y la otra situación que remarcan los analistas es el encarecimiento del dólar. En 2010 los ministros ganaban más de 300 mil pesos con una paridad de dólar de 10 pesos. Hoy perciben menos y con un dólar que ya vale 20 pesos. Ello ha contribuido a emparejar el salario respecto a países de primer mundo, aun cuando se mantengan por encima de América Latina.

Por otro lado el ensayo “¿Absolutismo Constitucional?” del ministro Anguiano sostiene que si bien puede parecer que ministros en Estados Unidos ganan menos dinero, las comparaciones no toman en cuenta que, por ejemplo, al ser nombrados estos reciben una casa habitación sin tener que cubrir pago alguno de mantenimiento, gozan de tres meses de vacaciones al año con todos los pagos que hagan reembolsables, entre otros.

Prestaciones excesivas: bonos de riesgo ¿sin riesgo?

Para los investigadores desde hace años existe un exceso en cuanto a las prestaciones que reciben los ministros, magistrados y algunos jueces.

Por ejemplo, en el referido decreto publicado en febrero pasado se establece entre las prestaciones algo denominado “Pago por Riesgo”, y que se define como un bono extra “por la naturaleza y complejidad” de las funciones encomendadas. En el caso de los ministros de la Corte dicho pago es de más de 554 mil pesos al año (853 mil pesos sino no se descuenta el impuesto); en el caso de los magistrados es de 472 mil pesos anuales; y de jueces de distrito es de 422 mil pesos.

No obstante, los analistas advierten que dicha prestación es excesiva pues no debería aplicarse de forma general, sino solo a los funcionarios judiciales que, en efecto, operen temas penales y en zonas de riesgo. En este esquema no entraría ningún ministro de la Corte quienes viven en Ciudad de México.

El referido informe publicado por el CIDE identifica además prestaciones que, sostiene, son excesivas. Por ejemplo pensiones vitalicias superiores a los 150 mil pesos, o un pago promedio de 54 mil pesos diarios en viáticos destinados a funcionarios asignados a comisiones.

Una Corte “gorda” y cara

Aun cuando los salarios de ministros se hayan emparejado, el costo de la Suprema Corte es elevado en comparación con las cortes y tribunales de funciones similares de otros países, de acuerdo con el análisis de Magaloni y Elizondo.

De acuerdo con su estudio, en 2009 el presupuesto total dicho organismo ascendía a 3 mil 224 millones de pesos. En comparación el presupuesto de la Suprema Corte en Estados Unidos era de mil 192 millones de pesos – menos de la mitad -, y el de la Corte Suprema de Canadá fue de 491 millones de pesos, apenas una sexta parte.

Y más llamativo es el contraste con el Tribunal Constitucional de España cuyo presupuesto era de 411 millones de pesos, mientras que el de la Corte Constitucional fue de 107 millones de pesos (3.3 por ciento en comparación con el presupuesto de México) y el del Tribunal Constitucional de Perú fue de apenas 93 millones de pesos (2.9 por ciento respecto a De México).

En 2018 esta brecha puede ser mayor pues el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia se ha elevado. Mientras que en 2010 el presupuesto fue de más de 4 mil 400 millones de pesos, para 2018 superó los 5 mil 600 millones de pesos. Esto de acuerdo con los reportes de egresos publicados por la Secretaría de Hacienda.

¿Por qué es tan cara la Suprema Corte en México? El estudio lo atribuye a su “enorme y gorda burocracia”. Esto ya que emplea a más de 3 mil funcionarios, mientras que, por ejemplo, la Corte en Estados Unidos emplea siete veces menso personal (483 personas), la de España 278 personas, la de Perú 175 personas y la de Chile a apenas 75 personas.

Los analistas explican que ello obedece que la SCJN no es un tribunal que se limite solamente a su función jurisdiccional, sino que además administra casas de cultura en todo el país, organiza eventos, publica libros, entre otros, lo que encarece su operación. De hecho, se estima que 2 de cada 3 servidores públicos de la Corte son ajenos a la labora jurisdiccional, y en realidad hacen funciones administrativas.

Lo anterior provoca que su presupuesto sea mucho mayor.

En el Poder Judicial acotaron que el elevado costo de la SCJN respecto a similares como la de Estados Unidos también se debe a que atiende una mucho mayor cantidad de asunto: 14 mil asuntos al año por apenas 10 de su homóloga estadounidense. En ese contexto señalaron que es necesario reducir el número de temas que aborda, pero ello requiere una reforma legislativa que pase por el Congreso.

Justicia de cabeza: menos dinero a quien más trabajo tiene

Otro estudio del CIDE denominado “La justicia de cabeza: la irracionalidad del gasto público en tribunales” evidencia la disparidad que existe en México en cuanto a los recursos asignados a la justicia federal respecto a la justicia local.

Por ejemplo, en 2010 se destinaban en México 34 mil millones de pesos al aparato de justicia federal (303 pesos per cápita), y solo 18 mil 833 millones de pesos (168 pesos per cápita) a la justicia local. De acuerdo con los investigadores dicha disparidad persiste hasta la fecha.

El estudio subraya que el asignar casi el doble a la justicia federal no tiene lógica con la práctica real. Esto ya que el 80 por ciento de los asuntos judiciales que se inician en México competen a los juzgados y tribunales de los estados, es decir los locales, y solo el 10 por ciento a los federales.

Esta disparidad no concuerda con la de otros países de la región en donde la asignación de recursos es a la inversa: se asigna más presupuesto a la justicia local que a la federal. Por ejemplo en Brasil el gasto per cápita en justicia local es del doble respecto a la federal, en Argentina el triple, y en Estados Unidos y Canadá el gasto en justicia local era 8 veces superior al federal.

Y en comparación con esos mismos países el gasto per cápita para justicia local en México (168 pesos) era significativamente menor, al menos en 2010, año que revisa el estudio. En Brasil se destinaron 758 pesos per cápita en justicia local, en Argentina 710 pesos, en Canadá 1 mil 442 pesos y en Estados Unidos 1 mil 619 pesos.

El análisis de Magaloni y Elizondo también destaca que si bien hay similitud en el nivel de salario que un juez federal recibe en México respecto a los países antes mencionados, no ocurre así con el sueldo de jueces locales que en Argentina, Brasil, Canadá y Estados unidos es similar al de su homologo federal mientras que en México perciben casi una cuarta parte.

Una revisión hecha por Animal Político a los presupuestos de egresos confirma que el aparato de justicia federal es cada vez más caro.

Y es que mientras en 2010 el presupuesto para el Consejo de la Judicatura Federal era de 33 mil 600 millones de pesos, para 2014 había ascendido ya a más de 47 mil millones de pesos, y este año llegó hasta casi 68 mil millones de pesos.

 

Con información de Yuriria Ávila.

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Trump vs Biden: ¿Puede el presidente impugnar el resultado? y otras preguntas sobre las elecciones de EU

Los lectores de la BBC enviaron preguntas qué puede pasar luego de la reñida votación. Tenemos respuestas.
5 de noviembre, 2020
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Trump y Biden

BBC
Joe Biden y Donald Trump se disputan los resultados finales de algunos estados.

¿Cómo pueden los candidatos impugnar los resultados? ¿Qué pasa si hay un empate? ¿Y por qué algunos votos cuentan más que otros?

La elección presidencial de Estados Unidos ha dejado muchas dudas, luego de que la noche del 3 de noviembre terminara sin resultados y aún se cuenten los votos.

Ninguno de los candidatos ha logrado aún los 270 votos del Colegio Electoral que se necesitan para ganar la Casa Blanca.

Las autoridades electorales están contando los sufragios en varios estados clave, incluyendo Pensilvania, Nevada, Carolina del Norte y Georgia, los cuales llevarían a Donald Trump o Joe Biden a alzarse con el triunfo.

La BBC pidió a sus lectores de todo el mundo que enviaran sus preguntas sobre este proceso. Estas son algunas de las más frecuentes.

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BBC

¿Tiene Donald Trump derecho a impugnar los resultados?

Sí. Los líderes de ambas campañas han dicho que están listos para las disputas legales que surjan del escrutinio de los votos, lo cual ya ocurrió este miércoles en el caso de Michigan y Pensilvania.

Cada candidato tiene derecho a exigir un recuento en la mayoría de los estados, lo cual se concede generalmente si la diferencia entre los votos es mínima.

Donald Trump

EPA
El presidente Donald Trump dijo que recurriría a la Corte Suprema de ser necesario.

Este año hubo un aumento en la votación por correo y también es posible que la validez de estas boletas y hasta cuándo se pueden contar pueda ser cuestionada en los tribunales.

Las demandas podrían llegar hasta la Corte Suprema de EE.UU.

Esto sucedió en 2000, cuando el máximo tribunal detuvo un recuento en Florida y falló a favor del republicano George W. Bush, quien se convirtió en presidente.

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BBC

¿Qué pasa si hay un empate?

Hay 538 votos del Colegio Electoral en juego. Y cada estado tiene un número determinado de electores según el tamaño de su población.

Esto significa que es posible -aunque no muy probable– que pueda darse un empate de 269 votos cada uno.

Si ningún candidato obtiene la mitad más uno de votos en el Colegio Electoral, correspondería al Congreso de Estados Unidos decidir.

Una protesta frente a la Casa Blanca

EPA
El ajustado resultado en algunos estados ha generado manifestaciones que piden “contar cada voto”.

Serían los miembros elegidos en la misma jornada electoral quienes asumirían esta responsabilidad.

La elección de un presidente se daría en la Cámara de Representantes. Ahí un delegado de cada estado tendría un voto: se necesita una mayoría de 26 para que un candidato se convierta en presidente.

El Senado elegiría al vicepresidente con el voto mayoritario de los 100 senadores.

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BBC

¿Qué influencia tiene el voto popular en la forma en que vota el Colegio Electoral?

Los presidentes estadounidenses no se eligen por el voto popular nacional, sino por el número de estados que ganaron.

Joe Biden

Reuters
Biden ha celebrado ser el presidente con más votos de la historia de las elecciones, pero necesita los votos del Colegio Electoral.

El triunfador en cada estado obtiene el apoyo de electores que se reúnen en diciembre, cuando se conforma el Colegio Electoral, para votar y nominar oficialmente al próximo presidente.

Para ganar la Casa Blanca se necesitan 270 votos electorales.

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BBC

Casi todo el mundo está harto de esta tontería del “colegio electoral”. ¿Es tan difícil simplemente hacer que las elecciones estadounidenses sean por una mayoría de votos y deshacerse del colegio?

El sistema electoral de EE.UU. está establecido en la constitución, por lo que cambiarlo requeriría una enmienda constitucional.

Esto tendría que ser aprobado por dos tercios del Senado y de la Cámara de Representantes, o la misma proporción de legislaturas estatales. Tres cuartas partes de EE.UU. deberían estar de acuerdo.

Electores del Colegio Electoral firmando actas

Reuters
Los miembros del Colegio Electoral son los que eligen al presidente.

Es muy poco probable que una iniciativa así tuviera éxito, aunque ha habido intentos de modificar el sistema en el pasado.

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BBC

¿Quiénes son los miembros del colegio electoral, cómo se eligen y cuánto tiempo desempeñan el cargo?

Los miembros del colegio electoral suelen ser nominados por los partidos republicano y demócrata en cada elección.

Existen diferentes reglas para nominarlos en cada estado y se seleccionan oficialmente el día de la votación.

Bill Clinton

Reuters
El expresidente Bill Clinton fue parte del Colegio Electoral en 2016.

Los miembros del colegio, llamados electores, a menudo tienen conexiones en los partidos políticos estadounidenses, con activistas o expolíticos.

Bill Clinton fue elector demócrata en 2016, y los republicanos propusieron a Donald Trump Jr.

Pero recordemos que su voto lo define el ganador del voto popular en el estado al que representen, no su afiliación política.

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BBC

¿Quién decidirá la presidencia si no hay un ganador definitivo a través del Colegio Electoral?

Si no hay un ganador definitivo en el colegio electoral, significaría que ha habido un empate en el resultado general (mencionado anteriormente) o que los desafíos legales en curso en los estados en disputa no se han resuelto, por lo que sus electores no pueden ser elegidos.

El Colegio Electoral se reúne el 14 de diciembre. Para entonces, cada estado debe proponer electores para su candidato ganador.

Si los resultados de las elecciones aún están en disputa y ciertos estados no pueden decidir a qué candidato dar a sus electores, entonces dependería del Congreso de Estados Unidos.

Gráfico de votos de colegio electoral que se necesita para ganar la presidencia de Estados Unidos

BBC

La Constitución estadounidense impone un plazo final: el mandato del presidente (y vicepresidente) expira el 20 de enero al mediodía.

Si el Congreso no ha podido elegir al ganador para entonces, hay una línea de sucesión establecida en la ley.

La primera en la fila es la presidenta de la Cámara de Representantes, actualmente Nancy Pelosi, seguida por el segundo miembro de mayor rango del Senado, actualmente Charles Grassley.

Esto nunca ha sucedido antes, por lo que no está claro cómo funcionaría en la práctica en estas circunstancias excepcionales.

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BBC

¿Qué hace que los votos de algunos estados cuenten más que otros?

Los candidatos tienden a hacer campaña en estados donde el resultado es incierto, por eso la gente dice que los votos en estos estados “cuentan más”.

Estos lugares se conocen como campos de batalla o estados péndulo o clave.

Trump en un mitin

Reuters
Trump centró su estrategia este año en estados como Michigan y Florida.

El sistema electoral de EE.UU. implica que en todos los estados -excepto dos- el margen de victoria no importa, ya que quien obtenga la mayoría del voto popular gana todos los votoselectorales del estado.

Es fácil pronosticar cómo votarán en California, que siempre lo ganan los demócratas, o Alabama para los republicanos. Por eso los candidatos tienen menos incentivos para hacer campaña allí.

Concentran su esfuerzo en un puñado de estados como en Florida y Pensilvania, pues ahí la votación suele ser reñida y puede inclinarse la balanza en cualquier sentido.

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BBC

Si los votos por correo que se cuentan varios días después de las elecciones cambian el resultado final de un estado para Trump o Biden, ¿cuál es el protocolo para volver a anunciar un ganador?

No existe un protocolo legal para anunciar un ganador en la noche de las elecciones; los estadounidenses lo conocen a través de la proyección de los principales medios de comunicación.

Biden en un mitin en Pensilvania

Reuters
Biden fijó buena parte de su agenda en Pensilvania.

El conteo nunca se completa en la noche de las elecciones, pero generalmente hay suficientes votos para confirmar un ganador.

Estos son resultados no oficiales que se certifican solo unas semanas después, cuando son ratificados por funcionarios estatales.

Este año, los medios fueron más cautelosos al nombrar a un ganador en algunos estados, ya que hay un número record de votos por correo que hacen más lento el proceso de escrutinio.

Así que un candidato que se declare ganador podría terminar perdiendo cuando se cuenten todos los votos.


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