close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
cuartoscuro

¿Cómo debe funcionar la Comisión Nacional de la Verdad? Esto proponen grupos civiles

Este es un resumen de la propuesta de Comisión de la Verdad que analizaron los colectivos de víctimas el pasado 4 de diciembre, y cuya versión final será presentada en las próximas semanas al gobierno federal, en espera de su aceptación inmediata.
cuartoscuro
7 de diciembre, 2018
Comparte

Luego de que, en septiembre pasado, Andrés Manuel López Obrador se comprometiera con colectivos de víctimas de la violencia de todo el país a establecer seis mesas de trabajo, orientadas en conjunto a diseñar la política de pacificación que aplicará su gobierno, estas agrupaciones de víctimas, acompañadas de organismos civiles de defensa de los derechos humanos, comenzaron el diseño de las propuestas de trabajo que llevarán a dichas mesas, mismo que ahora se alistan a presentar a las autoridades para su discusión, una vez que la nueva administración federal entró en funciones.

El pasado 4 de diciembre, colectivos civiles se congregaron en la Ciudad de México para detallar su primera propuesta, que describe la forma en que víctimas y defensores de derechos humanos se imaginan que debe ser la Comisión Nacional de la Verdad, organismo que el presidente López Obrador se comprometió a crear, y que ahora falta definir sus alcances y facultades.

A continuación, te presentamos un resumen de la propuesta de Comisión de la Verdad que, con carácter de “preliminar”, analizaron los colectivos de víctimas el pasado 4 de diciembre, y cuya versión final será presentada en las próximas semanas al gobierno federal, en espera de su aceptación inmediata.

¿Para qué una comisión de la verdad?

El objetivo de crear una “comisión de la verdad” que opere a nivel nacional, señala el documento discutido por las víctimas y defensores de derechos humanos, es ofrecer una “narrativa creíble, sustentada y explicativa” de la violencia que ha sufrido la sociedad mexicana en las últimas siete décadas, con la intención de “aportar al conocimiento de las consecuencias transgeneracionales” de esta misma violencia.

Lo que se busca, subraya la propuesta preliminar, es “poner fin a la narrativa de negación y simulación del Estado en torno a las graves violaciones a derechos humanos” cometidas a partir del año 1965, para “dar voz a las víctimas que han sido silenciadas por la violencia y la impunidad”, así como para “combatir la indiferencia social ante las víctimas”, “desestigmatizarlas”.

El periodo de esclarecimiento de hechos que los grupos civiles proponen sea estudiado por la Comisión de la Verdad es de seis décadas, dividido en dos.

El primer periodo de estudio, señala la propuesta preliminar, comprende del 1 de enero de 1965 al 30 de noviembre de 2006, es decir, abarca las décadas en las que el gobierno mexicano aplicó la estrategia represiva conocida como “guerra sucia” en contra de grupos opositores, así como los años de violencia política y violencia vinculada a corrupción y delincuencia organizada, que caracterizaron el fin del siglo XX.

El segundo periodo de estudio va del 1 de diciembre de 2006, al 31 de diciembre de 2020, fecha en la que, señala la propuesta, cerrará la recepción de testimonios. Este periodo, cabe destacar, comprende la estrategia militar conocida como “guerra contra el narco”.

La propuesta de Comisión de la Verdad que preparan los colectivos civiles establece que este organismo no debe dedicarse a perseguir delitos particulares, ni a proceder legalmente contra los perpetradores de éstos (algo que tocaría realizar a otro organismo, el Mecanismo internacional contra la impunidad), sino que debe “explicar los contextos y los métodos de la violencia”, para esclarecer y documentar los patrones nacionales y regionales bajo los cuales ésta funcionó y evolucionó en México, concentrándose en aquellos patrones que fomentaron la ocurrencia de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

En esta propuesta preliminar, los colectivos civiles reconocen que una Comisión de la Verdad no puede trabajar indefinidamente, sino que debe contar con una fecha clara para la conclusión de sus labores. Por ello, los colectivos proponen que la comisión tenga un periodo de existencia de tres años, con la posibilidad de una prórroga excepcional, que pueda aplicarse en caso de que hacia el final de sus labores los integrantes de la Comisión enfrenten obstáculos tendientes a boicotear su presentación de conclusiones.

¿Cómo debe funcionar?

Aunque aún no está definido el número de integrantes de la Comisión de la Verdad, los colectivos civiles coincidieron en que ésta debe conformarse por bajo el principio de paridad de género, con la presencia de personas nacionales y extranjeras, todas “expertas, con autoridad moral probada” y con “independencia partidista”, acompañadas por “víctimas” y “líderes sociales con cercanía a las víctimas”.

Según la propuesta de los colectivos civiles, la Comisión de la Verdad, además, debe contar con un “equipo técnico extenso”, que asista en las labores de documentación y recabación de testimonios y casos, que trabaje a partir de “oficinas regionales que garanticen un proceso descentralizado”.

Este equipo de trabajo, que podría abarcar a cientos de expertos en distintas áreas técnicas, científicas y periciales, operando de forma simultánea en todo el país, deberá trabajar de la mano, en diálogo constante, con “colectivos de víctimas y de familiares de víctimas, con organizaciones civiles y sociales, con la academia y con especialistas extranjeros”, así como con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en lo que toca a asistencia técnica.

¿Qué garantías deben darse?

La primera preocupación planteada por los colectivos de víctimas y de defensa de los derechos humanos es que la Comisión de la Verdad debe contar con condiciones de seguridad para desarrollar su labor, lo que no solo implica garantizar la integridad, presente y futura, de los miembros de la comisión y de sus equipos técnicos, sino también la de todas aquellas personas que posean información sobre graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, ya que sin estas garantías no será posible que esas personas hablen.

Este aspecto, se detalló, exige un amplio ejercicio de imaginación y de estudio de experiencias internacionales, para diseñar mecanismos que permitan obtener testimonios e información sobre graves hechos de violencia, sin poner en riesgo a las personas que los proporcionen, tales como la aplicación de audiencias privadas que, incluso, podrían desarrollarse fuera del país (de exigirlo así las evaluaciones de riesgo).

Por otro lado, una condición de cumplimiento imprescindible es que la Comisión de la Verdad cuente con autonomía y suficiencia presupuestaria para desplegar por todo el país una extensa brigada de recabadores de información, que cuente con todas las herramientas tecnológicas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos obtenidos.

Sin contar con un aporte suficiente de recursos económicos, se detalla, no sería posible desarrollar la “recopilación masiva de datos” que la Comisión de la Verdad requiere para narrar de forma detallada los mecanismos que permitieron la evolución de la violencia en México, ni tampoco sería posible realizar “el análisis estadístico y georreferenciado de las diferentes formas de victimización” que se presentan en el país.

Igualmente, sin los recursos suficientes sería muy difícil incorporar al proceso de aportación de testimonios a todas aquellas víctimas que, hasta ahora, no pertenecen a ningún colectivo organizado.

Resultados

Si bien el objetivo de la Comisión de la Verdad propuesto por los colectivos civiles no es encabezar la persecución de los delitos documentados, sino desarrollar una narrativa apegada a la realidad de la violencia en México, la propuesta sí contempla que aquellos testimonios e insumos informativos recabados por la Comisión puedan ser canalizados al Mecanismo Internacional contra la Impunidad, para que éste pueda aprovecharlos en su labor de identificación de responsables, para su procesamiento penal.

“Los resultados de los informes, los análisis de contexto y de patrones de graves violaciones de derechos humanos, y en su caso crímenes de lesa humanidad –subraya la propuesta– serán incorporados a las investigaciones de fiscalías y el Mecanismo Internacional contra la Impunidad.”

Igualmente, estos testimonios deben ser aprovechados por los programas de reparación integral del daño (cuyo establecimiento es también un compromiso del presidente López Obrador), y servirán también para el diseño de reformas institucionales orientadas a suprimir las posibilidades de repetición de hechos violentos.

Sin embargo, se subraya que el principal objetivo es “el reconocimiento de la narrativa de las víctimas, en contraposición al discurso oficial”, con la intención de “restaurar su dignidad y reivindicar su posición como titulares de derechos”.

“La verdad –concluye la propuesta de los colectivos ciudadanos, que será presentada al gobierno federal para su implementación– será un elemento central para los procesos de construcción de paz, y para la narrativa social que permita entender la violencia y las consecuencias para las víctimas y la sociedad.”

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Getty Images

Etnoporno, la explotación sexual de mujeres indígenas en videos pornográficos en México

En Chiapas es cada vez más común el "etnoporno" o pornografía de niñas y mujeres indígenas, producido muchas veces sin su consentimiento. Las activistas apuntan a que es un delito agravado por la desigualdad económica, cultural y de acceso a las tecnologías que padecen estas mujeres.
Getty Images
16 de enero, 2020
Comparte

Un maestro de una zona indígena en un lugar recóndito le regaló un teléfono celular a María, una de sus alumnas de 13 años. Le enseñó a usarlo. Y después le pidió que le mandara fotos desnuda.Esto sucedió en Chiapas, en el sureste de México, donde las activistas denuncian que es cada vez más común el “etnoporno”, un tipo de pornografía que usa como fetiche a mujeres y niñas indígenas, y que son por ello víctimas de abusos.

En el caso de María (nombre supuesto), una mujer de otro estado de México entró en contacto con ella a través de redes sociales y la siguió extorsionando para que mandara más imágenes y videos, cada vez en situaciones más comprometedoras, por ejemplo masturbándose.

La familia de María cuenta que lo descubrió porque la adolescente había sido obligada a convencer a otra menor, de 10 años, para que empezara también a enviar este tipo de fotos y videos.

La niña se asustó tanto que se lo confesó a su madre. Así fue como se enteraron en el pueblo.

Manifestación en contra del acoso virtual.

Cortesía: Frente Nacional para la Sororidad
En 17 de las 32 entidades federativas de México se han aprobado reformas que castigan los delitos digitales contra las mujeres.

Algunos intentaron linchar al maestro, pero el padre prefirió tomar la ruta legal “porque matar al maestro habría sido aceptar que éste había violado a su hija”.

Martha Figueroa, la abogada feminista que está llevando el caso de manera voluntaria, cuenta que, como otros del mismo tipo, puede estar relacionado con redes de trata de personas. Y que es un gran reto castigar a los culpables.

“La familia no recibió ayuda en el Ministerio Público en un principio. Después quisieron registrarlo solo como abuso sexual no grave. Además, como era electrónico y es algo muy nuevo, no sabían cómo hacerlo“, le explica a BBC Mundo.

El “etnoporno” es un tipo de pornografìa, cada vez más de moda, que usa a mujeres y niñas indígenas como fetiche. Foto: BBC

Reconoce que hay quien argumentaba que fue un acto voluntario, ya que era la adolescente misma la que hacía llegar las fotos.

“Pero no, esto es un crimen del maestro. Y es agravado porque está corrompiendo a menores y abusó de su poder como maestro“, asegura.

Después de varios meses, el hombre fue arrestado. “No se sabe si cumplirá sentencia porque ha interpuesto un recurso. Pero es un logro que al menos por ahora esté tras las rejas y no todavía enseñando en la escuela”, explica la abogada.

Distintos daños que causa la violencia virtual.

Cortesía: FNS
La violencia virtual tiene una serie de consecuencias, recogidas en el informe de la Asociación para el Progeso de las Comunicaciones (APC).

Según el Código Penal de México “al que fije, grabe, imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en que participen uno o más menores de dieciocho años, se le impondrá la pena 10 a 14 años de prisión y de 500 a 3.000 días multa”.

Y establece el mismo castigo para quien reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o transmita este material.

“Sin redes de apoyo”

Adela Bonilla, directora de Equidad de Género y Desarrollo de las Mujeres en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dice que estos videos pornográficos con mujeres indígenas “se pusieron de moda”.

Explica que muchas indígenas jóvenes llegan de sus comunidades al municipio chiapaneco en busca de una mejor vida, pero que ahí son muy vulnerables, que no tienen redes de apoyo y que algunas tienden al trabajo sexual.

“Las mujeres que se dedican al comercio sexual están en total indefensión y de ahí a ser víctimas hay solo un pequeño paso”, dice.

Dice que muchas de las que aparecen en los videos pueden estar siendo víctimas de estas redes. Y que en el ayuntamiento se plantea establecer un albergue para mujeres y menores.

También que, junto con la Secretaría de Turismo, se trabaja en concienciar al sector hotelero sobre el delito del comercio sexual infantil.

Se está haciendo que los hoteles firmen un código de ética para que, cuando un adulto llegue al establecimiento con un menor de edad, tenga que acreditar su relación.

“Chamulitas porno”

Por ahora es muy fácil encontrar, en pleno mercado central de San Cristóbal, material pornográfico de indígenas chamulas.

Se vende al lado de puestos de ropa interior, de comida o de gallinas vivas.

En los puestos de películas piratas, en la parte más recóndita, hay videos entre los que sobresalen los títulos de “Porno chamulitas”, en ediciones de varios años que prometen “puro video nuevo”.

Y además advierten: “En este material pueden aparecer personas que quizá conozca. Se recomienda discreción”.

Pero el etnoporno también se distribuye por internet.

El Frente Nacional para la Sororidad, una organización feminista que lucha contra la violencia sexual en la red, encontró durante un rastreo llevado a cabo entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en Chiapas más de 800 videos de niñas y mujeres que no habían dado su consentimiento para hacerlos públicos.

También identificaron 122 “mercados de explotación de imágenes”, o plataformas que compilan sin consentimiento información de contenido sobre todo sexual principalmente de mujeres y niñas, para ser expuestas en páginas, blogs, redes sociales o nubes de almacenamiento.

Chiapas es uno de los 17 estados de México que aprobó la “Ley Olimpia” por la que los delitos digitales de índole sexual, como la distribución de contenido íntimo sin consentimiento, podrán ser perseguidos y castigados con penas de entre 3 y 6 años de prisión.

Activistas celebran la aprobación de una reforma que pena el acoso por internet.

Cortesía: FNS
El Frente Nacional para la Sororidad es una asociación de activistas que lucha contra la violencia sexual en la red.

Indígenas, “las más afectadas”

Que las víctimas sean mujeres indígenas es una agravante del delito, le explica a BBC Mundo la activista Olimpia Coral Melo, quien promueve la ley, que lleva su nombre, desde que se difundiera un video sexual.

“El etnoporno es muy lamentable. Las mujeres indígenas son las más afectadas por estos delitos y es una cuestión de desigualdad en lo económico, en la cultura, en el acceso a la tecnología”.

Apunta a que muchas indígenas no saben que tienen derecho al placer, a la intimidad, al sexo. “Muchas ni siquiera piensan en poner una denuncia, pues desafortunadamente, en su forma de pensar está el creer que deben ser utilizadas, que son fábricas de bebés y de amamantar”, opina.

Además, muchas ni siquiera tienen acceso a internet y no saben que circulan videos de ellas.

“Incluso aunque fuera una trabajadora sexual que aceptó ser grabada por uno de sus clientes, eso no quiere decir que haya dado su permiso para que se comercie con su cuerpo infinitamente“, apunta la activista.

Valeria Sastré, abogada especializada en derechos de la mujer, dice que en Chiapas hay unos 30 registros y carpetas de investigación de delitos contra la intimidad sexual, pero que hasta ahora ninguno se ha judicializado.

Al hablar de las razones, menciona el hecho de que se trata de un tema muy nuevo y que es difícil que se acepten las pruebas contra estos delitos.

“Es necesario hacer campañas multidisciplinarias para concienciar, porque también nos topamos con una visión patriarcal en las zonas indígenas, donde las mujeres no conocen sus derechos”, añade.

Por ahora, desde el Frente Nacional para la Sororidad, reportan los contenidos y hacen llamados para que se quiten de internet.

“No es una solución permanente ni muy efectiva, pero es necesaria para que sepan que estamos vigilando”.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI

https://www.youtube.com/watch?v=GpyJ8GP7PWg

https://www.youtube.com/watch?v=o-FUmeEXFOI

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.