Los recortes y medidas de austeridad recientemente anunciadas por el nuevo gobierno, junto con adeudos acumulados en el sector cultural, han provocado la movilización de un grupo de profesionales que buscan mejorar sus condiciones laborales.

Se trata de @conTRATOdigno, iniciativa de profesionales de organismos como el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); el Museo Nacional de Arte; el Centro Nacional de Conservación; el Museo Mural Diego Rivera; el de Arte Moderno, entre otros, contratados bajo el esquema capítulo 3000, un acondicionamiento de “servicios generales”, por el cual el gobierno puede emplear a profesionales de manera externa.

La propuesta de Presupuesto de 2019, enviada el pasado 15 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recortaba poco menos del 10% de recursos a la Secretaría de Cultura, más la incertidumbre de no saber si tendrán trabajo para el próximo año han sido las principales preocupaciones del movimiento.

La dependencia aseguró el 18 diciembre pasado que en el presupuesto presentado había “recursos suficientes” para las actividades, y que los recortes se presentaban en rubros “de: duplicidad de funciones” (como el de servicios generales), los cuales incluían “rentas onerosas, contratos de vehículos, gastos superfluos y privilegios de altos funcionarios”.

En INBAL valoramos el aporte cotidiano de las personas que realizan actividades fundamentales para los servicios artísticos y culturales. Nuestras políticas de austeridad solo reducirán estructuras administrativas y salarios desorbitantes, en todas las formas de contratación. pic.twitter.com/i9CsAkdH7l

— Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) December 22, 2018

Esto desató manifestaciones y protestas de la comunidad cultural en México, e incluso tuvieron un encuentro con el diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, con el objetivo de reasignar recursos, sin descuidar las expresiones artísticas, así como el cuidado y rescate del patrimonio cultural.

Daniel @gimenezcacho truena contra el presidente @LopezObrador_ por el recorte al presupuesto de Cultura pic.twitter.com/9th3D1IwnE

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 19, 2018

“Definitivamente no formamos parte de los lujos, de los viajes, de los choferes y los autos, de los bonos o comilonas que políticos y burocracia varia se otorga “por mérito”. Nosotros hacemos exposiciones, escribimos textos, editamos libros, restauramos obras, dictaminamos piezas, conservamos el patrimonio, diseñamos todo tipo de productos culturales, organizamos y difundimos conferencias, exposiciones, conciertos, artes escénicas, entre otras actividades”, respondieron en una carta dirigida a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y a la titular del INBA, Lucina Jiménez, buscando que los trabajadores de esta modalidad no formen parte del recorte.

Hasta este 23 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el PEF 2019, con un ajuste que agrega 500 millones de pesos más al sector cultural.

De acuerdo con Frausto, el incremento se propuso a un programa que contempla “apoyos para festivales, programas culturales comunitarios y vida a la infraestructura cultural”.

Sin embargo, el colectivo aún espera resolver la situación laboral de personal que sigue contratado en el ramo de servicios generales.

Las exigencias incluyen un presupuesto suficiente para las contrataciones que requieran los centro dependientes de la Secretaría de Cultura; la afiliación a un sistema de salud, la cual incluya un seguro de gastos médicos; aumento anual en el salario neto, así como dejar de ser “prestadores de servicios” para ser considerados trabajadores con prestaciones de ley.

“No podemos más que seguir haciendo lo que sabemos hacer, y presentarnos a trabajar el primero de enero en nuestro respectivo centro de trabajo, museo, taller, oficina…”, aclara la reciente postura de la iniciativa.