13 años después de que la periodista Lydia Cacho denunció tortura por parte de policías judiciales de Puebla y Quintana Roo, autoridades federales detuvieron a uno de los presuntos responsables, Alejandro “R”.
Este martes, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dijo haber detenido al elemento ministerial activo, de 53 años de edad, en su domicilio, en la ciudad de Puebla, tras ser requerido por el juez segundo de distrito de Quintana Roo.
Elementos de la @PGR_AIC, dieron cumplimiento a una orden de aprehensión, en el estado de #Puebla, en contra Alejandro “R”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura. https://t.co/LCPD4i8MIf pic.twitter.com/BBWOusA3RW
— PGR México (@PGR_mx) 4 de diciembre de 2018
Apenas en agosto pasado, el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resolvió que sí existieron violaciones a los derechos humanos de la periodista, por lo que emitió lineamientos al Estado mexicano, como “procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas”.
El 16 de diciembre de 2005, policías judiciales de Puebla y Quintana Roo detuvieron a Lydia afuera del Centro Integral de Atención a la Mujer en Cancún, sin mostrarle una orden de detención y sin explicarle los motivos. La llevaron a los separos de la Procuraduría de Quintana Roo, la incomunicaron y la trasladaron por tierra, hasta Puebla, entonces gobernada por Mario Marín.
En el trayecto de 20 horas la periodista sufrió amenazas, agresiones físicas, verbales e intimidaciones sexuales. Ante las múltiples acciones de denuncia pública desplegadas por amistades y organizaciones solidarias, las autoridades poblanas pretendieron mitigar las violaciones graves cometidas contra Lydia, reportó la organización Artículo 19.
Cacho acusó que la respuesta fue por la publicación de su libro “Los demonios del Edén”, donde denunció la existencia de un red de pederatia en Quintana Roo.
Tras denuncias interpuestas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) y la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos a Periodistas (FEADP), en 2006, se dejó sin materia la causa instruida en su contra, y que había sido interpuesta por el empresario Kamel Nacif Borge.
