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Foto: Cuartoscuro/Archivo
Desaparecen 290 mdp para damnificados del sismo en Iztapalapa
La delegación Iztapalapa, con Dione Anguiano en el gobierno, dijo que había levantado un censo para ayudar a damnificados, pero no hay registro oficial del dinero ni de la identidad de los beneficiados.
Foto: Cuartoscuro/Archivo
4 de diciembre, 2018
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Entre el 21 de marzo y el 11 de septiembre de 2018, la delegación Iztapalapa (en ese momento encabezada por la perredista Dione Anguiano) recibió 290 millones de pesos para distribuir entre la población delegacional cuyo patrimonio inmobiliario sufrió afectaciones a causa de los sismos de 2017. Sin embargo, acerca del destino de ese dinero y de identidad de los beneficiados no quedó ningún registro oficial: el dinero simplemente se esfumó (durante un año electoral).

El pasado 26 de agosto, siendo aún jefa delegacional de Iztapalapa, la perredista Dione Anguiano aseguró haber levantado un “censo” de 21 mil 800 damnificados por los sismos, el cual supuestamente contaba con fotografías y georreferenciación “de todos los inmuebles averiados y los datos de sus propietarios”.

Ese censo fue, supuestamente, la base para el reparto de los 290 millones de pesos entre damnificados de Iztapalapa, y según la exdelegada Anguiano, se trataba de una herramienta “institucional” y “confiable” que estaría a disposición de las nuevas autoridades, que asumieron el cargo el 1 de octubre.

El análisis de la información contenida en dicha lista de beneficiarios permitiría verificar si ese dinero fue realmente entregado a damnificados, y bajo qué criterios se repartió, razón por la cual Animal Político solicitó copia del censo propalado por Dione Anguiano.

No obstante, la respuesta oficial (expedida por las nuevas autoridades de Iztapalapa, ahora gobernada por el partido Morena) fue que dicho censo de damnificados no existe, y que se ignora cuál fue el destino que Dione Anguiano dio a los 290 millones de pesos.

El pasado 5 de noviembre, las nuevas autoridades de Iztapalapa informaron que “el titular de la Dirección de Protección Civil saliente (José Francisco Arreguín Hoyos) no hizo entrega física ni digital de los archivos, ni de las bases de datos correspondientes al programa ‘Ayuda social para el mantenimiento de casas dañadas por los sismos del 19 de septiembre de 2017′”, irregularidad por la cual, se aclaró, ya fue interpuesta una denuncia formal en su contra ante la Contraloría Interna.

De hecho, el 19 de octubre de 2018, al ingresar a las oficinas de la Dirección de Protección Civil, las nuevas autoridades elaboraron un “acta circunstanciada” en la cual registraron el deterioro en el que encontraron dichos archivos.

Según esta acta (de la que Animal Político posee copia), al hacer una búsqueda de la base de datos de damnificados por el sismo en Iztapalapa, las nuevas autoridades sólo hallaron “cajas apiladas y en desorden (…) Se hace del conocimiento que no se cuenta con un registro claro del contenido de las cajas y tampoco se cuenta con una base de datos donde se precisen los pagos que se hayan efectuado”.

El acta circunstanciada también establece que “no se cuenta con relación, estatus y expedientes de cada uno de los 21 mil 802 registros de damnificados de Iztapalapa por los sismos ocurridos en septiembre de 2017”.

De hecho, el número de 21 mil 802 damnificados no está verificado, ya que dicha cifra fue difundida durante la pasada administración sin que se presentaran pruebas de que ése fue realmente el número de afectados.

Por esta misma causa, la nueva administración de Iztapalapa, ahora encabezada por Clara Brugada, informó que “se desconoce la atención o seguimiento dado a cada uno” de los supuestos damnificados.

Es decir, no se sabe si el dato de damnificados es un número inflado por las pasadas autoridades o si efectivamente incluye a todos los afectados, no se sabe si las personas beneficiadas en verdad eran damnificados, o cuánto dinero se les dio.

Peor aún: ni siquiera se sabe si realmente se les entregó alguna cantidad, o si los 290 millones de pesos se desviaron a otros fines.

Cabe destacar que, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Animal Político solicitó copia del padrón de damnificados de Iztapalapa en agosto, luego de que la aún delegada Dione Anguiano difundiera su existencia a través de un boletín de prensa en el cual, además, aseguraba que dicha lista de afectados “se entregará a la próxima alcaldía (nueva denominación empleada para las demarcación territoriales de la Ciudad de México) y es muestra de que hemos trabajado”.

Según los plazos establecidos por la Ley General de Acceso a la Información Pública, esta información debía ser entregada por Dione Anguiano el 14 de septiembre, es decir, cuando la perredista aún era titular de la demarcación.

No obstante, al vencerse ese plazo, la administración encabezada por Anguiano informó a Animal Político que, “debido a la complejidad de dicha información”, requería de otros diez días para entregarla.

Así, la nueva fecha legal de entrega quedó establecida para el 29 de septiembre, es decir, dos días antes de que concluyera la administración delegacional de Dione Anguiano. Sin embargo, la perredista dejó vencerse ese plazo, concluyó luego su administración, y nunca cumplió la obligación legal de entregar el supuesto censo de damnificados.

No fue sino hasta que las nuevas autoridades de Iztapalapa asumieron el control de las oficinas delegacionales que, finalmente, se reconoció que no hay evidencias que respalden la existencia dicho censo, ni del supuesto apoyo otorgado a los beneficiarios.

Para conocer la postura de Dione Anguiano en torno a estas irregularidades en el manejo de recursos para damnificados durante su administración, Animal Político le solicitó una entrevista formal, sin que se obtuviera respuesta satisfactoria.

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Qué buscaba originalmente la 'Guerra contra las drogas' que declaró EU en 1971
Nixon describió el abuso de drogas como una 'emergencia nacional' y le pidió al Congreso casi US$400 millones de dólares para abordar el problema. Todos estos años y muertos más tarde, Jeffrey Donfeld le contó a la BBC cuál era el enfoque en un principio.
13 de mayo, 2019
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“La adicción a las drogas es el enemigo público número uno de Estados Unidos”.

La frase fue pronunciada por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa Blanca en junio de 1971.

De esa manera comenzó lo que se ha conocido como la “guerra contra las drogas”, que ha llevado al gobierno estadounidense a gastar cerca de US$51.000 millones con el fin de combatir la compraventa de sustancias ilegales, a las que consideran un flagelo.

Y que ha hecho que cerca del 22% de la población carcelaria del país esté tras las rejas por delitos relacionados con la tenencia y el consumo de estupefacientes.

Sin embargo, más allá de los resultados y las estadísticas, esta “guerra” en un principio tuvo un enfoque muy distinto al que presenta actualmente.

“Se pensaba más en encontrar al adicto y ayudarlo que en encontrar al adicto y encerrarlo en una cárcel”, le dijo a la BBC Jeffrey Donfeld, un abogado californiano que fue el encargado de liderar la improbable misión de erradicar el consumo de drogas en el país.

Él fue el primer director de la Oficina Especial de Acción para Combatir la Adicción a las Drogas, tal su título formal.

“Era algo que realmente estaba presente en la cultura. Era el tercer tema que más preocupaba a los estadounidenses en aquellos años después de la guerra de Vietnam y la economía”, explicó.

Pero, ¿cómo fue esa primera aproximación de la llamada “guerra contra las drogas”, casi medio siglo atrás?

Emergencia nacional

En su tercer año como presidente, Richard Nixon vio cómo los niveles de adicción a las drogas y la criminalidad aumentaban dramáticamente en el país, por lo que decidió decretar la emergencia nacional y buscar recursos en el Congreso.

En junio de 1971, con un presupuesto cercano a los US$71 millones aprobado por los legisladores, comenzaron los programas para controlar la adicción a las sustancias ilícitas en todo el país.

Uno de ellos contemplaba presionar a otros países como Francia, Tailandia y Turquía para que tomaran acciones en contra de la producción de estupefacientes en sus respectivos territorios.

“Los otros dos fueron quitarle el glamour que estaba asociado a la idea del consumo, que estaba muy extendido en EE.UU. por entonces, y desarrollar un nuevo acercamiento para tratar a los adictos”, relató Donfeld.

Aunque se consumía mucho LSD y marihuana -la cocaína no había hecho su aparición a gran escala todavía-, lo cierto es que la droga que más llamaba la atención era otra: la heroína.

Por esa razón, Donfeld viajó por todo el país visitando centros para el tratamiento de adictos a este potente opioide.

Y aunque se encontró con muchas clínicas donde prevalecía la terapia como enfoque para dejar la adicción, le llamó la atención un lugar en particular: el centro terapéutico Daytop, que tenía sus principales sedes en Nueva York y Washington DC.

Nos dimos cuenta que a los adictos les daban metadona como reemplazo de la heroína“, explicó Donfeld.

“Era algo novedoso en aquellos tiempos. Aunque era una droga, la persona que la consumía, además de estar en terapia, podía ir a trabajar y tener una vida cercana a normal”, explicó el exdirector.

Metadona y racismo

Pero su viaje no solo le reveló este dato, sino que también le mostró que había una fuerte relación entre los crímenes y el consumo de drogas en varias de las principales ciudades de EE.UU.

“En aquellos centros de tratamiento había muchas personas que habían estado en la cárcel”, explicó.

“Y dentro de esa evaluación general que hicimos en el país, recibimos unas cifras que señalaban que las personas que recibían la metadona eran mucho menos proclives a reincidir en el crimen que aquellas que solo asistían a procesos de terapia”, recordó el abogado.

Entonces, Donfeld diseñó una campaña para convertir el uso de la metadona en un asunto nacional.

Pero se topó con varios problemas. Uno de ellos: lo acusaron de que su estrategia era racista.

“Varias entidades indicaron que esa idea, que podía ayudar a reducir los índices de criminalidad, era en realidad una estrategia del gobierno de Nixon para subyugar a las comunidades negras de EE.UU.”, relató.

“Era una acusación falsa. Nuestra intención no solo era reducir el consumo y ayudar a combatir el crimen, sino reducir las muertes por heroína”, se defendió el exfuncionario.

Así las cosas, la ayuda para extender su idea y convencer al presidente Nixon le llegó de donde menos lo esperaba: Vietnam.

Regreso a casa

Por entonces, dos congresistas hicieron un viaje de visita a las tropas estadounidenses desplegadas en Vietnam y, al regreso, reportaron que entre el 10% y el 15% de los efectivos en el terreno eran adictos a la heroína.

Donfeld, enviado por Nixon, se reunió con los generales que, según él, no tenían la menor idea de cómo combatir ese flagelo. Entonces les propuso una idea.

“La propuesta era llevar dos máquinas que podían detectar rastros de drogas en la orina. Y allá les avisaron a los soldados que si se hallaban drogas en las muestras, se iban a demorar una semana más en llegar a casa, porque había que desintoxicarlos”, recordó.

“Nadie quería quedarse una semana más. Así que muchos dejaron de consumir o se sometieron a un tratamiento. Ese fue un enfoque distinto al que existía previamente, que era simplemente enviar ante una corte marcial a quienes fueran sorprendidos consumiendo drogas”.

Lo cierto es que ese enfoque comenzó a aplicarse también en algunas ciudades de Estados Unidos a través de la oficina antidrogas de la que Donfeld era director.

“Al año siguiente los índices de criminalidad se redujeron entre un 20% y un 30% en ciudades como Nueva York y Washington. Creo que era una estrategia válida y efectiva, aunque creo que ha cambiado mucho en los últimos años”, concluyó.

El proyecto fue modificado después de que Nixon -quien había sido el propulsor de la guerra contra las drogas- se convirtió en el primer presidente de EE.UU. en renunciar a su cargo, tras haber sido reelegido en 1972 y por cuenta del encubrimiento en el sonado caso de Watergate.


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