Propone AMLO alza al presupuesto del Ejército, pero reduce el del resto de las áreas de seguridad y justicia
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Propone AMLO alza al presupuesto del Ejército, pero reduce el del resto de las áreas de seguridad y justicia

El subsidio destinado en seguridad para municipios sufre una reducción de casi mil millones de pesos. También hay recortes en las áreas de penales, inteligencia y Policía Federal.
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16 de diciembre, 2018
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El proyecto de presupuesto para 2019 elaborado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contempla un incremento de recursos para el Ejército Mexicano de 12 mil 648 millones de pesos, pero a su vez recorta los recursos destinados a todas las demás instancias de seguridad, justicia y migración.

Incluso, y pese a que se había dicho públicamente que al ser un tema prioritario no habría recortes, el presupuesto contempla una reducción superior a los 990 millones en los subsidios en seguridad para municipios y estados.

En el caso de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), la propuesta enviada al Congreso para su análisis prevé un presupuesto total de 93 mil 670 millones 187 mil 410 pesos. En 2018 se asignaron al Ejército 81 mil 21 millones de pesos, lo que equivale a un incremento (tomando en cuenta el factor de la inflación) del 11.3%.

Se trata no solo del mayor presupuesto para la Defensa Nacional por lo menos de 2010 a la fecha, sino además del mayor incremento de un año a otro.

El Gobierno Federal había adelantado ya que el presupuesto para el Ejército Mexicano se incrementaría, sobre todo porque sobre él recaerá el equipamiento, adiestramiento y pago de los elementos de la Guardia Nacional, un nuevo agrupamiento de corte militar (cuya existencia deberá aprobar el Congreso) con el que se pretende combatir principalmente a la delincuencia.

Recortes en dependencias, inteligencia y reclusorios

El resto de las dependencias del gobierno involucradas en tareas de seguridad, prevención e investigación de los delitos registran recortes presupuestales en lo proyectado para 2019, en comparación con este año.

La otra rama de las fuerzas armadas, la Secretaría de Marina, tiene proyectado un presupuesto de 29 mil 583 millones 375 mil 192 pesos, que de aprobarse equivaldría a una reducción en términos reales del 9%.

La Procuraduría General de la República (PGR), que se convertirá en Fiscalía General en los próximos días, tiene programado para 2019 un presupuesto de 15 mil 328 millones 222 mil 730 pesos, que en términos reales es una reducción del 9.1%.

Para la Policía Federal el proyecto de presupuesto contempla 26 mil 233 millones 830 mil 213 pesos, un presupuesto inferior al aprobado para 2018 que fue de 27 mil 571 millones 928 mil 196 pesos.

En cuanto a los recursos que se contemplan para Reclusión y Readaptación Social en 2019 (es decir para la operación de los penales federales), se prevén 17 mil 354 millones de pesos, que son 411 millones menos respecto a lo de 2018.

Este descenso en el presupuesto para las cárceles se registra pese a que en el Congreso avanza una reforma que amplía la lista de delitos que requieren prisión preventiva forzosa, entre ellos el de portación de armas de Uso Exclusivo del Ejército, que es un ilícito del orden federal. Esto significa un potencial crecimiento de la población penitenciaria federal para el próximo año.

Más ejemplos de recortes en seguridad: para el Sistema Nacional de Seguridad Pública se contemplan 4 mil 676 millones de pesos, que son mil millones de pesos por debajo de lo aprobado para 2018.

Y mientras que en el concepto denominado Inteligencia para la Seguridad Nacional este año se aprobaron 2 mil 888 millones de pesos, para 2019 lo que se propone es un recorte a 2 mil 490 millones.

Para Plataforma México, la base de datos contra el crimen que el gobierno federal ha señalado que hay que rescatar y reaprovechar, también se prevé un recorte. Su presupuesto pasaría de los 393 millones 228 mil pesos aprobados este año a 352 millones 113 mil pesos.

El proyecto enviado ayer al Congreso de igual forma plantea reducir los recursos de la Coordinación Nacional Antisecuestro de los 75 millones 280 mil aprobados en 2018, a 60 millones 255 mil en 2019.

De igual forma el presupuesto prevé reducir los recursos del Instituto Nacional de Migración de 1 mil 731 millones este año a 1 mil 330 millones para el próximo. Y se contempla una reducción en términos reales de 18% para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Recorte a subsidios, pese a promesa

En una reunión con gobernadores sostenida la semana pasada el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, prometió que los subsidios y apoyos para entidades y municipios en materia de seguridad se mantendrían al menos “al mismo nivel” que lo contemplado para 2018, y dijo que serían más de 11 mil millones de pesos.

El proyecto de presupuesto para 2019, en efecto, contempla una cifra similar -11 mil 219 millones en total -, pero sí equivale a un recorte pues lo aprobado para 2018 era superior.

La reducción se presenta en uno de los dos fondos que componen estos subsidios: el denominado “Subsidios en Materia de Seguridad Pública” (antes conocidos como subsemun). Para este se contemplan 4 mil 9 millones 124 mil 98 pesos en 2019, que son inferiores a los 5 mil millones de pesos que se autorizaron para 2018.

En el otro fondo denominado FASP se contempla para 2019 un total de 7 mil 210 millones, que es ligeramente superior a los 7 mil millones de 2018. Pero aun con ello, el presupuesto total para subsidios de 2012 sumando los dos ya mencionados era de 12 mil millones de pesos.

Recortes en el Poder Judicial Federal

El presupuesto proyectado para el Poder Judicial Federal en 2019 en su conjunto es de 65 mil 356 millones 725 mil pesos, que representa una reducción de seis mil millones de pesos si se compara con los 71 mil 366 millones de pesos autorizados para este 2018. En términos reales, ya considerando la inflación, es un recorte del 11.8%.

De aprobarse el proyecto el presupuesto específico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reduciría en términos reales un 18.3%; mientras que el del Consejo de la Judicatura Federal caería 9.7%.

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Elecciones en Venezuela: qué hace diferentes a las ‘megaelecciones’ de este domingo

Hoy vuelve la oposición mayoritaria a unas elecciones en Venezuela. Esta vez, más que la permanencia de Maduro en el poder, los resultados revelarán cómo será que Venezuela se dirija -y quién va a liderar el camino- hacia una transición política.
21 de noviembre, 2021
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La competencia, tras años de boicot opositor, vuelve al campo electoral en Venezuela.

En las “megaelecciones” de este domingo se eligen 3.082 cargos: 23 gobernaciones, 335 alcaldías y cientos de escaños en consejos locales.

3.082 elecciones en las que el chavismo se enfrentará a un amplio sector de la oposición que, en su mayoría, no reconoció el sistema electoral en las presidenciales de 2018 ni en las legislativas de 2020.

Esta vez habrá, además, observación imparcial de los comicios. Y un interés internacional por si el gobierno de Nicolás Maduro puede garantizar la competencia democrática.

“Este domingo le vamos a dar buenas noticias al mundo”, dijo el presidente venezolano.

Los venezolanos irán a las urnas en un momento raro para el país: tras décadas de profunda polarización, la política ha dejado de ser una de las principales preocupaciones de la gente y la dolarización de facto y la apertura económica han permitido mitigar la crisis, activar la producción y aliviar, parcialmente, las necesidades urgentes.

A la apatía se añade que un quinto de los 21 millones de venezolanos registrados para votar no podrán hacerlo por estar en el extranjero, a donde han viajado huyendo de la crisis. Por eso una de las claves de estas regionales y municipales es si se superará, y por cuánto, el magro 30% de participación de las legislativas del año pasado, en las que el chavismo ganó sin competencia real.

Y este domingo, aunque participa la oposición, lo más probable es que el chavismo vuelva a imponerse.

“Está claro que, por la abstención y por los desniveles en la contienda, la primera fuerza política del país será el chavismo”, dice la consultora política Colette Capriles. “Pero por eso estas elecciones servirán más como una suerte de primarias, una medición de fuerzas, dentro de cada bando”.

Tanto el chavismo como la oposición llegan divididos, afectados por una serie de inhabilitaciones, intervenciones y proscripciones que para muchos no garantizan un proceso auténticamente democrático. En ambos lados hay decenas de candidaturas frustradas por fallos judiciales.

Sin embargo, la renovación en mayo de los rectores en el Consejo Nacional Electoral (CNE), algunos compromisos establecidos en el proceso de negociación en México y la observación electoral internacional dan, para algunos, la noción de que una transición democrática está naciendo tímidamente.

“Tenemos que reconstruir nuestras instituciones”, dice Enrique Márquez, político opositor y ahora rector del CNE, ente que regula los comicios y llevaba años formado por miembros nombrados por el chavismo.

“Pero para eso tenemos que ir poco a poco, como quien remodela una casa, parte por parte (…) Ahora al menos podemos decir con absoluta certeza que en el ámbito electoral, tras varias auditorías y procesos de tecnificación, tendremos otra vez una votación segura, protegida y secreta”, añade el funcionario.

Elecciones en Venezuela

EPA

En qué son diferentes estas elecciones

Las elecciones contarán con la observación de una misión de la Unión Europea, otra de Naciones Unidas y una del Centro Carter, una organización especializada en procesos electorales.

Desde las legislativas de 2015, en las que ganó la oposición por amplio margen, la observación de entes neutrales internacionales se fue reduciendo hasta desaparecer.

Si en 2020 estas comisiones electorales justificaron su ausencia por “falta de condiciones democráticas”, argumento esgrimido por la oposición, ahora, al menos en principio, se mostraron medianamente satisfechas.

A pesar de que decenas de políticos están inhabilitados, proscritos o incluso presos, la renovación del CNE ha sido un desarrollo inédito en décadas.

Elecciones en Venezuela

EPA

Desde 2006, la presidenta del CNE fue Tibisay Lucena, hoy ministra en el gabinete de Maduro, y la representatividad de los rectores fue siempre cuestionada por la oposición, que solo contaba con uno de cinco representantes en el ente electoral.

“Las sanciones de Estados Unidos obligaron al gobierno a ceder en varios ámbitos, y esta renovación del CNE es uno de ellos”, dice Luis Vicente León, analista y encuestador.

Hoy la oposición cuenta con dos de los cinco rectores del CNE, una diferencia que, según Márquez, se ha traducido en que, entre otras garantías, “tendremos sólidos sistemas de acreditación de testigos”.

El dilema de la oposición

La otra gran diferencia de estas elecciones con las anteriores es que la oposición, que desde 2018 no reconoce a Maduro como presidente, volvió al juego electoral.

No es la misma oposición de antes -hay nuevos partidos y nuevos candidatos- ni es toda la oposición, porque aún existen agrupaciones que llaman a la abstención, como el ala de Voluntad Popular que lidera Juan Guaidó, quien asegura que “las regionales y las municipales no son la solución a los conflictos”.

Aún así, el antichavismo este domingo tendrá por quién votar, si es que se anima.

Nicolas Maduro

EPA

“En la oposición al chavismo hasta ahora tuvo más fuerza la rama que prometía una insurrección o un cambio abrupto de gobierno, pero ahora esa disponibilidad de apoyo instantáneo al cambio repentino parece haberse desinflado”, dice Colette Capriles.

El sufrimiento personal ha sido tan grande que ha obligado a la gente a cortar sus lazos con la política y eso, aunque afecta los mecanismos de solidaridad, a su vez permite cierta renovación de la estructura partidaria de la oposición”, explica.

Esta vez, la oposición no promete el fin del gobierno de Maduro ni basa su causa en la indignación contra el chavismo. “Que nadie venga con aires triunfalistas”, decía en su cierre de campaña Gustavo Duque, candidato opositor a la alcaldía de Caracas.

Los expertos ven las elecciones como un referendo sobre el ala radical de la oposición que lidera Gauidó, considerado por decenas de países como el presidente interino de Venezuela y cuyo liderazgo está cada vez más cuestionado.

“La oposición que participa busca asentarse como la verdadera oposición, la que realmente puede generar cambios al país”, dice Luis Vicente León.

Henrique Capriles

EPA
Aunque no es candidato ni la cara de la oposición, Henrique Capriles ha sido uno de los impulsores relevantes de la vuelta a elecciones de la oposición.

Pero, al tiempo, se mantiene escéptico: “El problema es que los que participan no lograron unirse, irán divididos en dos o tres alianzas muy diversas, y eso impedirá tener un mapa claro de las fuerzas opositoras tras las elecciones”.

En el tarjetón electrónico habrá casi 40 partidos. De oposición hay cuatro fuerzas distintas que, dependiendo de sus resultados, reclamarán más o menos protagonismo.

Esto será clave para el liderazgo de Guaidó, para el proceso de negociación con Maduro en México, que debe reanudarse en enero, y para las venideras elecciones (las presidenciales serán en 2024 y existe la posibilidad, si bien remota, de que se active un referendo revocatorio en 2022).

Venezuela intenta entrar en una transición política en medio de la ya iniciada transición económica. Parece claro que la primera, si es que se da, será mucho más lenta que la segunda.


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