Propone AMLO alza al presupuesto del Ejército, pero reduce el del resto de las áreas de seguridad y justicia
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Propone AMLO alza al presupuesto del Ejército, pero reduce el del resto de las áreas de seguridad y justicia

El subsidio destinado en seguridad para municipios sufre una reducción de casi mil millones de pesos. También hay recortes en las áreas de penales, inteligencia y Policía Federal.
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16 de diciembre, 2018
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El proyecto de presupuesto para 2019 elaborado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contempla un incremento de recursos para el Ejército Mexicano de 12 mil 648 millones de pesos, pero a su vez recorta los recursos destinados a todas las demás instancias de seguridad, justicia y migración.

Incluso, y pese a que se había dicho públicamente que al ser un tema prioritario no habría recortes, el presupuesto contempla una reducción superior a los 990 millones en los subsidios en seguridad para municipios y estados.

En el caso de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), la propuesta enviada al Congreso para su análisis prevé un presupuesto total de 93 mil 670 millones 187 mil 410 pesos. En 2018 se asignaron al Ejército 81 mil 21 millones de pesos, lo que equivale a un incremento (tomando en cuenta el factor de la inflación) del 11.3%.

Se trata no solo del mayor presupuesto para la Defensa Nacional por lo menos de 2010 a la fecha, sino además del mayor incremento de un año a otro.

El Gobierno Federal había adelantado ya que el presupuesto para el Ejército Mexicano se incrementaría, sobre todo porque sobre él recaerá el equipamiento, adiestramiento y pago de los elementos de la Guardia Nacional, un nuevo agrupamiento de corte militar (cuya existencia deberá aprobar el Congreso) con el que se pretende combatir principalmente a la delincuencia.

Recortes en dependencias, inteligencia y reclusorios

El resto de las dependencias del gobierno involucradas en tareas de seguridad, prevención e investigación de los delitos registran recortes presupuestales en lo proyectado para 2019, en comparación con este año.

La otra rama de las fuerzas armadas, la Secretaría de Marina, tiene proyectado un presupuesto de 29 mil 583 millones 375 mil 192 pesos, que de aprobarse equivaldría a una reducción en términos reales del 9%.

La Procuraduría General de la República (PGR), que se convertirá en Fiscalía General en los próximos días, tiene programado para 2019 un presupuesto de 15 mil 328 millones 222 mil 730 pesos, que en términos reales es una reducción del 9.1%.

Para la Policía Federal el proyecto de presupuesto contempla 26 mil 233 millones 830 mil 213 pesos, un presupuesto inferior al aprobado para 2018 que fue de 27 mil 571 millones 928 mil 196 pesos.

En cuanto a los recursos que se contemplan para Reclusión y Readaptación Social en 2019 (es decir para la operación de los penales federales), se prevén 17 mil 354 millones de pesos, que son 411 millones menos respecto a lo de 2018.

Este descenso en el presupuesto para las cárceles se registra pese a que en el Congreso avanza una reforma que amplía la lista de delitos que requieren prisión preventiva forzosa, entre ellos el de portación de armas de Uso Exclusivo del Ejército, que es un ilícito del orden federal. Esto significa un potencial crecimiento de la población penitenciaria federal para el próximo año.

Más ejemplos de recortes en seguridad: para el Sistema Nacional de Seguridad Pública se contemplan 4 mil 676 millones de pesos, que son mil millones de pesos por debajo de lo aprobado para 2018.

Y mientras que en el concepto denominado Inteligencia para la Seguridad Nacional este año se aprobaron 2 mil 888 millones de pesos, para 2019 lo que se propone es un recorte a 2 mil 490 millones.

Para Plataforma México, la base de datos contra el crimen que el gobierno federal ha señalado que hay que rescatar y reaprovechar, también se prevé un recorte. Su presupuesto pasaría de los 393 millones 228 mil pesos aprobados este año a 352 millones 113 mil pesos.

El proyecto enviado ayer al Congreso de igual forma plantea reducir los recursos de la Coordinación Nacional Antisecuestro de los 75 millones 280 mil aprobados en 2018, a 60 millones 255 mil en 2019.

De igual forma el presupuesto prevé reducir los recursos del Instituto Nacional de Migración de 1 mil 731 millones este año a 1 mil 330 millones para el próximo. Y se contempla una reducción en términos reales de 18% para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Recorte a subsidios, pese a promesa

En una reunión con gobernadores sostenida la semana pasada el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, prometió que los subsidios y apoyos para entidades y municipios en materia de seguridad se mantendrían al menos “al mismo nivel” que lo contemplado para 2018, y dijo que serían más de 11 mil millones de pesos.

El proyecto de presupuesto para 2019, en efecto, contempla una cifra similar -11 mil 219 millones en total -, pero sí equivale a un recorte pues lo aprobado para 2018 era superior.

La reducción se presenta en uno de los dos fondos que componen estos subsidios: el denominado “Subsidios en Materia de Seguridad Pública” (antes conocidos como subsemun). Para este se contemplan 4 mil 9 millones 124 mil 98 pesos en 2019, que son inferiores a los 5 mil millones de pesos que se autorizaron para 2018.

En el otro fondo denominado FASP se contempla para 2019 un total de 7 mil 210 millones, que es ligeramente superior a los 7 mil millones de 2018. Pero aun con ello, el presupuesto total para subsidios de 2012 sumando los dos ya mencionados era de 12 mil millones de pesos.

Recortes en el Poder Judicial Federal

El presupuesto proyectado para el Poder Judicial Federal en 2019 en su conjunto es de 65 mil 356 millones 725 mil pesos, que representa una reducción de seis mil millones de pesos si se compara con los 71 mil 366 millones de pesos autorizados para este 2018. En términos reales, ya considerando la inflación, es un recorte del 11.8%.

De aprobarse el proyecto el presupuesto específico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reduciría en términos reales un 18.3%; mientras que el del Consejo de la Judicatura Federal caería 9.7%.

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Primeros resultados en Chile muestran amplia ventaja para rechazo en el plebiscito por una nueva Constitución

En una votación obligatoria los chilenos decidieron este domingo si aprueban o rechazan el texto propuesto para nueva Constitución.
4 de septiembre, 2022
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Los primeros resultados del plebiscito de este domingo en Chile por el texto para una nueva Constitución muestran una amplia ventaja para el “rechazo” sobre el “apruebo”.

Con el 23% de las mesas escrutadas, el “rechazo” tiene casi un 63% de votos por el 37% del “apruebo”.

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile celebró este domingo la última de las tres votaciones del proceso de cambio constitucional que se presentó como solución para resolver las tensiones desatadas hace tres años.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir a los miembros de la Convención para escribirla (en 2021), el país decidió finalmente a través de un plebiscito obligatorio si aprueba o rechaza la Carta Magna propuesta.

El resultado de la Convención, compuesta de forma paritaria por mujeres y hombres, fue un texto que consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias.

Conforme fue trabajando la Convención y tras conocerse el texto propuesto se agudizó la división en el país, que votó por una abrumadora mayoría de casi el 80% por cambiar la Constitución de 1980, solución que nació como respuesta al estallido social de 2019.

La coalición de gobierno que lidera el presidente Gabriel Boric propuso cambios incluso si la Constitución se aprueba, en un intento de mitigar los miedos de los partidarios del “rechazo” ante ciertas propuestas del texto que ven como “radicales”.

Si ganara la opción “apruebo”, la flamante Carta Magna empezaría a regir en el acto, y a medida que se crearan los nuevos órganos que contempla, como una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazaría al Senado.

El gobierno y el Congreso trabajarían de inmediato en acuerdos para ciertas modificaciones.

Si ganara el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguiría vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo. Se espera en ese caso que haya algún tipo de acuerdo entre sectores políticos para modificar el texto actual o proponer la redacción de otra nueva versión de Carta Magna.

 


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