Propone AMLO alza al presupuesto del Ejército, pero reduce el del resto de las áreas de seguridad y justicia
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Propone AMLO alza al presupuesto del Ejército, pero reduce el del resto de las áreas de seguridad y justicia

El subsidio destinado en seguridad para municipios sufre una reducción de casi mil millones de pesos. También hay recortes en las áreas de penales, inteligencia y Policía Federal.
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16 de diciembre, 2018
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El proyecto de presupuesto para 2019 elaborado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contempla un incremento de recursos para el Ejército Mexicano de 12 mil 648 millones de pesos, pero a su vez recorta los recursos destinados a todas las demás instancias de seguridad, justicia y migración.

Incluso, y pese a que se había dicho públicamente que al ser un tema prioritario no habría recortes, el presupuesto contempla una reducción superior a los 990 millones en los subsidios en seguridad para municipios y estados.

En el caso de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), la propuesta enviada al Congreso para su análisis prevé un presupuesto total de 93 mil 670 millones 187 mil 410 pesos. En 2018 se asignaron al Ejército 81 mil 21 millones de pesos, lo que equivale a un incremento (tomando en cuenta el factor de la inflación) del 11.3%.

Se trata no solo del mayor presupuesto para la Defensa Nacional por lo menos de 2010 a la fecha, sino además del mayor incremento de un año a otro.

El Gobierno Federal había adelantado ya que el presupuesto para el Ejército Mexicano se incrementaría, sobre todo porque sobre él recaerá el equipamiento, adiestramiento y pago de los elementos de la Guardia Nacional, un nuevo agrupamiento de corte militar (cuya existencia deberá aprobar el Congreso) con el que se pretende combatir principalmente a la delincuencia.

Recortes en dependencias, inteligencia y reclusorios

El resto de las dependencias del gobierno involucradas en tareas de seguridad, prevención e investigación de los delitos registran recortes presupuestales en lo proyectado para 2019, en comparación con este año.

La otra rama de las fuerzas armadas, la Secretaría de Marina, tiene proyectado un presupuesto de 29 mil 583 millones 375 mil 192 pesos, que de aprobarse equivaldría a una reducción en términos reales del 9%.

La Procuraduría General de la República (PGR), que se convertirá en Fiscalía General en los próximos días, tiene programado para 2019 un presupuesto de 15 mil 328 millones 222 mil 730 pesos, que en términos reales es una reducción del 9.1%.

Para la Policía Federal el proyecto de presupuesto contempla 26 mil 233 millones 830 mil 213 pesos, un presupuesto inferior al aprobado para 2018 que fue de 27 mil 571 millones 928 mil 196 pesos.

En cuanto a los recursos que se contemplan para Reclusión y Readaptación Social en 2019 (es decir para la operación de los penales federales), se prevén 17 mil 354 millones de pesos, que son 411 millones menos respecto a lo de 2018.

Este descenso en el presupuesto para las cárceles se registra pese a que en el Congreso avanza una reforma que amplía la lista de delitos que requieren prisión preventiva forzosa, entre ellos el de portación de armas de Uso Exclusivo del Ejército, que es un ilícito del orden federal. Esto significa un potencial crecimiento de la población penitenciaria federal para el próximo año.

Más ejemplos de recortes en seguridad: para el Sistema Nacional de Seguridad Pública se contemplan 4 mil 676 millones de pesos, que son mil millones de pesos por debajo de lo aprobado para 2018.

Y mientras que en el concepto denominado Inteligencia para la Seguridad Nacional este año se aprobaron 2 mil 888 millones de pesos, para 2019 lo que se propone es un recorte a 2 mil 490 millones.

Para Plataforma México, la base de datos contra el crimen que el gobierno federal ha señalado que hay que rescatar y reaprovechar, también se prevé un recorte. Su presupuesto pasaría de los 393 millones 228 mil pesos aprobados este año a 352 millones 113 mil pesos.

El proyecto enviado ayer al Congreso de igual forma plantea reducir los recursos de la Coordinación Nacional Antisecuestro de los 75 millones 280 mil aprobados en 2018, a 60 millones 255 mil en 2019.

De igual forma el presupuesto prevé reducir los recursos del Instituto Nacional de Migración de 1 mil 731 millones este año a 1 mil 330 millones para el próximo. Y se contempla una reducción en términos reales de 18% para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Recorte a subsidios, pese a promesa

En una reunión con gobernadores sostenida la semana pasada el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, prometió que los subsidios y apoyos para entidades y municipios en materia de seguridad se mantendrían al menos “al mismo nivel” que lo contemplado para 2018, y dijo que serían más de 11 mil millones de pesos.

El proyecto de presupuesto para 2019, en efecto, contempla una cifra similar -11 mil 219 millones en total -, pero sí equivale a un recorte pues lo aprobado para 2018 era superior.

La reducción se presenta en uno de los dos fondos que componen estos subsidios: el denominado “Subsidios en Materia de Seguridad Pública” (antes conocidos como subsemun). Para este se contemplan 4 mil 9 millones 124 mil 98 pesos en 2019, que son inferiores a los 5 mil millones de pesos que se autorizaron para 2018.

En el otro fondo denominado FASP se contempla para 2019 un total de 7 mil 210 millones, que es ligeramente superior a los 7 mil millones de 2018. Pero aun con ello, el presupuesto total para subsidios de 2012 sumando los dos ya mencionados era de 12 mil millones de pesos.

Recortes en el Poder Judicial Federal

El presupuesto proyectado para el Poder Judicial Federal en 2019 en su conjunto es de 65 mil 356 millones 725 mil pesos, que representa una reducción de seis mil millones de pesos si se compara con los 71 mil 366 millones de pesos autorizados para este 2018. En términos reales, ya considerando la inflación, es un recorte del 11.8%.

De aprobarse el proyecto el presupuesto específico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reduciría en términos reales un 18.3%; mientras que el del Consejo de la Judicatura Federal caería 9.7%.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

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El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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