Quién era El Mexicano, el poderoso narco a la sombra de Pablo Escobar
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Quién era El Mexicano, el poderoso narco a la sombra de Pablo Escobar

Gonzalo Rodríguez fue uno de los narcotraficantes que le declararon la guerra al Estado colombiano en los 80. Le decían "Mexicano" por su afición al mariachi y también lo bautizaron el "ministro de guerra" del Cártel de Medellín.
BBC
3 de diciembre, 2018
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Le decían “Mexicano” porque le encantaban el mariachi y otros aspectos de la cultura popular mexicana, pero en realidad nació en el departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia.

Gonzalo Rodríguez Gacha fue otro de los líderes del Cartel de Medellín, la estructura narcotraficante fundada por Pablo Escobar, quien murió el 2 de diciembre de 1993.

Ambos capos de la droga eran amigos y en alianza trasladaron miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos, se volvieron millonarios y sembraron el terror en suelo colombiano.

Al igual que Escobar, al Mexicano le gustaban el lujo y las excentricidades, pero guardaba un perfil un poco más bajo.

Aunque eso no significaba que haya sido menos sanguinario que su amigo, sino todo lo contrario.

En ese entonces, Rodríguez Gacha era llamado el “jefe militar” o el “ministro de guerra” de la organización criminal.

La violencia era prácticamente parte de su forma de ser y, tal vez, eso explique la cinematográfica forma en la que terminó sus días, acribillado con su hijo desde un helicóptero tras un espectacular enfrentamiento con las fuerzas del orden.

Falleció el 15 de diciembre de 1989, tras ser rastreado y localizado cerca de la costa caribeña colombiana.

Una vez que el Mexicano fue dado de baja, los soldados presentes gritaron “¡Viva Colombia!“.

Lo mismo sucedería cuando su amigo Pablo Escobar cayera muerto por un disparo en la cabeza cuatro años después.

Anuncio de recompensa

Getty Images
Por el Mexicano y por Escobar se ofrecieron recompensas millonarias en Colombia.

La maldición de las esmeraldas

“Piedra maldita”, “embrujo verde”, “maldición”.

De esa forma se han referido más de una vez en Colombia a las esmeraldas, la gema que abunda en este país y que es asociada tanto con la elegancia como con el crimen.

Para Rodríguez Gacha fue lo segundo, porque esta piedra preciosa significó su inicio en la delincuencia.

Con menos de 25 años se unió a la organización del “zar de las esmeraldas” de ese entonces, Gilberto Molina, y desde allí combatió a sangre y fuego a los grupos de esmeralderos que también buscaban quedarse con una tajada del negocio de la gema verde.

Casa del Mexicano en una isla

Getty Images
Las propiedades de Rodríguez Gacha llamaron la atención de las autoridades colombianas en los 80.

Poco a poco fue subiendo de jerarquía, ganando cada vez más respeto, pero sobre todo más dinero.

Fue cuando decidió dar el salto y buscar la fortuna en el nuevo negocio ilegal que más rendía en Colombia: el narcotráfico.

Los contactos que había obtenido en el mundo criminal durante esos años lo ayudaron a conocer a otro joven ambicioso que empezaba a ganar poder en el negocio, Pablo Emilio Escobar Gaviria.

El despiadado

“El más folclórico y despiadado de los narcos del interior, conocido como El Mejicano (sic)”.

Así definió el periodista Fabio Castillo a Gonzalo Rodríguez Gacha en su emblemático libro “Los jinetes de la cocaína”, publicado originalmente en 1987, en pleno auge de la narcoviolencia del Cartel de Medellín.

Castillo, que tiempo después tuvo que salir del país para evitar un ajuste de cuentas, en su libro relata las excentricidades del narco, como bautizar a sus propiedades con nombres asociados con México como “Discoteca Chihuahua”, “Bar Mi Tenampa” o “Rancho Hermosillo”.

Y también relata sus feroces ataques a objetivos del mundo del crimen organizado o de la política.

Rodríguez Gacha

Getty Images
Rodríguez Gacha nació en el departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia.

Se estima que llegó a tener entre 500 y 1.000 hombres dentro de su ejército personal. Tiempo después se supo que eran adiestrados por mercenarios de varios países, entre ellos un exmilitar israelí.

La cantidad de propiedades y poder que comenzó a ganar lo pusieron en el radar de las autoridades colombianas en los primeros años de la década del 80, casi al mismo tiempo que sucedía con Pablo Escobar.

Por ello fue que el ministro de Justicia de aquel entonces, Rodrigo Lara Bonilla, emprendió acciones en su contra como la confiscación de avionetas y retiro de licencias de vuelo.

Luego, en 1984, aquella misma autoridad ordenó desmontar el megacomplejo de producción de cocaína del Cartel de Medellín conocido como “Tranquilandia” y destruir al menos 13 toneladas de droga.

La venganza del Mexicano y sus socios no tardó en llegar…

Menos de dos meses después de aquel operativo, una moto roja de marca Yamaha se acomodó al lado del Mercedes Benz en el que viajaba Lara Bonilla y acribilló al ministro.

Después de ese crimen, los capos del Cartel de Medellín tuvieron que escapar a Panamá durante un tiempo.

Dos años después también asesinaron al Coronel Jaime Ramírez Gómez, quien dirigió el operativo para destruir a Tranquilandia.

Soldados en lancha

Getty Images
La búsqueda de Rodríguez Gacha duró años.

El Mexicano

Aida Levy, exesposa del difunto Roberto Suárez, el “Rey de la cocaína” de Bolivia, cuenta que Rodríguez Gacha solía viajar con su conjunto de mariachi en el avión.

En su libro “El Rey de la cocaína” (2012), la autora relata que el Mexicano llegaba a sus haciendas acompañado de sus músicos para compartir fiestas junto al resto del Cartel de Medellín, sus socios bolivianos e incluso políticos y militares de ese país.

El capo narco animaba con su música favorita las fiestas en zonas selváticas del departamento de Santa Cruz (al este de Bolivia) mientras el resto de los socios brindaba con Dom Pérignon.

Desde luego, en Colombia tampoco faltaba el mariachi en sus celebraciones.

Cuando su enorme casa en un barrio residencial fue allanada por las autoridades, vieron que las paredes de la sala de esa mansión tenían una cubierta especial para absorber el ruido.

De esta manera los conjuntos de música mexicana podían tocar los temas favoritos de Rodríguez Gacha sin correr el riesgo de que el estruendoso ruido del mariachi despertara a todo el vecindario y llamara la atención de las autoridades.

La caída

A la muerte de Lara Bonilla siguieron las de centenares de policías, de periodistas, autoridades judiciales y la del carismático político Luis Carlos Galán en 1989, entre muchas otras.

También atentados con explosivos en Bogotá y Medellín y el estallido de una bomba en un avión en pleno vuelo el 27 de noviembre de 1989.

Rodríguez Gacha era uno de los más implacables líderes del Cartel de Medellín en la guerra emprendida contra el Estado colombiano para evitar que el país aprobara la extradición de narcos a Estados Unidos.

Por algún dato que permitiera dar con Mexicano y con Pablo Escobar se ofrecían recompensas nunca antes vistas en Colombia.

Las fotografías de ambos aparecían en afiches y en anuncios de televisión.

Mansión desde fuera

BBC
Colombia expropió la casona que perteneció al capo narco en Bogotá.

Con las autoridades sobre su rastro y con un infiltrado en su estructura de seguridad, el 15 de diciembre de 1989, Rodríguez Gacha viviría sus horas finales en medio de un temerario intento de escape.

Con su posición delatada y comandos de élite persiguiéndolo por cielo y tierra, trató de defenderse con una ametralladora alemana hasta que un disparo le destruyó el rostro y acabó con su vida.

Su muerte sucedió 18 días después de que Colombia se estremeció con la noticia de que un avión de Avianca con 109 pasajeros a bordo había estallado en el aire por orden de los capos del Cartel de Medellín.


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Cuartoscuro

Así fue el presunto desvío de 3 mil mdp en Segob a empresas fantasma ligadas a Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

Una investigación federal señala que Álvarez Puga y Gómez Mont habrían sido los beneficiarios finales de un presunto desvío millonario operado con la Segob mediante 1 mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos.
Cuartoscuro
Por Manu Ureste, Arturo Ángel y Zedryk Raziel
11 de septiembre, 2021
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La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI, mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasma.

La FGR obtuvo ayer una orden de aprehensión en contra del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la actriz y presentadora de televisión Inés Gómez Mont, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Una investigación federal a la que tuvo acceso Animal Político señala que Álvarez Puga y Gómez Mont habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la Segob mediante 1 mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos. La indagatoria señala que también habría participado un hermano del empresario, Alejandro Álvarez Puga.

Lee: Giran orden de aprehensión a Álvarez Puga e Inés Gómez-Mont por desvío de casi 3 mil mdp

Este medio buscó contacto con el exsecretario Osorio Chong para solicitarle un posicionamiento respecto de los señalamientos a su gestión.

“No tengo mayor información en este momento, pero, a presupuesto asignado, deben siempre encontrarse entregables. Esperaremos a que la autoridad haga lo que corresponde en esta investigación”, comentó.

La indagatoria, conocida como “Caso Querubines”, indica que los recursos públicos habrían sido desviados mediante dos contratos adjudicados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que dependía de la Segob en el sexenio pasado, a la razón social Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. Esta empresa fue calificada por la Secretaría de Hacienda como una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), es decir, se trata de una compañía “facturera”.

Los contratos, que suman 2 mil 950 millones de pesos, fueron adjudicados en agosto y octubre de 2016, supuestamente para comprar un programa de interconexión de siete penales federales al C4 del OADPRS, y fueron declarados reservados por el Comité de Transparencia de dicha institución durante 5 años alegando motivos de seguridad nacional.

Ambos contratos son considerados fraudulentos por la autoridad hacendaria, al detectar que hubo simulación de competencia entre varios proveedores en el proceso de licitación, manipulación de entregables y hasta la presunta falsificación de firmas de funcionarios del órgano que administra las cárceles federales.

Empresas ‘millonarias’ en lotes baldíos y en obra negra

Entre las primeras irregularidades, la autoridad fiscal detectó que los contratos eran idénticos y que la compañía Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., que ganó casi 3 mil millones de pesos, no tiene activos, infraestructura, ni personal trabajando, y que su dirección lleva a una modesta vivienda particular en Morelia, Michoacán, la cual no concuerda con su supuesto perfil de empresa millonaria.

Además, tal y como consta en ambos contratos a los que este medio tuvo acceso, la propia compañía manifestó ser “una pequeña empresa”.

Por otra parte, para adjudicar uno de los dos contratos por 1 mil 950 millones, la Segob hizo un supuesto estudio de mercado para ver qué empresa ofrecía las mejores condiciones económicas.

En dicho estudio participaron tres sociedades: Seguridad Privada de Inteligencia Cibernética, Sistemas Integrales Computarizados S.A. de C.V., y Grupo Profesional Shalom S.A. de C.V. La que supuestamente ofreció las mejores condiciones fue Seguridad Privada. Pero las autoridades detectaron que en el estudio las tres compañías se pusieron de acuerdo para presentar propuestas idénticas, que, incluso, presentaron el mismo día: el 8 de agosto de 2016.

Las autoridades hacendarias también detectaron que la empresa fantasma, para comprobar supuestamente la realización de los servicios y la entrega de bienes en ambos contratos, un Sistema de Monitoreo Centralizado, aportó fotografías idénticas, tal y como pudo constatar este medio. Por lo que las autoridades sospechan que, en realidad, se trata de entregables simulados.

Esta empresa, para justificar la entrega de decenas de cámaras fotográficas y de video, también aportó la misma información en ambos contratos, por lo que las autoridades también sospechan que son entregables simulados.

Una vez ganados los dos contratos por casi 3 mil millones de pesos, la empresa fachada Seguridad Privada Inteligencia Cibernética SA de CV distribuyó el dinero entre otras cuatro empresas, también calificadas como ‘factureras’ por la autoridad fiscal. Y éstas, a su vez, triangularon el dinero público a otras tres factureras.

Las compañías son: Modemo S.A. de C.V.; Tecnología e Innovación Arromlop S.A. de C.V.; Ingeniería y Arquitectura Tangamanga S.A. de C.V.; Creación y Modificaciones Gardel S.A. de C.V.; Comcelint S.A. de C.V.; Rangel S.A. de C.V. y Gupea Construcciones S.A. de C.V.

Estas empresas fueron creadas con apenas semanas de diferencia, entre el 18 de febrero de 2016 y el 12 de mayo de 2016, el mismo año de la firma de los contratos millonarios con el órgano desconcentrado de la Segob. Y también tienen sus sedes en viviendas particulares e, incluso, en lugares que conducen a obras en estado de abandono y a lotes baldíos.

Las autoridades fiscales detectaron que este grupo de empresas fantasma hicieron más de mil 400 operaciones de lavado de dinero y emitieron cientos de facturas falsas. Y sospechan que detrás de ellas estaría el matrimonio de Inés Gómez-Mont y el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes habrían cobrado una comisión para lavar el dinero público.

Tan solo entre el 31 de octubre y el 1 de diciembre de 2016, la empresa Grupea Construcciones Sa de CV transfirió al matrimonio casi 3 millones de pesos que habrían salido de las arcas públicas de Segob.

Entérate: “Nos estamos preparando para enfrentar este proceso”, dice Inés Gómez Mont

Incluso, la autoridad fiscal detectó que una persona física, que también está incluida en la lista negra del SAT de factureros, tenía supuestamente en su ‘nómina’ al abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, al que le pagó 1 millón 376 mil pesos como si fuera un supuesto ‘empleado’.

Víctor Manuel Álvarez Puga es un abogado mexicano que, junto con su hermano, dirige el despacho Alvarez Puga & Asociados. Según la revista Caras, participó apoyando la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y a la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos. Se casó con Inés Gómez-Mont en 2015.

Gómez-Mont es una conocida conductora de televisión. Ha trabajado en diversos programas de TV Azteca, el más conocido, Ventaneando. El matrimonio tiene dos hijos en común, que se suman a los tres de ella, de su matrimonio previo, y uno de Álvarez Puga.

 

 

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