La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) señaló al Estado mexicano como responsable de la “violencia sexual, violación y tortura” cometidas contra, al menos, once mujeres durante los operativos realizados por elementos municipales, estatales y federales en 2006, en San Salvador de Atenco, Estado de México.
Este viernes la CoIDH emitió una sentencia en la que declara “responsable internacionalmente al estado mexicano “por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada, y a no ser sometido a tortura”, de Yolanda Muñoz Diosdada; Norma Aidé Jiménez Osorio; María Patricia Romero Hernández; Mariana Selvas Gómez; Georgina Edith Rosales Gutiérrez; Ana María Velasco Rodríguez; Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo; Bárbara Italia Méndez Moreno; María Cristina Sánchez Hernández; Angélica Patricia Torres Linares, y Claudia Hernández Martínez.
Los hechos ocurrieron los días 3 y 4 de mayo del año 2006 en el muncipio de San Salvador de Atenco, en Texcoco, Estado de México. De acuerdo con la CoIDH, la policía municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco; la policía del Estado de México, y la Policía Federal realizaron operativos en San Salvador de Atenco y en la carretera Texcoco-Lechería “para reprimir manifestaciones” que se llevaban a cabo en dicho municipio.
La @CorteIDH emite sentencia histórica para el caso #MujeresDeAtenco ordena a México investigar a los responsables, crear plan de controles policiacos, institucionalizar un mecanismo vs la #TorturaSexual
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— Centro Prodh (@CentroProdh) December 21, 2018
“En el curso de los operativos fueron detenidas las once mujeres víctimas del caso, durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social (CEPRESO) “Santiaguito”, fueron sometidas a diversas formas de violencia y, en algunos casos, a la violación sexual”, se lee en la sentencia.
Después de estas acciones, varias de las víctimas sufrieron “un trato denigrante” por parte de los primeros médicos que las atendieron en el CEPRESO de “Santiaguito”. Los doctores “se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos y a reportar o registrar la violación sexual, e incluso en algunos casos se burlaron de
ellas y las insultaron”, detalla la sentencia.
Posterior a los hechos se iniciaron diversas investigaciones penales por los delitos de violencia, violación sexual y tortura denunciados por las mujeres víctimas del caso, específicamente sobre el gobierno del Estado de México, cuyo mandatario era el expresidente Enrique Peña Nieto y sobre la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres.
Sin embargo ninguno de estas investigaciones se han concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución.
Fue en noviembre de 2017 cuando las 5 de las 11 denunciantes viajaron a San José, Costa Rica para narrar ante la CIDH los actos de violencia y el abuso sexual que sufrieron por parte de elementos de seguridad en mayo de 2006.
Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo relataron a los jueces como los policías las golpearon y violentaron sexualmente.
Un año pasó para que la CoIDH emitiera una sentencia señalando la responsabilidad del Estado mexicano en estos actos.
La CoIDH resalta que en el trámite del caso el gobierno de México reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física; psicológica y sexual, y actos de tortura, sufridos por las once víctimas.
“El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la falta de atención médica adecuada y la afectación a su salud, las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y el deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer”, señala la CoIDH.
En su sentencia, la Corte concluye que la actuación de las autoridades de seguridad involucradas en los operativos de 2006 “se caracterizó por el uso de la fuerza de
manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones”.
Agregan que, al momento de la detención, las once víctimas ejercían “conductas pacíficas o de resguardo de su integridad (…) Por tanto, el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”.
Ante esto, la CoIDH ordenó al Estado, como medidas de reparación, continuar las investigaciones sobre el caso con una perspectiva de género, para determinar,
juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual.
Igualmente exige que se brinde “de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico”, a las víctimas del presente que así lo soliciten; además de realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y ofrecer disculpas públicas.
También piden capacitar a los oficiales de la Policía Federal y del Edomex; establecer un mecanismo para evaluar la efectividad de las políticas e instituciones en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.
También se ordenó al Estado el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, el reintegro de gastos y costas, así como el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
