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Guardia Nacional continuará estrategia que violó derechos humanos, alertan ONU y ONG

De acuerdo con organismos internacionales y nacionales, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, de crearse la Guardia Nacional, se daría continuidad a una política en materia de seguridad pública que por años ha provocado abusos generalizados, incluidas ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas.
Cuartoscuro
20 de diciembre, 2018
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Organizaciones civiles integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra y organismos nacionales e internacionales advierten que, en caso de ser aprobado el proyecto de dictamen de la Guardia Nacional, se dará continuidad al modelo de seguridad militarizado, y a la violación sistemática de los derechos humanos en México.

La sesión en la que los diputados discutieron el dictamen fue interrumpida esta mañana por Alfredo Lecona, integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, quien realizó pintas sobre el tablero de la comisión de Puntos Constitucionales, donde diputados de Morena buscan discutir y aprobar el dictamen de la Guardia Nacional para llevarlo al pleno.

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Luego de manifestarse, Lecona dijo a medios de comunicación que este dictamen, que aprobaría que un grupo formado por policías militares y navales, con mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tuviera facultades en materia de seguridad pública, no fue elaborado con estudios técnicos, y es una imposición.

“Quieren llevar a la Constitución lo que ya empezó a suceder desde hace tres semanas: a la policía militar y la policía naval con mando de Sedena. Primero nos dijeron que no, que el mando iba a ser civil. Ahora, alguna voz desde las fuerzas armadas les dijo que no le movieran por ahí y empeoraron el dictamen. Lo que hoy están votando es peor que la iniciativa, no tiene ni siquiera un estudio técnico, no está sustentado en absolutamente nada más que en una imposición”, denunció.

El colectivo llamó a los diputados de Morena a no perpetrar “el fallido modelo de seguridad de los últimos años, miren la evidencia, escuchen a las víctimas y digan no a la Guardia Nacional militarizada”.

Lee: El presidente podrá desplegar la Guardia Nacional sin permiso del Congreso, según dictamen

ONU pide no emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH), llamó a los legisladores a no emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y adoptar una fórmula que permita su retiro gradual de las tareas de seguridad pública.

A través de una misiva, la ONU-DH expresó a los legisladores su reconocimiento del “importante reto que en materia de seguridad enfrenta el país y que la estrategia iniciada hace más de una década no ha dado los resultados esperados”; sin embargo, el dictamen que podría ser aprobado “consolidaría el paradigma militar” que ha contribuido “al deterioro de la situación de derechos humanos en México”.

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De acuerdo con el organismo, la Guardia Nacional “perjudicaría la posibilidad de dotar a México en el futuro de una corporación civil capaz de ejercer tareas de seguridad pública en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos”.

La ONU-DH recordó que diversos organismos internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por lo que llamó al Estado mexicano “a adoptar una fórmula que permita su retiro gradual, ordenado, planificado, medible y verificable de las tareas de seguridad pública, y se garantice el carácter excepcional y temporal de su participación” en esta materia.

También pidió que se asegure la supeditación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil; se fortalezca las capacidades de las corporaciones civiles, y que se incorpore un régimen efectivo de control y rendición de cuentas que inhiba el abuso y la violación a los derechos humanos.

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“La ONU-DH alienta respetuosamente a la Cámara de Diputados a reconsiderar los contenidos del Proyecto de Dictamen y reitera su atento llamado a establecer un espacio real de deliberación, abierto, plural e incluyente que garantice, entre otros, la participación efectiva de víctimas de violaciones a derechos humanos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos públicos de derechos humanos, organismos internacionales y pueblos indígenas”, señaló.

Hay riesgo de que se vulneren derechos humanos, dice la CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también expresó su preocupación por el dictamen que podría ser aprobado.

“La utilización de las Fuerzas Armadas no es la solución para los problemas de violencia e inseguridad que enfrentamos, tan solo es una parte de la misma”, aseveró en un posicionamiento.

De acuerdo con la CNDH, el replanteamiento de la Guardia Nacional “generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos, no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios en materia de derechos humanos”.

El organismo nacional aclaró que no se opone a la participación “temporal y extraordinaria” de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero “ve con preocupación que el eje de la política de Estado que busca crear condiciones mínimas de seguridad en el país y abatir la violencia, se centre en el replanteamiento de la Guardia Nacional”.

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Además, destacó que la propuesta de Reforma constitucional “tiene múltiples ambigüedades e imprecisiones que podrían derivar en violaciones a los derechos humanos, tales como la potestad genérica que se confiere a la Guardia Nacional para actuar a efecto de “preservar el orden y la paz pública”, que abre la puerta a una utilización discrecional de dicho cuerpo que podría violentar garantías y libertades tan básicas como las de expresión, al disenso y a la protesta”.

La CNDH detalló que tampoco se establece cómo se van a desarrollar las policías civiles, y que la iniciativa es omisa en precisar los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y supervisión externa a los que tendría que estar sujeta la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones, que “necesariamente tendrían que ser de carácter civil”.

“Asumir la atención de las tareas de seguridad bajo enfoques meramente reactivos, como lo es el replanteamiento de funciones de la Guardia Nacional, ha demostrado su ineficiencia para resolver los problemas de fondo, llegando en algunos casos a propiciar, inclusive, mayor violencia”, aseveró.

Ve Humans Rights estrategia equivocada

La organización Humans Rights Watch (HRW) calificó el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de “una estrategia equivocada”.

En un comunicado, HRW expresó que “el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar la violencia criminal ha provocado abusos generalizados, incluidas ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas, lo cual demuestra por qué no se deben utilizar para tareas de seguridad pública”.

Lee: ONG critican Guardia Nacional de AMLO: En 12 años, la militarización no redujo la violencia, dicen

Para el director para las Américas de organización, José Miguel Vivanco, “al redoblar la apuesta de la estrategia fallida de la militarización de la seguridad pública”, López Obrador “comete un error colosal que podría frustrar cualquier esperanza de poner fin a las atrocidades que tanto sufrimiento han causado en México los últimos años”.

“Instamos a López Obrador a reconsiderar esta política desacertada y potencialmente desastrosa… debería comprometerse a mejorar las fuerzas de policía civil del país, una tarea que, por más compleja que sea, es esencial para terminar de manera sostenible con la violencia y los abusos que han proliferado en México”, concluyó Vivanco.

La organización Amnistía Internacional recordó que, desde 2006, en México ha aumentado el número de soldados y marinos desplegados para tareas de seguridad pública, y a pesar de ello, el 2018 terminará siendo el año más violento de las últimas décadas.

“Las fuerzas armadas no son adecuadas para las funciones policiales, ya que su formación se centra en la eliminación de un enemigo más que en garantizar la protección de la población y el uso de la fuerza como último recurso, como es el caso de las instituciones policiales civiles”, indicó.

Por ello, inició una campaña para hacer llamamientos al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, y la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez, para que rechacen la Reforma constitucional que modificaría trece artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional.

En caso de que el proyecto de dictamen sea aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, este pasaría al Senado para su discusión.

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Cómo es el “tráfico hormiga” de armas de Estados Unidos a México

Cada día, en promedio, más de 500 armas cruzan ilegalmente desde EU hacia México según datos oficiales. El tráfico está detrás de la inédita ola de violencia en territorio mexicano, que ha causado la muerte a más de 200 mil personas en los últimos años.
20 de agosto, 2019
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Todos los días, en compartimentos secretos de automóviles o escondidas dentro de camiones de carga, cientos de pistolas, fusiles de asalto o ametralladoras cruzan ilegalmente desde Estados Unidos a México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirma que cada año ingresan al país más de 200.000 armas de todo tipo.

Es un promedio de 567 al día, unas 22 cada hora. El 70% de ellas provienen de armerías estadounidenses y entran al territorio mexicano por su frontera norte.

El tráfico es parte de la inédita ola de violencia en el país. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cerca del 70% de los asesinatos en México se cometen con armas de fuego. Y de éstas, la mayoría son estadounidenses.

Por ejemplo, en el primer semestre de 2019 se registraron 10.274 homicidios y lesiones graves a 5.633 personas, casos en los que se utilizaron pistolas o fusiles de asalto.

Los datos corresponden al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Según la cancillería “las víctimas de arma de fuego traficadas desde Estados Unidos se cuentan por miles”.

Hasta el momento las autoridades mexicanas no han logrado contener este problema y por el contrario, está en crecimiento según las cifras oficiales.

Policías en México

AFP
En México las corporaciones policíacas utilizan armas estadounidenses.

En 1997 sólo 15 de cada 100 homicidios se cometían con armas de fuego. Ahora la cifra es de 70 por cada 100.

“El problema es el número de armas que entran ilegalmente al país y la incapacidad del Estado para frenar el ingreso”, le dice a BBC Mundo Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.

“Aunado a eso está la dificultad del Estado para evitar que las armas se comercialicen ilegalmente en las grandes ciudades o centros rurales, donde se venden impunemente”.

Millones de armas

No está claro cuántas armas ilegales hay en México. Organismos como el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, estiman que son más de 15 millones.

Pero recientemente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que en la última década entraron ilegalmente a México dos millones. En este lapso las autoridades han confiscado más de 193.000 armas.

La mayoría se compró en negocios ubicados en California, Arizona, Nuevo México y Texas según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En esos estados fronterizos con México existen 22.689 armerías y establecimientos autorizados para la venta. Parte del problema empieza en esos lugares, según han documentado autoridades de ambos países.

Armas confiscadas

Gobierno de México
El gobierno de México ha confiscado más de 193.000 armas.

La forma más común de operación es el llamado “tráfico hormiga”, donde cientos de personas compran por separado una o varias armas que después entregan a grupos que las envían a México.

Se trata de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes judiciales, como haber sido acusados de cometer delitos o sin problemas de estabilidad mental, por ejemplo.

A ellos se les conoce como “compradores paja”. En esta modalidad del tráfico deben superar una revisión de su historia judicial, que se realiza en las armerías registradas ante el gobierno federal.

Pero hay otros lugares donde no se aplica este proceso, e inclusive personas que legalmente tienen prohibido tener armas las consiguen, dicen especialistas como Eugenio Weigend Vargas, director asociado de la organización civil Centro para el Progreso Americano.

“Compradores paja”

Es el caso de las “ferias de armas”, eventos que se realizan en salones de hoteles o centros de exposiciones, e inclusive en estacionamientos de centros comerciales.

También son frecuentes las compras en portales de internet. En esos espacios difícilmente se aplica la revisión de antecedentes a los compradores, dice Weigend Vargas a BBC Mundo.

“Eso provoca que adquirir un arma sea relativamente fácil, que cualquier persona aunque tenga prohibido legalmente comprarla lo puede hacer sin que se le haga ningún tipo de pregunta”.

Armas confiscadas

AFP
Hay más de dos millones de armas ilegales en México, dicen autoridades.

En muchos casos, los fusiles, balas o pistolas cruzan en pocas cantidades la frontera cada vez, aunque suceden miles de operaciones similares cada año.

Pero hay otros donde las bandas reúnen arsenales en territorio estadounidense y después los envían a México en compartimentos secretos dentro de camiones de carga.

Los vehículos cruzan las aduanas mexicanas sin problemas, dice Francisco Rivas, en parte por la corrupción de funcionarios pero también por amenazas de bandas de delincuencia organizada.

Las armas también se envían por túneles construidos en ciudades fronterizas.

En la mayoría de los casos, el origen de los cargamentos es el “tráfico hormiga”, y generalmente participan ciudadanos estadounidenses.

Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostiene que las rutas de tráfico de armas suelen ser las mismas para el trasiego de drogas y dinero.

El mapa del tráfico

¿Por dónde cruzan las armas? De acuerdo con la Secretaría de la Defensa la mayor parte del tráfico ocurre en la frontera entre Tamaulipas y Texas.

En la región existe una cruenta disputa entre los carteles del Noroeste y El Golfo por controlar las rutas de tráfico de dinero, armas, personas y droga.

Violencia México

Getty Images
El tráfico de armas desde EE.UU. explica la ola de violencia en México.

Las zonas de mayor trasiego son las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo; Mc Allen y Reynosa así como Brownsville y Matamoros.

También hay registros de tráfico de arsenales en las fronteras entre Chihuahua y Nuevo México, especialmente entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Otro lugar es Sonora y Arizona donde la mayor parte del tráfico es por sitios clandestinos en el desierto de Altar, así como California y Baja California.

En esta zona los envíos de armas son, en muchos casos, por las aduanas entre San Diego y Tijuana.

Según la ATF y la Sedena la mayor parte de los cargamentos ilegales son fusiles semiautomáticos, pistolas y balas.

Pero el tráfico incluye armas de guerra. Las autoridades mexicanas han confiscado, en distintos momentos, cohetes antitanque M72 y AT-4.

Armas confiscadas

AFP
Cada año ingresan ilegalmente a México más de 200.000 armas.

También lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL, fusiles Barret calibre .50 así como subametralladoras y pistolas “de nueva generación” equipadas con balas trazadoras y con capacidad de traspasar blindajes de tipo medio.

En México a estas armas se les conoce como “matapolicías”, porque atraviesan los chalecos antibalas que portan los agentes.

Además se han asegurado bazucas, misiles tierra-aire para derribar aeronaves y miles de balas y granadas de alto calibre.

Los datos corresponden a la FGR. Las organizaciones a las que se confiscó este tipo de armas son, por ejemplo, los carteles de Sinaloa, Los Zetas, Jalisco Nueva Generación, Juárez y Los Caballeros Templarios, entre otros.

La política

Más allá de los números, el tráfico de armas es uno de los temas más complicados en la relación entre México y Estados Unidos.

El problema se agravó a partir de 2004, cuando el gobierno del entonces presidente George Bush eliminó la prohibición para vender fusiles de asalto y armas semiautomáticas.

A partir de ese momento empezó una relación entre el incremento de homicidios y violencia en suelo mexicano, con la venta de armamento en suelo estadounidense dice el especialista Weigend Vargas.

El experto recuerda, por ejemplo, algunos estudios que mostraron un incremento en el número de homicidios cometidos con fusiles de asalto en municipios mexicanos vecinos de Arizona y Texas.

Algo que no sucedió en ciudades fronterizas con California. La diferencia: en los primeros estados las regulaciones para comprar armamento de alto calibre son “muy permisivas”, dice el especialista.

California mantiene la prohibición de venderlo. Pero la facilidad para los estadounidenses de reunir arsenales es una parte de la historia.

Donald Trump

Getty Images
El gobierno de Donald Trump se resiste a prohibir la venta libre armas en EE.UU.

La otra es que la guerra contra y entre carteles de narcotráfico en México incrementó la demanda de armas.

A esto se suman los problemas de corrupción y la poca capacidad de las autoridades para vigilar su frontera.

“Las aduanas en México son absolutamente permeables, no tenemos elementos suficientes de control”, dice Francisco Rivas.

Los distintos gobiernos mexicanos han solicitado a su contraparte un mayor esfuerzo para controlar el tráfico de armas.

Pero en Estados Unidos hay resistencias aunque a partir del tiroteo en El Paso, Texas el pasado 3 de agosto regresó el tema a la discusión pública dice Weigend Vargas.

Actualmente muchos están en favor de que se prohíba de nuevo la venta libre de armas de asalto. Otros demandan revisiones más estrictas de antecedentes a los posibles compradores.

“Hay muchas conexiones allí”, insiste el especialista. “Las mismas regulaciones que reducirían la violencia en Estados Unidos ayudarían a bajar el tráfico hacia México“.


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