Hacienda investigó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero; solo bloqueó cuentas de 14
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Hacienda investigó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero; solo bloqueó cuentas de 14

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ha recibido en 2018 más de 22 millones de reportes sobre posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, y solo ha presentado 70 denuncias.
Cuartoscuro
13 de diciembre, 2018
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Durante el 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda analizó y supervisó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero en México, pero solo bloqueó las cuentas bancarias de 14 individuos, el 0.01 % del total de los casos.

Así lo dio a conocer durante su comparecencia este miércoles ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

El funcionario detalló que como resultado de las acciones en contra de esas 14 personas solo bloquearon 198 millones de pesos en recursos de procedencia ilícita en todo el año, lo cual lo calificó como un desempeño pobre durante la pasada administración priista que concluyó el pasado 30 de noviembre.

Nieto expuso que durante este año la Unidad de Inteligencia también recibió en total más de 22 millones de reportes sobre posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, un delito que, básicamente, consiste en convertir dinero de procedencia ilícita, por ejemplo, del narcotráfico, en activos con apariencia legítima que pueden ser usados en la economía legal.

Sin embargo, precisó el funcionario, solo se presentaron 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se atendieron únicamente 39 solicitudes del Ministerio Público para investigar los casos.

“México cuenta con un sistema financiero sólido, con una regulación sólida, que puede ser perfeccionada en varios puntos. No obstante, esto no se ha traducido en responsabilidades penales ni administrativas por temas relacionados con el lavado de dinero”, subrayó el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Las claves de la estrategia anti-lavado

Ante este contexto, el funcionario resaltó que el objetivo de la nueva Unidad será incrementar las denuncias penales por lavado de dinero, e incrementar la lista de personas bloqueadas por actividades ilícitas. Para ello, detalló, se necesita lanzar una “estrategia nacional anti-lavado” que deberá cumplir tres objetivos.

El primero, “golpear a las estructuras financieras de la delincuencia organizada, a partir del congelamiento de sus cuentas bancarias”.

El segundo, vincular el trabajo de la Unidad con el de la Fiscalía General de la República, ya como un órgano constitucional autónomo, así como con las fiscalías y procuradurías locales”.

Y el tercero, “constituir la Unidad de Inteligencia como un coadyuvante de los asuntos que la Fiscalía de la República, y las fiscalías locales, lleven ante las instancias judiciales”.

“La corrupción es un fenómeno de carácter trasnacional, y, por lo tanto, la vinculación con las unidades a nivel local y federal son la mejor estrategia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de los grupos delictivos”, recalcó Santiago Nieto.

El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera también dijo ante los legisladores, que deberán votar este jueves en el pleno de la Cámara de Diputados a favor o en contra su ratificación como nuevo titular de la Unidad, que en los próximos meses se realizará una “evaluación nacional de riesgos” en el sector financiero de México.

Esta evaluación, precisó Nieto, permitirá tener un mecanismo “que diagnostique cuáles son los espacios de riesgo en el sector público y privado del sector financiero” y sobre eso determinar acciones para el combate a la corrupción y también para el combate al robo de hidrocarburos, para el que dijo que ya se está diseñando una estrategia tanto en el ámbito de Seguridad Pública, con la Marina y el Ejército, como del lado de la Secretaría de Energía y la propia Secretaría de Hacienda.

El combate a las empresas fantasma

En el combate a la corrupción, uno de los grandes retos que deberá afrontar la nueva Unidad de Inteligencia de Hacienda es el surgimiento masivo de empresas fantasma, o de empresas fachada: sociedades que no tienen infraestructura real, ni activos, ni personal, pero que emiten facturas apócrifas para simular operaciones comerciales, incurriendo en delitos como el lavado de dinero, la evasión de impuestos, o el desvío de recursos públicos.

Por ahora, el combate está siendo poco efectivo, o al menos, lento.

Un ejemplo que lo corrobora lo dio a conocer Animal Político el pasado 25 de septiembre, cuando el entonces titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, informó ante el Senado que en un año solo recuperaron 100 millones de pesos de los más de 4 mil 600 millones (apenas el 2 %) que presuntamente fueron desviados de 11 dependencias del gobierno federal, utilizando 144 empresas fantasma o irregulares y el esquema de desvío documentado por la investigación periodística La Estafa Maestra.

Sobre esto, Santiago Nieto señaló en una entrevista a Televisa, que, según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en 2018 se presentaron 65 denuncias ante la PGR por la presunta existencia de empresas fantasma, pero que hasta el momento solo se han consignado dos carpetas de investigación, sin que haya sentencias, ni cateos, y solo un operativo contra este tipo de mecanismos fraudulentos.

Por ello, Nieto dijo que otro de los retos serán presentar una propuesta en febrero ante el Congreso de la Unión que modifique la ley para evitar la existencia de este tipo de empresas fachada, y que, además, permita perseguir al beneficiario final del dinero.

Hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera del nuevo gobierno de López Obrador ya anunció el pasado 6 de diciembre, que presentó ante la PGR la primera denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), contra miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La red de lavado que se investiga involucra una cadena de empresas presuntamente manejadas por familiares del líder del Cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera, el Mencho, actualmente prófugo de la justicia.

Información pública del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que de las 253 empresas que presuntamente lavan dinero para los cárteles del narcotráfico en México, 33 pertenecen al CJNG.

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Elecciones en EU: ¿podría Donald Trump ir a la cárcel si pierde las elecciones?

El mandatario podría estar jugándose en las urnas algo más que su futuro político. Te explicamos por qué.
3 de noviembre, 2020
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Para Donald Trump, una derrota en las elecciones de este martes no sería solamente una humillación política. El mandatario arriesga mucho más.

Las investigaciones en torno a los escándalos que han ocurrido durante su gestión sugieren, según expertos, que el mandatario puede enfrentar una compleja situación financiera personal, además de procesos penales, si tiene que salir de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Hasta el momento, frente a la posibilidad de una investigación criminal en su contra, lo protege la inmunidad que le brinda el cargo. Los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados.

Lo que lleva a la pregunta obvia: ¿qué pasa si ya no es el presidente?

La inmunidad en el cargo

“Creo que hay la posibilidad de que se le imputen cargos criminales a Trump”, dice a BBC Mundo Bennett Gershman, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Pace, quien se desempeñó por una década como fiscal en el estado de Nueva York.

“Los cargos que el presidente podría enfrentar tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral”, entre otros, asegura Gershman, citando “toda la información que ha salido a la luz en los medios sobre su conducta financiera”.

Como si esto fuera poco, Trump enfrenta grandes riesgos financieros, incluyendo, según informes de los medios estadounidenses, una enorme deuda personal y dificultades con su imperio empresarial.

El diario The New York Times ha dicho que en los próximos cuatro años Trump tiene que pagar más de 300 millones de dólares en préstamos, en momentos en que algunas de sus inversiones personales no pasan por el mejor momento.

Y si Trump sale derrotado en los comicios, tal vez sus acreedores sean menos flexibles a la hora de exigir el pago de esas obligaciones.

La Casa Blanca ha actuado como una barrera frente a los problemas legales y financieros del mandatario, advierten sus críticos. Si esa muralla desaparece, Trump enfrentaría días difíciles.

No admite faltas

El presidente asegura haber sido víctima de numerosas conspiraciones por parte de sus enemigos para acusarlo falsamente de haber cometido crímenes antes y durante su tiempo en el poder.

Joe Biden.

Reuters
Trump ha acusado repetidamente a Biden sin presentar pruebas.

Trump niega de manera tajante haber cometido cualquier falta.

Y subraya el haber salido airoso de las investigaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia en torno a los numerosos escándalos que han enmarcado su gestión, así como del juicio político que le realizó el Congreso a comienzos de este año.

Pero todos esos procesos partían de la base de la inmunidad presidencial frente a los procesos penales. El Departamento de Justicia ha dicho en repetidas ocasiones que un mandatario no puede ser procesado penalmente mientras ocupe el cargo.

No obstante, esas investigaciones podrían ser la base de nuevas actuaciones judiciales contra Trump, le dicen expertos a BBC Mundo.

“Ya sabemos que puede enfrentar acusaciones de fraude electoral, ya que el fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan en efecto ya nombró como co-conspirador junto a Michael Cohen“, asegura Gershman.

El experto se refiere a la investigación federal contra el exabogado personal de Trump, Cohen, quien en 2018 se declaró culpable de irregularidades electorales durante la campana de 2016 relacionadas con pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels, quien alega haber tenido un affaire con el presidente.

Stormy Daniels.

Reuters
La actriz Stormy Daniels estuvo en el centro de uno de los escándalos que afectaron al presidente.

Durante la investigación contra Cohen, la fiscalía describió en su acusación oficial a un entonces candidato presidencial, al que designaron como “Individuo 1”, supuestamente relacionado con esa actividad criminal. Los medios estadounidenses asumieron universalmente que la Fiscalía se refería en ese momento a Trump.

En su momento, el hecho fue noticia nacional. El 7 de diciembre de 2018, The New York Times titulaba: “Fiscales dicen que Trump dirigió pagos ilegales durante la campaña”.

Agregaba el diario que “fiscales federales dijeron el viernes que el presidente Trump dirigió pagos ilegales para evitar un potencial escándalo sexual que amenazaba sus posibilidades de ganar la Casa Blanca en 2016, poniendo el peso del Departamento de Justicia detrás de las acusaciones previamente realizadas por su exabogado”.

El informe Mueller

Gershman dice que cabe suponer que “pueda haber otros cargos por obstrucción a la justicia” a partir de los resultados del llamado informe Mueller.

En 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó su investigación sobre las acusaciones de interferencia del gobierno ruso en la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Dicho informe no encontró prueba concluyente de que la campaña del entonces candidato Trump estuviera deliberadamente colaborando con el gobierno ruso.

Sin embargo, el informe documentó una serie de actuaciones controversiales del mandatario en respuesta a esa investigación.

Mueller manifestó entonces que el Congreso estadounidense debía decidir si le seguía un “impeachment” o juicio político a Trump por supuesta obstrucción de justicia, ya que el presidente tenía inmunidad frente a los canales normales de la justicia penal.

Robert Mueller.

EPA
Hay expertos que creen que Trump podría afrontar cargos derivados de la investigación que llevó a cabo el fiscal especial Robert Mueller.

En esa ocasión, el Congreso se abstuvo de abrirle un juicio político a Trump, aunque sí lo hizo meses después por un caso distinto, esta vez ante versiones que decían que el presidente había intentado manipular al gobierno de Ucrania para que investigara supuestas irregularidades cometidas por Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata Joe Biden.

En diciembre de 2019 la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó formalmente a Trump, pero en febrero siguiente, el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió.

Trump fue apenas el tercer mandatario estadounidense en la historia en enfrentar un “impeachment”.

Cargos locales y federales

Como presidente, Trump podría en principio autoperdonarse por cualquier violación a las leyes federales que hubiese cometido, aunque no hay antecedentes en la historia del país de una situación semejante.

En cambio, sí ha ocurrido que un mandatario que enfrenta la posibilidad de cargos criminales salga del cargo y sea perdonado por su sucesor.

Ese fue el caso en 1974 cuando Richard Nixon renunció después del escándalo de corrupción de Watergate, y su entonces vicepresidente y sucesor en el cargo, Gerald Ford, le extendió un perdón judicial total.

Richard Nixon.

BBC
Nixon es hasta ahora el único presidente en la historia de EE.UU. que ha recibido un perdón total.

“Hay muy poca probabilidad de que Trump enfrente cargos federales, pues es de esperar que se autoperdone”, le dice a BBC Mundo Norman Ornstein, experto del American Enterprise Institute, un centro de investigación política de línea conservadora.

En un escenario de derrota electoral, si Trump no se atreve a autoamnistiarse, dice Ornstein, el mandatario tendría algún incentivo para renunciar al cargo antes del final de su periodo, que se cumple el 20 de enero de 2021.

En ese escenario hipotético extremo, el actual vicepresidente Mike Pence quedaría a cargo para completar los días finales del periodo presidencial y podría perdonar a Trump por anticipado de cualquier crimen a nivel federal que hubiese podido cometer.

Pero las potenciales dificultades legales de Trump no terminan ahí, asegura Ornstein.

Los medios estadounidenses han estado ventilando la posibilidad de que, aparte de cargos federales, Trump también enfrente cargos criminales a nivel local, le recuerda a BBC Mundo el exfiscal Gershman.

Carteles frente a la Casa Blanca.

Reuters
Detractores del presidente han colgado carteles que piden su arresto frente a la Casa Blanca.

El 1 de noviembre, la publicación The New Yorker se unía a muchos otros medios estadounidenses discutiendo un escenario en el que el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance, quien ha estado investigando los negocios privados del presidente, podría eventualmente acusarlo de irregularidades relacionadas con su pasado como magnate inmobiliario.

En eso concurre Ornstein, quien le dice a BBC Mundo: “Hay investigaciones agresivas en curso por el Fiscal General del Estado de Nueva York, y el Fiscal del Distrito de la Ciudad de Nueva York sobre irregularidades de impuestos y de otra índole potencialmente cometidas antes de que Trump fuese presidente”.

A diferencia de los cargos federales, los de nivel local no son susceptibles de perdón presidencial.

Una decisión política

Los expertos insisten en que no hay seguridad de que las autoridades decidan emprender estas acciones en contra de Trump, incluso si creyesen que existe evidencia para justificarlo.

Ya en 1974 el gobierno de la época decidió que enjuiciar a Nixon solo extendería la agonía del escándalo de Watergate, y, alegando conveniencia nacional, prefirió perdonarlo.

Al respecto, Joe Biden dijo el pasado 6 de agosto en una entrevista que, en caso de ser elegido presidente, ni se opondría ni impulsaría un proceso penal contra Trump, dejando esa decisión enteramente a los fiscales del Departamento de Justicia.

Si esos fiscales federales, o los del estado de Nueva York, finalmente deciden adelantar un proceso contra Trump, no será una situación que se resuelva rápidamente.

Por cuenta de los litigios previos, un juicio fácilmente podría tomar meses o incluso años en comenzar, le dice Gershman a BBC Mundo

Si fuera encontrado culpable por cargos como los que se han discutido, Trump podría enfrentar una pena “de años, no de meses” en prisión, advierte el académico.

“La ley aplica para todos”, recuerda Gershman.

Ornstein, por su parte, sospecha que los fiscales de Nueva York seguirán adelante con sus investigaciones contra Trump.

“No creo que terminen sus esfuerzos contra Trump cuando deje su cargo. Trump es vulnerable, y lo sabe”, le dice Ornstein a BBC Mundo.

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BBC

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