En 2018 los homicidios crecieron en 27 estados y en 15 alcanzaron niveles récord
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Cuartoscuro Archivo

En 2018 los homicidios crecieron en 27 estados y en 15 alcanzaron niveles récord

La violencia se incrementó en 3 de las 5 regiones que definió la estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto.
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28 de diciembre, 2018
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El 2018 es el año más violento del que se tenga registro en México no solo por la cantidad de homicidios sino por la extensión de los mismos. El incremento de los asesinatos en el país se registra en 27 de las 32 entidades federativas y aun cuando todavía no se conoce el saldo que deja diciembre, es claro que en 15 entidades se llegará a un nivel récord de homicidios.

Entre los estados donde los homicidios se han incrementado, de acuerdo con los datos de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  hay casos alarmantes como el de Guanajuato o Quintana Roo en donde los homicidios crecieron más de 100% tan solo en el último año. Y también hay otras entidades donde el deterioro ha sido progresivo como Baja California, en donde se multiplicó por tres el nivel de asesinatos de 2013 a la fecha.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto la estrategia para reducir la violencia homicida se centró en dividir al país en cinco regiones distintas. Los datos totales del sexenio revelan que los homicidios no bajaron sino se incrementaron en tres de esas cinco regiones.

Y en una de las que disminuyeron, la región Noroeste, el descenso de crímenes se debe únicamente a la baja de los homicidios en Chihuahua, mientras que en las otras entidades de la zona la violencia se incrementó.

Lee: Sexenio de Peña Nieto cerró con 14% más homicidios que el de Felipe Calderón

Como se publicó el viernes pasado, de enero a noviembre de 2018 un total de 31 mil 285 personas han sido asesinadas en México, y se prevé una vez que se tenga el registro de diciembre, se cierre con un total de entre 34 mil y 35 mil víctimas y con casi 30 mil carpetas de investigación iniciadas por este delito.

Lo anterior significa que, a nivel nacional, los homicidios repuntaron en el país a lo largo del sexenio aproximadamente 65%.

Un cáncer generalizado

En los últimos dos años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la violencia en el país se había incrementado luego de que en la primera parte del sexenio los datos apuntaban a un descenso. No obstante, él y sus funcionarios del gabinete de seguridad –(encabezados por el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong) insistieron en que se trataba de un fenómeno acotado a ciertas regiones del territorio nacional pero no generalizado.

Los datos oficiales de incidencia delictiva muestran lo contrario. El 2018 concluirá con un incremento de los homicidios en 27 de las 32 entidades, es decir, en el 84% de todas ellas. Y no solo eso: en 15 de ellas, es decir en casi la mitad de los estados, se llegará a niveles de violencia récord.

Como ya se dijo entre los casos más dramáticos se encuentra Baja California, entidad que de enero a noviembre registra 2 mil 585 carpetas de investigación por homicidios y feminicidios. Aun cuando hace falta conocer el registro de diciembre, el total acumulado este año  ya supera a la cifra total de casos de homicidio de 2017 que fue de 2 mil 94 casos.

Un dato relevante es que en 2013 este estado acumuló 775 homicidios, pero año con año la cifra se fue incrementando hasta llegar al nivel actual. Ello equivale a, por lo menos, un incremento del 234% de los asesinatos en esa entidad. Baja California es uno de los estados que cerrará con niveles récord de violencia.

Este crecimiento criminal en Baja California provocó incluso que, en 2018, dicha entidad haya desplazado a Guerrero como la segunda con la mayor tasa de homicidios, y se sitúa solo debajo de Colima.

Otro estado en crisis es Guanajuato. Este año dicha entidad acumula ya dos mil 287 carpetas por asesinatos cometidos en su territorio (homicidios y feminicidios) en 2018. Se trata de más del doble de todos los que se cometieron en 2017 que fueron 1 mil 96 casos. Si se compara con los 641 homicidios en Guanajuato de 2013, los números apuntan a un crecimiento de casi el 300% en la violencia homicida en esta entidad a lo largo del actual sexenio.

En una situación similar se encuentra Puebla que de enero a noviembre de 2018 acumula 1 mil 49 homicidios dolosos y feminicidios. Aun a falta del saldo que deje diciembre este total de asesinatos ya supera a cualquier año completo del que haya registro en la entidad. En comparación con el primer año de este sexenio, la entidad apunta a un incremento del 180% en la incidencia de este delito al cierre de 2018.

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Otros estados que, al igual que los tres mencionados, cerrarán 2018 con un récord en su nivel de asesinatos son Ciudad de México, Estado de México, Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

En tanto, las entidades que también cierran 2018 con un incremento de homicidios respecto a 2017 pero sin alcanzar sus máximos históricos, son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Guerrero, Morelos, Campeche, Chiapas y Veracruz.

Uno de los pocos saldos positivos es que la entidad con la mayor tasa de homicidios por cien mil habitantes en 2018, Colima, se encuentran entre las cinco donde los asesinatos han disminuido este año. Las otras tres cuatro con bajas son Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Querétaro.

Estrategia fallida

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto atribuyó una parte del deterioro de la seguridad en el país a la falta de coordinación entre autoridades. Para solventar esta situación su gabinete de seguridad nacional dividió en cinco regiones al país para que, en cada una, se establecieran estrategias focalizadas con apoyo en inteligencia, encaminadas a abatir los índices delictivos.

Ya con los datos de noviembre se puede hacer el balance completo del sexenio respecto a este plan. La realidad, es que en tres de las cinco regiones se terminó peor que como se comenzó.

El caso más dramático es el de la región a la que se le denominó “Occidente” y donde se incluyó a Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Dichos estados acumularon en el sexenio de Peña Nieto 27 mil 105 casos de homicidio. En comparación con los 14 mil 908 casos registrados en los seis años del sexenio de Felipe Calderón, es un incremento de más del 81% en los asesinatos en esta región.

Es decir, en la región Occidente no solo no se cumplió con el objetivo de disminuir los homicidios, sino que estos subieron y casi se duplicaron.

En la región Centro  hubo un incremento de casi el 39% de los homicidios en el sexenio de Peña Nieto. En esta región, compuesta por Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, se presentaron 39 mil 474 carpetas y averiguaciones de homicidio de 2013 a 2018, muy por encima de las 28 mil 473 registradas en el gobierno de Calderón.

Y en la región conocida como Sureste con Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán incluidos, la incidencia pasó de 13 mil 587 homicidios en el gobierno de Calderón, a 18 mil 380 en el gobierno de Peña. Es un incremento en números absolutos de 35% de los casos.

Una de las dos regiones donde se advierte un descenso en los asesinatos es en la Noroeste, donde pasaron 29 mil 469 a 27 mil 535 de un sexenio a otro. No obstante, los números arrojan que esta caída fue ocasionada por Chihuahua donde la violencia homicida bajó más del 45%. Sin embargo, en tres de los cinco estados de esta región el número total de homicidios en realidad creció (Baja California, Baja California Sur y Sonora).

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Donde sí se aprecia una reducción de forma más general es en la región Noreste compuesta por Coahuila, Durango, Nuevo León (en todos ellos bajaron los homicidios), San Luis Potosí y Tamaulipas. El saldo final en esta zona fue de 13 mil 569 casos en el gobierno de Peña Nieto, casi 17% menos respecto al sexenio anterior a ese.

Otro dato que ejemplifica el fracaso de la estrategia contra los homicidios en el sexenio anterior es el siguiente. De las 32 entidades federativas del país, solo hay siete que registraron en el gobierno del presidente Enrique Pela Nieto menos casos de homicidio que en el sexenio de Felipe Calderón. Se trata de Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Durango, Nuevo León, Aguascalientes y Nayarit.

 

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Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que 'esclaviza' a los trabajadores

Miles de trabajadores viajan a los países del Golfo, Jordania y Líbano con el sueño de ahorrar dinero para ayudar a sus familias, pero acaban en un ciclo interminable de abuso.
6 de octubre, 2021
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Pensó que había encontrado el empleo de su vida, pero terminó cautivo y obligado a trabajar gratis.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

Taza de latte con diseños hechos con el café sobre la leche

Getty Images
Athenkozi fue contactado en un grupo de Facebook donde compartía su “arte en latte”.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkosi Dyonta lavando tazas en Omán

Athenkosi Dyonta
En Omán, cuando Athenkosi no estaba trabajando debía permanecer encerrado en su habitación.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

Mujeres protestando en Líbano con un cartel que dice "abajo el kafala". 2019

Getty Images
“Abajo el kafala”. Trabajadores migrantes protestaron contra este sistema en Líbano.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

Manos con guantes de limpieza

Getty Images
Algunas de las trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional trabajaban hasta 18 horas al día.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Trabajadores migrantes en Doha, Qatar, haciendo fila para usar un cajero automático

Getty Images
Qatar tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que conforman el 95% de la fuerza laboral del país.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Protesta de trabajadores migrantes en Líbano en 2019

Getty Images
Estos trabajadores migrantes en Líbano piden a sus empleadores: “Entreguen nuestros pasaportes, concédannos un día libre, paguen salarios, hablen en forma amable”.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.


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