El pleno del Senado de la República solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que presente al Poder Legislativo un informe oficial sobre las medidas legales que ha emprendido por la destrucción de 52% de la zona arqueológica conocida como Ensenada El Gallo, ubicada en la Isla Espíritu Santo, Baja California Sur, una reserva natural catalogada como patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas.

Tal como informó Animal Político en octubre pasado, la Ensenada El Gallo abarca un área de más de 7 mil metros cuadrados en la que se preservaban vestigios de actividad humana con 5 mil años de antigüedad, y poco más de la mitad de esta zona arqueológica resultó alterada de forma “irreversible” por los integrantes de una asociación civil denominada Grupo Ecología y Conservación de Islas que, a finales del año 2016, removieron el suelo y los vestigios del área para instalar ahí un campamento.

En la Ensenada El Gallo, detalla el punto de acuerdo aprobado este martes 4 de diciembre por el Senado de la República, existe “registro de presencia humana entre los años 3000 aC y 1700 dC, en donde se reunían para recolección de conchas de mar y preparación de alimentos (…) La superficie y el subsuelo presentaban vestigios de fogones y piedras labradas con miles de años de conservación”, y fue aquí, añade, donde “los miembros del Grupo Ecología y Conservación de Islas presuntamente removieron ‘sedimentos y materiales arqueológicos, con el fin de nivelar áreas’, así como para crear veredas por las cuales transitar, tal como consta en los reportes de daños arqueológicos causados en este sitio, elaborados por el INAH”.

Si bien la presencia de esta asociación civil en la isla había sido autorizada por el gobierno federal, con la misión de retirar fauna nociva, los reportes oficiales aclaran que el personal del Grupo Ecología y Conservación de Islas fue instalado por el INAH en un punto en el que no existían vestigios arqueológicos. Luego, sin embargo, los integrantes de esta asociación civil mudaron su campamento a la Ensenada El Gallo, por decisión propia y sin consultarlo con los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Sin embargo, luego de ser consultado por Animal Político en octubre pasado, el INAH reconoció que, a más de dos años de los hechos, no había iniciado ninguna acción legal por los daños ocasionados en en la Ensenada El Gallo.

Tal como se estableció en el punto de acuerdo senatorial aprobado ayer, promovido por la senadora Verónica Delgadillo y aprobado primero por la Comisión de Cultura y luego por el pleno, hasta la fecha “no se conocen las razones por las cuales no se ha llevado a cabo la denuncia por daño al sitio arqueológico, ni tampoco las razones por las que se cuenta con un plan de salvamento que, eventualmente, podría eximir de la responsabilidad legal a los integrantes de la asociación (civil) Grupo Ecología y Conservación de Islas AC, por lo que se considera de interés público conocer las razones y estado de avance del asunto en análisis”.

Por esa razón, el Senado exhortó al INAH a “informar sobre la procedencia de la denuncia a los integrantes de la asociación civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas AC, por los daños irreversibles ocasionados a la zona arqueológica Ensenada El Gallo, identificada como J66 El Gallo II-3, localizada en la isla Espíritu Santo, Baja California Sur”.