En los últimos tres años, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se ha pronunciado a favor de la apertura de contratos, expedientes y averiguaciones previas que permitan sancionar actos de corrupción y exigir justicia en casos de abuso de poder.
Así ocurrió con la resolución que ordena la apertura de información en el caso de la constructora Odebrecht, incluidas la averiguación previa, la lista de las personas que han declarado y la versión púbica de las declaraciones ministeriales de servidores públicos y particulares involucrados.
La investigación ministerial apunta a que exfuncionarios de Pemex favorecieron contratos de energía con esa empresa brasileña y, a pesar de que la Procuraduría General de República (PGR) aún no acata la resolución, el Instituto ha insistido en la apertura de dicha información.
Se trata de un asunto que ha “empañado la credibilidad de las instituciones mexicanas”, que en otros países ha llevado a destituir a funcionarios de altísimo nivel, como ha subrayado el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas.
En el expediente abierto por las obras del Paso Exprés de Cuernavaca, donde dos personas murieron tras caer en un socavón, el pleno del INAI instruyó — el 11 de abril de 2018— a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para entregar, a la ciudadana que lo requirió, copia de las 50 mil hojas que integran el expediente de la construcción de la obra que costó 2 mil 200 millones de pesos.
Esto, sumado a que el 19 de septiembre de 2018 el INAI también determinó que por ser de “interés público” debían abrirse 168 expedientes relacionados con el 2 de octubre de 1968. Los documentos habían permanecido reservados durante 50 años bajo el resguardo del Archivo General de la Nación, la Dirección Federal de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, el CISEN, el Servicio Secreto y el Ejército, entre otros.
Entre los documentos que ahora son públicos se cuentan fotografías de marchas y protestas, listado de víctimas, registro de huellas digitales y reportes de filiaciones políticas de los integrantes del Movimiento del 68 que ahora son documentos desclasificados.
Con dichas resoluciones, los comisionados mantienen su compromiso con la desclasificación de información reservada por las instancias judiciales, como hicieron en 2015, cuando el pleno del instituto ordenó a la PGR entregar la versión pública de la averiguación previa iniciada por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero, así como publicar las 36 declaraciones de los militares involucrados en esos hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
