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Cuartoscuro Archivo
Cuáles son las funciones del Instituto de Evaluación Educativa y las repercusiones que tendría su desaparición
Si se aprueba la reforma que propone López Obrador, la SEP sera juez y parte en la evaluación del sistema y sus propias políticas.
Cuartoscuro Archivo
14 de diciembre, 2018
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La desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la derogación de la Reforma Educativa, hará que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sea juez y parte en la evaluación del sistema y sus propias políticas.

Esto porque el Instituto será sustituido por el Centro para la Revalorización del Magisterio, que también se encargará de evaluar al sistema educativo pero cuyos integrantes serán asignados por la SEP, según se establece en la iniciativa del actual gobierno.

De concretarse la propuesta sería una regresión a la política de evaluación que existía en 2002, cuando la dirección general de evaluación de la SEP realizaba estas tareas y tenía dos problemas: el primero era que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) intervenía en la determinación de las pruebas, y el segundo que la dependencia no rendía cuentas de los resultados porque no eran transparentes, asegura el investigador de la UNAM, Roberto Rodríguez.

A esto se suma la incertidumbre sobre el mecanismo mediante el cual se asignarán las plazas docente una vez eliminados los concursos de ingreso organizados por el INEE, a los que se sometían miles de aspirantes cada año para ingresar a la docencia, en un intento de sustituir la práctica de venta y herencia de plazas por un sistema meritocrático.

Para el investigador Roberto Rodríguez, desaparecer al INEE es una “decisión de política, un cambio de estrategia y habrá que ver qué resultados produce”, pero en lo que no hay duda es que se vuelve a acercar a la centralización de decisiones en un solo eje: el de la SEP”, y probablemente a una nueva relación con el sindicato.

Aunque el INEE se convirtió en un organismo autónomo gracias a la Reforma Educativa de 2013, fue creado desde 2002 y desde entonces se había dedicado a evaluar al sistema educativo nacional a través de pruebas estandarizadas de alumnos, pero la Reforma le dio nuevas obligaciones por ley, como la evaluación docente.

El Instituto sólo se encargaba de diseñar y aplicar las pruebas a los maestros, pero no tenía acceso a los resultados ni facultad para tomar decisiones respecto a las plazas. Eso era responsabilidad de la SEP.

Otra de sus funciones era evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Además “diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema”.

También “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan, y generar y difundir información para, con base en ésta, emitir directrices relevantes para contribuir a las decisiones”.

Por eso es que uno de los errores del INEE fue justamente no comunicar el resto de las cosas que hacía, y hacía bien, asegura Lucrecia Santibáñez, profesora asociada de Claremont Graduate University.

Los errores: la relativa autonomía

Si bien la Reforma Educativa otorgó autonomía al INEE,  tuvo “relativa independencia” toda vez que al evaluar a maestros y determinar su permanencia en el sistema educativo a partir de los resultados, fue “hacerlo corresponsable junto con la SEP. La autonomía se convierte en relativa en función de esta tarea”, asegura el investigador de la UNAM, Roberto Rodríguez.

El resultado negativo hacia los maestros, lo que llamaron evaluación punitiva, hizo “muy vulnerable al INEE”.

A partir de los lineamientos de actuación establecidos en la Ley del Servicio Profesional Docente, una de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, el Instituto tuvo “un margen de acción limitado al establecerse funciones y plazos que debía cumplir. Nació atado a esa circunstancia: autónomo, pero con funciones establecidas con la ley y trabajando con la SEP”, afirma Rodríguez.

También se dieron otras decisiones que comprometieron la autonomía del INEE, asegura Lucrecia Santibáñez, como la cancelación de la prueba Enlace para estudiantes de primaria y secundaria que se había realizado desde 2006 hasta 2013. Se sustituyó por la prueba Planea, que imposibilitaba la comparación de resultados anuales, pero también fue cancelada en 2016 debido a una intención de ahorrar recursos.

Esas decisiones fueron apoyadas por el Instituto, pese a las críticas de expertos en educación y de organizaciones civiles, señalando que se cancelaba la posibilidad de tener mediciones que permitieran conocer el estado de la educación.

Santibáñez también reconoce que la burocracia y presupuesto del INEE crecieron en el sexenio pero derivado también de las nuevas atribuciones. Sin embargo, también se podían hacer cambios a su estructura y atribuciones. “Se puede cuestionar su actuación, pero la opción no es eliminarlo”.

¿Por qué se requiere un organismo autónomo?

Lucrecia Santibáñez, quien fue consejera del INEE antes de la autonomía, afirma que en Estados Unidos, por ejemplo, el organismo de evaluación forma parte del gobierno, pero en México hay un panorama distinto por la desconfianza que hay en términos de las cifras y de que el gobierno quiera maquillar los resultados”.

Una muestra es que durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando iniciaban las evaluaciones internacionales a través de pruebas estandarizadas a alumnos, los resultados se escondían en México porque los números eran malos.

Ahora, al tener un organismo de evaluación sin autonomía se corre el riesgo de caer en ese problema de nuevo, sobre todo porque en este momento el Ejecutivo tiene mucho poder, incluyendo mayoría en el Legislativo. “Y no hace bien para una democracia que una sola persona tenga todo el mando, insiste Santibáñez.

Se requiere certeza en las evaluaciones para saber si la implementación de políticas públicas del gobierno en turno funcionan. Mientras que regresar a ser juez y parte también impacta en la asignación de plazas docentes. “Se puede regresar a lo mismo, repartir plazas entre SEP y SNTE”, insiste la investigadora.

Y esto también afectará a los maestros porque con los concursos de ingreso se generó un verdadero orgullo entre aquellos que lograban entrar a la docencia a partir de sus méritos. Y lo mismo ocurría con quienes ascendían a puestos de director en las escuelas a través de exámenes, por eso es que hubo ya más jóvenes y mujeres en esos puestos.

Incluso, mil 600 académicos y especialistas enviaron una carta al entonces presidente electo López Obrador, en octubre pasado, para reconsiderar la propuesta de eliminar al INEE. Argumentaban que su desaparición cancelaba “la oportunidad de contar con datos, evidencias y conocimiento que enriquecen el debate público y permiten conducir la política educativa con base en información de calidad, lo cual resulta especialmente importante ante el complejo contexto de cambio que nos espera”.

Sylvia Schmelkes, consejera del INEE y quien ocupó la presidencia del mismo al iniciar el sexenio, calificó de lamentable la decisión de quitarle autonomía a la evaluación. “La sociedad tiene derecho a tener información de un juez imparcial”, dijo en entrevista con W Radio.

Advirtió que la evaluación “afectó intereses fuertes” porque las plazas se asignaban a través de métodos clientelares y daba un “enorme poder” tanto político y económico. “Estos intereses afectados se aprovecharon del malestar del desempeño docente y hubo un proceso de desinformación grande”, dijo.

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Qué es la "política de la Ciudad de México", la medida antiaborto que EU endureció este martes
Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, anunció este martes que su país ampliará el alcance de una política antiaborto conocida como "de la Ciudad de México".
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26 de marzo, 2019
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Este martes el gobierno de Estados Unidos endureció una de las primeras medidas que tomó el presidente Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017.

En una rueda de prensa el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que las organizaciones extranjeras que reciban financiación de EE.UU. tendrán prohibido apoyar a grupos que estén a favor del aborto.

Durante los primeros días de su mandato Trump reinstaló una medida que prohíbe destinar recursos federales a grupos internacionales que proporcionan información sobre el aborto.

Ahora el anuncio de Pompeo expande la prohibición.

“Continuaremos negándonos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que realizan o promuevan activamente el aborto como un método de planificación familiar“, dijo el secretario de Estado.

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El aborto ha sido un tema de debate entre republicanos y demócratas en EU.

“Ahora, como resultado de mi decisión de hoy, también estamos dejando claro que nos negaremos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que dan apoyo financiero a otros grupos extranjeros en la industria global del aborto… Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”.

“Mordaza global”

La medida impuesta por Trump y que hoy se endurece mediante el anuncio de Pompeo, es conocida entre sus críticos como la “ley mordaza global”.

El decreto lo promulgó por primera vez en 1984 el republicano Ronald Reagan, entonces presidente de EE.UU., durante una conferencia de Naciones Unidas en la capital mexicana; por eso también se le conoce como la política de Ciudad de México.

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“Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”, dijo Pompeo.

Desde entonces, se ha vuelto un rifirrafe entre demócratas y republicanos.

La medida fue revocada durante la presidencia de Clinton, se volvió a implementar durante el mandato de George W. Bush y fue removida nuevamente durante el gobierno de Obama.

Quienes critican esta política afirman que es una forma de limitar el trabajo de las organizaciones alrededor del mundo que ofrecen asesoría sobre el aborto como una opción de planificación familiar.

Ante la orden firmada por Trump en 2017 grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reclamaron que la medida mermaba sus recursos y coartaba sus acciones, pues tendrían restricciones incluso para informar sobre temas como el aborto terapéutico o de la atención postaborto.

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Quienes se oponen a la medida dicen que aumenta el riesgo de muerte de las madres.

Los críticos también se refieren a estudios científicos que han mostrado que esta medida aumenta las tasas de abortos, pues implica el cierre de clínicas y programas de anticoncepción y que podría aumentar el riesgo de muerte de las madres.

Pero la “ley mordaza global” también tiene adeptos.

“Aplaudimos al presidente Trump por haber puesto un fin a financiar con dinero de los contribuyentes a grupos que promueven el asesinato de niños nonatos en países en vías de desarrollo”, dijo en su momento Carol Tobias, presidenta del Comité Nacional para el Derecho a la Vida (NRLC, por sus siglas en inglés), la mayor organización antiaborto de EU.

En esa misma línea, Pompeo dijo que para EU. es posible alcanzar los objetivos de la salud a nivel mundial, sin subsidiar lo que el llamó el “asesinato de bebés nonatos”.


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