Liberan a 12 presos políticos ligados a la CNTE; aquí algunos casos que se revisarán para amnistía
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Liberan a 12 presos políticos ligados a la CNTE; aquí algunos casos que se revisarán para amnistía

Entre los casos que se propone analizar está el de indígenas y luchadores sociales.
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29 de diciembre, 2018
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Doce maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron liberados la madrugada de este viernes y hoy se dirigirán a sus entidades para encontrarse con sus familias.

El vocero de la sección 22, Wilber Santiago, declaró a Reforma que este acto significa un triunfo para la CNTE, pues el magisterio estuvo luchando durante más de cinco años por su libertad.

“Estaban presos por la política del gobierno federal en contra de la Coordinadora Nacional”, expresó.

Además, resaltó que delitos tales como secuestro y homicidio les fueron imputados de forma injusta e incluso alegó que los acusaron con pruebas fabricadas.

Los maestros que quedaron libres son: Leonel Manzano, Sara Altamirano, Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalbo Villalobos, Luis Gutiérrez Saldívar, David Vargas Araujo, Alejandra Chávez Chávez, y Alejandro Sandoval Martínez.

Así como Faustino Diego, Alberto Sandoval Rodríguez, José Ambrosio Martínez y el estudiante de la UNAM, Enrique Guerrero Aviña.

Su liberación también fue celebrada por la senadora de Morena, Nestora Salgado, quien fue la encargada de elaborar la lista de los presos políticos que podrían verse beneficiados con la amnistía.

La senadora Nestora Salgado, de Morena, entregó el pasado 14 de diciembre a la Secretaría de Gobernación (Segob) una lista de 199 casos de personas detenidas a las que considera “presos políticos” que buscan ser beneficiados con una eventual ley de amnistía.

De esos 199 casos, el pasado día 24, el equipo de Nestora Salgado dio a conocer los nombres de algunos presos, cuyos casos serán analizados en mesas de trabajo con legisladores, tal y como se acordó con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas. 

En Animal Político te presentamos un perfil de algunos presos, e incluye dos de los salieron durante la madrugada del viernes.

Enrique Guerrero, estudiante de la UNAM acusado de secuestro

Foto: Cuartoscuro Archivo

Enrique Guerrero Aviña, estudiante universitario de la Facultad de Filosofía de la UNAM y activista, fue detenido en mayo de 2013, y torturado para que confesara su participación en el secuestro, tres meses antes, de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candani, en el estado de Oaxaca.

El caso de Enrique fue documentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria, y es uno de los cinco casos por los que, en 2016, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) emitió al gobierno una opinión oficial, en la que consideró que existieron detenciones arbitrarias e irregularidades en el proceso penal del estudiante y de otras cuatro personas más, entre ellas la propia Nestora Salgado, hoy senadora, y ex comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.

Lee: Nestora Salgado entrega a Gobernación lista de 199 presos políticos que buscan amnistía

De acuerdo con la investigación del Centro Fray Vitoria, Enrique Guerrero fue detenido por elementos policiacos en las inmediaciones del Estadio Azteca, en la capital mexicana, y trasladado sin avisar a su familia a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), también en la capital.

Allí, siempre de acuerdo con el Centro Fray Vitoria, Enrique fue golpeado durante horas, y lo asfixiaron con una bolsa de plástico para que confesara.

Durante el tiempo que duró la tortura, los agentes lo interrogaron en reiteradas ocasiones para incriminar a miembros de movimientos sociales de todo el país, entre ellos, organizaciones ecologistas, sindicatos, y movimientos políticos.

“¿Dinos quién conoces en Oaxaca?’. Yo les respondía que jugadores de ajedrez, porque soy maestro de ajedrez, pero ellos seguían amenazándome. De pronto, me dijeron: ‘vas a hablar o te vamos a matar’”, narró Enrique en una carta, presentada por el Centro Fray Vitoria en una conferencia de prensa el 20 de abril de 2016.

El 28 de mayo de 2013, tras confesar bajo tortura, se le dictó auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.  El activista y profesor de ajedrez ya fue liberado la madrugada de este viernes.

Animal Político publicó la historia del estudiante de la UNAM, en esta nota que puedes leer íntegra aquí.

Maestra de la CNTE, acusada de secuestro

Marcha de profesores en mayo 2013 para exigir la liberación Sara Altamirano Ramos y otros profesores. Foto: Cuartoscuro Archivo

En mayo de 2013, Sara Altamirano Ramos, maestra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien ya está libre, fue ingresada junto a otros tres maestros a penales de máxima seguridad tras ser acusados, también, de participar en el secuestro de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani.

Sara Altamirano Ramos fue trasladada a la cárcel El Rincón, en Nayarit, acusada de delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de fuego, y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Por la detención de la maestra, la CNTE denunció que en la detención se produjeron actos de tortura, por lo que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicó Animal Político en esta nota.

Fidencio Aldama, yaqui acusado de homicidio

Foto: Cuartoscuro Archivo

Fidencio Aldama, indígena yaqui de Loma de Bácum, Sonora, está encarcelado desde 2016, y condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio.

Su detención se da en el contexto de la construcción del gasoducto de la empresa Infraestructura Energético Nova (IENOVA), un megaproyecto que atravesaría el territorio del pueblo indígena sonorense a través de más de 800 kilómetros de obra y una inversión de mil millones de dólares.

El proyecto tenía el visto bueno de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad. Mientras que, de los ocho pueblos que conforman la tribu yaqui de Loma de Bácum, siete también dieron su aprobación para que el gasoducto se construyera y pasara por su territorio.

Sin embargo, otra tribu de Loma de Bácum negó el permiso, alegando que el gasoducto puede provocar explosiones que pondrían en riesgo a la comunidad. Por lo que interpuso un amparo ante un juez federal, quien ordenó la suspensión de la obra en abril de 2016, por no tener el consentimiento de toda la tribu.

Ante el desacuerdo, la violencia entre tribus se desató el 21 de octubre de 2016: volaron piedras, salieron machetes, y se escucharon balazos. En la riña resultó un hombre muerto, Cruz Buitimea Piñas, tres heridos, y 12 autos incendiados.

“A mi esposo (Fidencio Aldama), lo culparon del homicidio de Cruz Buitimea, y lo sentenciaron a 15 años. Los testigos de Cruz señalaron, basándose en fotos, que mi marido traía una pistola calibre 45, pero al muchacho lo mataron con una 22. Mi esposo traía pistola porque es de la vigilancia, de la guardia de la comunidad, pero él no mató a nadie”, dijo la esposa de Fidencio Aldama a Animal Político, en esta nota que puedes leer íntegra aquí.

Lucía, estudiante en una prisión de máxima seguridad

Estudiantes de Arte de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) protestan en octubre del 2015 para pedir a los diputados que intervengan en el caso de Lucía Baltazar Miranda. Foto: Cuartoscuro.

Lucía Baltazar, de 22 años y originaria de la comunidad Tepetlatipa, municipio de Ahuacotzingo, Guerrero, fue detenida en octubre de 2015 durante una visita a las instalaciones de la SIEDO, en la Ciudad de México, para solicitar informes acerca de su hermana, Alejandra, quien fue detenida en Chilpancingo mientras vendía fruta en la vía pública.

Lucía, estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), fue beneficiada con becas gracias a su rendimiento escolar, con un promedio de 9.3 en sus calificaciones. Sus familiares, compañeros estudiantes, y maestro de la UAGro, denunciaron que fue detenida de manera ilegal, arbitraria, y sin pruebas, por lo que exigen su liberación.

Según publicó el diario El Sur, la estudiante está internada en la prisión de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.

Máximo Mojica y Marco Antonio Suástegui

Organizaciones marchan en octubre del 2014 por el regreso de los normalistas desaparecidos, así como por las detenciones de luchadores sociales como Marco Antonio Suástegui. Foto: Cuartoscuro Archivo

Máximo Delgado Mojica, profesor y luchador social, fue detenido hace una década, el 27 de noviembre de 2008, cuando participaba en un movimiento por la vivienda digna, junto a otros dos activistas.

Mientras que Marco Antonio Suástegui fue detenido en enero de este año, luego de diversos enfrentamientos en la zona rural de Acapulco, Guerrero, en el que un grupo de hombres armados, que se oponían al proyecto de la presa La Parota, atacaron a elementos de la policía comunitaria del poblado La Concepción, y en el que ocho personas resultaron muertas.

La organización de derechos humanos Tlachinollan señaló en esta nota publicada por Animal Político que las autoridades detuvieron de manera arbitraria a Marco Antonio y a 30 policías comunitarios. Además, denunció la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios, y que se hizo uso letal de la fuerza como recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad.

Los 6 defensores del agua de Tlanixco

Familiares de los 6 indígenas defensores del agua de Tlanixco exigen su liberación en octubre del 2018. Foto: Cuartoscuro

De 61 años de edad y de origen indígena nahua, Dominga González Martínez lleva presa 11 años en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, acusada de homicidio y de privación de la libertad. La sentencia es por 50 años.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), que acompañan su caso, Dominga González fue encarcelada injustamente por su activismo en defensa del derecho al agua de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco.

Junto a Dominga, otros cinco activistas indígenas de Tlanixco, también defensores del agua, fueron detenidos y condenados a 50 años de prisión: Pedro Sánchez Berriozábal; Teófilo Pérez González; Lorenzo Sánchez Berriozábal; Marco Antonio Pérez González; y Rómulo Arias Mireles.

Los cinco fueron encarcelados en 2003 en el penal de Santiaguito de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, tras una disputa con un empresario floricultor que obtuvo una concesión de la Conagua para explotar el Río Texcaltengo, que nace en San Pedro Tlanixco.

El 28 de noviembre, la ONU pidió al gobierno de México, entonces presidido por Enrique Peña Nieto, que intercediera para que los seis activistas sean liberados de inmediato, por considerar que hubo irregularidades en sus procesos.

6 vecinos que se oponían a la venta de sus tierras

Comuneros de Salazar exigen la libertad de sus presos políticos. Foto: Cuartoscuro

Seis habitantes de la comunidad de Salazar, en la zona boscosa del municipio de Lerma, en el Estado de México, que se oponían a la venta ilegal de sus tierras para grandes proyectos inmobiliarios, fueron detenidos el 31 de agosto de 2017, acusados, precisamente, de los delitos de despojo, invasión de tierra, y obstaculización de obra pública.  

Los detenidos y encarcelados son: Beatriz Pérez Flores, comerciante de 46 años; Daneyra Becerril Villavicencio, ama de casa de 30 años; Yuriko Becerril Villavicencio, madre soltera de 29 años; Cutberto Vilchis García, representante de bienes comunales de 71 años; Miguel Ángel Vilchis García, campesino y bibliotecario de 56 años; y Fermín Esquivel Rojas, campesino de 34 años.

Según relata una nota de la agencia Proceso, la madrugada del 31 de agosto de 2017, tres días después de que se emitió un fallo en favor de la comunidad de Salazar para reconocer legalmente sus tierras, un convoy armado de más de mil policías federales, estatales, y ministeriales, irrumpió en los domicilios de los vecinos que se oponían a la venta de sus milpas y los detuvieron con violencia.

Presos por enfrentamientos en Eloxochitlán

El 14 de diciembre de 2014, tras un enfrentamiento violento registrado en el municipio de Eloxochitlán de Flores, Oaxaca, fue detenido el alcalde Alfredo Bolaños Pacheco, acusado del delito de asesinato de dos personas, lesiones en contra de otras seis personas, y daños en propiedad privada.

Junto al alcalde, también fueron detenidos por homicidio el síndico Herminio Monfil Avendaño; el ex edil Jaime Betanzos Fuentes; Miguel Ángel Peralta Betanzos; Isaías Gallardo Álvarez; y los policías municipales Fernando Gavito Martínez y Omar Hugo Morales Álvarez.

La versión que aquel entonces manejó la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca fue que el enfrentamiento se debió a diferencias políticas entre dos grupos antagónicos: el del alcalde detenido, Alfredo Bolaños Pacheco, y el de Manuel Zepeda Cortés, quien también fue alcalde del municipio, y a quien Bolaños Pacheco acusó de un presunto desvío de 20 millones de pesos.

Según publica La Jornada, habitantes de la comunidad indígena de Eloxochitlán, simpatizantes del exalcalde preso Alfredo Bolaños Pacheco, aseguran que en el ataque al palacio municipal el 14 de diciembre de 2014 fueron atacados a balazos por personas que habrían sido enviadas presuntamente por Manuel Zepeda Cortés, a quien señalan como un “cacique” de la zona.

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Enmienda 25 o 'impeachment': ¿puede Trump ser destituido tras el violento asalto al Capitolio?

Demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente. Hay dos vías para hacerlo.
7 de enero, 2021
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Apenas faltan 13 días para que Donald Trump abandone oficialmente la Casa Blanca y arranque la legislatura del demócrata Joe Biden, cuya victoria electoral fue ratificada por el Congreso de Estados Unidos este jueves.

Pero tras el violento asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, prolongado durante horas y que dejó cuatro muertos, los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente.

Escribieron una carta al vicepresidente Mike Pence en la que le urgían a actuar y sacar a Trump de la presidencia, alegando que había cometido un acto de insurrección y “buscaba socavar” la democracia.

Para destituir al presidente de Estados Unidos hay dos mecanismos: el llamado juicio político –impeachment– o la enmienda número 25 de la Constitución, aseguran expertos.

Sin embargo, ambas vías pueden resultar difíciles e improbables de aplicar dado el poco margen de tiempo que le queda a Trump al mando.

“Creo que la mejor salida es que Trump renuncie, que los de su propio partido lo presionen para que renuncie. Él no lo hará, pero debería”, aseguró el politólogo de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, entrevistado por BBC Mundo.

El vicepresidente Mike Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Getty Images
Tras los episodios violentos y el desalojo de los seguidores de Trump, el Congreso ratificó este jueves la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Tras los violentos acontecimientos del miércoles, Trump ha asegurado que la transición de poder se ejecutará de forma “ordenada”, pero que está en desacuerdo con el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, las que califica como fraudulentas a pesar de que el Departamento de Justicia estadounidense lo haya descartado.

Pero, ¿en qué consisten las dos vías principales por las que Trump puede ser destituido antes del 20 de enero?

Enmienda 25

Dicha enmienda recogida por la Constitución permite la transferencia de poder desde la presidencia a la vicepresidencia ya sea de forma temporal o permanente.

Convierte al vicepresidente en presidente si este se muestra incapaz de continuar con sus responsabilidades, por ejemplo, si sufre una enfermedad física o mental.

Asaltantes del Congreso.

Getty Images
El asalto al Capitolio y la intervención de las fuerzas de seguridad han dejado al menos cuatro muertos.

La sección número 4 de dicha permite al vicepresidente y la mayoría del gabinete declarar al mandatario incapaz de desarrollar su deber en el cargo.

Para ello necesitarían firmar y remitir una carta a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado y declarar al presidente como no apto para gobernar o incapaz de desempeñar sus poderes y deberes.

De ser así, el vicepresidente Mike Pence asumiría automáticamente el poder hasta el próximo 20 de enero, cuando empezaría el mandato de Biden.

El presidente tiene la oportunidad de ofrecer una respuesta por escrito, y si impugna el hallazgo, entonces le corresponde al Congreso decidir. Cualquier voto en el Senado y la Cámara de Representantes que ordene la destitución del presidente requiere una mayoría de dos tercios.

Mientras se resuelve el caso, el vicepresidente actuaría como presidente.

Recientemente, cuando Trump fue diagnosticado con COVID-19 el pasado octubre, también hubo discusiones sobre invocar la enmienda 25 ante las preocupaciones de que pudiera estar demasiado enfermo para gobernar el país.

La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy, con el objetivo de resolver las disputas de sucesión presidencial en caso de incapacidad.

Funeral de John F. Kennedy.

Getty Images
La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy.

Por este motivo, varios presidentes han usado esta enmienda, específicamente la sección 3, porque les permite transferir temporalmente el poder a la vicepresidencia.

En 2002 y 2007, el presidente George W. Bush puso a su vicepresidente a cargo al ser sedado durante colonoscopias rutinarias.

El presidente Ronald Reagan hizo lo mismo en 1985, mientras estuvo ingresado en el hospital por una cirugía por cáncer.

Hasta la fecha, ningún presidente ha sido destituido del cargo usando la enmienda 25.

Juicio político o ‘impeachment’

El juicio político, también conocido como impeachment, tiene lugar en el Congreso de EU con el objetivo de llevar a cabo una posible destitución del presidente.

La Constitución estadounidense establece que el presidente “debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves”.

Es un proceso político, más que penal.

Seguidores de Trump alrededor del Capitolio.

Getty Images
Seguidores de Trump se congregaron e irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos este miércoles, reclamando fraude en las pasadas elecciones presidenciales.

Este proceso tiene lugar en dos etapas.

Tendría que ser iniciado por la Cámara de Representantes y solo necesita una mayoría simple para ser activado.

Luego, el juicio se celebra en el Senado, donde se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente, y este hito nunca se ha alcanzado en la historia de Estados Unidos.

“Es un proceso bastante largo, a menos que lo hagamos al estilo peruano, de vacar al presidente de la noche a la mañana. Es poco probable que eso pase”, explicó Levitsky a BBC Mundo.

Donald Trump ya ha sido cometido a un proceso de impeachment una vez, y ningún presidente lo fue dos veces durante su mandato.

En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó dos artículos de impeachment tras acusar a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Los demócratas acusaron a Trump de retener US$391 millones en ayuda a Ucrania para presionar y forzar que el país europeo investigara al actual presidente electo, Joe Biden, y a su hijo.

En febrero de 2020, el Senado, de mayoría republicana, votó a favor de absolver a Donald Trump en el juicio político por dicho escándalo.

Si el presidente Trump fuera destituido a través de un juicio político, el vicepresidente Pence se haría cargo de la Oficina Oval.


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