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Cuartoscuro
Liberan a 12 presos políticos ligados a la CNTE; aquí algunos casos que se revisarán para amnistía
Entre los casos que se propone analizar está el de indígenas y luchadores sociales.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
29 de diciembre, 2018
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Doce maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron liberados la madrugada de este viernes y hoy se dirigirán a sus entidades para encontrarse con sus familias.

El vocero de la sección 22, Wilber Santiago, declaró a Reforma que este acto significa un triunfo para la CNTE, pues el magisterio estuvo luchando durante más de cinco años por su libertad.

“Estaban presos por la política del gobierno federal en contra de la Coordinadora Nacional”, expresó.

Además, resaltó que delitos tales como secuestro y homicidio les fueron imputados de forma injusta e incluso alegó que los acusaron con pruebas fabricadas.

Los maestros que quedaron libres son: Leonel Manzano, Sara Altamirano, Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalbo Villalobos, Luis Gutiérrez Saldívar, David Vargas Araujo, Alejandra Chávez Chávez, y Alejandro Sandoval Martínez.

Así como Faustino Diego, Alberto Sandoval Rodríguez, José Ambrosio Martínez y el estudiante de la UNAM, Enrique Guerrero Aviña.

Su liberación también fue celebrada por la senadora de Morena, Nestora Salgado, quien fue la encargada de elaborar la lista de los presos políticos que podrían verse beneficiados con la amnistía.

La senadora Nestora Salgado, de Morena, entregó el pasado 14 de diciembre a la Secretaría de Gobernación (Segob) una lista de 199 casos de personas detenidas a las que considera “presos políticos” que buscan ser beneficiados con una eventual ley de amnistía.

De esos 199 casos, el pasado día 24, el equipo de Nestora Salgado dio a conocer los nombres de algunos presos, cuyos casos serán analizados en mesas de trabajo con legisladores, tal y como se acordó con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas. 

En Animal Político te presentamos un perfil de algunos presos, e incluye dos de los salieron durante la madrugada del viernes.

Enrique Guerrero, estudiante de la UNAM acusado de secuestro

Foto: Cuartoscuro Archivo

Enrique Guerrero Aviña, estudiante universitario de la Facultad de Filosofía de la UNAM y activista, fue detenido en mayo de 2013, y torturado para que confesara su participación en el secuestro, tres meses antes, de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candani, en el estado de Oaxaca.

El caso de Enrique fue documentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria, y es uno de los cinco casos por los que, en 2016, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) emitió al gobierno una opinión oficial, en la que consideró que existieron detenciones arbitrarias e irregularidades en el proceso penal del estudiante y de otras cuatro personas más, entre ellas la propia Nestora Salgado, hoy senadora, y ex comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.

Lee: Nestora Salgado entrega a Gobernación lista de 199 presos políticos que buscan amnistía

De acuerdo con la investigación del Centro Fray Vitoria, Enrique Guerrero fue detenido por elementos policiacos en las inmediaciones del Estadio Azteca, en la capital mexicana, y trasladado sin avisar a su familia a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), también en la capital.

Allí, siempre de acuerdo con el Centro Fray Vitoria, Enrique fue golpeado durante horas, y lo asfixiaron con una bolsa de plástico para que confesara.

Durante el tiempo que duró la tortura, los agentes lo interrogaron en reiteradas ocasiones para incriminar a miembros de movimientos sociales de todo el país, entre ellos, organizaciones ecologistas, sindicatos, y movimientos políticos.

“¿Dinos quién conoces en Oaxaca?’. Yo les respondía que jugadores de ajedrez, porque soy maestro de ajedrez, pero ellos seguían amenazándome. De pronto, me dijeron: ‘vas a hablar o te vamos a matar’”, narró Enrique en una carta, presentada por el Centro Fray Vitoria en una conferencia de prensa el 20 de abril de 2016.

El 28 de mayo de 2013, tras confesar bajo tortura, se le dictó auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.  El activista y profesor de ajedrez ya fue liberado la madrugada de este viernes.

Animal Político publicó la historia del estudiante de la UNAM, en esta nota que puedes leer íntegra aquí.

Maestra de la CNTE, acusada de secuestro

Marcha de profesores en mayo 2013 para exigir la liberación Sara Altamirano Ramos y otros profesores. Foto: Cuartoscuro Archivo

En mayo de 2013, Sara Altamirano Ramos, maestra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien ya está libre, fue ingresada junto a otros tres maestros a penales de máxima seguridad tras ser acusados, también, de participar en el secuestro de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani.

Sara Altamirano Ramos fue trasladada a la cárcel El Rincón, en Nayarit, acusada de delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de fuego, y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Por la detención de la maestra, la CNTE denunció que en la detención se produjeron actos de tortura, por lo que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicó Animal Político en esta nota.

Fidencio Aldama, yaqui acusado de homicidio

Foto: Cuartoscuro Archivo

Fidencio Aldama, indígena yaqui de Loma de Bácum, Sonora, está encarcelado desde 2016, y condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio.

Su detención se da en el contexto de la construcción del gasoducto de la empresa Infraestructura Energético Nova (IENOVA), un megaproyecto que atravesaría el territorio del pueblo indígena sonorense a través de más de 800 kilómetros de obra y una inversión de mil millones de dólares.

El proyecto tenía el visto bueno de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad. Mientras que, de los ocho pueblos que conforman la tribu yaqui de Loma de Bácum, siete también dieron su aprobación para que el gasoducto se construyera y pasara por su territorio.

Sin embargo, otra tribu de Loma de Bácum negó el permiso, alegando que el gasoducto puede provocar explosiones que pondrían en riesgo a la comunidad. Por lo que interpuso un amparo ante un juez federal, quien ordenó la suspensión de la obra en abril de 2016, por no tener el consentimiento de toda la tribu.

Ante el desacuerdo, la violencia entre tribus se desató el 21 de octubre de 2016: volaron piedras, salieron machetes, y se escucharon balazos. En la riña resultó un hombre muerto, Cruz Buitimea Piñas, tres heridos, y 12 autos incendiados.

“A mi esposo (Fidencio Aldama), lo culparon del homicidio de Cruz Buitimea, y lo sentenciaron a 15 años. Los testigos de Cruz señalaron, basándose en fotos, que mi marido traía una pistola calibre 45, pero al muchacho lo mataron con una 22. Mi esposo traía pistola porque es de la vigilancia, de la guardia de la comunidad, pero él no mató a nadie”, dijo la esposa de Fidencio Aldama a Animal Político, en esta nota que puedes leer íntegra aquí.

Lucía, estudiante en una prisión de máxima seguridad

Estudiantes de Arte de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) protestan en octubre del 2015 para pedir a los diputados que intervengan en el caso de Lucía Baltazar Miranda. Foto: Cuartoscuro.

Lucía Baltazar, de 22 años y originaria de la comunidad Tepetlatipa, municipio de Ahuacotzingo, Guerrero, fue detenida en octubre de 2015 durante una visita a las instalaciones de la SIEDO, en la Ciudad de México, para solicitar informes acerca de su hermana, Alejandra, quien fue detenida en Chilpancingo mientras vendía fruta en la vía pública.

Lucía, estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), fue beneficiada con becas gracias a su rendimiento escolar, con un promedio de 9.3 en sus calificaciones. Sus familiares, compañeros estudiantes, y maestro de la UAGro, denunciaron que fue detenida de manera ilegal, arbitraria, y sin pruebas, por lo que exigen su liberación.

Según publicó el diario El Sur, la estudiante está internada en la prisión de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.

Máximo Mojica y Marco Antonio Suástegui

Organizaciones marchan en octubre del 2014 por el regreso de los normalistas desaparecidos, así como por las detenciones de luchadores sociales como Marco Antonio Suástegui. Foto: Cuartoscuro Archivo

Máximo Delgado Mojica, profesor y luchador social, fue detenido hace una década, el 27 de noviembre de 2008, cuando participaba en un movimiento por la vivienda digna, junto a otros dos activistas.

Mientras que Marco Antonio Suástegui fue detenido en enero de este año, luego de diversos enfrentamientos en la zona rural de Acapulco, Guerrero, en el que un grupo de hombres armados, que se oponían al proyecto de la presa La Parota, atacaron a elementos de la policía comunitaria del poblado La Concepción, y en el que ocho personas resultaron muertas.

La organización de derechos humanos Tlachinollan señaló en esta nota publicada por Animal Político que las autoridades detuvieron de manera arbitraria a Marco Antonio y a 30 policías comunitarios. Además, denunció la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios, y que se hizo uso letal de la fuerza como recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad.

Los 6 defensores del agua de Tlanixco

Familiares de los 6 indígenas defensores del agua de Tlanixco exigen su liberación en octubre del 2018. Foto: Cuartoscuro

De 61 años de edad y de origen indígena nahua, Dominga González Martínez lleva presa 11 años en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, acusada de homicidio y de privación de la libertad. La sentencia es por 50 años.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), que acompañan su caso, Dominga González fue encarcelada injustamente por su activismo en defensa del derecho al agua de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco.

Junto a Dominga, otros cinco activistas indígenas de Tlanixco, también defensores del agua, fueron detenidos y condenados a 50 años de prisión: Pedro Sánchez Berriozábal; Teófilo Pérez González; Lorenzo Sánchez Berriozábal; Marco Antonio Pérez González; y Rómulo Arias Mireles.

Los cinco fueron encarcelados en 2003 en el penal de Santiaguito de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, tras una disputa con un empresario floricultor que obtuvo una concesión de la Conagua para explotar el Río Texcaltengo, que nace en San Pedro Tlanixco.

El 28 de noviembre, la ONU pidió al gobierno de México, entonces presidido por Enrique Peña Nieto, que intercediera para que los seis activistas sean liberados de inmediato, por considerar que hubo irregularidades en sus procesos.

6 vecinos que se oponían a la venta de sus tierras

Comuneros de Salazar exigen la libertad de sus presos políticos. Foto: Cuartoscuro

Seis habitantes de la comunidad de Salazar, en la zona boscosa del municipio de Lerma, en el Estado de México, que se oponían a la venta ilegal de sus tierras para grandes proyectos inmobiliarios, fueron detenidos el 31 de agosto de 2017, acusados, precisamente, de los delitos de despojo, invasión de tierra, y obstaculización de obra pública.  

Los detenidos y encarcelados son: Beatriz Pérez Flores, comerciante de 46 años; Daneyra Becerril Villavicencio, ama de casa de 30 años; Yuriko Becerril Villavicencio, madre soltera de 29 años; Cutberto Vilchis García, representante de bienes comunales de 71 años; Miguel Ángel Vilchis García, campesino y bibliotecario de 56 años; y Fermín Esquivel Rojas, campesino de 34 años.

Según relata una nota de la agencia Proceso, la madrugada del 31 de agosto de 2017, tres días después de que se emitió un fallo en favor de la comunidad de Salazar para reconocer legalmente sus tierras, un convoy armado de más de mil policías federales, estatales, y ministeriales, irrumpió en los domicilios de los vecinos que se oponían a la venta de sus milpas y los detuvieron con violencia.

Presos por enfrentamientos en Eloxochitlán

El 14 de diciembre de 2014, tras un enfrentamiento violento registrado en el municipio de Eloxochitlán de Flores, Oaxaca, fue detenido el alcalde Alfredo Bolaños Pacheco, acusado del delito de asesinato de dos personas, lesiones en contra de otras seis personas, y daños en propiedad privada.

Junto al alcalde, también fueron detenidos por homicidio el síndico Herminio Monfil Avendaño; el ex edil Jaime Betanzos Fuentes; Miguel Ángel Peralta Betanzos; Isaías Gallardo Álvarez; y los policías municipales Fernando Gavito Martínez y Omar Hugo Morales Álvarez.

La versión que aquel entonces manejó la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca fue que el enfrentamiento se debió a diferencias políticas entre dos grupos antagónicos: el del alcalde detenido, Alfredo Bolaños Pacheco, y el de Manuel Zepeda Cortés, quien también fue alcalde del municipio, y a quien Bolaños Pacheco acusó de un presunto desvío de 20 millones de pesos.

Según publica La Jornada, habitantes de la comunidad indígena de Eloxochitlán, simpatizantes del exalcalde preso Alfredo Bolaños Pacheco, aseguran que en el ataque al palacio municipal el 14 de diciembre de 2014 fueron atacados a balazos por personas que habrían sido enviadas presuntamente por Manuel Zepeda Cortés, a quien señalan como un “cacique” de la zona.

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