Liberan a 12 presos políticos ligados a la CNTE; aquí algunos casos que se revisarán para amnistía
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Liberan a 12 presos políticos ligados a la CNTE; aquí algunos casos que se revisarán para amnistía

Entre los casos que se propone analizar está el de indígenas y luchadores sociales.
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29 de diciembre, 2018
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Doce maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron liberados la madrugada de este viernes y hoy se dirigirán a sus entidades para encontrarse con sus familias.

El vocero de la sección 22, Wilber Santiago, declaró a Reforma que este acto significa un triunfo para la CNTE, pues el magisterio estuvo luchando durante más de cinco años por su libertad.

“Estaban presos por la política del gobierno federal en contra de la Coordinadora Nacional”, expresó.

Además, resaltó que delitos tales como secuestro y homicidio les fueron imputados de forma injusta e incluso alegó que los acusaron con pruebas fabricadas.

Los maestros que quedaron libres son: Leonel Manzano, Sara Altamirano, Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalbo Villalobos, Luis Gutiérrez Saldívar, David Vargas Araujo, Alejandra Chávez Chávez, y Alejandro Sandoval Martínez.

Así como Faustino Diego, Alberto Sandoval Rodríguez, José Ambrosio Martínez y el estudiante de la UNAM, Enrique Guerrero Aviña.

Su liberación también fue celebrada por la senadora de Morena, Nestora Salgado, quien fue la encargada de elaborar la lista de los presos políticos que podrían verse beneficiados con la amnistía.

La senadora Nestora Salgado, de Morena, entregó el pasado 14 de diciembre a la Secretaría de Gobernación (Segob) una lista de 199 casos de personas detenidas a las que considera “presos políticos” que buscan ser beneficiados con una eventual ley de amnistía.

De esos 199 casos, el pasado día 24, el equipo de Nestora Salgado dio a conocer los nombres de algunos presos, cuyos casos serán analizados en mesas de trabajo con legisladores, tal y como se acordó con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas. 

En Animal Político te presentamos un perfil de algunos presos, e incluye dos de los salieron durante la madrugada del viernes.

Enrique Guerrero, estudiante de la UNAM acusado de secuestro

Foto: Cuartoscuro Archivo

Enrique Guerrero Aviña, estudiante universitario de la Facultad de Filosofía de la UNAM y activista, fue detenido en mayo de 2013, y torturado para que confesara su participación en el secuestro, tres meses antes, de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candani, en el estado de Oaxaca.

El caso de Enrique fue documentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria, y es uno de los cinco casos por los que, en 2016, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) emitió al gobierno una opinión oficial, en la que consideró que existieron detenciones arbitrarias e irregularidades en el proceso penal del estudiante y de otras cuatro personas más, entre ellas la propia Nestora Salgado, hoy senadora, y ex comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.

Lee: Nestora Salgado entrega a Gobernación lista de 199 presos políticos que buscan amnistía

De acuerdo con la investigación del Centro Fray Vitoria, Enrique Guerrero fue detenido por elementos policiacos en las inmediaciones del Estadio Azteca, en la capital mexicana, y trasladado sin avisar a su familia a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), también en la capital.

Allí, siempre de acuerdo con el Centro Fray Vitoria, Enrique fue golpeado durante horas, y lo asfixiaron con una bolsa de plástico para que confesara.

Durante el tiempo que duró la tortura, los agentes lo interrogaron en reiteradas ocasiones para incriminar a miembros de movimientos sociales de todo el país, entre ellos, organizaciones ecologistas, sindicatos, y movimientos políticos.

“¿Dinos quién conoces en Oaxaca?’. Yo les respondía que jugadores de ajedrez, porque soy maestro de ajedrez, pero ellos seguían amenazándome. De pronto, me dijeron: ‘vas a hablar o te vamos a matar’”, narró Enrique en una carta, presentada por el Centro Fray Vitoria en una conferencia de prensa el 20 de abril de 2016.

El 28 de mayo de 2013, tras confesar bajo tortura, se le dictó auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.  El activista y profesor de ajedrez ya fue liberado la madrugada de este viernes.

Animal Político publicó la historia del estudiante de la UNAM, en esta nota que puedes leer íntegra aquí.

Maestra de la CNTE, acusada de secuestro

Marcha de profesores en mayo 2013 para exigir la liberación Sara Altamirano Ramos y otros profesores. Foto: Cuartoscuro Archivo

En mayo de 2013, Sara Altamirano Ramos, maestra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien ya está libre, fue ingresada junto a otros tres maestros a penales de máxima seguridad tras ser acusados, también, de participar en el secuestro de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani.

Sara Altamirano Ramos fue trasladada a la cárcel El Rincón, en Nayarit, acusada de delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de fuego, y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Por la detención de la maestra, la CNTE denunció que en la detención se produjeron actos de tortura, por lo que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicó Animal Político en esta nota.

Fidencio Aldama, yaqui acusado de homicidio

Foto: Cuartoscuro Archivo

Fidencio Aldama, indígena yaqui de Loma de Bácum, Sonora, está encarcelado desde 2016, y condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio.

Su detención se da en el contexto de la construcción del gasoducto de la empresa Infraestructura Energético Nova (IENOVA), un megaproyecto que atravesaría el territorio del pueblo indígena sonorense a través de más de 800 kilómetros de obra y una inversión de mil millones de dólares.

El proyecto tenía el visto bueno de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad. Mientras que, de los ocho pueblos que conforman la tribu yaqui de Loma de Bácum, siete también dieron su aprobación para que el gasoducto se construyera y pasara por su territorio.

Sin embargo, otra tribu de Loma de Bácum negó el permiso, alegando que el gasoducto puede provocar explosiones que pondrían en riesgo a la comunidad. Por lo que interpuso un amparo ante un juez federal, quien ordenó la suspensión de la obra en abril de 2016, por no tener el consentimiento de toda la tribu.

Ante el desacuerdo, la violencia entre tribus se desató el 21 de octubre de 2016: volaron piedras, salieron machetes, y se escucharon balazos. En la riña resultó un hombre muerto, Cruz Buitimea Piñas, tres heridos, y 12 autos incendiados.

“A mi esposo (Fidencio Aldama), lo culparon del homicidio de Cruz Buitimea, y lo sentenciaron a 15 años. Los testigos de Cruz señalaron, basándose en fotos, que mi marido traía una pistola calibre 45, pero al muchacho lo mataron con una 22. Mi esposo traía pistola porque es de la vigilancia, de la guardia de la comunidad, pero él no mató a nadie”, dijo la esposa de Fidencio Aldama a Animal Político, en esta nota que puedes leer íntegra aquí.

Lucía, estudiante en una prisión de máxima seguridad

Estudiantes de Arte de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) protestan en octubre del 2015 para pedir a los diputados que intervengan en el caso de Lucía Baltazar Miranda. Foto: Cuartoscuro.

Lucía Baltazar, de 22 años y originaria de la comunidad Tepetlatipa, municipio de Ahuacotzingo, Guerrero, fue detenida en octubre de 2015 durante una visita a las instalaciones de la SIEDO, en la Ciudad de México, para solicitar informes acerca de su hermana, Alejandra, quien fue detenida en Chilpancingo mientras vendía fruta en la vía pública.

Lucía, estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), fue beneficiada con becas gracias a su rendimiento escolar, con un promedio de 9.3 en sus calificaciones. Sus familiares, compañeros estudiantes, y maestro de la UAGro, denunciaron que fue detenida de manera ilegal, arbitraria, y sin pruebas, por lo que exigen su liberación.

Según publicó el diario El Sur, la estudiante está internada en la prisión de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.

Máximo Mojica y Marco Antonio Suástegui

Organizaciones marchan en octubre del 2014 por el regreso de los normalistas desaparecidos, así como por las detenciones de luchadores sociales como Marco Antonio Suástegui. Foto: Cuartoscuro Archivo

Máximo Delgado Mojica, profesor y luchador social, fue detenido hace una década, el 27 de noviembre de 2008, cuando participaba en un movimiento por la vivienda digna, junto a otros dos activistas.

Mientras que Marco Antonio Suástegui fue detenido en enero de este año, luego de diversos enfrentamientos en la zona rural de Acapulco, Guerrero, en el que un grupo de hombres armados, que se oponían al proyecto de la presa La Parota, atacaron a elementos de la policía comunitaria del poblado La Concepción, y en el que ocho personas resultaron muertas.

La organización de derechos humanos Tlachinollan señaló en esta nota publicada por Animal Político que las autoridades detuvieron de manera arbitraria a Marco Antonio y a 30 policías comunitarios. Además, denunció la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios, y que se hizo uso letal de la fuerza como recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad.

Los 6 defensores del agua de Tlanixco

Familiares de los 6 indígenas defensores del agua de Tlanixco exigen su liberación en octubre del 2018. Foto: Cuartoscuro

De 61 años de edad y de origen indígena nahua, Dominga González Martínez lleva presa 11 años en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, acusada de homicidio y de privación de la libertad. La sentencia es por 50 años.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), que acompañan su caso, Dominga González fue encarcelada injustamente por su activismo en defensa del derecho al agua de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco.

Junto a Dominga, otros cinco activistas indígenas de Tlanixco, también defensores del agua, fueron detenidos y condenados a 50 años de prisión: Pedro Sánchez Berriozábal; Teófilo Pérez González; Lorenzo Sánchez Berriozábal; Marco Antonio Pérez González; y Rómulo Arias Mireles.

Los cinco fueron encarcelados en 2003 en el penal de Santiaguito de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, tras una disputa con un empresario floricultor que obtuvo una concesión de la Conagua para explotar el Río Texcaltengo, que nace en San Pedro Tlanixco.

El 28 de noviembre, la ONU pidió al gobierno de México, entonces presidido por Enrique Peña Nieto, que intercediera para que los seis activistas sean liberados de inmediato, por considerar que hubo irregularidades en sus procesos.

6 vecinos que se oponían a la venta de sus tierras

Comuneros de Salazar exigen la libertad de sus presos políticos. Foto: Cuartoscuro

Seis habitantes de la comunidad de Salazar, en la zona boscosa del municipio de Lerma, en el Estado de México, que se oponían a la venta ilegal de sus tierras para grandes proyectos inmobiliarios, fueron detenidos el 31 de agosto de 2017, acusados, precisamente, de los delitos de despojo, invasión de tierra, y obstaculización de obra pública.  

Los detenidos y encarcelados son: Beatriz Pérez Flores, comerciante de 46 años; Daneyra Becerril Villavicencio, ama de casa de 30 años; Yuriko Becerril Villavicencio, madre soltera de 29 años; Cutberto Vilchis García, representante de bienes comunales de 71 años; Miguel Ángel Vilchis García, campesino y bibliotecario de 56 años; y Fermín Esquivel Rojas, campesino de 34 años.

Según relata una nota de la agencia Proceso, la madrugada del 31 de agosto de 2017, tres días después de que se emitió un fallo en favor de la comunidad de Salazar para reconocer legalmente sus tierras, un convoy armado de más de mil policías federales, estatales, y ministeriales, irrumpió en los domicilios de los vecinos que se oponían a la venta de sus milpas y los detuvieron con violencia.

Presos por enfrentamientos en Eloxochitlán

El 14 de diciembre de 2014, tras un enfrentamiento violento registrado en el municipio de Eloxochitlán de Flores, Oaxaca, fue detenido el alcalde Alfredo Bolaños Pacheco, acusado del delito de asesinato de dos personas, lesiones en contra de otras seis personas, y daños en propiedad privada.

Junto al alcalde, también fueron detenidos por homicidio el síndico Herminio Monfil Avendaño; el ex edil Jaime Betanzos Fuentes; Miguel Ángel Peralta Betanzos; Isaías Gallardo Álvarez; y los policías municipales Fernando Gavito Martínez y Omar Hugo Morales Álvarez.

La versión que aquel entonces manejó la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca fue que el enfrentamiento se debió a diferencias políticas entre dos grupos antagónicos: el del alcalde detenido, Alfredo Bolaños Pacheco, y el de Manuel Zepeda Cortés, quien también fue alcalde del municipio, y a quien Bolaños Pacheco acusó de un presunto desvío de 20 millones de pesos.

Según publica La Jornada, habitantes de la comunidad indígena de Eloxochitlán, simpatizantes del exalcalde preso Alfredo Bolaños Pacheco, aseguran que en el ataque al palacio municipal el 14 de diciembre de 2014 fueron atacados a balazos por personas que habrían sido enviadas presuntamente por Manuel Zepeda Cortés, a quien señalan como un “cacique” de la zona.

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La estratégica red de puertos que China controla en el mundo; en México hay cuatro

El gigante asiático le ha dado un fuerte impulso a su Ruta Marítima de la Seda para expandir su influencia por los océanos del mundo. En Latinoamérica, empresas chinas controlan más de 10 megapuertos en siete países.
17 de octubre, 2021
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El puerto griego del Pireo, considerado la gran puerta de entrada de los productos asiáticos a Europa, es uno de los ejemplos de la expansión de las empresas chinas en la red global de puertos.

Después de la Gran Crisis de 2008-2009, Grecia tuvo que llevar a cabo reformas y privatizaciones para pagar sus deudas tras el rescate financiero internacional.

El gigante estatal chino, Cosco, vio una oportunidad para entrar en la industria portuaria de un país en crisis. Fue así como adquirió el 51% del Pireo, bajo un acuerdo que le permitiría hacerse con el 67% cinco años después.

Y eso es lo que acaba de ocurrir a comienzos de octubre.

Con esa operación, ahora Pekín maneja uno de los puertos más importantes del mundo, ubicado en el cruce de Europa, Asia y África.

La misma compañía está en conversaciones para adquirir una participación en el puerto de Hamburgo, Alemania. Si llegara a concretarse, sería la octava mega inversión portuaria de Cosco en Europa.

Y otro de los gigantes chinos, Shanghai International Port Group, se acaba de hacer con el control del puerto israelí de Haifa.

Esos son algunos de los capítulos más recientes de una larga historia de expansión portuaria, que en los últimos años se ha dado en el contexto de la llamada Ruta Marítima de la Seda, iniciativa que forma parte de un plan más amplio de inversión de los capitales chinos en obras de infraestructura alrededor del mundo.

Para conseguir ese objetivo, tener el control de las concesiones portuarias en puntos geoestratégicos es fundamental, señalan analistas consultados por BBC Mundo.

Distintas estimaciones apuntan a que empresas del gigante asiático controlan actualmente cerca de 100 puertos en más de 60 países.

“Los puertos de contenedores con inversión china han experimentado un aumento en su conectividad de transporte marítimo superior a la media”, dice Jan Hoffmann, jefe de la Unidad de Logística Comercial de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

Una ventaja frente a sus competidores que les permite avanzar paso a paso en la industria portuaria.

Ese aumento de la conectividad, le explica a BBC Mundo, se ha dado porque suelen ser inversiones de gran tamaño, o porque las empresas chinas llevan sus propios servicios a los terminales portuarios.

Mostrar músculo

Desde un punto de vista histórico, Sam Beatson, profesor en el Departamento de Finanzas, Riesgo y Banca y en programas de Maestrías en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nottingham (NUBS), Reino Unido, sostiene que las élites políticas y empresariales chinas comprendieron que en el pasado habían perdido una oportunidad para explorar y desarrollarse en otras partes del mundo.

Hasta que hace algunos años reaccionaron.

“Por un lado, China quiere expandirse, influir y compensar este tiempo perdido. Por otro lado, por supuesto, hay un deseo de mostrar músculo, pero en mi opinión, no hay ningún deseo de hacerlo de manera amenazante”, argumenta en diálogo con BBC Mundo.

“El elemento clave que impulsa la estrategia portuaria de las empresas chinas es un mayor control y eficiencia en sus negocios marítimos globales, y la búsqueda de oportunidades para participar en proyectos de desarrollo cercanos”, apunta.

Otros investigadores, como James R. Holmes, profesor de Estrategia Marítima en la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos, tienen una perspectiva más confrontacional sobre el avance chino en la red portuaria.

“El objetivo es crear un ciclo autosustentable entre el comercio, el poder militar y la influencia diplomática”, le dice a BBC Mundo.

El acceso a los puertos en el exterior le permite a China desarrollar las redes comerciales y aumentar su riqueza. Luego, explica Holmes, el país reinvierte parte de esos fondos en sus fuerzas navales, terrestres, aéreas y de misiles de apoyo.

Y al tener un mayor poder económico, Pekín consigue “una palanca diplomática para influir en las naciones anfitrionas”, donde funcionan los puertos con capitales chinos, apunta el experto.

Está, por ejemplo, el caso de Yibuti, situado a la entrada del mar Rojo y el Canal de Suez, donde un puerto marítimo se convirtió en la primera base militar de China en el extranjero.

La militarización de ese puerto ha sido vista por algunos analistas como una advertencia frente a los intereses portuarios que China puede tener en otros países como Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán o Myanmar.

Piedras en el camino

Décadas de crecimiento económico y un fuerte impulso gubernamental le han permitido a China posicionarse en el centro del comercio marítimo mundial, según un análisis del China Power Project, perteneciente al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), con sede en Washington D.C., titulado “¿Cómo influye China en la conectividad marítima global?”.

Bajo el gobierno de Xi Jinping, las empresas estatales chinas han participado en proyectos de inversión y construcción en docenas de puertos de todo el mundo.

Sin embargo, muchos proyectos respaldados por China no han despegado como se esperaba, sostiene el estudio.

Está el caso del puerto de Gwadar, un componente clave del Corredor Económico China-Pakistán, que pese a los anuncios, ha terminado estando “infrautilizado”.

“El gobierno paquistaní tuvo que tomar medidas desesperadas a principios de 2021 para reactivar el puerto”, señala el análisis del CSIS.

También agrega que algunos proyectos importantes aún no se han materializado por completo, como el puerto de Bagamoyo en Tanzania.

Otro aspecto de las operaciones chinas en la industria portuaria, agrega el documento, tiene relación con los términos de las negociaciones que se llevan a cabo con países endeudados con Pekin.

En ese contexto está el caso del puerto de Hambantota, en Sri Lanka. El país estaba tan endeudado con China que en 2017 le arrendó el puerto por 99 años a cambio de una reducción de la deuda.

La medida generó preocupaciones sobre la influencia económica china, sostiene el CSIS, y los riesgos potenciales para los países más pequeños de firmar costosos acuerdos de desarrollo de infraestructura con el gigante asiático, agrega el análisis.

¿Qué pasa en América Latina y el Caribe?

Eleanor Hadland, analista sénior de terminales portuarios de la consultora internacional Drewry, dice que si bien las operaciones de empresas chinas en Latinoamérica han aumentado, están muy por debajo de lo que ha sido el fenómeno en otras partes del mundo.

“Las terminales de contenedores estuvieron entre la primera ola de privatizaciones de puertos a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000”, explica la experta en diálogo con BBC Mundo.

En esos años entró con fuerza Hutchison Ports(subsidiaria de CK Hutchison Ports), la empresa china que actualmente tiene la mayor presencia en la región. Es el gigante chino en los puertos latinoamericanos.

Años después entraron a competir en el mercado Cosco y China Merchants, pero el ritmo de expansión de las empresas chinas fue mucho menor que en el pasado.

Es así como América Latina se ha convertido en un mercado secundario, ya que la Ruta Marítima de la Seda está más centrada en conectar Europa con Asia, y en el desarrollo de proyectos portuarios en África.

Por otro lado, dice la analista, “la oportunidad de que los operadores chinos ingresen al mercado latinoamericano se ve limitada por tasas de crecimiento más bajas“, algo que venía ocurriendo desde antes de que llegara la pandemia de covid-19.

Puerto de Balboa, Panamá

Getty Images
Puerto de Balboa, en Panamá, operado por capitales chinos.

Pero el caso de Brasil, advierte, es diferente.

“Hay una nueva serie de privatizaciones de puertos programadas en Brasil”, donde eventualmente podrían ingresar operadores chinos.

Sin embargo, pueden ganar otros interesados en el desarrollo de proyectos. “Nos imaginamos que las consideraciones geopolíticas serán fundamentales para el gobierno brasileño”, argumenta Hadland.

“Si hay más competencia, ganamos todos”

“Lo mejor que le puede ocurrir a la industria y a los usuarios, es que haya operadores portuarios de talla mundial compitiendo en los puertos de la región”, dice José Antonio Pejovés, profesor de Derecho Marítimo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y fundador de Estudio Pejovés Marítimo, una empresa de asesoría legal.

“Si hay más competencia, ganamos todos”. Desde esa perspectiva, el experto sostiene en diálogo con BBC Mundo que la iniciativa de la Ruta de la Seda “es un proyecto fabuloso”.

Pejovés explica que los capitales chinos operan bajo el esquema de concesiones por una cantidad determinada de años. Y son concesiones de uso público, es decir, están obligados a prestar servicios a todos los buques de carga que requieran utilizar su infraestructura.

“No son terminales portuarios dedicados solo a los intereses chinos”, apunta.

Una estrategia “comercial y política”

Evan Ellis, profesor investigador de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, dice que para China es fundamental tener un rol importante en la conectividad global.

Su estrategia más amplia, dice en diálogo con BBC Mundo, es tratar de asegurar su acceso a mercados estratégicos para conseguir materias primas y vender sus productos.

“Las empresas chinas quieren los puertos con la idea de dominar toda la cadena de suministros” y así no depender logísticamente de otras compañías.

Contenedores en el puerto del Pireo.

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En Latinoamérica, empresas chinas controlan más de 10 megapuertos en 7 países.

Pero que los objetivos sean principalmente económicos, no los hace menos estratégicos, agrega el investigador.

“La influencia económica te da poder para tener más influencia política y luego usas esa influencia política para conseguir más ventajas económicas. Es un ciclo”.

Desde esa perspectiva, agrega Ellis, “el control de los puertos es parte de una guerra económica y estratégica en la que China usa su poder para conseguir más mercados y ponerle presión a la competencia”.

Grandes proyectos en la región

Uno de los grandes puertos cuya construcción avanza a paso firme es el de Chancay, en Perú.

Operado por la empresa china Cosco, se espera que la inversión total llegue a los US$3.000 millones cuando las obras estén terminadas en 2024.

Entre los grandes puertos con inversiones chinas que operan en la Latinoamérica y el Caribe están los de Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, en México.

Puerto Lázaro Cárdenas, México.

Getty Images
Lázaro Cárdenas es uno de los cuatro puertos manejados por empresas chinas en México.

En Bahamas, Freeport; en Jamaica, Kingston; en Panamá, Balboa y Colón; en Brasil, Paranaguá; y en Argentina, Buenos Aires.

Junto a ellos, también existen capitales chinos en puertos más pequeños, algunos privados, o en distintos tipos de infraestructura portuaria.

Sin embargo, no todas las iniciativas chinas han prosperado en la región.

Es el caso del megaproyecto impulsado por la firma Asia Pacific Xuanhao, que busca la creación de una zona de libre comercio en el sureste de El Salvador, con accesos a Honduras y Nicaragua.

El desarrollo incluiría, según ha trascendido, la reconstrucción del puerto de La Unión, la creación de un parque industrial, un aeropuerto, y zonas de desarrollo turístico, entre otros.

“Es básicamente convertir El Salvador en una zona para la expansión comercial de China en América Central”, afirma Ellis.

Xi Jinping

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Xi Jinping ha promovido la construcción de infraestructura china en el exterior, en el marco de su iniciativa de la nueva Ruta de la Seda.

Aunque Latinoamérica no esté en el centro de la estrategia china de invertir en puertos a nivel global, de todos modos, es un mercado atractivo, coinciden expertos.

Y pese a que la región está más bien dentro del área de influencia de Estados Unidos por su cercanía geográfica, no es un dato menor que el principal socio comercial de Sudamérica sea China.

Por lo pronto, existen varios proyectos portuarios con capitales chinos que están en carpeta para la región, pero las negociaciones suelen tomar años considerando los gigantescos montos involucrados y las consideraciones políticas que cada gobierno sopesa cuando debe firmar un acuerdo.

A final de cuentas, aunque se trata de acuerdos comerciales, el factor estratégico difícilmente queda fuera de la balanza.


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