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Cuartoscuro
¿Quién es Juan Luis Alcántara, el nuevo ministro de la Suprema Corte?
El Senado de la República designó a Juan Luis González Alcántara como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que tomará el lugar que dejó vacante José Ramón Cossio.
Cuartoscuro
20 de diciembre, 2018
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Este jueves, el Senado de la República designó a Juan Luis González Alcántara como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los próximos 15 años.

Tomará el lugar que dejó vacante José Ramón Cossio.

González Alcántara es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo también una maestría y un doctorado.

Cuenta con una maestría en Derecho Corporativo en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas y maestría en Derecho Civil y Mercantil por la Universidad en Barcelona y en Tufts, de Harvard.

Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de Gobierno (2000-2005). En la misma dependencia, fungió como director de Anales de Jurispruencia y Boletín Judicial, magistrado supernumerario y magistrado numerario de la Tercera Sala Civil.

También se desempeñó como presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura y como magistrado de la Cuarta Sala Familiar.

Ha sido académico en instituciones como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y el ITAM, y es autor de diversas obras de derecho.

Antes de ser nominado como ministro de la Suprema Corte, González Alcántara formó parte de la terna para la Fiscalía General.

En 2013, el abogado fue acusado de presunto tráfico de influencias, e implicado en la polémica en el caso del exministro Genaro Góngora Pimentel y la pensión de sus hijos.

Juan Luis González revocó la sentencia de un juez en materia familiar que determinó que Góngora Pimentel debía pagar una pensión mensual de poco más de 116 mil pesos para sus hijos con autismo –equivalente al 35% de sus ingresos-, y ordenó que se redujera a 50 mil pesos.

Su postura sobre temas de coyuntura

El pasado lunes, los tres candidatos propuestos por López Obrador para ocupar la vacante de ministro en la SCJN comparecieron ante los legisladores de la Comisión de Justicia del Senado, donde hablaron sobre la Guardia Nacional, la ampliación de la prisión preventiva a más delitos, aborto, eutanasia, adopción en matrimonios igualitarios, entre otros.

Sobre el tema de ampliación de la prisión preventiva, Alcántara dijo que esta es “violatoria a los derechos humanos” y que es una falsa salida a los problemas que ha tenido la implementación del nuevo sistema penal.

Acerca de la Guardia Nacional, González Alcántara expresó estar en desacuerdo con que la función policiaca sea desarrollada por Fuerzas Armadas, “pero la situación actual ante la carencia de policías lo requiere… Admiro la disciplina militar, pero una autoridad civil debe estar encima de todos ellos”.

Cuestionado sobre la polémica por las críticas de López Obrador sobre los que considera como salarios elevados de los ministros de la SCJN, Alcántara se pronunció a favor de que se revisen las remuneraciones, y criticó la suspensión provisional que el ministro de la Corte Alberto Pérez Dayán concedió para que no se aplique la ley en la materia aprobada por el Congreso.

“Creo que Pérez Dayán no lo hizo bien al conceder una suspensión de ese tipo… creo que debe analizarse. Hay que consultar con la Corte Interamericana si están bien las reformas sobre salarios o no. Preguntar también a Instituto de Investigaciones Jurídicas”, dijo.

En el tema de aborto, González Alcántara señaló que independientemente de su opinión personal, es un derecho de la mujer a la libre determinación sobre su cuerpo y en ello no puede haber retroceso.

También se pronunció a favor de la adopción en matrimonios igualitarios.

Durante la comparecencia ante los Senadores, Alcántara Carrancá fue cuestionado sobre su determinación como magistrado en el caso Góngora Pimentel.

En respuesta, dijo que la decisión fue apegada a derecho y que la pensión que él fijó en 50 mil pesos cubría los gastos alimenticios de los menores.

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Getty Images
Apple: cómo dos estudiantes chinos usaron iPhones falsos para estafar 900 mil dólares
Un esquema fraudulento llevó a Apple a reemplazar 1,438 teléfonos iPhone con un costo para la empresa de casi un millón de dólares.
Getty Images
8 de abril, 2019
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Una debilidad en los procedimientos para hacer válidas las garantías casi costó a Apple un millón de dólares.

Dos estudiantes originarios de China están acusados de participar en un esquema de fraude contra la compañía de California a través de la solicitud masiva de cumplimiento de la garantía.

Enviaron miles de teléfonos iPhone falsificados y obtuvieron de la empresa dispositivos genuinos. Lo hicieron durante meses.

Una estimación del monto de las pérdidas para Apple alcanzan los US$895,400 luego de conseguir que, del total que enviaron, casi 1,500 aparatos fueran reemplazados sin que fuera detectado el fraude.

La investigación del caso inició en 2017, pero hasta este mes se supo de la denuncia judicial -reportada primero por el diario The Oregonian– en contra de los dos jóvenes chinos en el estado de Oregón.

¿Cómo lo hacían?

Tanto Yangyang Zhou como Quan Jiang, quienes se declaran no culpables, estaban en Estados Unidos con visa de estudiante cuando se desarrolló el fraude.

Un socio en Hong Kong les enviaba paquetes con entre 20 y 30 teléfonos con las características físicas de los iPhone de Apple, dijo Jiang en su declaración.

Luego los estudiantes solicitaban a Apple personalmente o a través de nombres y direcciones de contactos en Estados Unidos, la revisión de los teléfonos bajo los términos de garantía.

En casi todos los casos la falla reportada era que los teléfonos no encendían.

La compañía determinaba si el smartphone era elegible para una reposición por otro nuevo, un beneficio que generalmente Apple aplica para ese tipo de problemas.

Cuando los remitentes recibían el teléfono genuino, lo enviaban de nuevo a China para ser revendido y después obtenían una parte de las ganancias, según la denuncia.

¿Cómo se descubrió?

Agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confiscaron en abril de 2017 cinco paquetes enviados desde Hong Kong, pues sospechaban que contenían teléfonos falsificados.

Los importadores eran tanto Yangyang Zhou como Quan Jiang.

El agente Thomas Duffy entrevistó a finales de 2017 a Jiang en la ciudad de Portland para saber del origen y destino de los móviles.

El joven describió su participación en las peticiones de revisión a Apple, pero rechazó que supiera que los móviles que enviaba eran falsificados.

“Jiang estimó que durante 2017 envió 2.000 teléfonos a Apple para reparaciones en garantía“, dice la denuncia judicial.

Sin embargo, su nombre está relacionado con 3,069 solicitudes de reparación en las que la causa en el 100% de los casos era “no enciende/problemas de carga por cable”.

Una inspección el año pasado al domicilio de Jiang encontró unos 300 iPhone falsos, así como documentos de las solicitudes de garantía enviadas a Apple.

Ahí también se hallaron cajas con el nombre Zhou, quien estaba relacionado con tres envíos con origen en China en los que había 95 teléfonos similares a los iPhone.

Unas 200 peticiones de garantía fueron realizadas a su nombre o con “derivaciones similares” de correos electrónicos con el nombre de Zhou, además de que fue el destinatario de teléfonos enviados por Apple.

¿Apple no pudo detectarlos?

El representante de Apple Adrian Punderson, entrevistado por el agente Duffy, explicó que un técnico de la compañía se encarga de revisar si un teléfono enviado a revisión es genuino o no.

Si se determina que es falsificado, se rechaza la solicitud de garantía y se informa al remitente a través del medio de contacto que proporcionó.

En el caso de Jiang, un total de 1,576 solicitudes fueron “rechazadas por manipulación”.

Sin embargo, el hecho de que casi el 100% de los casos la falla reportada era que el teléfono “no enciende” jugó a favor de este esquema fraudulento, pues en esos casos Apple procede con un reemplazo de la unidad.

“La presentación de un iPhone que no se enciende es fundamental para perpetuar el fraude en la garantía del iPhone, ya que el teléfono no podrá ser examinado o reparado inmediatamente por los técnicos de Apple, lo que provocará el proceso de reemplazo de teléfonos de Apple como parte de su política de garantía del producto”, dijo Punderson.

Apple reemplazó 1,493 teléfonos, que a un costo de US$600 por unidad representan una pérdida de US$895,800 para el gigante tecnológico dirigido por Tim Cook.

BBC Mundo solicitó una entrevista a Apple sobre este caso pero no hubo una respuesta inmediata.

La denuncia judicial presenta cargos contra Jiang por tráfico de productos falsificados y fraude electrónico, mientras que Zhou enfrenta cargos por presentar usar documentos falsos de exportación.

Ambos, sin embargo, aseguran que no tenían conocimiento de que los teléfonos eran falsos.


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