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Cuartoscuro

Termina 2018 y México se mantiene como uno de los países más peligrosos para periodistas

Durante el año fueron asesinados nueve comunicadores, según los registros de Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras.
Cuartoscuro
30 de diciembre, 2018
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Termina el 2018 y los datos confirman que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Durante el año fueron asesinados nueve comunicadores, según los registros de Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras.

A pesar de esto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019, hay una disminución de recursos para la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Liberta de Expresión (FEADLE), que pasó de recibir 17 millones 989 mil pesos en 2018 a 12 millones 889 mil pesos para el próximo año.

México es el tercer país más mortífero para los periodistas a nivel mundial, indica el Balance 2018 de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, tan solo detrás de Afganistán (15) y Siria (11). El mismo informe señala que México es el país en paz, es decir que no existe un conflicto bélico declarado, donde más reporteros han sido asesinados.

¿Quiénes fueron los periodistas que perdieron la vida en el país? A continuación, un recuento cronológico de los casos ocurridos durante el año:

Carlos Domínguez – Tamaulipas

A los 13 días de haber comenzado el año fue asesinado Carlos Domínguez, el primer comunicador que falleció por una agresión directa en 2018. Domínguez viajaba en automóvil junto con su hija en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando fue interceptado, obligado a bajar del auto y atacado con un arma punzocortante en al menos 24 ocasiones. Murió al instante.

Su hijo, del mismo nombre, dijo que diversos funcionarios locales que habían sido denunciados por su padre fueron inhabilitados, “no tenía ninguna demanda por decir mentiras y expuso a muchos”, por lo que confirmó que la labor periodística de su padre era la principal línea de investigación.

A finales de marzo fueron detenidas seis personas, presuntos autores intelectuales y materiales del asesinato de Domínguez. De acuerdo con las autoridades, el homicidio podría estar relacionada a su trabajo reporteril por lo que se analizaron y estudiaron 120 publicaciones realizadas por el periodista independiente a lo largo del 2017.

Leslie Ann Pamela Montenegro del Real -Guerrero

Pamela Montenegro era comediante de sátira política y bloguera conocida por su personaje “Nana Pelucas”, fue asesinada a balazos por dos sujetos en Acapulco, Guerrero, el 5 de febrero de este año.

En los videos que publicaba en redes hacía comentarios a favor de funcionarios locales del PRD, aunque en otros también cuestionaba su labor; hacía críticas sobre obras públicas y entrevistaba a servidores. Otro tipo de contenido que realizaba era sobre manualidades y maquillaje.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, Montenegro “manejó en su portal, presuntamente, información privilegiada de grupos delictivos” lo que provocó el malestar de algunos líderes; “se tiene conocimiento de que quien ordenó el crimen es el grupo delictivo liderado por Javier Daniel Cervantes, alias el “Barbas”, señaló la dependencia.

En agosto, la Fiscalía de Guerrero anunció la detención de un presunto implicado del homicidio de “Nana Pelucas”, pero Samuel Muñuzuri, viudo de la bloguera, dijo que el detenido no era el responsable del crimen, ya que él presenció el ataque, por lo que podría reconocer a los implicados.

Muñuzuri acusó que Jorge Zuriel De Los Santos Barrila, fiscal general del estado, de impedir las investigaciones y de estar ligado a Jorge Vega Galeana y Miguel Vega García, familiares directos de José Ángel Palacios Galeana, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco, grupo criminal que habría mandado asesinar a “Nana Pelucas”.

Leobardo Vázquez Atzin -Veracruz

El periodista Leobardo López fue asesinado a balazos el 21 de marzo en su domicilio, en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz.

Vázquez era periodista en activo, trabajó en La Opinión de Poza Rica y Vanguardia; fue editor y diagramador en el diario Noreste; cofundador de la revista El Portal; director de comunicación social del Ayuntamiento de Papantla y al momento de su homicidio dirigía un sitio web llamado Enlace Gutiérrez Zamora, donde publicaba noticias sobre ese municipio.

A pesar de que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz pidió a la Fiscalía del estado considerar la actividad periodística de la víctima como la principal línea de investigación, la dependencia señaló que López Atzin se desempeñaba como vendedor de comida y no hizo referencia alguna a su trabajo como comunicador.

Artículo 19 señala que “este deslinde precipitado e irresponsable forma parte de una acción continua por parte de la autoridad encargada de la procuración de justicia en la entidad”.

Juan Carlos Huerta – Tabasco

Juan Carlos Huerta conducía un automóvil BMW cuando hombres que conducían una camioneta le cerraron el paso, le dispararon y lo asesinaron. Esto ocurrió el 15 de mayo en la ranchería Emiliano Zapata en Villahermosa, capital del estado de Tabasco.

Después de años de trabajo como reportero en otros medios de comunicación, Huerta fundó la estación 620 AM Sin Reservas de la cual era directos además de conducir un noticiero, también conducía otro programa de televisión en el canal Notinueve.

Este asesinato se registró el mismo día del primer aniversario luctuoso del periodista Javier Valdez, asesinado en Culiacán, Sinaloa.

José Guadalupe Chan Dzib – Quintana Roo

El 29 de junio, José Guadalupe Chan se encontraba con un amigo en un bar en la comunidad indígena de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, cuando un sujeto se acercó al comunicador y le disparó en tres ocasiones, de acuerdo con lo narrado por el acompañante de Chan.

José Guadalupe Chan era reportero del semanario digital Playa News, y de acuerdo con Rubén Pat, director de dicho medio de comunicación, este le comentó que había recibido amenazas y que pidió protección a las autoridades, pero no recibió respuesta, de acuerdo con la agencia AFP.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que habían obtenido información de las amenazas que sufrió Chan y de la falta de respuesta de las autoridades; la ONU-DH también dijo tener conocimiento de amenazas en contra de otros periodistas de la región, incluído Rubén Pat.

Rubén Pat Cauich – Quintana Roo

La madrugada del 24 de julio a las afueras de un bar de Playa del Carmen, Quintana Roo, el reportero y director del semanario Playa News, Rubén Pat, fue asesinado a balazos.

De acuerdo con la organización Artículo 19, Rubén Pat fue el segundo periodista que a pesar de contar con medidas de protección del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas bajo su resguardo fue atacado y asesinado, el primero fue Cándido Ríos, asesinado el agosto de 2017 en Veracruz.

Mario Leonel Gómez Sánchez – Chiapas

El 21 de septiembre, cuando salía de su casa en el municipio de Yajalón, Chiapas, el periodista Mario Leonel Gómez Sánchez fue atacado por dos hombres armados, recibió impactos de bala en el abdomen y a pesar de que fue atendido por personal médico, murió por la gravedad de las lesiones.

El reportero trabajaba en El Heraldo de Chiapas; compañeros y personas cercanas a él confirmaron a Animal Político que había denunciado amenazas, por lo que la Fiscalía de Chiapas le asignó medidas precautorias, las cuales fueron retiradas tiempo después.

Gómez Sánchez llevaba 8 años como corresponsal con El Heraldo de Chiapas, medio donde cubría información general sobre temas de política, justicias y hechos sociales, mencionó uno de sus compañeros en entrevista con la agencia AFP.

Gabriel Soriano Kuri – Guerrero

Gabriel Soriano, quien laboraba en el área técnica del sistema estatal de noticias Radio y Televisión de Guerrero, además de desempeñarse como locutor, murió el 24 de octubre luego de un ataque a la camioneta de la empresa donde se transportaba.

Soriano regresaba de la transmisión del informe regional del gobernador Héctor Astudillo, que se realizó en el auditorio Fórum Mundo Imperial, en la Zona Diamante de Acapulco, cuando el vehículo donde viajaba fue baleado.

Alejandro Márquez Jiménez – Nayarit

El noveno periodista asesinado durante el 2018, y el primero durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, fue Alejandro Márquez Jiménez. Su cuerpo fue hallado el 2 de diciembre en una brecha al costado de la carretera Tepic-Pantanal, en el estado de Nayarit.

Márquez Jiménez fue colaborador de Lenin Salvador Guardado Negrete, propietario del Diario Crítica, e imprimía un semanario llamado Orión Informativo, el cual en su página electrónica no publica nada de información desde el 29 de noviembre, dos días antes del hallazgo de su cuerpo.

De acuerdo con el diario, la víctima era reconocida como alguien cercano al exalcalde de San Blás, Hilario Ramírez “Layín” y en las pasadas elecciones locales buscó una regiduría, como candidato de Morena, en el municipio de Tuxpan, Nayarit.

Otros reporteros asesinados

El registro tanto de Artículo 19 como de Reporteros Sin Fronteras coincide en el número de homicidios, pero también hubo otros tres comunicadores que no entran en el conteo, ¿por qué? De acuerdo Itzia Miravete, coordinadora de documentación y seguimiento de casos de Artículo 19, la “exigencia y tarea de ver si la agresión tuvo o no un vínculo con la labor periodística es de las instancias investigadoras”, pero se busca entender el contexto en el que se dio la agresión, si la personas estaba publicando o no y qué estaba publicando y qué de su labor pudo haber causado molestia que detonara la agresión.

“Artículo 19 no protege a periodistas per se, sino lo que se pretende es proteger un derecho”, señala Miravate; de acuerdo a su metodología, se buscan elementos que puedan dar a entender que el ataque tuvo alguna relación con la labor periodística.

¿Cuáles son los casos que no se registraron como periodistas asesinados? Alicia Díaz González, reportera de El Financiero Monterrey, fue asesinada por su esposo y su caso es considerado como feminicidio; Héctor González Antonio, corresponsal de Excélsior en Tamaulipas, fue víctima de un asalto y de acuerdo con personas cercanas, del medio y familia, y muerte no estuvo relacionada con su trabajo y Sergio Martínez González, en Chiapas, que fue asesinado a tiros mientras desayunaba con su esposa y que, según testimonios de personas allegadas, no ejercía como periodista desde hace seis años y su muerte podría estar más relacionada con su labor como activista en la frontera sur del país.

 

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Universidad de Farmington, la falsa escuela que crearon en EU para atraer migrantes y luego deportarlos

Según ICE, la academia era "utilizada por ciudadanos extranjeros" como parte de un esquema en el que pagarían miles de dólares a una escuela solo para que le ofrecieran papeles que les permitieran continuar viviendo y trabajando en Estados Unidos con una visa de estudiante.
30 de noviembre, 2019
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La Universidad de Farmington se presentaba como una nueva y rigurosa, selecta pero global.

Tenía presencia activa en redes sociales y, según afirmaba en su página web, su objetivo era “proporcionar a los estudiantes de todo el mundo una experiencia educativa única”.

Contaba con un escudo y hasta lema “Scientia et Labor” (ciencia y trabajo). También ofrecía programas académicos actualizados con todas las certificaciones legales pertinentes.

El Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Míchigan y la Comisión de Acreditación de Escuelas y Colegios Profesionales le habían dado sus autorizaciones. Y el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio la había avalado para admitir estudiantes extranjeros.

La tarifa anual rondaba los US$12.000, significativamente menor que muchas otras instituciones académicas de Estados Unidos, pero nada que hiciera levantar muchas sospechas.

Bueno, aparte de que no tenía aulas, nunca contrató a un profesor y jamás se impartió una clase en ella.

En realidad, estaba a cargo de agentes encubiertos del gobierno en una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para atrapar y deportar a extranjeros que ya habían entrado al país con visas de estudiante.

En enero pasado, cuando se descubrió el esquema, ocho personas que presuntamente trabajaron como “reclutadores” para la escuela y ayudaron a al menos 600 estudiantes fueron acusados de conspiración para delinquir.

En los últimos meses, según confirmó el ICE al Detroit Free Press (DFP), primer medio en reportar sobre el caso, más de 250 estudiantes de la universidad, en su mayoría indios, fueron regresados a sus países de origen y otros enfrentan órdenes de deportación o procesos antes jueces de inmigración.

¿Cómo funcionó la operación?

Según ICE, la academia era “utilizada por ciudadanos extranjeros” como parte de un esquema en el que pagarían miles de dólares a una escuela solo para que le ofrecieran papeles que les permitieran continuar viviendo y trabajando en Estados Unidos con una visa de estudiante.

Los documentos presentados ante la corte indican que muchos de los estudiantes se habían inscrito a través de un programa conocido como Capacitación Práctica Curricular (CPT), que les permitía trabajar en Estados Unidos.

Potenciales estudiantes hacen una gira de la Universidad de Georgetown, en Washington DC

EPA
Miles de estudiantes extranjeros llegan cada año a las universidades de Estados Unidos.

Al contar con todas las licitaciones requeridas por la ley, los estudiantes que matriculaban en ella podían seguir viviendo legalmente en Estados Unidos.

“Todos somos conscientes de que los estudiantes internacionales pueden ser un activo valioso para nuestro país, pero como lo demuestra este caso, el bien intencionado programa de visa de estudiante internacional también puede ser explotado y abusado”, señaló en un comunicado de prensa Matthew Schneider, fiscal federal para el Distrito Este de Michigan.

De acuerdo con el DPF, algunos llegaron allí de otras escuelas que habían perdido la acreditación, por lo que habían perdido el estatus que les permitiría permanecer en el país.

Sin embargo, de acuerdo con el medio digital Vox, algunos estudiantes aseguran que no sabían que estaban violando los términos de sus visas y afirman que intentaron confirmar que la universidad era legítima y encontraron que tenía todas las acreditaciones oficiales pertinentes.

universidad

Getty Images
Los acusados entraron a EE.UU. con visa de estudiantes y apoyo de universidades acreditadas ante el gobierno.

Ravi Mannam, un abogado de inmigración, le aseguró al diario The New York Times que si bien algunos estudiantes sabían que la universidad solo servía para mantener el estatus migratorio, otros creían que se estaban inscribiendo en un programa académico legítimo al que podrían acceder a un precio más asequible.

“El gobierno utilizó métodos muy cuestionables y problemáticos para lograr que estos estudiantes extranjeros se unieran a la institución”, comentó.

Las autoridades, por su parte, aseguran que los estudiantes sabían que la escuela era un fraude y que optaron por inscribirse de todos modos para permanecer legalmente en el país.

¿Qué pasó con el dinero que pagaban los estudiantes?

Uno de los temas que más controversia ha generado -además del hecho de que los acusados o deportados llegaron con visas de estudiantes legítimas a EE.UU.- es qué pasó con los cientos de miles de dólares que recaudó cada año la universidad regentada por el ICE.

Y es que el esquema, según los medios estadounidenses, hizo que el gobierno se hiciera con miles de dólares que debían pagar los estudiantes en concepto de matrículas y aranceles para mantener su estatus.

Algunas versiones indican que los costos por un programa de posgrado ascendían a US$2.500 por trimestre y las tasas promedio en pregrado era de US$1.000 por mes.

universidad

Getty Images
El precio para matricular en universidades de EE.UU. suele ser muy alto.

Los abogados defensores de algunos de los acusados aseguran que el ICE se aprovechó de “personas vulnerables que solo querían mantener el estatus” en EE.UU., además que tomó miles de dólares que se desconoce para qué fueron empleados.

Según el DFP, ninguno de los acusados u organización civil ha presentado un reclamo o demanda contra el gobierno de EE.UU. por cobrar a los estudiantes bajo engaño o por crear una “trampa” de este tipo.

¿Cuáles han sido las reacciones?

La controvertida estrategia de ICE ha generado rechazo en algunos sectores de Estados Unidos y conllevó incluso a que una de las candidata demócrata a las primarias para las elecciones de 2020, la senadora Elizabeth Warren, condenara lo sucedido.

“Esto es cruel y atroz. Estos estudiantes simplemente soñaron con obtener la educación superior de alta calidad que Estados Unidos puede ofrecer. ICE los engañó y los atrapó, solo para deportarlos”, escribió en Twitter.

https://twitter.com/ewarren/status/1199770479189319681

La también congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, por su parte, cuestionó que los fondos federales se utilicen para encarcelar y deportar estudiantes en lugar de que se creen mecanismos para investigar “contratos corruptos o encarcelamiento masivos”.

El gobierno de India, cuya nacionalidad tienen gran número de los apresados según los reportes, emitió un comunicado en el que solicita la liberación inmediata de los estudiantes y rechazó cualquier deportación no voluntaria.

Su embajada en Estados Unidos abrió incluso un número teléfono para que los estudiantes implicados puedan solicitar asistencia consular.

El ICE, por su parte, justificó su accionar al considerar que la Universidad de Farmington sirvió a los agentes como una “evidencia de fraude de primera mano”.

“Las escuelas encubiertas proporcionan una perspectiva única para comprender las formas en que los estudiantes y reclutadores intentan explotar el sistema de visas de estudiantes”, indicó la agencia federal.

¿Es primera vez que esto ocurre?

Hace unos años, las autoridades migratorias de Estados Unidos practicaron otra operación similar en la también falsa Universidad del Norte de Nueva Jersey.

Cuando decidieron acabar con el programa en 2016, más de 1.000 estudiantes de la escuela recibieron la orden de comparecer ante los tribunales de inmigración, con penas que iban desde una posible deportación hasta la prohibición de entrada de por vida a Estados Unidos.

Al igual que ahora, las autoridades afirmaron que los estudiantes eran “plenamente conscientes” de que se estaban inscribiendo en una escuela falsa, pero algunos alegaron que habían sido engañados por falsos reclutadores y el gobierno.

Algunos estudiantes entonces fueron arrestados incluso después de que se cambiaron de escuela tras darse cuenta de que Universidad del Norte de Nueva Jersey era falsa.


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