Un grupo de 55 senadoras y senadores de oposición informaron sobre una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones –promovida por Morena y Andrés Manuel López Obrador-, que establece que ningún funcionario, incluyendo a los integrantes del Poder Judicial, podrá ganar más que el presidente.
La acción, señalaron los senadores del PAN, es “para salvaguardar la división de poderes, proteger el pacto federal y a la soberanía estatal”.
55 Senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra de la #LeyFederalDeRemuneraciones, para salvaguardar la división de poderes, proteger el pacto federal y a la soberanía estatal.#RespetoAlos3Poderes pic.twitter.com/Ne8PZ8TE06
— Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) December 6, 2018
El PRI, en un comunicado, refirió que sus legisladores en la Cámara alta están a favor de acabar con los privilegios, “pero consideran que esto no debe servir de pretexto para que el Ejecutivo se quiera situar por encima de los otros poderes y no debe lesionar los derechos humanos ni laborales de las y los trabajadores”.
#Comunicado: Presenta GPPRI acción de inconstitucionalidad en rechazo a ley que violenta división de poderes. pic.twitter.com/b9gmEVnvWJ
— Senado PRI (@SenadoPRI) December 6, 2018
La acción de inconstitucionalidad, apuntó el PRI, cumple con el requisito de ser respaldada por el 33 % de las y los legisladores, por lo que es procedente.
“No será nunca con actitudes autoritarias ni con decisiones de mayoriteo la forma en que podrá lograrse el desarrollo profesional y personal de las y los trabajadores quienes, con sus familias, aspiran a mejores estadíos de bienestar”, concluyó el Revolucionario Institucional.
El PRD, Movimiento Ciudadano y el senador independiente Emilio Álvarez Icaza también respaldaron la acción de inconstitucionalidad.
“La Ley de remuneraciones tiene un apartado que atenta contra la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sistema de impartición de justicia“, dijo el dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
“Apoyamos que se reduzcan salarios y privilegios de los altos funcionarios: presidente, senadores, diputados y órganos autónomos. Esa parte de la ley queda a salvo. Estamos de acuerdo. A lo que nos oponemos es al intento del presidente, y su mayoría legislativa, de someter y controlar, a través de la definición de salarios, la Suprema Corte. No lo podemos permitir: México necesita que los responsables de la impartición de justicia tengan autonomía plena”, agregó.
En días previos, se informó que la Suprema Corte también recibió una acción de inconstucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones, de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, consideró la Comisión.
