Terna para nuevo ministro de la Corte: militantes de Morena o cercanos a AMLO
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Terna para nuevo ministro de la Corte: militantes de Morena o cercanos a AMLO

La terna anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el nuevo ministro ha generado ciertas dudas sobre los perfiles y su cercanía con el Ejecutivo Federal.
Cuartoscuro
7 de diciembre, 2018
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La terna de candidatos para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) está conformada por tres abogados: dos han trabajado para Morena y han sido cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que otro fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México cuando el tabasqueño fue Jefe de Gobierno.

La terna presentada este jueves por el mandatario fue: la abogada Loretta Ortiz Ahif; Celia Maya García, magistrada del Tribunal de Justicia del estado de Querétaro – ambas colaboradoras de Morena – y el exmagistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, “esta terna anunciada genera ciertas dudas sobre los perfiles y su cercanía con el Ejecutivo Federal, lo que pone en entredicho su independencia”.

Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la independencia judicial, procesos de designación que aseguren que jueces, juezas, magistrados y magistradas gocen de independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial.

Para el Observatorio, la terna de candidatos debe ser integrada solo por mujeres −para lograr reducir la brecha de desigualdad política por razones de género−, y con perfiles independientes.

“La asimetría entre los perfiles además de atentar contra la igualdad de condiciones impide contar con los mejores perfiles y sean equivalentes entre sí, con lo que se genere un amplio proceso deliberativos alrededor de sus méritos y capacidades”, alertó el Observatorio.

En opinión de Catalina Botero, integrante del panel y exrelatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la democracia no se fortalece si en la Corte hay una persona que es amiga del presidente o aliada de los partidos.

“Cuando el poder político no tiene freno puede abusar y termina pagando la ciudadanía al no tener jueces, ministros independientes”, comentó a Animal Político.

Para la designación del nuevo ministro, dijo Botero, el Legislativo debe exigir que se cumplan al menos tres requisitos: que sea una persona moralmente intachable; que técnicamente esté muy capacitada y sepa del manejo en derechos humanos, tener amplio conocimiento en derecho constitucional, y de perspectiva de género; además debe ser independiente del poder político.

Para Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, cualquier terna que se presente siempre va a ser susceptible a críticas.

“El Senado es el que decide y quien tiene que garantizar que el elegido guarde independencia del poder Ejecutivo. La cercanía con un partido indudablemente puede afectar la autonomía, y es algo que sin duda se tiene que discutir”, sostuvo.

Pese a tener cercanía con los candidatos, López Obrador dijo tener confianza en los tres y los calificó de personas honestas; además, señaló que los senadores elegirán al futuro ministro con toda libertad, ya que no dará ninguna línea.

En entrevista con Enrique Hernández para W Radio, Loretta Ortiz dijo que no ve un conflicto de interés en que siendo militante de Morena esté en la terna para ocupar un lugar en la Suprema Corte.

“(En caso de ser elegida) estamos asumiendo el cargo el comportarnos y esa es una de las funciones principales. (…) No creo que haya conflicto de interés”, aseguró.

Al cuestionarla sobre cómo analizaría las propuestas del presidente que llegarán a la Corte, explicó que estudiaría los proyectos desde el punto de vista constitucional y si no se ajustan a lo que dice la Carta Magna, procedería a la inconstitucionalidad.

Añadió que otros ministros han tenido cercanía con el partido político en el poder, y citó el caso de Eduardo Medina Mora, quien dijo, es cercano al PAN, pues fue procurador durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Tomaríamos el compromiso que implica el cargo, con independencia y autonomía”, aseguró.

Dijo que analizaría renunciar a su militancia a Morena si resulta elegida, aunque dijo, “no veo que sea un obstáculo, es un derecho político que tienen las personas”.

Estos son los candidatos propuestos por el presidente:

Juan Luis González Alcántara Carrancá

Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo una maestría y un doctorado. Tiene maestría en Derecho Corporativo en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas y maestría en derecho Civil y Mercantil por la Universidad en Barcelona y en Tufts, de Harvard.

Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de gobierno (2000-2005).

Ha sido académico en instituciones públicas y privadas como la Universidad Iberoamericana y el ITAM.

Fue magistrado de la Cuarta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia capitalino

Esta es la segunda ocasión en que López Obrador nomina a González Alcántara Carrancá para ocupar un puesto en su gobierno. Antes formó parte de la terna para la Fiscalía General.

El abogado fue acusado de presunto tráfico de influencias, e implicado en un escándalo del exministro Genaro Góngora Pimentel relacionado con la pensión de sus hijos, en 2013.

González Alcántara Carrancá revocó la sentencia de un juez en materia familiar que determinó que Góngora Pimentel debía pagar una pensión mensual equivalente al 35 % de sus ingresos, es decir, poco más de 116 mil pesos mensuales −de los 350 mil que percibía al mes−, para sus dos hijos que padecen autismo, pero ordenó reducirla a 50 mil pesos.

En ese entonces Góngora Pimentel solicitó a un tribunal capitalino tomar en cuenta que sus hijos pertenecen a un estatus social “medio bajo”, que están enfermos de autismo, por lo que “están imposibilitados para divertirse”, según dio a conocer una investigación de Noticias MVS. Por pedido del ministro Góngora, González Alcántara también autorizó practicarle a los niños un análisis psicológico con el que pretendía corroborar un supuesto maltrato.

Ana María Orozco Castillo, madre de los dos hijos del exministro Góngora Pimentel, acusó a quien podría ocupar un cargo en la Corte de ser imparcial y de tráfico de influencias al ayudar a su amigo Góngora a reducir la pensión y luego quitarle a los niños. La queja por este asunto llegó a la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

Celia Maya García

La abogada y contadora Celia Maya García ha sido una colaboradora cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador desde antes de que Morena se constituyera como partido político, aunque no ha tenido ningún cargo dentro de éste.

En 2014, cuando Morena aún era una asociación política nacional – el paso previo para convertirse en partido – López Obrador describió a Maya García como “una mujer con muy buena preparación, es una abogada destacada, (…) se trata de una mujer con dimensión social y con honestidad”, de acuerdo con un boletín del movimiento.

Maya García coordinó en 2014 parte de la recolección de 2 millones de firmas para solicitar que se realizara una consulta popular en materia energética.

La abogada ha buscado dos veces la gubernatura de Querétaro: en 2003 por el PRD y en 2016 ya con Morena. En 2012 buscó un escaño en el Senado por la alianza PRD-PT-MC, pero perdió. Este 2018, volvió a contender, ahora por Morena, pero tampoco logró ganar, pues no encabezó la lista de primera minoría de su estado.

Durante su campaña destacó las propuestas del entonces candidato presidencial, López Obrador. En varios eventos pidió a los ciudadanos apoyar con el voto a los candidatos a legisladores de Morena, pues “López Obrador requiere del Congreso para poder gobernar y dar resultados de manera evidente y en el corto tiempo”, dijo, según el Diario de Querétaro.

Celia Maya es maestra en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal y en Impuestos por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde también estudió un Doctorado en Derecho.

En el servicio público se ha desempeñado como agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro; Juez en Materia Civil titular del Juzgado Tercero de la ciudad de Querétaro y Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.

También ha sido docente en la UAQ en las facultad de Contaduría y Administración, en el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y en la Escuela de Derecho del Instituto Liceo de Estudios Superiores.

Loretta Ortiz Ahlf

Es cercana a López Obrador, y junto con su esposo, el consejero para la Constitución moral, José Agustín Ortiz Pinchetti, ha apoyado a López Obrador desde la primera vez que se postuló para presidente de la República.

Ortiz Ahlf fue diputada federal por Morena en 2013, y durante el periodo de transición fue designada por el presidente López Obrador como coordinadora de los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional, promotora de la criticada propuesta de amnistía a criminales.

La doctora Ortiz fue abogada de varias quejas por violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vinculadas con la violación del derecho de voto por el fraude de 2016, de acuerdo con su currículum, publicado en el sitio web de Andrés Manuel López Obrador.

Ortiz es doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad a Distancia de España, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, donde se desempeña como docente desde 1979.

También trabaja como profesora en la Universidad Iberoamericana de la licenciatura y maestría en Derechos Humanos desde 1981 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II.

Es la cuarta mexicana en impartir un curso en la Academia de Derecho Internacional de la Haya en 2012, sobre derechos de indocumentados, y actualmente es la responsable del Área de Derechos Humanos y Migrantes del Servicio Social de la Universidad Iberoamericana.

Anteriormente se desempeñó como Directora Jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México y fue consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Cómo se elige a los ministros

Los candidatos comparecen ante la Comisión de Justicia del Senado, la cual elige a un candidato. La propuesta se envía al pleno, donde los legisladores votan por cédula (de manera anónima en una urna).

Para ser designado ministro de la Suprema Corte debe obtener las dos terceras partes de los votos de los presentes en la sesión. El Senado tiene 30 días para resolver y votar.

Si la Cámara Alta no lo hace, se designará como ministro a la persona de la terna que elija el presidente, detalla el artículo 96 constitucional. Si el Senado rechaza la terna propuesta, el presidente enviará una nueva; si esta también es rechazada el titular del Ejecutivo podrá elegir al nuevo ministro.

 

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Colombia: por qué está en un escenario sin precedentes (y qué puede significar para su futuro)

A pesar de la violencia, Colombia fue un país reconocido por su estabilidad económica y política. Pero todo esto parece haber cambiado.
6 de mayo, 2021
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Estaciones de policía y transporte quemadas. Carreteras cortadas durante días. Desabastecimiento de productos. Un número desconocido de muertos y desaparecidos. Un estado de incertidumbre y nerviosismo agudo.

Colombia ha vivido muchos momentos delicados al largo de su traumática historia, pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido en al menos tres ámbitos distintos: la protesta social, la economía y la representación política.

Hubo momentos en el pasado que rompieron la historia en dos como la ola de violencia que antecedió a la firma de la Constitución de 1991 o las revueltas de 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán que dieron origen a las guerrillas.

El desenlace de la crisis actual es desconocido y por eso es difícil entrar en comparaciones sobre su relevancia histórica.

Lo que parece evidente, según los expertos consultados por BBC Mundo, es que la actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demandas y problemáticas antes prohibitivas por cuenta de la guerra.

“Yo tengo 74 años y le digo que nunca vi una élite política tan incapaz de llegar a resoluciones“, dice el historiador Carlos Caballero Argáez.

El gobierno de Iván Duque ha lanzado una nueva mesa de negociación para rebajar la tensión y buscar salidas consensuadas. Es lo que hizo en noviembre de 2019, cuando las protestas eran más pacíficas y puntuales y la situación del país menos grave.

Hoy el mandatario tiene desafíos por donde se mire: en su partido, en las calles, dentro de las fuerzas armadas, en materia fiscal y en lo político.

Dentro de exactamente un año Colombia estará celebrando elecciones generales y presidenciales: todo desarrollo en este momento tiene una clave electoral.

Mientras la violencia sigue siendo la principal preocupación de los colombianos, BBC Mundo habló con varios expertos para hacer un ejercicio de distancia que permita entender lo que está ocurriendo.

Un paro sostenido y amplio

Un primer elemento nuevo de esta crisis es la dimensión de la protesta social.

“La cobertura y la sostenibilidad han sido inéditos”, dice Mauricio Archila, experto en movimientos sociales.

Una manifestación en Colombia

Getty Images
Las protestas en Colombia han sido masivas y se han extendido a muchas ciudades y poblados del país.

Las protestas esta vez llegaron a pequeños y medianos municipios. Fueron convocados por jóvenes, pero cuentan con el apoyo de adultos mayores y poblaciones minoritarias. Han paralizado la producción, el abastecimiento y el transporte en rincones inesperados.

Este paro ha llegado a lugares donde antes no se solía protestar y se ha mantenido por varios días sin dar tregua”, añade Archila.

Y concluye: “Soy muy escéptico de las comparaciones, y no quiero entrar a hablar del Bogotazo (1948) ni el paro cívico de 1977, pero es cierto que este paro ha producido una alianza obrero-campesina-indígena que tal vez nunca había estado tan equilibrada”.

En efecto, al Paro Nacional es un movimiento heterogéneo plagado de contradicciones y conflictos internos. Su líder no es claro y en su interior hay representaciones de casi todos los sectores. Su futuro depende de cómo logra sortear esa diversidad.

“Pero lo que sí es evidente es que la fuerza del Paro sorprendió a toda la clase política”, opina Daniel Hawkins, investigador de la Escuela Nacional Sindical.

“En la mitad de la tercera y más fuerte ola de contagio y luego de la orden del tribunal de Cundinamarca que prohibió aglomeraciones, los políticos nunca creyeron que la gente iba para la calle de forma masiva”, apunta Hawkins.

Una protesta en Colombia

Getty Images
Las protestas se han recrudecido tras las confrontaciones con las fuerzas de seguridad pública.

Las protestas ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que era esporádica y tachada de “subversiva”, rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada.

Una economía desestabilizada

La economía colombiana ha sido durante décadas la más estable de América Latina: la que menos recesiones tuvo en el siglo XX, la que no presentó hiperinflación y la que no incumplió sus compromisos de deuda en 80 años.

Pero ahora la situación es distinta.

“Pocas veces —por no decir nunca— había visto al país en una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy“, escribió en su columna el prestigioso economista y exministro Mauricio Cárdenas.

Iván Duque

EPA
Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma fiscal.

Y Caballero Argáez añade: “La última vez que se cuestionó la responsabilidad fiscal del país fue durante la crisis de la deuda latinoamericana (principios de los 80), pero ahí Colombia consiguió refinanciar la deuda y un acuerdo de monitoreo con el FMI que nos permitió ser el único país latinoamericano que no entró en recesión ni tuvo que reestructurar deuda”.

Hoy los bonos colombianos son calificados como “basura” en los mercados internacionales, el peso está alcanzando récords de devaluación y por primera vez en años la capacidad de pago y emisión de deuda del país están cuestionados.

“Colombia tienen un problema de recaudo (fiscal) cada vez que hay una crisis, porque su recaudo en tiempos normales siempre ha sido bajo”, dice la politóloga Mónica Pachón.

“Pero eso siempre lo habían podido solucionar con reformas tributarias de crisis con impuestos transitorios que lograban sacarnos del problema”.

“La diferencia ahora es que nunca una reforma nunca había generado semejante nivel de oposición, mucho menos sin entrar al Congreso, y su caída nos puso en un lugar incómodo”, explica la decana de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Un enfrentamiento entre policías y manifestantes en Colombia

Getty Images
El número de fallecidos y heridos por los enfrentamientos en las protestas ha ido en aumento.

Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma cuanto antes que se pueda aprobar en el Congreso. Los economistas dudan que no se logre una resolución que probablemente recaude menos impuestos, pero al menos saque al país de la crisis.

Sin embargo, el famoso modelo de la estabilidad neoliberal y ortodoxo de Colombia mostró grietas por primera vez en su historia.

Una política radicalizada

Así como estable en lo económico, Colombia ha sido un país sin muchos altibajos en lo político: salvo durante un pequeño periodo en los años 50, la democracia en su sentido más formal —elecciones cada cuatro años y transiciones de poder sin problemas— se ha mantenido intacta.

Aunque la violencia no ha dejado de ser un problema desde los años 50, el bipartidismo entre liberales y conservadores (que llegaron a alternarse en el poder por convenio) permitió que se generara la idea de que las instituciones democráticas no estaban en peligro.

Colombia siempre fue considerada, al menos en el exterior, como una democracia estable.

Pero en esta crisis la clase política se ha visto incapaz de llegar a resoluciones, apuntan los analistas. Duque llamó a los militares a controlar la situación (aunque varios alcaldes se opusieron); algunos incluso barajan escenarios de golpes de Estado y el líder en las encuestas para las elecciones de 2022 es un candidato de izquierda que militó en las guerrillas, Gustavo Petro.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Muchos colombianos denuncian que el Estado ha sido represor.

“La violencia de las protestas, que además es seguida por la gente desde sus redes sin entrar a entender ni profundizar, hace que la política sea más polarizada y más ideológica, con la consecuencia de que llegar a soluciones es muchos más difícil”, explica Pachón.

Uno de los efectos del proceso de paz de 2016 fue el estatuto de oposición, un mecanismo que da garantías a los críticos del Ejecutivo, pero también aumenta su capacidad de entorpecerle sus iniciativas.

“Le sumas a eso que Duque es un presidente débil incluso dentro de su partido y tienes el caldo de cultivo de la desgracia“, dice Pachón.

En Colombia, como en toda América Latina, siempre ha habido una crisis de representación política, pero quizás nunca antes se había hecho tan evidente la desconfianza de la población sobre la clase política.

“Lo que estamos viendo es un descontento generalizado y quizá irremediable, es casi una situación pre revolucionaria”, dice Caballero.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Los escuadrones antidisturbios han sido culpados de varios fallecimientos durante las protestas.

Las consecuencias pueden ser muchas: desde la renuncia del presidente, inédita en Colombia desde los años 50, hasta la elección de un candidato, de izquierda o derecha, que rompa con las hasta ahora estables instituciones democráticas del país.

“Esto se soluciona con un candidato que pueda generar confianza entre las diferentes poblaciones al mismo tiempo que pueda incluir al establishmentpolítico”, dice Pachón.

“Pero me temo que eso, ahora, está más lejos que nunca”.


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