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PGR hereda a la nueva Fiscalía recortes, rezago de averiguaciones y casos clave sin resolver

La nueva Fiscalía deberá enfrentar la transición y operación con el menor presupuesto para procuración de justicia de los últimos seis años, si se aprueba la propuesta del Ejecutivo.
PGR
19 de diciembre, 2018
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La Procuraduría General de la República (PGR) llegó a su fin tras casi 45 años de estar en funcionamiento. La ley que amparaba su creación fue oficialmente derogada con la publicación oficial de la Ley de la Fiscalía General de la República y la declaratoria que hizo el martes el Senado de su autonomía.

Pero la PGR hereda a la Fiscalía retos importantes de arranque: poco personal para hacer frente a las cargas de trabajo, más de 55 mil casos sin resolver, entre ellos investigaciones de alto impacto, y el menor presupuesto que se haya asignado para procuración de justicia de los últimos seis años, según la propuesta del Ejecutivo. 

Dicho presupuesto, además, deberá repartirse no solo para la operación de la institución sino para su transición.

En el decreto que avala la ley de la nueva Fiscalía General se establece que absorberá todos los recursos humanos, materiales y económicos con que cuenta la PGR para comenzar a funcionar,  y que además está obligada a darle continuidad a todas las carpetas de investigación y averiguaciones previas pendientes.

En ese contexto Animal Político presenta la situación de algunos de los principales pendientes y recursos que hereda la Procuraduría a la nueva institución.

Cabe señalar que la persona que sea designada como primer Fiscal General (cuyo procedimiento de selección se puede consultar en esta nota) tiene la obligación legal de elaborar un diagnóstico de los temas pendientes y de la situación actual de la PGR, para diseñar en un periodo máximo de un año un esquema que finiquite el actual procedimiento de transición.

Personal y carga de trabajo

La Fiscalía General hereda de la PGR recursos humanos insuficientes para hacer frente de forma efectiva y rápida a la carga de trabajo que la institución acumula, como lo confirman los propios datos oficiales de la institución.

La información revelada por transparencia arroja que en los últimos dos sexenios la PGR perdió la mitad de los elementos de la policía que tenía para investigar delitos federales y detener a probables responsables. Pasó de contar con 8 mil efectivos en 2006 a 4 mil elementos este año.

Esta situación ocasiona que, en promedio, cada agente del Ministerio Público Federal solo tenga a su disposición un policía de investigación para que lo apoye en los 35 nuevos casos que se le suman cada año. Y esto sin tomar en cuenta que no todos los policías realmente están asignados a indagar casos, pues hay algunos comisionados como escoltas o vigilantes.

De 2012 a 2018 la Procuraduría dio de baja a 1 mil 59 elementos de la Policía Federal Ministerial por distintos motivos, entre ellos que 332 que no superaron las pruebas de control de confianza y 55 incurrieron en diversos delitos y fueron sometidos a un proceso penal.

De acuerdo con el sexto informe de gobierno que presentó en septiembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto, hasta ese momento la PGR tenía más de 55 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación en trámite, es decir, pendientes de alguna resolución.

El problema de los recursos humanos no solo es de cantidad sino de calidad. De acuerdo con un análisis que realizó en su momento el exprocurador Raúl Cervantes, cerca de la mitad de los fiscales federales que ocupaban ese cargo no provenían del servicio profesional de carrera sino que habían sido colocados directamente por funcionarios superiores.

Este es el motivo por el cual las organizaciones ciudadanas del colectivo #FiscalíaQueSirva exigen que no haya un pase automático del personal, sino una evaluación cuidadosa de las capacidades y perfiles para determinar quién continua en la Fiscalía General y quién no.

Presupuesto menor para operación y transición

El Proyecto de Egresos de la Federación que el gobierno federal envió al Congreso prevé para 2019 un presupuesto de 15 millones 328 mil pesos para el área de procuración de justicia. En términos reales se trata de un recorte del 9.1 % de los recursos en comparación con el presupuesto aprobado para 2018. Pero no solo eso.

De aprobarse como está planteado este presupuesto, será el más bajo de los últimos seis años. Hay que remontarse hasta 2012 para encontrar un presupuesto ligeramente inferior al que se estaría avalando para el próximo año.

Por ley el presupuesto que se apruebe para 2019 es el que pasará a la nueva Fiscalía General y, en consecuencia, esos son los recursos de los que dispondrá el que sea nombrado fiscal General para hacer frente tanto a la operación de la dependencia como a su proceso de transición.

El riesgo de que la Fiscalía General tuviera un presupuesto inferior ya había sido advertido por el colectivo #FiscalíaQueSirva. Esto luego de que el dictamen aprobado de Ley General removiera un candado propuesto por las organizaciones y expertos en la iniciativa original que señalaba que, en ningún caso, el presupuesto de la institución podría ser inferior al del año anterior.

La activista María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, una de las organizaciones del colectivo, advirtió el martes que si el presupuesto no se modifica se corre el riesgo de que el cambio de la PGR a Fiscalía General sea sólo de membrete.

Casos clave pendiente

Entre los casos que la Fiscalía General hereda de la PGR se encuentran varias investigaciones de alto impacto relacionadas con hechos de violencia y de corrupción, que no se han logrado finiquitar.

Destaca, por ejemplo, las dos carpetas de investigación que en su momento abrió la PGR por los presuntos sobornos que la constructora Odebrecht pagó a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los últimos años, a cambio de la concesión de diversos contratos de obra.

Mientras que en otros países de América Latina ya hay incluso altos funcionarios indiciados y presos por el caso, en México la investigación inicial no se ha cerrado. El exprocurador Cervantes, previo a dejar el cargo a finales de 2017, había señalado que la carpeta de investigación estaba casi lista, pero la PGR luego aclaró que la supuesta falta de cooperación de la fiscalía brasileña había retrasado el cierre del mismo.

A la falta de resultados en el caso Odebrecht se suma la opacidad. Pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha ordenado a la PGR que entregue una versión pública de las investigaciones del caso por ser de interés público, la dependencia ha puesto en la mesa múltiples causas para no hacerlo, e incluso ha interpuesto una demanda de amparo contra dicha determinación.

Por otro lado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado más de 900 denuncias penales ante la PGR por el mal manejo de recursos públicos tanto a nivel federal como en los gobiernos estatales. Animal Político publicó que menos del 2% de las investigaciones iniciadas por dichas denuncias ha sido consignada ante un juez, y a la fecha no hay una sola persona detenida.

Entre las denuncias presentadas destacan las vinculadas con la denominada “La Estafa Maestra” en donde se involucra tanto a dependencias federales como Sedatu, Sedesol y Sagarpa, así como diversas universidades públicas por un posible desfalco superior a los 3 mil millones de pesos. Hasta ahora ni uno solo de esos casos ha sido resuelto.

La ASF también ha presentado más de 70 denuncias por el posible desvío de aproximadamente 60 mil millones de pesos en Veracruz, la mayoría de ellas en la gestión del exgobernador Javier Duarte. La PGR dijo en octubre pasado que algunos de esos casos habían sido judicializados y existían órdenes de aprehensión pendientes, pero se desconocen mayores detalles.

Cabe señalar que la PGR consiguió en septiembre una sentencia de 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa en contra de Javier Duarte. No obstante, en relación con este exgobernador la Procuraduría deja varios pendientes como, por ejemplo, obtener el aval de Guatemala para ejecutar una orden de aprehensión en su contra por desaparición forzada.

La Fiscalía también hereda de la PGR un proceso de extradición en curso sobre Karime Macías, esposa de Javier Duarte, quien en México tiene acusaciones e investigaciones por presuntos hechos de corrupción y delitos fiscales. Otro proceso de extradición que no se ha finiquitado es el del exgobernador de Chihuahua César Duarte, a quien también se le acusa por malos manejos durante su administración.

El proceso penal que la PGR ha imputado en contra del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, es otro de los asuntos inconclusos, pues el exmandatario ha conseguido amparos que han frenado el proceso de su juicio.

Y además de estos y otros casos de corrupción pendientes están los de violencia y violaciones a derechos humanos. El de mayor impacto es el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, investigación que no se ha podido cerrar y donde la hipótesis oficial sobre la posible muerte de los estudiantes en un basurero de Cocula, Guerrero, ha sido cuestionada por abogados y víctimas.

En este caso la Fiscalía recibe una carpeta de investigación compuesta por más de 200 tomos, pero que a su vez acumula importantes reveses como, por ejemplo, la liberación de algunos de los probables responsables por presuntos hechos de tortura cometidos en su contra.

En el mismo tenor se encuentran carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas como las relacionadas con presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya, Estado de México y en Apatzingán, Michoacán, donde hasta ahora la Procuraduría no ha conseguido cerrar los procesos penales exitosamente.

Otro caso que sigue sin esclarecerse completamente es el de la fuga del Penal Federal del Altiplano de Joaquín el Chapo Guzmán. Además hay órdenes de aprehensión en contra de líderes criminales que no se han conseguido cumplimentar pese a que incluso se han ofrecido recompensas, como la ordenada en contra de Nemesio Oseguera alias el Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

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#YoSoyAnimal
Reuters

5 claves que explican por qué Evo Morales fue forzado a dejar la presidencia de Bolivia

Pese a haberse proclamado vencedor de los comicios del pasado 20 de octubre, Evo Morales tuvo que renunciar a su cargo de presidente tras casi 14 años en el poder. El mandatario estuvo bajo fuerte presión de líderes de la oposición y sus seguidores que denunciaron que hubo fraude electoral.
Reuters
11 de noviembre, 2019
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Evo Morales pasó en menos de tres semanas de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de Estado y renunciar a la presidencia de Bolivia.

“Ha habido un golpe cívico, político y policial”, denunció el presidente en el mensaje televisivo en el que anunció su dimisión.

La decisión se produjo unas horas después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política.

Para los militares no parecía suficiente que el presidente llamara a nuevas elecciones tras las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su auditoría.

Y es que la profunda crisis política que vive Bolivia tuvo su detonante en el escrutinio de las elecciones, el 20 de octubre.

Esa noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió por sorpresa el conteo rápido con el 83% escrutado y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el mandatario boliviano y el candidato opositor, Carlos Mesa.

Al día siguiente, ese conteo rápido, denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta por un estrecho margen.

Morales

AFP
Morales anunció su renuncia en una declaración televisada junto a su vicepresidente.

Las sospechas que habían suscitado los extraños movimientos del TSE llevaron a la oposición a clamar un “fraude descarado”.

Incluso las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea pidieron que hubiera segunda vuelta.

Pero Morales insistió en que él había ganado las elecciones y, en respuesta a las manifestaciones de la oposición, llamó a sus seguidores a “defender la democracia” en las calles y frenar un “golpe de Estado”.

Eso sí, también aceptó que la OEA hiciera una auditoría del escrutinio.

1. La auditoría

En pleno escrutinio el mismo día de la votación y con la oposición ya hablando de fraude, la propia misión de observadores de la OEA apuntó a la interrupción del conteo como una de las “sustanciales deficiencias” que minaban la “necesaria credibilidad y transparencia”.

El gobierno le pidió a la OEA una auditoría para despejar cualquier duda. Y hay que recordar que el candidato opositor, Carlos Mesa, quien denunciaba “fraude descarado”, rechazó en todo momento las condiciones en las que el organismo iba a revisar el escrutinio.

Mesa quedó en segundo en los comicios del 20 de octubre y desde el primer momento aseguró que Morales no alcanzó la diferencia necesaria para derrotarlo en primera vuelta.

Una casilla de votación en Bolivia.

AFP
La OEA dijo que hubo “irregularidades” en el recuento de votos iniciado la noche de la elección, el 20 de octubre.

La auditoría resultó devastadora para el gobierno. La OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral.

La OEA asegura también que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. En el informe de 13 páginas se señala que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos.

Morales respondió este domingo con una declaración ante la prensa en la que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, llamó a nuevas elecciones.

Pero unas horas después, y con la presión de las Fuerzas Armadas en su contra, decidió dimitir.

2. El ejército y la policía en contra

En esa renuncia también parece clave el pronunciamiento del general Williams Kaliman, en nombre del alto mando de las Fuerzas Armadas bolivianas.

Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, decía Kaliman en un comunicado.

La solicitud a Morales, decía la nota, fue formulada tomando en cuenta “la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado”.

William Kaliman

Reuters
El general William Kaliman (centro) es el jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Al posicionamiento de los militares a favor de la renuncia del presidente hay que sumar que desde el viernes pasado, cuando estaban a punto de cumplirse tres semanas de violencia en las calles, comenzó a extenderse por el país un “motín policial”.

Los agentes de diversas unidades, primero en Cochabamba (centro) y luego en todas las capitales departamentales, comenzaron a declararse en rebeldía uniéndose así a las protestas contra el gobierno.

Y aunque a diferencia de otros gobiernos “en problemas” en la región, Morales sigue disfrutando de un enorme poder de movilización entre sus bases, sin policía en las calles y sin apoyo de los militares, el presidente quedó en una situación de evidente debilidad.

En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.

Getty Images
En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.
Policías amotinados en La Paz

Reuters
En la capital de Bolivia, La Paz, también hubo amotinamiento de policías durante el fin de semana.

3. Presión en la calle

La oposición a Morales apostó desde el primer momento a la movilización callejera para forzar la mano del presidente.

Con huelgas y paros por todo el país, Bolivia se convirtió en una gran batalla campal entre partidarios del presidente y sus detractores.

La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

Getty Images
La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

Pero a diferencia de las crisis políticas que vivió el país durante el mandato de Morales, las protestas se hicieron fuertes esta vez en la ciudad de La Paz, otrora uno de los bastiones de Evo.

Universitarios y clases medias salieron noche tras noche a enfrentarse a la policía y a los poderosos sindicatos y “movimientos sociales” (entre ellos mineros y cocaleros) llegados a la sede de gobierno para defender al presidente.

Los heridos han sido centenares. Aunque solo se han reportado tres muertos, algo que parece poco dada la intensidad de la violencia de los enfrentamientos y teniendo en cuenta que los mineros usan dinamita en la protesta.

Así, un presidente que llegó al poder hace casi 14 años tras una larga trayectoria de protestas como líder de los sindicatos de productores de hoja de coca, se vio cercado por quienes pasaron de reclamarle una segunda vuelta ante Carlos Mesa a exigir su renuncia.

4. Radicalización de la oposición

Y es que la oposición hacía tiempo que había dejado atrás la exigencia de una segunda vuelta entre Morales y Mesa y venía pidiendo la renuncia del mandatario.

El endurecimiento de las posturas de la oposición vino de la mano del creciente protagonismo del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Reuters
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exige la renuncia del gobierno y del Congreso.

Con Camacho llevando la voz cantante, los opositores ya no se conformaban ni siquiera con la renuncia de Morales.

Y más tras conocerse la auditoría. Camacho pasó a exigir entonces exigen que dimitieran el presidente y todo su gobierno, también los senadores y diputados, además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Todo, para dejar el país en manos de una junta de notables que designe un nuevo TSE que celebre nuevas elecciones en un plazo de 60 días.

“La OEA nos ha demostrado que el fraude era tan obvio que por la resistencia del pueblo boliviano, no podía ocultarlo. El presidente Evo Morales ha cometido delitos”, dijo Camacho este domingo.

5. La re-re-reelección

Y si se puede decir que las denuncias de fraude y las protestas se dispararon con el escrutinio electoral, la crisis política que vive Bolivia tiene un trasfondo mucho mayor y que pasa por el mero hecho de que el presidente fuera candidato a la reelección, otra vez.

Morales gobierna Bolivia desde el 22 de enero de 2006. La Constitución boliviana dispone que solo dos mandatos presidenciales continuos son permitidos, pero Morales ya iba por el tercero.

El 20 de octubre, el presidente buscaba asegurarse un cuarto mandato que le habría permitido gobernar hasta 2025.

Evo Morales.

Getty Images
Pese a perder el referéndum para buscar un cuarto mandato, Morales logró luz verde del Tribunal Constitucional para postularse de nuevo.

Para lograr estos fines, el presidente tuvo que cobijarse en fallos del Tribunal Constitucional para habilitarse como candidato.

Y es que el 21 de febrero de 2016, más de la mitad del país votó en contra de una posible nueva reelección del dirigente cocalero.

Gracias al Tribunal Constitucional y al reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, ambas entidades acusadas en Bolivia de ser funcionales al gobierno, Morales logró ser candidato una vez más.

Las protestas empezaron hace tres semanas, pero ya se veía venir que este nuevo intento de reelección iba a ser el más difícil que afrontaría desde su primera victoria presidencial hace 14 años.

Lo que no muchos vaticinaban era un desenlace como el que ahora Bolivia entera presencia con la caída de Morales.


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