PGR hereda a la nueva Fiscalía recortes, rezago de averiguaciones y casos clave sin resolver
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PGR hereda a la nueva Fiscalía recortes, rezago de averiguaciones y casos clave sin resolver

La nueva Fiscalía deberá enfrentar la transición y operación con el menor presupuesto para procuración de justicia de los últimos seis años, si se aprueba la propuesta del Ejecutivo.
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19 de diciembre, 2018
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La Procuraduría General de la República (PGR) llegó a su fin tras casi 45 años de estar en funcionamiento. La ley que amparaba su creación fue oficialmente derogada con la publicación oficial de la Ley de la Fiscalía General de la República y la declaratoria que hizo el martes el Senado de su autonomía.

Pero la PGR hereda a la Fiscalía retos importantes de arranque: poco personal para hacer frente a las cargas de trabajo, más de 55 mil casos sin resolver, entre ellos investigaciones de alto impacto, y el menor presupuesto que se haya asignado para procuración de justicia de los últimos seis años, según la propuesta del Ejecutivo. 

Dicho presupuesto, además, deberá repartirse no solo para la operación de la institución sino para su transición.

En el decreto que avala la ley de la nueva Fiscalía General se establece que absorberá todos los recursos humanos, materiales y económicos con que cuenta la PGR para comenzar a funcionar,  y que además está obligada a darle continuidad a todas las carpetas de investigación y averiguaciones previas pendientes.

En ese contexto Animal Político presenta la situación de algunos de los principales pendientes y recursos que hereda la Procuraduría a la nueva institución.

Cabe señalar que la persona que sea designada como primer Fiscal General (cuyo procedimiento de selección se puede consultar en esta nota) tiene la obligación legal de elaborar un diagnóstico de los temas pendientes y de la situación actual de la PGR, para diseñar en un periodo máximo de un año un esquema que finiquite el actual procedimiento de transición.

Personal y carga de trabajo

La Fiscalía General hereda de la PGR recursos humanos insuficientes para hacer frente de forma efectiva y rápida a la carga de trabajo que la institución acumula, como lo confirman los propios datos oficiales de la institución.

La información revelada por transparencia arroja que en los últimos dos sexenios la PGR perdió la mitad de los elementos de la policía que tenía para investigar delitos federales y detener a probables responsables. Pasó de contar con 8 mil efectivos en 2006 a 4 mil elementos este año.

Esta situación ocasiona que, en promedio, cada agente del Ministerio Público Federal solo tenga a su disposición un policía de investigación para que lo apoye en los 35 nuevos casos que se le suman cada año. Y esto sin tomar en cuenta que no todos los policías realmente están asignados a indagar casos, pues hay algunos comisionados como escoltas o vigilantes.

De 2012 a 2018 la Procuraduría dio de baja a 1 mil 59 elementos de la Policía Federal Ministerial por distintos motivos, entre ellos que 332 que no superaron las pruebas de control de confianza y 55 incurrieron en diversos delitos y fueron sometidos a un proceso penal.

De acuerdo con el sexto informe de gobierno que presentó en septiembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto, hasta ese momento la PGR tenía más de 55 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación en trámite, es decir, pendientes de alguna resolución.

El problema de los recursos humanos no solo es de cantidad sino de calidad. De acuerdo con un análisis que realizó en su momento el exprocurador Raúl Cervantes, cerca de la mitad de los fiscales federales que ocupaban ese cargo no provenían del servicio profesional de carrera sino que habían sido colocados directamente por funcionarios superiores.

Este es el motivo por el cual las organizaciones ciudadanas del colectivo #FiscalíaQueSirva exigen que no haya un pase automático del personal, sino una evaluación cuidadosa de las capacidades y perfiles para determinar quién continua en la Fiscalía General y quién no.

Presupuesto menor para operación y transición

El Proyecto de Egresos de la Federación que el gobierno federal envió al Congreso prevé para 2019 un presupuesto de 15 millones 328 mil pesos para el área de procuración de justicia. En términos reales se trata de un recorte del 9.1 % de los recursos en comparación con el presupuesto aprobado para 2018. Pero no solo eso.

De aprobarse como está planteado este presupuesto, será el más bajo de los últimos seis años. Hay que remontarse hasta 2012 para encontrar un presupuesto ligeramente inferior al que se estaría avalando para el próximo año.

Por ley el presupuesto que se apruebe para 2019 es el que pasará a la nueva Fiscalía General y, en consecuencia, esos son los recursos de los que dispondrá el que sea nombrado fiscal General para hacer frente tanto a la operación de la dependencia como a su proceso de transición.

El riesgo de que la Fiscalía General tuviera un presupuesto inferior ya había sido advertido por el colectivo #FiscalíaQueSirva. Esto luego de que el dictamen aprobado de Ley General removiera un candado propuesto por las organizaciones y expertos en la iniciativa original que señalaba que, en ningún caso, el presupuesto de la institución podría ser inferior al del año anterior.

La activista María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, una de las organizaciones del colectivo, advirtió el martes que si el presupuesto no se modifica se corre el riesgo de que el cambio de la PGR a Fiscalía General sea sólo de membrete.

Casos clave pendiente

Entre los casos que la Fiscalía General hereda de la PGR se encuentran varias investigaciones de alto impacto relacionadas con hechos de violencia y de corrupción, que no se han logrado finiquitar.

Destaca, por ejemplo, las dos carpetas de investigación que en su momento abrió la PGR por los presuntos sobornos que la constructora Odebrecht pagó a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los últimos años, a cambio de la concesión de diversos contratos de obra.

Mientras que en otros países de América Latina ya hay incluso altos funcionarios indiciados y presos por el caso, en México la investigación inicial no se ha cerrado. El exprocurador Cervantes, previo a dejar el cargo a finales de 2017, había señalado que la carpeta de investigación estaba casi lista, pero la PGR luego aclaró que la supuesta falta de cooperación de la fiscalía brasileña había retrasado el cierre del mismo.

A la falta de resultados en el caso Odebrecht se suma la opacidad. Pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha ordenado a la PGR que entregue una versión pública de las investigaciones del caso por ser de interés público, la dependencia ha puesto en la mesa múltiples causas para no hacerlo, e incluso ha interpuesto una demanda de amparo contra dicha determinación.

Por otro lado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado más de 900 denuncias penales ante la PGR por el mal manejo de recursos públicos tanto a nivel federal como en los gobiernos estatales. Animal Político publicó que menos del 2% de las investigaciones iniciadas por dichas denuncias ha sido consignada ante un juez, y a la fecha no hay una sola persona detenida.

Entre las denuncias presentadas destacan las vinculadas con la denominada “La Estafa Maestra” en donde se involucra tanto a dependencias federales como Sedatu, Sedesol y Sagarpa, así como diversas universidades públicas por un posible desfalco superior a los 3 mil millones de pesos. Hasta ahora ni uno solo de esos casos ha sido resuelto.

La ASF también ha presentado más de 70 denuncias por el posible desvío de aproximadamente 60 mil millones de pesos en Veracruz, la mayoría de ellas en la gestión del exgobernador Javier Duarte. La PGR dijo en octubre pasado que algunos de esos casos habían sido judicializados y existían órdenes de aprehensión pendientes, pero se desconocen mayores detalles.

Cabe señalar que la PGR consiguió en septiembre una sentencia de 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa en contra de Javier Duarte. No obstante, en relación con este exgobernador la Procuraduría deja varios pendientes como, por ejemplo, obtener el aval de Guatemala para ejecutar una orden de aprehensión en su contra por desaparición forzada.

La Fiscalía también hereda de la PGR un proceso de extradición en curso sobre Karime Macías, esposa de Javier Duarte, quien en México tiene acusaciones e investigaciones por presuntos hechos de corrupción y delitos fiscales. Otro proceso de extradición que no se ha finiquitado es el del exgobernador de Chihuahua César Duarte, a quien también se le acusa por malos manejos durante su administración.

El proceso penal que la PGR ha imputado en contra del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, es otro de los asuntos inconclusos, pues el exmandatario ha conseguido amparos que han frenado el proceso de su juicio.

Y además de estos y otros casos de corrupción pendientes están los de violencia y violaciones a derechos humanos. El de mayor impacto es el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, investigación que no se ha podido cerrar y donde la hipótesis oficial sobre la posible muerte de los estudiantes en un basurero de Cocula, Guerrero, ha sido cuestionada por abogados y víctimas.

En este caso la Fiscalía recibe una carpeta de investigación compuesta por más de 200 tomos, pero que a su vez acumula importantes reveses como, por ejemplo, la liberación de algunos de los probables responsables por presuntos hechos de tortura cometidos en su contra.

En el mismo tenor se encuentran carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas como las relacionadas con presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya, Estado de México y en Apatzingán, Michoacán, donde hasta ahora la Procuraduría no ha conseguido cerrar los procesos penales exitosamente.

Otro caso que sigue sin esclarecerse completamente es el de la fuga del Penal Federal del Altiplano de Joaquín el Chapo Guzmán. Además hay órdenes de aprehensión en contra de líderes criminales que no se han conseguido cumplimentar pese a que incluso se han ofrecido recompensas, como la ordenada en contra de Nemesio Oseguera alias el Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

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Diego Fedele/Getty Images

Novak Djokovic: el tenista es deportado de Australia tras perder su batalla judicial

Luego de dos cancelaciones de visa y dos órdenes de detención, el tenista serbio Novak Djokovic perdió su última apelación para defender su intención de jugar el Abierto de Australia sin haberse vacunado contra la COVID.
Diego Fedele/Getty Images
16 de enero, 2022
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El tenista Novak Djokovic perdió su último intento judicial para quedarse en Australia y fue deportado este domingo del país en un vuelo con destino a Dubái.

Tres jueces del Tribunal Federal de Australia desestimaron por unanimidad su apelación, dándole la razón al gobierno australiano para cancelarle la visa al serbio, que había ingresado al país sin vacunarse contra la covid-19.

El gobierno argumentó que el deportista de 34 años representaba una amenaza para la salud pública.

Mientras se preparaba para marcharse, el organismo rector del tenis masculino, la ATP, dijo que el fallo del tribunal este domingo marca el final de “una serie de eventos muy lamentables”.

Durante la audiencia judicial de este 16 de enero, la defensa de Djokovic argumentó sin éxito que los motivos dados por el gobierno para deportarle eran “inválidos e ilógicos“.

Djokovic se había estado hospedando en un hotel de detención de inmigrantes en Melbourne, el mismo lugar al que lo llevaron después de que le revocaran la visa por primera vez tras su llegada al país el 6 de enero.

Novak Djokovic caminando en el aeropuerto de Melbourne antes de abordar

Reuters
Novak Djokovic caminando en el aeropuerto de Melbourne, donde tomó un vuelo a Dubái.

Debía jugar su primer partido este lunes, pero ahora no podrá defender su título del Abierto de Australia en Melbourne y conquistar su título número 21 de Grand Slam, un récord a batir cuyo único aspirante es ahora el español Rafael Nadal.

“Extremadamente decepcionado”

Djokovic ha dicho que está “extremadamente decepcionado”, pero respeta la decisión, tomada en la víspera de su primer partido.

“Cooperaré con las autoridades para mi salida del país”, había dicho el domingo en un comunicado.

Los jueces han dicho que explicarán su razonamiento en una fecha posterior.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, aplaudió “la decisión de mantener nuestras fronteras fuertes y mantener seguros a los australianos“.

“Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia y con razón esperan que se proteja el resultado de esos sacrificios”, dijo el político.

Un grupo de partidarios del tenista serbio que aguardaban a las puertas de la sala del tribunal quedaron en silencio cuando se anunció la decisión de su deportación. Uno de ellos le dijo a la BBC que su verano estaría “vacío” sin el tenista de 34 años compitiendo en Melbourne.

Varios seguidores de la estrella del tenis serbio se reunieron a las puertas del tribunal el domingo.

Reuters
Varios seguidores de la estrella del tenis serbio se reunieron a las puertas del tribunal el domingo y siguieron la noticia con atención.

Djokovic presentó el caso judicial después de que el ministro de Inmigración australiano, Alex Hawke, usara sus poderes ministeriales para cancelar su visa, argumentando que la presencia en el país del deportista podría avivar el sentimiento antivacunas.

Era la segunda vez que se revocaba su visa, después de que otro juez anulara una primera cancelación por no cumplir las reglas de entrada al país establecidas con la pandemia.

“Nadie está por encima de la ley”

La decisión del domingo marca el final de una polémica trama de 10 días sobre la visa australiana de Djokovic.

Ha habido mucha conmoción pública en Australia por el intento del jugador de ingresar al país sin vacunarse contra la covid.

El gobierno federal ha dicho repetidamente que las personas deben cumplir con las estrictas leyes vigentes para hacer frente a la pandemia y que “nadie está por encima de la ley”.

Novak Djokovic el 13 de enero de 2022.

Getty Images
El tenista Novak Djokovic es el número uno del mundo.

Djokovic, quien actualmente es el tenista número uno del mundo, recibió originalmente una exención médica para ingresar en Australia por dos paneles de salud independientes: uno gestionado por Tennis Australia, el otro, por el gobierno estatal de Victoria.

El motivo de esa exención, según sus abogados, fue que había dado positivo por coronavirus a mediados de diciembre.

Sin embargo, la Fuerza Fronteriza de Australia lo detuvo el 5 de enero por no cumplir con los requisitos federales del coronavirus.

Posteriormente, un juez anuló esa decisión, pero el gobierno intervino el viernes pasado para revocar la visa nuevamente, diciendo que hacerlo era de interés público.

Una batalla política

Pese a que Djokovic no está vacunado contra el covid-19, no ha promovido activamente la desinformación contra las vacunas.

Sin embargo, los antivacunas australianos han estado usando el hashtag #IStandWithDjokovic (yo apoyo a Djokovic) en las redes sociales.

Djokovic había estado entrenando en Melbourne para el Abierto de Australia

Getty Images
Djokovic había estado entrenando en Melbourne para el Abierto de Australia.

La batalla judicial por la visa de Djokovic se ha convertido también en una disputa política en el país.

En su declaración del domingo, Morrison dijo que el gobierno estaba “preparado para tomar las decisiones y acciones necesarias para proteger la integridad de nuestras fronteras“.

Por otra parte, la opositora australiana Kristina Keneally dijo que Morrison se había convertido en un “hazmerreír” al manejar mal el caso de Djokovic, y cuestionó por qué al jugador no vacunado se le otorgó una visa en primer lugar.

Morrison y su gobierno también enfrentaron los comentarios negativos del presidente serbio, Aleksandar Vucic.

“Él llegó a Australia con una exención médica y luego lo trataron mal durante 10 días. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron una cacería de brujas así contra él? Esto es algo que nadie puede entender”, dijo el político serbio.

La estrella del tenis británico Andy Murray, quien conoce a Djokovic desde que eran niños y ha competido contra él por los premios más importantes de ese deporte, dijo que la situación “no era buena” para nadie.

“Parece que todo esto sucedió en el último momento y por eso se convirtió en un desastre“, le dijo Murray a la BBC.

En su declaración del domingo, Djokovic dijo que estaba “incómodo” con la atención puesta en él por la revocación de la visa.

“Espero que ahora todos podamos concentrarnos en el juego y el torneo que amo”, dijo.

El italiano Salvatore Caruso, que ocupa el puesto 150 en el ranking mundial, reemplazará a Djokovic en su partido contra el serbio Miomir Kecmanovic de este lunes.


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