El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este miércoles, a través de la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores, los puntos clave de la que, dijeron, será “la nueva política migratoria” del país en el presente sexenio.
Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), planteó que la primera clave es que habrá un cambio de enfoque en el fenómeno migratorio, que incluye dejar atrás el perfil policiaco que ha mantuvo la dependencia, especialmente en el sexenio pasado.
Es decir, explicó el exdirector del Colegio de la Frontera Norte, se pasará de un enfoque de la migración como un asunto de seguridad nacional para México, en el que se privilegiaba la detención masiva de personas indocumentadas, utilizando incluso a las policías federal, estatales y municipales, el Ejército y a la Marina, además de los agentes de migración, a un enfoque que se regirá por el respeto a los derechos humanos.
“Los derechos humanos de los migrantes son prioridad para la Secretaría de Gobernación y, sobre todo, para el Instituto Nacional de Migración”, subrayó Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, quien prometió que se realizará una reestructuración del Instituto “desde sus entrañas”, para que éste cambie la visión policiaca del fenómeno “y ya no se criminalice al migrante”.
Alejandro Encinas, subsecretario de Migración y Derechos Humanos de la Segob, añadió que, a la par de respetar los derechos humanos de los migrantes, y de dar seguridad a su paso por el país, otro de los objetivos clave es ordenar los flujos migratorios que entran a México.
Algo que, sobre el papel, guarda similitud con lo ya expuesto en otros programas como el Plan Frontera Sur propuesto por la administración pasada de Enrique Peña Nieto, el cual también prometía dar seguridad, respetar los derechos humanos y ordenar el flujo migratorio, aunque, en la práctica, supuso una dispersión de las rutas, aumentando las agresiones del crimen organizado y de las autoridades, y un incremento del 66% de las capturas de migrantes, en comparación con el sexenio de Felipe Calderón.
Sobre esto, en una entrevista con Animal Político y Newsweek en Español el pasado 11 de noviembre, el nuevo comisionado del INM prometió dejar en el pasado el Plan Frontera Sur, así como el uso recurrente de policías federales y soldados para detener a cientos de migrantes en redadas masivas, para impulsar en su lugar políticas de desarrollo en la frontera sur mexicana y en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, en Honduras principalmente, ya que es el principal expulsor de migrantes.
Cooperación con Centroamérica y Estados Unidos
La segunda clave de la nueva política migratoria que planteó el comisionado del INM está enfocada en impulsar políticas de desarrollo social y económico en la frontera sur de México, y también políticas de cooperación con los gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos.
En este punto, Tonatiuh Guillén recordó que buena parte de la población centroamericana que migra de sus países de origen, lo hace “por factores de desarrollo socioeconómico o por la fragilidad de los estados”. Es decir, por faltas de oportunidades de trabajo, y por los problemas de corrupción y de violencia de las pandillas y el crimen organizado.
La titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, destacó en este punto como “una magnífica noticia” el anunció que hizo ayer el canciller Marcelo Ebrard, sobre el Plan bilateral México-Estados Unidos, a partir del cual el gobierno estadounidense invertirá 4 mil 800 millones de dólares en nuestro país, de los cuales 2 mil millones se invertirán específicamente en la frontera sur de México.
Sobre este punto, se cuestionó a Alejandro Encinas cómo repercutirá este anuncio en puestos de trabajo en la frontera sur de México, aunque, por ahora, el funcionario dijo que no hay una estimación prevista. De hecho, hasta el momento, no hay detalles de cómo invertirá ese dinero Washington en la frontera sur de México, ni cómo invertirá otros 5 mil 800 millones de dólares en Centroamérica.
México no será ‘tercer país seguro’ para EU
En cuanto a las negociaciones con el gobierno de Donald Trump, el cual insiste en que México pagará el muro fronterizo que proyecta desde que éste era candidato a la Casa Blanca, Alejandro Encinas defendió la “autonomía” de la política migratoria mexicana, en consonancia con lo dicho por Tonatiuh Guillén en la entrevista con Animal Político en noviembre pasado, en la que expuso la necesidad de alcanzar “un nuevo acuerdo” con Estados Unidos.
“Hay que ver la posibilidad de un nuevo acuerdo con Estados Unidos. La política migratoria mexicana no puede estar subordinada a la del gobierno de Trump”, dijo en ese entonces el titular del INM.
Por otra parte, cuestionado sobre si el gobierno de López Obrador aceptaría convertir a México en un ‘tercer país seguro’ para Estados Unidos, Alejandro Encinas respondió tajante que “de ninguna manera”.
Es decir, que México no aceptará que personas solicitantes de la condición de refugiado en Estados Unidos, y que hayan anteriormente pasado por el territorio mexicano, sean deportadas (o ‘readmitidas’ a México, para que aquí procesen su solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
El recorte a la Comar
Otra de las claves de la nueva política migratoria es, precisamente, el fortalecimiento de la Comar, para tener una verdadera política de refugio y asilo internacional.
Sin embargo, esta clave va a enfrentar, de entrada, un importante inconveniente: el recorte a su presupuesto. Animal Político dio a conocer este miércoles que, en este 2018, México registrará el número más elevado de solicitudes de refugio del que se tenga registro: 26 mil 566 peticiones; un 82% más en comparación con 2017, que ostentaba hasta ahora el récord, y hasta 202% más que en 2016.
Además, la Comar y el ACNUR prevén que para 2019 la cifra de solicitudes se dispare hasta las 48 mil.
A pesar de este contexto, de acuerdo con el proyecto de egresos 2019, la Secretaría de Hacienda pidió para la Comar un presupuesto de 20 millones 843 mil pesos, casi cinco millones menos que este 2018.
En entrevista el martes con este medio, Andrés Ramírez Silva, nuevo titular de la Comar, explicó que, para compensar el recorte al presupuesto, la Subsecretaría de Migración y Derechos Humanos hará una “reorganización” de su presupuesto interno, para destinar otros 43 millones de pesos a la Comisión, los cuales se unirían a otros 20 millones que aportaría la ONU, a través del ‘Proyecto Puente’ del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).
En total, dijo Ramírez Silva, esperan contar con 63 millones del presupuesto de Comar, y con otros 20 de la ACNUR, dando un total de 83 millones de pesos.
