A los 17 años Rocío se casó con un hombre con el que tuvo tres hijos y que luego emigró a California, en búsqueda de un trabajo bien remunerado.
El tiempo y la distancia no jugó a favor del matrimonio que, en 2008, decidió terminar su relación sentimental.
Rocío, oriunda de Guanajuato, continuó abocada a la crianza de sus hijos hasta que, siete años después, conoció a Eduardo. El mes de febrero de 2015 comenzaron a salir. La treintañera pensó que había encontrado al compañero de su vida y que sus hijos podrían hallar en su nueva pareja una figura paterna. Por ello accedió a que este se instalara en el inmueble en Irapuato que sus padres le habían dejado a cargo, cuando ellos también decidieron emigrar a Estados Unidos.
La casa familiar donde Rocío pensó daba inicio un mejor capítulo en su vida tornó en un infierno. Pronto descubrió que ella y sus hijos habían caído en las garras de un “huachicolero”: un hombre vinculado con el negocio del robo de combustible.
“Me obligaba a acompañarlo, a cargar y entregar la gasolina. En mi casa todo el día se cargaba y descargaba. Con el tiempo me di cuenta de que no me quería, él lo que quería era un lugar más cercano adonde estaban las tomas”.
La anterior es la denuncia que esta madre mexicana está haciendo en el estado de California. Al gobierno de Estados Unidos está solicitando asilo político para salvaguardar su vida y la de sus hijos .
El próximo 13 de diciembre, en una corte federal en Los Ángeles, California, dará inicio el juicio en el cual Rocío Campos expondrá ante un juez de migración sus razones para solicitar asilo político. Su futuro pende de la decisión de ese tribunal.
Esta madre mexicana ha abandonado Guanajuato pues la violencia en la tierra donde nació se ha disparado a niveles alarmantes.
De hecho, el miércoles 5 de diciembre durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno presentará una estrategia para combatir el delito. “En el caso de Guanajuato, hay una vinculación en el robo de combustibles [con la alta incidencia de homicidios] y pronto les vamos a dar a conocer un plan sobre este tema”, informó.
Desde California, Yvette Gutiérrez, la abogada de Rocío Campos, explica que “la señora Campos vino huyendo de su pareja. No se trajo nada con ella, más que lo más valioso: su hijos. Ella sufrió un daño muy grave en su país: su expareja la lastimó física y emocionalmente tanto a ella como a sus hijos. Ella no podía acudir a las autoridades [en México] por el mismo hecho de ser pareja de una persona involucrada en operaciones clandestinas. Si ella regresara a su país, su vida y la de sus hijos corren riesgo”, alerta.
Lo más difícil para esta mexicana, dice la abogada egresada de la Universidad de California, es el criterio de las actuales autoridades estadounidenses, ya que, “tenemos una administración que ha dicho abiertamente a todo el mundo que no quiere a los migrantes y particularmente de ciertos países”.
Y para colmo, agrega, “en junio de 2018 la Fiscalía General de EE. UU. (US Attorney General) decidió quitar la protección a personas que han sufrido violencia doméstica en sus países por una pareja”.
Tal criterio, lamenta la experta en temas de inmigración, “no solo afecta a la señora Campos, sino a miles de personas que hoy en día están en un juicio de inmigración o en proceso”.
Con el tiempo siempre en contra, Rocío Campos busca que se conozca el infierno por el que ha pasado, pese al riesgo que sus revelaciones suponen, porque dice que es la única salida para salvaguardar la vida de su familia.
“Vine huyendo de mi país con mis hijos porque temo por mi vida a manos de mi compañero”, dice en entrevista exclusiva con Newsweek México. Esta es su historia.
DE TIERRA DE BRACEROS A CORREDOR DE HUACHICOLEROS
Guanajuato es uno de los estados con mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos desde aquellos años de guerra en que la necesidad de mano de obra hacía que los capataces ofrecieran a los braceros visas de trabajo y buenos salarios.
Gran parte de la economía de este estado mexicano se ha beneficiado de las remesas de los hombres de cada familia que, apenas alcanzando la mayoría de edad, partieron para “el otro lado”, a emplearse en los campos agrícolas de California, los algodoneros de Arizona o la construcción en Florida.
Sin embargo, a medida que se endurecieron las disposiciones migratorias en Estados Unidos, y la economía y el mundo cambiaron, Guanajuato también cambió. Por su refinería en Salamanca y sus centros de almacenamiento de hidrocarburos muchas personas comenzaron a involucrarse en una actividad que coloquialmente llaman el “huachicol”. Esta actividad se refiere a sustraer refinados y encubrir el faltante con otras sustancias.
Esta modalidad de robo ha convertido a la zona del Bajío mexicano en un peligroso corredor.
Tan solo en 2018 el robo de combustible vía tomas clandestinas ha alcanzado cifras récord. Se reporta que, diariamente, hay, en promedio, más de 40 tomas clandestinas. Según cifras de Pemex, de enero a septiembre de este año se contabilizaron 11,240 tomas clandestinas. Guanajuato destaca como el estado donde más se ha elevado este ilícito y los índices de criminalidad.
El combustible robado a Pemex se convirtió en el principal botín de los cárteles de la droga, que protagonizan violentas disputas por el control de los ductos, la venta y distribución, que se hace a la par de la distribución de drogas.
En los 17 municipios guanajuatenses por donde pasan las redes de ductos, comunidades enteras viven de robar combustible.
En Salamanca, Irapuato, Apaseo el Alto, Celaya, Valle de Santiago, Romita, Apaseo el Grande, Comonfort, Villagrán y otros se hizo común ver a hombres chupando ductos. Se decía que los tubos no eran “de nadie”, sino de quien los perforara.
El negocio del huachicol quedó en gran parte, en manos de empleados de la industria petrolera, sabedores del cómo y dónde perforar, y a quién vender lo extraído, incluidas las gasolineras oficiales.
Pero en la primera década del siglo los cárteles de la droga entraron en el ilegal negocio. Les resultó tan lucrativo, que las violentas disputas que ahora acontecen son por el “oro negro”: el control de los ductos y tomas clandestinas, las rutas de trasiego y su venta.
A los municipios de Guanajuato por donde pasan varios ductos de “oro negro”, llegaron un día los hombres del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este grupo criminal, que surgió como brazo armado del Cártel de Sinaloa (los llamados Mata Zetas), de acuerdo con informes de autoridades mexicanas y estadounidenses, obtuvo un bestial poderío.
Llegaron en comandos fuertemente armados e informaron a los lugareños que, a partir de ese momento, los “tubos” ya tenían dueño.
La advertencia se acompañó de la oferta de trabajar para ellos: ganar 500 pesos diarios por cargar y descargar la gasolina y 6,000 pesos mensuales para quienes fungieran como “halcones”. Estas “ofertas” habrían resultado atractivas a quienes ganaban 100 pesos diarios por una jornada de empleo “legal”.
Todo esto acontece en un entorno donde, solo 26 por ciento de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (44 por ciento son hombres y 10 por ciento son mujeres, según el Inegi).
La noticia llegó también a Santa Bárbara, donde hay unas 792 personas y 216 viviendas; sus moradores enfrentan muchas carencias, un alto nivel de analfabetismo y varios rezagos sociales. En esa ranchería nació Rocío Campos hace 38 años, en una familia de siete hermanos que, como la mayoría, sobrevivía de las remesas que enviaba su padre desde Estados Unidos.
DEL CIELO AL INFIERNO
La casa familiar donde Rocío pensó daría inicio una mejor etapa en su vida se ubica en un terreno amplio, de unas tres parcelas, y tiene un amplio portón frontal y una salida trasera. Una característica que lo hace especialmente cotizado es que está cerca de un ducto de combustible ubicado en la localidad de Santa Bárbara, municipio de Irapuato.
Los primeros días con Eduardo fueron apacibles, hasta que este comenzó a recibir la visita de personas “extrañas”, como las describe la guanajuatense.
Las visitas se volvieron recurrentes y cuando ella le cuestionaba quiénes eran, él se limitaba a decirle que se trataba de amigos o primos que llegaban a saludarlo.
Poco después, Eduardo comenzó a hacer modificaciones en el terreno familiar: cambió el traspatio; cavó y mandó meter un tinaco de 10,000 litros, mangueras, bidones, garrafones y rejillas. Su pareja salía por las noches y regresaba con camionetas que él y otros hombres usaban para transportar el combustible que tomaban clandestinamente de un ducto de Pemex.
Cuando Rocío le reclamó a Eduardo lo que estaba haciendo, este le respondió de forma violenta. Ostentando su rol de cabeza de familia, ordenó a sus hijos hacer todo lo que les pidiera.
A Rocío también la hizo parte de sus actividades ilícitas.
Una noche le dijo a ella que debía acompañarlo en sus trasiegos nocturnos de huachicol pues, indicó, “cuando llevas una mujer no te revisan”. La usaba como fachada para que él y sus hombres evadieran los ocasionales controles carreteros.
Luego llegó el cristal. Eduardo también era el encargado de distribuir esa droga del cártel a narcomenudistas en la ciudad de Irapuato.
De la casa donde vivían, día y noche entraban y salían cargas de gasolina. Se distribuía a particulares, y en negocios de todo el municipio y algunos aledaños, al igual que la droga.
Lo que ocurría en esta ranchería de Santa Bárbara era relativamente normal para el pueblo. Natural resultó que quienes antes atracaban un tren en esas latitudes, luego aceptaran trabajar para el CJNG. Los riesgos, por otro lado, parecían menores: la policía hacía como que los perseguía, solo pedía que pagaran una cuota. Rocío dice que en más de una ocasión le tocó entregar el dinero que los policías cobraban a los huachicoleros.
Su vida transcurría en un infierno de zozobra producto de los negocios del huachicol, la venta de drogas y el robo y comercialización de autos de su pareja. “Esto fue tan frustrante para mí —afirma— que ya no podía dormir ni estar tranquila de día ni de noche”.
A Newsweek México revela los pormenores de su historia y explica el porqué es tan apremiante que el gobierno de Estados Unidos le otorgue asilo:
“Cuando lo conocí me sentía muy sola. No sabía de sus negocios. Te enamoras y parece que todo está bien, pero yo lo que iba viendo con el transcurso del tiempo era que él no me quería, él lo que quería era un lugar más cercano adonde estaban las tomas para poder cargar. Para poder meter las camionetas en mi casa y de allí sacarlas en la noche. Yo le decía: ‘No, no me gusta, tengo mis hijos aquí’. Él respondía: ‘No pasa nada’”.
Y prosigue: “En el rancho era como si todo fuera normal, ya que muchas personas se involucraron en esas cosas ilegales, aunque la policía los persiguiera o Pemex [los agentes de seguridad, en su mayoría militares que forman parte de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex]; pero esto —subraya—comenzó a crecer con otros cárteles”.
Dice que muchas veces pensó en denunciarlo. “Pero ¿ante quién? Si los propios policías llegaban a recoger su cuota”, afirma.
Su terror e impotencia ante lo que se volvió su vida cotidiana lo resume así:
“Mi casa se volvió un lugar donde los camiones entraban y salían cargados con gasolina. La policía solo iba por su parte del dinero, ¿cómo podría denunciarlo si eran cómplices? Esto también era con los soldados. Mientras tanto, involucró a mi hijo para vender esa droga cristal, algo que yo no quería.
“La Nueva Generación [CJNG] controlan las drogas y el huachicol y piden matar a cualquiera que no sea parte de ellos. Por todo esto ya no podía ni dormir porque ahora mi hijo estaba involucrado. Estábamos aterrorizados. A Eduardo no le importaba nada más que ganar dinero, no tengo idea de dónde lo pondría, pero no me dio nada. Cuando le dije que me iría con mis hijos me amenazó: ‘No se van a ir a ninguna parte porque los buscaré y tú y tus hijos sufrirán las consecuencias’”.
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