Colectivos tienen lista una propuesta para crear un programa de reparación de daños a las víctimas de la violencia, luego de las mesas de trabajo a las que convocó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, comprometiéndose a aceptar las recomendaciones para elaborar las políticas de justicia transicional y pacificación del país.
El documento, consensuado tras una reunión de activistas realizada la semana pasada en la Ciudad de México, propone una revisión sobre la pertinencia de la existente Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y nuevas medidas para atender a todos los que han sufrido violaciones a sus derechos, en lugar de ir caso por caso.
Estos son los principales puntos de la propuesta, que será entregada en las próximas semanas al equipo de derechos humanos del gobierno de López Obrador, junto a otras como las directrices para una Comisión Nacional de la Verdad y la iniciativa de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad.
Primero, ¿quiénes serán consideradas víctimas?
La situación de violaciones masivas a los derechos humanos en México obliga a que se atienda a las víctimas también masivamente, y no sólo en casos individuales, explica el documento.
Un primer paso en el diseño de un programa de reparación es definir entonces a quiénes se considerará como las víctimas a reparar. Por su carácter de emergente, los colectivos plantean que se enfoque en los actos de violencia más graves: asesinatos, desapariciones, tortura, tráfico de personas, violencia sexual y lesiones que hayan dejado a alguien discapacitado.
“En el programa no se analizarán de forma específica el quién, cómo y dónde. Tampoco se exigirán mayores evaluaciones médicas de los daños. El objetivo central será reparar a las víctimas que sufrieron la misma violación en un determinado contexto”, precisa.
Para evitar las revictimizaciones, propone que las exigencias para probar que alguien merece ser considerado sean mínimas, partiendo del principio de buena fe, siempre con la opción de revisar cualquier irregularidad.
El siguiente paso es registrar a las víctimas. Los colectivos sugieren que el Estado tenga la obligación de crear un registro de quiénes sufrieron violaciones graves de derechos humanos, acudan o no a las instancias propuestas.
A quienes se presenten a pedir reparación, sólo se les pediría demostrar quiénes son y que su relato coincida con lo que se ha catalogado como violaciones, sin necesidad de tener representantes. Para eso, se les hará una entrevista que la propuesta define como “digna y cercana al dolor”, y que garantice una respuesta en poco tiempo.
Además, todas las víctimas que ya estuvieran registradas ante la CEAV y que entren en los tipos de violaciones considerados para este programa, pasarían automáticamente al nuevo registro.
¿Qué es la reparación y cómo se puede hacer?
La propuesta señala que la reparación tiene que servir para que la persona que fue víctima pueda volver a ser parte de la sociedad con dignidad y en igualdad de condiciones.
Un punto fundamental, sobre el que se hace énfasis varias veces, es que la reparación no es tal si no hay, además, verdad sobre los hechos ocurridos, justicia y garantías de que no se repetirán.
Los colectivos reconocen que el sistema jurídico mexicano ya prevé los estándares más altos de reparación, gracias a normativas como la Ley de Víctimas, aprobada en 2013 y reformada en 2017. El problema, dicen, es que esos ideales planteados en las leyes no se han garantizado en la práctica.
Por ejemplo, de la CEAV pocas víctimas han recibido realmente reparación por esa vía, y quienes sí son usuarios tampoco están satisfechos con cómo aplica las medidas.
“Dentro de los principales problemas se encuentran: clientelismo, abusos, discriminación, falta de acceso, falta de presupuesto a nivel local y registros alterados, entre otros. El otro gran problema que presenta este programa es la diferencia en trato que reciben las víctimas estatales en relación con las víctimas federales”, advierte el documento.
La propuesta señala que hay varias áreas en las que se tiene que actuar: soluciones económicas mediante pensiones para las víctimas, formas de rehabilitación en salud y en apoyo psicosocial y emocional, becas estudiantiles en el caso de hijos afectados, asistencia jurídica para resolver problemas de sucesiones, seguros y acceso a programas sociales. Para todo ello tendrá que haber convenios entre distintas dependencias públicas.
Y en todos los casos, contar con herramientas de monitoreo, seguimiento y reevaluación para mejorar a futuro.
La implementación del plan
Los colectivos proponen crear un programa emergente que sea sencillo, accesible, y que dé resultados en el corto plazo, mientras las personas siguen su camino de búsqueda de verdad y justicia. Por ello, advierten que aunque sea un programa administrativo, no debe caer en sólo repartir dinero.
“El éxito del programa de reparación dependerá de su capacidad de ser percibido por las víctimas como un derecho y no como donativo o ayuda financiera”, remarca el texto.
Por respeto y dignificación a las víctimas, son ellas quienes deben decidir cuál es la vía más apropiada para tener reparación, agrega. De modo que si no están satisfechas con la atención de programas administrativos, pueden insistir en la vía judicial.
“La idea es que el programa otorgue a las víctimas beneficios reales en términos de acceso a la reparación que permitan restaurar su confianza en el gobierno”, apunta.
Es importante que el plan logre legitimidad, advierte el documento, es decir, que las víctimas y la sociedad en general lo perciban como justo y adecuado. Por ello, también debe ser transparente, y dejar claros sus objetivos y alcances.
“No se debe prometer más de lo que se puede cumplir. Las víctimas ya se encuentran decepcionadas por el Estado. Una política de reparación no realista puede suponer otra decepción que no repare sino aumente el daño a las víctimas”, afirma.
Para que funcione, los colectivos piden al gobierno hacer una estimación del número aproximado de víctimas que habrá que atender y cuánto dinero será necesario para eso, bajo una idea de “realismo y simplicidad”.
Además, considerar medidas de protección en ciertos casos, para que las personas no teman ser perseguidas por acudir al gobierno como víctimas.
Todo lo anterior, explican, no debe funcionar como una medida aislada, sino dentro de la búsqueda de verdad y justicia. De otro modo, los colectivos piden que no se le llame programa de reparación, sino simplemente ayuda humanitaria para víctimas.
