¿Cómo reparar el daño a las víctimas? Colectivos proponen un programa de atención masiva
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Cuartoscuro Archivo

¿Cómo reparar el daño a las víctimas? Colectivos proponen un programa de atención masiva

Activistas y víctimas de violencia elaboraron un documento donde se proponen nuevas medidas para atender a las personas que han sufrido violaciones a sus derechos.
Cuartoscuro Archivo
Por Itxaro Arteta
20 de diciembre, 2018
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Colectivos tienen lista una propuesta para crear un programa de reparación de daños a las víctimas de la violencia, luego de las mesas de trabajo a las que convocó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, comprometiéndose a aceptar las recomendaciones para elaborar las políticas de justicia transicional y pacificación del país.

El documento, consensuado tras una reunión de activistas realizada la semana pasada en la Ciudad de México, propone una revisión sobre la pertinencia de la existente Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y nuevas medidas para atender a todos los que han sufrido violaciones a sus derechos, en lugar de ir caso por caso.

Estos son los principales puntos de la propuesta, que será entregada en las próximas semanas al equipo de derechos humanos del gobierno de López Obrador, junto a otras como las directrices para una Comisión Nacional de la Verdad y la iniciativa de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad.

Primero, ¿quiénes serán consideradas víctimas?

La situación de violaciones masivas a los derechos humanos en México obliga a que se atienda a las víctimas también masivamente,  y no sólo en casos individuales, explica el documento.

Un primer paso en el diseño de un programa de reparación es definir entonces a quiénes se considerará como las víctimas a reparar. Por su carácter de emergente, los colectivos plantean que se enfoque en los actos de violencia más graves: asesinatos, desapariciones, tortura, tráfico de personas, violencia sexual y lesiones que hayan dejado a alguien discapacitado.

“En el programa no se analizarán de forma específica el quién, cómo y dónde. Tampoco se exigirán mayores evaluaciones médicas de los daños. El objetivo central será reparar a las víctimas que sufrieron la misma violación en un determinado contexto”, precisa.

Para evitar las revictimizaciones, propone que las exigencias para probar que alguien merece ser considerado sean mínimas, partiendo del principio de buena fe, siempre con la opción de revisar cualquier irregularidad.

El siguiente paso es registrar a las víctimas. Los colectivos sugieren que el Estado tenga la obligación de crear un registro de quiénes sufrieron violaciones graves de derechos humanos, acudan o no a las instancias propuestas.

A quienes se presenten a pedir reparación, sólo se les pediría demostrar quiénes son y que su relato coincida con lo que se ha catalogado como violaciones, sin necesidad de tener representantes. Para eso, se les hará una entrevista que la propuesta define como “digna y cercana al dolor”, y que garantice una respuesta en poco tiempo.

Además, todas las víctimas que ya estuvieran registradas ante la CEAV y que entren en los tipos de violaciones considerados para este programa, pasarían automáticamente al nuevo registro.

¿Qué es la reparación y cómo se puede hacer?

La propuesta señala que la reparación tiene que servir para que la persona que fue víctima pueda volver a ser parte de la sociedad con dignidad y en igualdad de condiciones.

Un punto fundamental, sobre el que se hace énfasis varias veces, es que la reparación no es tal si no hay, además, verdad sobre los hechos ocurridos, justicia y garantías de que no se repetirán.

Los colectivos reconocen que el sistema jurídico mexicano ya prevé los estándares más altos de reparación, gracias a normativas como la Ley de Víctimas, aprobada en 2013 y reformada en 2017. El problema, dicen, es que esos ideales planteados en las leyes no se han garantizado en la práctica.

Por ejemplo, de la CEAV pocas víctimas han recibido realmente reparación por esa vía, y quienes sí son usuarios tampoco están satisfechos con cómo aplica las medidas.

“Dentro de los principales problemas se encuentran: clientelismo, abusos, discriminación, falta de acceso, falta de presupuesto a nivel local y registros alterados, entre otros. El otro gran problema que presenta este programa es la diferencia en trato que reciben las víctimas estatales en relación con las víctimas federales”, advierte el documento.

La propuesta señala que hay varias áreas en las que se tiene que actuar: soluciones económicas mediante pensiones para las víctimas, formas de rehabilitación en salud y en apoyo psicosocial y emocional, becas estudiantiles en el caso de hijos afectados, asistencia jurídica para resolver problemas de sucesiones, seguros y acceso a programas sociales. Para todo ello tendrá que haber convenios entre distintas dependencias públicas.

Y en todos los casos, contar con herramientas de monitoreo, seguimiento y reevaluación para mejorar a futuro.

La implementación del plan

Los colectivos proponen crear un programa emergente que sea sencillo, accesible, y que dé resultados en el corto plazo, mientras las personas siguen su camino de búsqueda de verdad y justicia. Por ello, advierten que aunque sea un programa administrativo, no debe caer en sólo repartir dinero.

“El éxito del programa de reparación dependerá de su capacidad de ser percibido por las víctimas como un derecho y no como donativo o ayuda financiera”, remarca el texto.

Por respeto y dignificación a las víctimas, son ellas quienes deben decidir cuál es la vía más apropiada para tener reparación, agrega. De modo que si no están satisfechas con la atención de programas administrativos, pueden insistir en la vía judicial.

“La idea es que el programa otorgue a las víctimas beneficios reales en términos de acceso a la reparación que permitan restaurar su confianza en el gobierno”, apunta.

Es importante que el plan logre legitimidad, advierte el documento, es decir, que las víctimas y la sociedad en general lo perciban como justo y adecuado. Por ello, también debe ser transparente, y dejar claros sus objetivos y alcances.

“No se debe prometer más de lo que se puede cumplir. Las víctimas ya se encuentran decepcionadas por el Estado. Una política de reparación no realista puede suponer otra decepción que no repare sino aumente el daño a las víctimas”, afirma.

Para que funcione, los colectivos piden al gobierno hacer una estimación del número aproximado de víctimas que habrá que atender y cuánto dinero será necesario para eso, bajo una idea de “realismo y simplicidad”.

Además, considerar medidas de protección en ciertos casos, para que las personas no teman ser perseguidas por acudir al gobierno como víctimas.

Todo lo anterior, explican, no debe funcionar como una medida aislada, sino dentro de la búsqueda de verdad y justicia. De otro modo, los colectivos piden que no se le llame programa de reparación, sino simplemente ayuda humanitaria para víctimas.

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Birmania: decenas de miles se manifiestan contra el golpe de Estado en las mayores protestas en décadas

Este sábado la ciudad más grande del país asiático vivió las protestas más multitudinarias hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, que se impuso en el poder con un golpe el pasado 1 de febrero.
Por BBC News Mundo
7 de febrero, 2021
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Birmania vive días convulsos.

Los gobernantes militares, que tomaron el poder el lunes con un golpe de Estado que atajó abruptamente la frágil democracia birmana, han bloqueado la internet en el país mientras miles de personas salen a la calle a protestar.

A la multitudinaria manifestación del sábado en Yangón, la antigua capital, le siguió otra este domingo que no solo es la más grande hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, sino la mayor en décadas.

“No queremos una dictadura militar. Queremos democracia “, coreó la multitud, ataviada con camisas rojas y sostenía globos del mismo color, que es el del partido de la depuesta Aung Suu Kyi.

Los automóviles y autobuses reducían la velocidad para hacer sonar sus bocinas en apoyo, con muchos haciendo el saludo de tres dedos, un símbolo de desafío contra el autoritarismo en la región.

También se re realizaron manifestaciones en más de una docena de otras ciudades.

“Tenemos que acabar con esto ahora”

Los manifestantes son trabajadores de fábricas y estudiantes, pidieron la liberación de los detenidos por el ejército, incluida la líder electa Aung San Suu Kyi.

“Estamos aquí para luchar por nuestra próxima generación, para liberarlos de una dictadura militar“, dijo una manifestante a la agencia AFP. “Tenemos que acabar con esto ahora”.

Hasta ahora Birmania, se había mantenido mayoritariamente en calma después del golpe, aunque se produjeron algunas manifestaciones en diferentes partes del país.

Las autoridades militares están atrincheradas en la capital, Naypyidaw, y hasta ahora han evitado entablar contacto directo con los manifestantes.

Policía bloqueando las calles en Yangón.

EPA
La policía bloqueó las calles en Yangón, la ciudad más grande del país.

Nyein Chan, corresponsal de la BBC en Yangon, dice que los birmanos conocen muy bien la violencia de las que son capaces los militares, pero ahora que la gente tuvo tiempo de digerir lo que está sucediendo están encontrando diferentes formas de hacer oír su voz.

El país fue gobernado por un gobierno militar opresivo desde 1962 hasta 2011.

Pero según Chan, aunque la atmósfera estaba cargada, los manifestantes se mostraron desafiantes.

“Están enojados pero también silenciosamente asustados. Saben que los militares son capaces de utilizar la violencia para reprimir la disidencia, pero sienten que no tienen otra opción”, explicó.

“Cuando un grupo de manifestantes se encontró con una fila de soldados, les gritaron: ‘Están entrenados para ser soldados profesionales, no maten a civiles‘”, relató.

Regresó internet

Por lo demás, el servicio de internet, que había sido interrumpido, ya fue restablecido.

El apagón de internet hizo que la conectividad cayera a un 16% de los niveles normales, dijo NetBlocks Internet Observatory, un organismo que monitorea las redes.

Pero el tráfico ya había aumentado a un 50% a las 14:00 hora local (07:30 GMT) de este domingo, aunque el acceso a las redes sociales, incluídas Facebook y Twitter, permanecía bloqueado.

Muchos usuarios evadieron las restricciones en las redes sociales mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN), pero el apagón más general interrumpió gravemente su actividad.

mujer protestando en Yangón

AFP
El miércoles hubo protestas, pero no fueron tan multitudianrias como las de este sábado.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional calificó el cierre como “atroz e irresponsable.

Organizaciones de la sociedad civil instaron a los proveedores de internet y redes móviles a desafiar la orden del apagón.

Mientras tanto, Suu Kyi está bajo arresto domiciliario, según su abogado. Documentos policiales muestran que está acusada de importar y utilizar ilegalmente equipos de comunicaciones (walkie-talkies) en su casa de la capital.

Además, Sean Turnell, un académico australiano exasesor económico de Suu Kyi, fue detenido en Yangón.

Turnell le dijo a la BBC que lo han confinado en su hotel y que no sabe de qué pueden acusarlo.

El golpe tuvo lugar cuando se inauguró una nueva sesión del parlamento, tras la aplastante victoria electoral de noviembre del partido Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi en 2020.

Getty Images
Aung San Suu Kyi en 2020.

Muchos birmanos vieron cómo se desarrollaban los eventos a través de Facebook, la principal fuente de información y noticias en el país.

Tres días después, se ordenó el bloqueo de plataforma por “razones de estabilidad”.

Una vocera de Twitter dijo que la prohibición socava “la conversación pública y los derechos de las personas a hacer oír su voz”. Facebook, propietaria de Instagram, pidió a las autoridades que “restablezcan la conectividad”.

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